SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 121

Sucre: 28 de marzo de 2013  

Expediente: C-13-08-S

Proceso: Resarcimiento de daños.

Partes: María Rojas Godoy c/  Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.).

Distrito: Cochabamba

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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I.- VISTOS:

1.- El recurso de casación en la forma y en el fondo, interpuesto   por Javier Alejandro Alarcón Justiniano, en representación de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.), contra el Auto de Vista Nº 154 de 26 de noviembre  de 2007, pronunciado por la Sala Civil II de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de resarcimiento de daños seguido por María Rojas Godoy  en contra de  la entidad recurrente.

        II.- CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes del proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 846 a 850 de obrados, pronunciado por  el  Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, se declaró probada en parte la demanda de fojas 1 a 2, respecto al resarcimiento de daños e improbada con respecto al pago de hospitalización y medicamentos hasta la total recuperación del niño Leónidas Félix Rojas; improbada la reconvención de fojas 35 a 37, probadas las excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, opuestas a fojas 65 a 66 e improbada la excepción de transacción , opuesta a fojas 16-17 vuelta.      

Que, en grado de apelación, interpuesto por Javier de Udaeta Corral, en representación de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A., de fojas 856 a 863, la Sala Civil II de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 154 de 26 de noviembre de 2007, de fojas 893 a 894, confirma  la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante a fojas 904 a 914,  Javier Alejandro Alarcón Justiniano, en representación de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A., interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, que ahora se examina.

         III.- CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de casación en la forma efectúa las siguientes denuncias:

3.1.1.- Que se habría violado el artículo 823 del Código de Comercio, alegando que el poder para el juicio no es un negocio comercial por lo cual no requiere inscripción en el registro de comercio.

Que se habría violado el artículo 834 del Código Civil al exigir que el mandato judicial esté inscrito en el registro de comercio, ya que ese mandato, que es para actos civiles, no requiere inscripción.

También acusa de haberse violado el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, señalando que mediante auto de fecha 31 de agosto de 2005 ya se había aceptado la personería del señor Javier Udaeta de Corral como apoderado de ELFEC S.A.

3.1.2.- Acusa la violación de la parte segunda, párrafo II de la Disposición Especial de la Ley Nº 1760 al haber realizado el tribunal Ad quem el saneamiento procesal fuera del plazo establecido por la referida norma.

3.1.3.- Acusa la violación del inciso 4 párrafo I del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, en razón a que el Tribunal Ad quem se ha limitado a examinar aspectos de forma del poder de fojas 816 a 817, por lo que no correspondía confirmar la sentencia sino disponer la anulación de actuados procesales, ya que la confirmación total o parcial es el resultado del examen de fondo del recurso y en este caso el Tribunal Ad quem no ha hecho ninguna consideración o examen del fondo y concluye aseverando que ha incurrido en la causal de nulidad prevista por el inciso 1) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.

3.2.- En cuanto al recurso de casación en el fondo, se efectúan las siguientes denuncias: 3.2.1.- El apoderado de la entidad recurrente  denuncia que el juez A quo habría realizado una interpretación errónea  de la prueba documental.

3.2.2.- También se acusa que la aplicación de los artículos 984 y 998 del Código Civil importa violación de las leyes especiales y competencia administrativa, ya que la competencia para conocer denuncias como la presentada por la actora le corresponde a la superintendencia  de electricidad y no al juez ordinario.

3.2.3.- Acusa también ausencia de fundamento  y pruebas de la falsedad, ilegalidad y falta de acción y derecho en lo que habría incurrido el juez A quo, alegando que al haberse declarado probadas dichas excepciones se ha violado el artículo 7 inciso h) de la Constitución Política del Estado en relación al artículo 52 del Código de Procedimiento Civil.

3.3.4.- Afirma también que la resolución administrativa Nº 263/2004 que determina que la empresa ELFEC S.A. no ha incurrido en ninguna conducta culposa y no tiene responsabilidad alguna sobre los daños pretendidos por la actora, por lo que la Empresa demandada habría probado su acción reconvencional.

Concluye aseverando que el juez A quo ha conculcado los artículos 1, 2 y 10 de la Ley Nº 1600 y los artículos 1 y 12 de la Ley de Electricidad Nº 1604 y la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341.

Finalmente el apoderado de la entidad recurrente pide que se case el Auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda en la parte apelada e improbadas las excepciones de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho interpuestos por la actora y probada la acción reconvencional interpuesta por ELFEC. S.A., y como consecuencia se disponga que no hay lugar al resarcimiento de daños a favor de la actora.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, se examina en primer lugar el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse el mismo, ya no correspondería pronunciamiento de este  tribunal sobre la casación en el fondo.

Con relación a la supuesta violación del artículo 823 del Código de Comercio, 834 del Código Civil, artículos 60 del Código de Procedimiento Civil y la parte segunda de las disposiciones especiales de la Ley Nº 1760.- En reiterados fallos, verbi gratia el A.S. Nº 236 de 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello al interponer el recurso de casación y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida, cuando el tribunal de segundo grado no se pronuncia sobre una determinada ley, corresponde a la parte interesada, con la facultad conferida por el artículo 196.2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar dentro del plazo legal la correspondiente complementación del referido fallo y sólo sobre esta base, puede recurrirse en casación, aspecto extrañado en el sub lite, pues no existe la aludida petición de complementación respecto de la aplicación de las citadas normas.

En virtud a ello, cuando en el recurso de casación se acusa infracción de leyes que no han sido aplicadas en el pronunciamiento del fallo impugnado, constituye un planteamiento errado del recurso, puesto que no puede haber infracción de la ley que no ha sido aplicada. En el caso de autos, ninguna de las normas legales cuya violación acusa el recurrente han sido aplicadas por el Tribunal Ad quem en el Auto de Vista impugnado, por lo que el recurso de casación en la forma,  en lo que atañe a dichas denuncias, es inatendible.

Con relación a la confirmación de la sentencia sin haberse pronunciado sobre el fondo.- El debido proceso legal constituye una esencial  garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio;  previsiones legales  que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente, es menester verificar, si la resolución de instancia, emergen de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

El principio de congruencia, que es inherente al debido proceso legal, compele a los juzgadores a pronunciar sus resoluciones en estricta correspondencia con las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso.

Empero la congruencia del fallo judicial debe ser también interna; lo cual significa que las partes de la resolución debe guardar correspondencia entre sí, de tal manera que en los casos en los cuales  se advierte una contradicción entre los pronunciamientos de la parte dispositiva del fallo y la motivación en la que este se fundamenta, dicho  fallo incurre  en incongruencia, con infracción del principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por disposición del artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, el Auto de vista puede ser confirmatorio total, confirmatorio parcial, revocatorio total o parcial y anulatorio o repositorio. Las tres primeras formas de resolución descritas tienen lugar cuando el tribunal ha analizado y resuelto sobre el fondo del asunto; es decir sobre la aplicación del derecho material, y la forma de resolución anulatorio o repositorio tiene lugar cuando el tribunal de alzada ha verificado la existencia defectos formales en el fallo impugnado o en el procedimiento que le precede; por ello cuando el tribunal de alzada verifica la existencia de defectos procesales, como los relativos a la legitimación ad processum, obviamente el decissum del fallo debe disponer; ya sea la anulación llana de la sentencia o auto apelado o bien la reposición de obrados; empero de ninguna manera corresponde, en tal caso, disponer la confirmación de la sentencia apelada con base a defectos procesales y sin haber ingresado a analizar el fondo del asunto.

En el caso en examen el Tribunal Ad quem, ha observado el poder notariado de fojas 816 a 817 concluyendo que fuera ilegal la actuación de Javier Udaeta Corral para interponer el recurso de apelación; es decir no ingresa a analizar el fondo del recurso y  sin embargo en la parte resolutiva confirma la sentencia apelada, incurriendo de esta manera en una incongruencia interna que viola efectivamente el artículo 237-4) del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en la causal de nulidad prevista por el artículo 254-4) Ídem, en cuyo mérito corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil

Finalmente se deja constancia que habiéndose dado mérito al recurso de casación en la forma, no corresponde que este tribunal se pronuncie sobre el recurso de casación en el fondo.

IV.- POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 3) y 275 del Adjetivo Civil, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 154 de 26 de noviembre de 2007, cursante a fojas 893 a 894 de obrados, disponiendo que el tribunal Ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo escrupulosamente el requisito de congruencia.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primer Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, de cuyo proyecto fue disidente únicamente en cuanto a su estructura argumentativa la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  121/2013