SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 108

Sucre: 28 de marzo de 2013  

Expediente: SC-94-08-A

Proceso: Acción Negatoria y otros.

Partes: Ana Patiño Román de Tudor c/ Felicia Veizaga vda. de Rojas.

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 140 a 144 vuelta, interpuesto por Felicia Veizaga vda. de Rojas contra el Auto de Vista de fecha 08 de noviembre de 2007 cursante a fojas 137 a 138, pronunciado por la Sala Civil Primera de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de ACCION NEGATORIA y otros, seguido por Ana Patiño Román de Tudor contra la recurrente, los antecedentes del proceso, la contestación de fojas 146 a 147 y el auto de concesión del recurso de fojas 147 vuelta; y,

CONSIDERANDO I:

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que dentro del proceso sobre acción negatoria y otros, el Juez de Partido 6º en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz ante la oposición de excepción de cosa juzgada y caducidad por parte de la demandada Felicia Veizaga vda. de Rojas, emitió auto definitivo de fecha 21 de mayo de 2007 de fojas 116 y vuelta, declarándolas improbadas.

Que, en grado de apelación incoada por la demandada, la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, por Auto de Vista Nº 498 de fojas 137 a 138, CONFIRMA el auto apelado, con costas.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.- La demandada Felicia Veizaga vda. de Rojas, formula recurso de casación en el fondo, que en la mayor parte del mismo se ocupa de una relación del proceso y de antecedentes; sin embargo, el examen del mismo permite a este Tribunal recoger, en síntesis, los siguientes dos argumentos: 

La recurrente cuestiona la decisión asumida por el A quo de declarar improbadas sus excepciones planteadas, habiéndose demostrado en proceso que se han cumplido las exigencias legales para que se declare probada la excepción de cosa juzgada, señalada por el artículo 340-2) del Código de Procedimiento Civil, toda vez que con el memorial de fojas 104 a 108, se ha presentado fotocopia legalizada, en la que consta la existencia de un proceso anterior, en el cual se solicito la declaratoria de perención de instancia, y según la recurrente, en los artículo 303 al 315 del Código Adjetivo, está establecido como conclusión extraordinaria del proceso la “perención de instancia”, siendo esta una resolución de carácter definitivo, equiparándose a una sentencia de primer grado pronunciada por el juez, considerándose como una de las formas de extinción del derecho, no pudiendo iniciar un segundo proceso que ya ha sido resuelto, oleado y sacramentado por un proceso anterior, constituyéndose cosa juzgada, sea este mediante sentencia, o como en el caso concreto mediante una de las formas de conclusión extraordinaria del proceso como la perención, denunciando la falta de valoración e interpretación del artículo 309 del cuerpo Adjetivo Civil.

En cuanto a la excepción de caducidad, denuncia la recurrente, que ha transcurrido más de un año y cuatro meses desde la declaración de perención de instancia del proceso anterior por auto de fecha 22 de septiembre de 2005 y el planteamiento de la actual demanda, presentación realizada el 11 de enero de 2007, correspondiendo la caducidad y preclusión del derecho de la demandante en aplicación a lo previsto por el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, habiendo una interpretación errónea del A quo y Ad quem.  

CONSIDERANDO III:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que antes de ingresar al análisis de fondo del recurso de casación, en primer término es pertinente realizar las siguientes puntualizaciones: 1.- De manera breve, diremos que las excepciones son, según lo ha establecido la doctrina, formas de defensa que puede adoptar el demandado frente a las pretensiones del demandante sea para dilatar o enervar la pretensión demandada; de ahí que se distinguen dos clases: las previas, dilatorias o procesales y las perentorias o de fondo. Las primeras se denominan previas, dilatorias o procesales, porque con su oposición se pretende afectar la relación procesal en sí, impedir su desarrollo normal y el pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión demandada; en otras palabras, impiden entrar a resolver el  fondo de la causa por la inexistencia de alguno o algunos de los presupuestos procesales que condicionan la admisibilidad del proceso, no atacan el derecho sustancial demandado. Las segundas, es decir las perentorias, atacan el fondo de la demandada y tienden a destruir el fundamento de derecho de la pretensión que se demanda.

Según la norma del artículo 336 del Código de Procedimiento Civil, se clasifican en previas y perentorias, dentro de los cuales el numeral 7) al 11) del mismo artículo están destinados a las excepciones previas.

"La cosa juzgada, resume el mismo tratadista uruguayo Couture, es una exigencia política y no propiamente jurídica; no es de razón natural, sino de exigencia práctica". Tomando en cuenta que existen sentencias definitivas y firmes, las primeras se convierten en firmes cuando ya no pueden ser impugnadas por ningún medio; entonces adquieren la autoridad de cosa juzgada. Las segundas son las que ya no pueden ser impugnadas: son las que poseen la autoridad de cosa juzgada. El instituto de la cosa juzgada tiene por objeto, precisamente, determinar el momento a partir del cual ya no podrá ser impugnada la sentencia, ni discutido en ningún proceso ulterior el litigio sobre el que aquella haya versado. La cosa juzgada concebida en nuestra legislación conforme a la doctrina expuesta, reviste dos clases: la formal y la substancial, aquella que bien puede ser objetada y aún destruida, pero también convertida en la segunda y ésta que adquiere firmeza y ninguna objeción. A su vez, el artículo 515 del citado Código dispone que las sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada: "1) Cuando la ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso; y 2) Cuando las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria", lo que importa la existencia de un proceso acabado que se opera cuando la ley no concede otra instancia o recurso dentro del mismo proceso, o cuando las partes admiten expresamente o tácitamente su ejecutoria, no haciendo uso de los recursos que la Ley franquea.

La cosa juzgada formal o virtual deviene de sentencias pronunciadas en procesos interdictos, voluntarios y ejecutivos, por la naturaleza de éstos y en función a los derechos puestos de manifiesto como apoyo legal de las pretensiones.

Así tenemos que la excepción de cosa juzgada, se funda en la existencia de un proceso  concluido de forma ordinaria que ponga fin al litigio y donde se hubieran resuelto aspectos de fondo, es decir, dirimidos los derechos de las partes, debiendo en tal caso acreditarse o adjuntarse con el memorial de planteamiento de la excepción el testimonio que contenga la sentencia que pone fin al litigio, conforme lo obliga el artículo 340 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, sin lo cual la excepción resulta inviable como sucede en la litis, habiéndose faltado al cumplimiento de lo exigido por la norma. La recurrente al parecer ingresa a una confusión, ya que si bien se evidencia la existencia de una resolución de perención de instancia dictada en un proceso anterior, que fuera iniciado por la actual excepcionista y causante de la perención, este auto de “perención de instancia”, no surte bajo ningún concepto los mismos efectos que una sentencia, advirtiendo que la perención de instancia no es otra cosa que un llamado de atención que hace la propia autoridad competente para sancionar al actor negligente por su falta de acción o abandono del proceso por más de seis meses. Entendiéndose que no se ha llegado a dirimir derecho alguno ante la ausencia del fallo final como es la sentencia, por lo tanto no existe cosa juzgada, porque en realidad no hubo juzgamiento, lo que simplemente hubo es un abandono que paralizó la acción, sin definir el derecho. 

En cuanto a la excepción de caducidad, según lo establece el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, si bien es cierto que la perención de instancia está considerada como una de las formas de conclusión extraordinaria del proceso, mas no surte los mismos efectos que una sentencia, como ya nos referimos ampliamente, y como además ocurre en el caso de autos siendo declarada en primera oportunidad, contra la parte que hizo el abandono por el tiempo establecido en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, que resulta ser la misma que opuso la excepción de caducidad y actual recurrente, a quien le corría el plazo señalado por el artículo 311 del tantas veces mencionado cuerpo adjetivo civil, habiendo dejado caducar la propia recurrente su derecho a interponer por segunda vez nueva demanda, así lo sanciona el artículo 1514 del compilado Civil.

En la especie los de grado han aplicado correctamente toda la preceptiva con relación a las excepciones planteadas.

Por lo que no siendo evidentes las denuncias acusadas en el recurso, corresponde a este tribunal la aplicación de los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de fojas 140 a 144 vuelta, interpuesto por Felicia Veizaga vda. de Rojas, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Fue de voto disidente la Magistrada Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  108/2013