SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 106

Sucre: 28 de marzo de 2013  

Expediente: SC-69-11-S

Proceso: Mejor derecho propietario y otros.

Partes: Nicolás Ponce Quiroga y otro c/ Juan Bravo Sejas.

Distrito: Santa Cruz

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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I.- VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Juan Bravo Sejas, de fojas 194 a 196, contra el Auto de Vista Nº 088 de  15 de febrero de 2011, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de mejor derecho propietario y otros, seguido por Nicolás Ponce Quiroga y Félix Carlos Ponce contra el recurrente.

          II.- CONSIDERANDO:

2.1. Antecedentes.- Que, mediante sentencia de fojas 173 a 174  vuelta de obrados, pronunciado por  el Juez de Partido Noveno en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, se declaró probada la demanda de fojas 16 a 19, y en su mérito se ordena al demandado la entrega del lote de terreno signados con el número 18, Manzana 1, UV 102, a su propietario Nicolás Ponce Quiroga,  libre de mejoras y completamente desocupado, al tercero día de ejecutoriada la sentencia; y también se le ordena al demandado la entrega del terreno signado con el Nº 20, manzana 1, UV 102, a su propietario Félix Carlos Ponce Crespo, libre de mejoras y completamente desocupado, dentro de tercero día. Asimismo se reconoce el mejor derecho propietario sobre los indicados terrenos con relación a los demandantes. Finalmente se reconoce la inexistencia de derechos del demandado sobre los terrenos objeto de la Litis y se condena al demandado al resarcimiento de daños y perjuicios, a ser determinados en ejecución de sentencia, con costas.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Juan Bravo Sejas y María Oliz Cuellar, de fojas 178 a 180 de obrados, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz,  por Auto de Vista Nº 088 de 15 de febrero  de 2011, confirmó  la sentencia de fojas 173 a 174 de obrados, con costas.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante a fojas 194 a 196, Juan Bravo Sejas, interpone recurso de casación en el fondo, que ahora se examina.

          III.-  CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de casación, efectúa las siguientes denuncias:

.-  Denuncia que tanto el Juez A quo como el Tribunal Ad quem, habrían incurrido en interpretación errónea o aplicación indebida  del artículo 1453-I) del Código Civil, que dispone que el propietario que ha perdido la posesión puede reivindicarla de quien la posee o detenta; empero -alega- en el presente caso los demandantes nunca fueron desposeídos y menos estuvieron en posesión del inmueble que demandan mejor derecho de propiedad, reivindicación, y concluye invocando el artículo 253 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil.

.- Acusa que existe valoración errónea de la prueba de descargo cursante a fojas 127 y 171, sin darle el valor que le asigna el artículo 1308 del Código Civil.

3.2. Fundamentos del Fallo.- Así planteado el recurso, corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

3.2.1.- Con relación a la primera denuncia.- El artículo 253-1) del Código de Procedimiento Civil, invocado por el recurrente, dispone que procede la casación en el fondo cuando la sentencia recurrida contuviera violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley (error sobre el alcance de la norma), mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella (error de subsunción).

El derecho a la propiedad privada, se encuentra reconocido por mandato del artículo 56-I) de la Constitución Política del Estado, cuyo goce y ejercicio se encuentra garantizado por el parágrafo II del citado artículo constitucional.

Por su parte el artículo 105 del Código Civil, conceptualiza a la propiedad como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa.

El derecho propietario concede al titular acciones reales  destinadas a la protección de ese derecho; entre tales acciones reales se encuentra la reivindicación, al que se refieren el parágrafo II) del artículo 105 del Código Civil y el artículo 1453-I) Ídem.


El tratadista argentino Guillermo Borda define a la reivindicación “como la acción que puede ejercer el que tiene derecho a poseer una cosa para reclamarla de quien efectivamente la posee.”. 

El recurrente cuestiona que los jueces de instancia hayan reconocido la acción reivindicatoria a favor de quienes nunca estuvieron en posesión material y por lo mismo nunca fueron desposeídos, siendo que la norma contenida en el artículo 1453-I) del Código Civil hace alusión al propietario que “ha perdido la posesión”.

En realidad la acción reivindicatoria es una acción otorgada a quien tiene el derecho a poseer una cosa, pues se halla vinculada con el título, con el derecho a poseer, y no debe confundirse con la posesión en si misma o posesión material, la cual se encuentra amparada por los interdictos posesorios.

La tesis que reconoce la acción reivindicatoria a favor del propietario, que no recibió la posesión material, es hoy en día dominante; en este sentido  el propio Guillermo Borda, afirma  que “Tampoco es rigurosamente exacto que la acción nace cuando el propietario ha perdido la posesión, pues también la tiene en algunos casos el que nunca adquirió dicha posesión”. (las negrillas no corresponde al texto original); entre tales casos se encuentra precisamente la del adquirente que no recibió la tradición, ya que el vendedor que transmite el derecho de propiedad no se reserva  ningún derecho sobre la cosa, por lo cual se desprende y transmite al comprador todas las acciones que tenga sobre la cosa; por ello, como sostiene el citado autor argentino Guillermo Borda, ”Resulta evidente que quien enajena una cosa que no entrega el adquirente, simultánea y necesariamente le transmite también  el poder jurídico de reclamarla contra cualquiera”. En razón a que, por mandato del artículo 521 del Código Civil, la transferencia del derecho de propiedad por causa de compra venta, tiene lugar por el efecto del consentimiento, desde ese momento el adquirente tiene todas las acciones que el comprador tenía contra terceros para la protección de la cosa transferida, en cuyo mérito le está permitido al adquirente que aún no ha ingresado en posesión material de la cosa, interponer la acción reivindicatoria en contra del poseedor material o detentador. El Tribunal Supremo, compartiendo la línea jurisprudencial vigente, establecida por la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Auto Supremo Nº 199 de 13 de octubre de 2004, 398 de 18 de noviembre de 2010, entre otros,  tiene sentado que el derecho de propiedad, otorga la facultad al propietario de reivindicar la cosa de manos de un tercero, aunque el demandante no hubiera estado en posesión material de la cosa en litigio.

En el caso de autos, el recurrente cuestiona precisamente que los demandantes no hubieran estando nunca en posesión material de los terrenos objeto de este litigio y que por lo mismo nunca fueron desposeídos. Empero como se tiene precisado, éste tribunal ha interpretado que la acción reivindicatoria prevista por el artículo 1453-I) del Código Civil, alcanza también al propietario que no haya tenido la posesión material; por consiguiente no es cierto que los jueces de instancia hayan incurrido en error al reconocer el alcance de la norma sustantiva impugnada, a favor de los actores, y tampoco al aplicar el citado artículo 1453-I) Ídem, a los hechos acreditados como fundamento de la pretensión real reivindicatoria de los demandantes, pues precisamente dicha norma legal es la que le reconoce a los propietarios la acción real reivindicatoria para recuperar los bienes del titular que se hallaren en manos de terceros, consiguientemente la denuncia formulada por el recurrente en este punto es infundada.

Con relación a la segunda denuncia.- El recurrente se limita a señalar que existe valoración errónea de la prueba de descargo cursante a fojas 127 y 171 y seguidamente textualmente señala “que sin dale el valor que le asigna el art. 1308 c.c.”. Esta sola afirmación es insuficiente para abrir la competencia de este tribunal, pues en el recurso no se precisa si se cuestiona un supuesto error de derecho o error de hecho y tampoco se indica en qué consiste el error, ya que ni siquiera se menciona cual el hecho que acreditaría el documento de compra venta de un lote de terreno con reserva de propiedad hasta su total cancelación, de fojas 127, y menos precisa que parte del artículo 1308 del Código Civil habría sido inaplicado y peor aún no explica porque razón correspondía aplicar dicha norma  al susodicho  documento;  y con relación al acta de inspección de visu, de fojas 171, la orfandad de argumentos es también manifiesta, pues no se precisa que hecho acreditaría esa acta y menos fundamenta porque razón debía aplicarse, en cuanto a su valoración, el mismo artículo 1308 del Código Civil, norma legal -que dicho sea de paso- se refiere a la valoración de registros y papeles “domésticos”. Consiguientemente y con relación a este punto del recurso, habida cuenta de la defectuosidad de argumentación, que implica incumplimiento del requisito previsto por el artículo 258-2) del Código Civil, éste tribunal no abre su competencia.

IV.- POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 2)  y  273  del Adjetivo Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, de fojas 194 a 196, interpuesto por Juan Bravo Sejas.

Primer Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  106/2013