SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 95

Sucre: 27 de marzo de 2013  

Expediente: B- 7- 08 -S

Proceso: Prescripción del derecho

Partes: Rodolfo Azeñas Rodríguez c/ Superintendencia Forestal.

Distrito: Beni

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 218 a 220, interpuesto por Nelson Arturo Tórrez Issa, en representación de la Superintendencia Forestal contra Auto de Vista Nº 002/08, de fecha 04 de enero, de fojas 204 a 205, emitido por la Sala Civil de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de Beni, la respuesta al recurso de fojas 218 a 220, dentro del ordinario de Prescripción del derecho seguido por Rodolfo Azeñas Rodríguez contra la Superintendencia Forestal, los antecedentes del proceso, todo lo que ver convino y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, el Juez de Partido Mixto de Riberalta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, pronuncia Sentencia Nº 326/2007, de fecha 3 de septiembre de 2007, que declara IMPROBADA la demanda de fojas 13 y 14 presentado por Honorio Quispe Palli; IMPROBADA, con costas. Deducida que fue la apelación por la parte demandante, la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, pronuncia Auto de Vista Nº 002/08, de fecha 04 de enero, de fojas 204 a 205, que REVOCA la sentencia venida en apelación y declara PROBADA la demanda y consiguientemente prescrito el derecho de la Superintendencia Forestal Regional Riberalta de ejecutar la Resolución Administrativa UOB-RIB-UL- 242/2007,  de fecha 29 de noviembre de 2005.

2.- Contra el Auto de Vista, Nelson Arturo Tórrez Issa, en representación de la Superintendencia Forestal, interpone recurso de casación en el fondo, en base a los argumentos expuestos allí:

CONSIDERANDO II:

Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación “anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público”, disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga calidad de orden público a las normas procesales y por tanto el cumplimiento obligatorio de las partes, a través de la sucesión de actos procesales desarrollados dentro del proceso, en ese ámbito, se tienen las siguientes consideraciones:

Según el tratadista Argentino Gordillo, acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales. Para Antoño Abruna, constituye una declaración que proviene de una administración pública, produce efectos jurídicos y se dicta en ejercicio de una potestad administrativa.

En coherencia con la doctrina, de acuerdo a lo previsto por el artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo “Se considera acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo”, en este marco la aplicación del Derecho Administrativo, se encuentra sujeto a principios, uno de ellos el principio de autotutela, previsto en el artículo 4 inciso b) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo inciso b) establece que “la Administración Pública dicta actos que tienen efectos sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios actos, sin perjuicio del control judicial posterior”, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 parágrafo I de la mencionada ley “los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias”, siendo así, la competencia del órgano administrativo viene a ser irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio, según lo establecido en su parágrafo II. En este entendido, los procedimientos administrativos se regulan por esta ley y sus fallos una vez agotada  esta instancia, mediante los recursos establecidos, solamente son revisables por la jurisdicción ordinaria a través del contencioso administrativo, tal cual establece el artículo 70 de dicha ley.

Sobre los actos administrativos, la jurisprudencia constitucional mediante la  SC 0107/2003 de 10 de noviembre, recogida a su vez por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0249/2012 de fecha 29 de mayo de 2012,  ha establecido que: “Acto administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas. El pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de conocimiento o de opinión. Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo son: 1) La estabilidad, en el sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y de las instituciones administrativas; 2) La impugnabilidad, pues el administrado puede reclamar y demandar se modifique o deje sin efecto un acto que considera lesivo a sus derechos e intereses; 3) La legitimidad, que es la presunción de validez del acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente; 4) La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato; 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus propios actos sin intervención del órgano judicial; 6) La ejecución, que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones. De otro lado, la reforma o modificación de un acto administrativo consiste en la eliminación o ampliación de una parte de su contenido, por razones de legitimidad, de mérito, oportunidad o conveniencia, es decir, cuando es parcialmente contrario a la ley, o inoportuno o inconveniente a los intereses generales de la sociedad”.

CONSIDERANDO III:

En la especie, el procedimiento para las sanciones por infracciones al régimen forestal se encuentra regulado en el presente caso por la Directriz jurídica  IJU 1/2006, que a su vez, regula el procedimiento para las prescripción de las sanciones dispuestas por la Superintendencia Forestal,

siendo así, correspondía que el recurrente agote las instancias administrativas y en su caso la vía del contencioso administrativo si pretendía que la jurisdicción ordinaria revise la decisión de la Superintendencia Forestal, pues éste constituye una garantía, librándolo de abuso de los detentadores de Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de administración que le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición, precisamente del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, inconveniencia, de los actos realizados en sede administrativa, sin embargo, para ello es oportuno enfatizar que previamente se tiene que resolver el Recurso Jerárquico, lo que permitirá al interesado acudir recién a la impugnación judicial por la vía del contencioso administrativo para que la jurisdicción ordinaria revise la decisión de la Superintendencia Forestal, acerca de ello, los artículos 69 y 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo señalan claramente en qué casos se agota la vía administrativa, y precisamente se considera agotada esta vía cuando se ha dictado la resolución que resuelve el recurso jerárquico.

En el caso de autos, el Juez de Primera Instancia, como el Tribunal de Alzada, a pesar de las observaciones realizadas por la parte demandada e incluso el mismo trámite imprimido por el demandante se efectuó en base a lo dispuesto por la Ley 2341 como por la directriz jurídica señalada, consintió que la pretensión del demandante se lleve a cabo con normalidad hasta la presente etapa, habiéndose infringido el principio del debido proceso y vulnerando el principio de economía procesal de las partes, por lo que, corresponde aplicar en el presente caso el artículo 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, con la facultad establecida por el artículo 252 del mismo Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto en los artículos 271 numeral 3) del Adjetivo Civil, ANULA obrados hasta la admisión de la demanda y el Juez de Primera Instancia corrija procedimiento, de acuerdo a lo observado.

Se impone la multa de Bs. 200 al Juez de Primera Instancia y a cada uno de los Vocales que intervienen en el indicado auto de vista, por inobservancia de la ley, que les serán descontados por planilla.

Cumpliendo con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  95/2013