SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 88

Sucre: 27 de marzo de 2013  

Expediente: Pdo 6 08 S

Proceso: Cumplimiento de Obligación.

Partes: Empresa INGEMO c/ Alcaldía Municipal de Cobija.

Distrito: Pando

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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I.- VISTOS:

1.- El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto   por Luis Adolfo Flores Roberts, en su calidad de Alcalde Municipal de Cobija, de fojas 351 a 352, contra el Auto de Vista Nº 50 de 2 de octubre de 2008, pronunciado por la Sala Civil, Social, de Familia, Niño, Niña y Adolescente de la entonces Corte Superior de Distrito de Pando, en el proceso ordinario de Cumplimiento de Obligación seguido por la Empresa Ingemo en contra de la Alcaldía Municipal de Cobija.

II.- CONSIDERANDO:         

2.1. Antecedentes.- Que, mediante sentencia de fojas 322 a 326 vuelta de obrados, pronunciado por el  Juez de Partido en lo Civil de la ciudad de Cobija, se declaró probada la demanda de fojas 123 a 124 vuelta de obrados y declara improbada la acción reconvencional de incumplimiento de contrato por parte del demandante, interpuesto a fojas 195 a 196 de obrados; por consiguiente condena a la Alcaldía Municipal de Cobija, a pagar la suma de Bolivianos 127.059,20, por concepto de 12 viviendas reconstruidas, correspondiente al contrato de reconstrucción de las 310 viviendas afectadas por los vientos huracanados de fecha 21 de septiembre de 2001, en el plazo de 10 días de ejecutoriada la sentencia.  

Que, en grado de apelación, interpuesto por Luis Adolfo Flores Roberts, en su calidad de Alcalde Municipal de Cobija, de fojas 329 a 331 vuelta, la Sala Civil, Social, de Familia, Niño, Niña y Adolescente de la entonces Corte Superior de Distrito de Pando, por Auto de Vista Nº 50 de 2 de octubre de 2008, de fojas 345 a 348 vuelta, confirma totalmente la sentencia apelada, sin costas.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 351 a 352, Luis Adolfo Flores Robert, en su calidad de Alcalde Municipal de Cobija, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, que ahora se examina.

III.- CONSIDERANDO:

3.1.- Recurso de casación.- El recurrente, en su recurso de casación en la forma denuncia que en el Auto de Vista no existiría pronunciamiento respecto a que la sentencia de fojas 322 a 326 vuelta omite la consideración de la reconvención y contradictoriamente en la parte resolutiva declara improbada sin justificación alguna, siendo ese hecho reclamado en su recurso de apelación de fojas 331, punto 3-l, acusando que el fallo por esta razón es infra petita e invoca el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

En su recurso de casación sobre el fondo, invocando el artículo 253-1) del Código de Procedimiento Civil, denuncia que en el Auto de Vista se habría interpretado erróneamente el artículo 520 del Código Civil. Afirma que el contrato suscrito entre la Empresa Ingemo y el Gobierno Municipal de Cobija, establece en su cláusula 31 las morosidades y penalidades por atraso, en la cláusula 39 la planilla de liquidación final, y en la cláusula 40 expresa el certificado de liquidación final de la obra; que el hecho de no cooperación de parte de los beneficiarios no sería causa de fuerza mayor ya que la empresa asumió la responsabilidad de entregar las obras dentro del término establecido y no puso como condición la cooperación de los beneficiarios; que no es buena fe tolerar atrasos justificando actuación negligente de terceras personas que nada tienen que ver con el contrato, cobrar un monto de dinero sin previa liquidación final y cobrar si no existe certificado de conclusión de obra; en cuya virtud concluye acusando que la interpretación efectuada por el Tribunal Ad quem referente a la buena fe del contratista fuera incompleta y no justifica el pago reclamado sin previa liquidación sobre el monto previa deducción de las multas conforme a lo que se ha expresado en el contrato. Cuestiona que para el Tribunal Ad quem el contratista cumplió con el contrato, pero también se debe considerar -sostiene- que se cumplió fuera de plazo y por ende el contratista tiene multas que deben ser liquidadas para emitirse el respectivo certificado final y cancelar lo que realmente se le adeude de buena fe.

3.2. Fundamentos del Fallo.- De principio corresponde precisar que se ha tenido presente que, en el caso de autos habiéndose cuestionado la competencia material del juez de partido en lo civil y ante el conflicto competencial suscitado, finalmente la Sala Plena de la entonces Corte Superior de Justicia de Pando, mediante Auto de fecha 11 de septiembre de 2006, cursante a fojas 182 y vuelta ha declarado competente al juez de Partido en lo civil, no constando en obrados que la entidad demandada haya impugnado dicha resolución, de lo cual se sigue que la ha consentido, en mérito al principio dispositivo que rige los procesos de materia civil, produciéndose la perpetua jurisdicción, tal como establece el entendimiento de la sentencia constitucional Nº 1961/2012.

Así planteado el recurso, se examina en primer lugar el recurso de casación en la forma, pues en caso de estimarse el mismo, ya no correspondería pronunciamiento de este  tribunal sobre la casación en el fondo.

El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto, conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente, es menester verificar, si las resoluciones de instancia, emergen de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

El proceso civil boliviano se finca, entre otros en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y el pronunciamiento del Tribunal de apelación es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, cuyo quebranto se produce, entre otros, cuando el Tribunal Ad quem, omite pronunciamiento expreso y exhaustivo, sobre alguno de los agravios invocado por el apelante; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen el recurrente alega que el tribunal Ad quem no se habría pronunciado por la omisión de consideración de la reconvención y que fue declarada improbada sin justificación alguna en la parte resolutiva, extremo que habría sido reclamado en la foja 331, punto 3 de su apelación. Precisamente en el folio y punto indicados, se esgrime como agravio el que el juez A quo no se habría pronunciado sobre lo demandado en la reconvención respecto a las penalidades por el incumplimiento del plazo de entrega de las 310 viviendas y que establezca la suma líquida en sentencia conforme establece el artículo 305 del Código Civil referido al cumplimiento parcial del contrato.

En el Auto de Vista impugnado el Tribunal Ad quem, efectivamente omite pronunciarse sobre el indicado agravio; es decir si es o no cierto que el juez A quo hubo omitido dicho pronunciamiento respecto de la reconvención; en lugar de responder a esa acusación con claridad y pertinencia, el Tribunal Ad quem efectúa consideraciones en torno a las razones factuales y legales por las cuales considera que el  contratista no puede ser condenado al pago de multa o pena, olvidando que su deber era pronunciarse de forma clara y exhaustiva sobre cada uno de los agravios invocados y fundamentados por el apelante, conforme lo impone el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, pues si el Tribunal consideraba que el juez A quo sí se pronunció respecto a lo extrañado por el apelante y que por consiguiente no es cierta la omisión, debió precisarlo en ese sentido y si por el contrario considera que el Juez A quo no tiene el deber de pronunciamiento sobre ese extremo, también debe decirlo, dando razón de sus conclusiones. Empero al haber omitido pronunciarse expresamente y de forma exhaustiva sobre dicho agravio, efectivamente ha hecho de su fallo infra petita.

Consiguientemente, es evidente que el Tribunal Ad quem, en el pronunciamiento del Auto de Vista Nº 50 de 2 de octubre de 2008, de fojas 345 a 348 vuelta, ha violado el principio de congruencia consagrado por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, el cual compele al Tribunal Ad quem pronunciarse de forma exhaustiva sobre todos y cada uno de los agravios esgrimidos por el apelante, y por dicho motivo el fallo se encuentra viciado de nulidad por la causal prevista en el inciso 4) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo mérito corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil

Finalmente se deja constancia que habiéndose dado mérito al recurso de casación en la forma, no corresponde que este tribunal se pronuncie sobre el recurso de casación en el fondo.

IV.- POR TANTO:

4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 3) y 275 del Adjetivo Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 50 de 2 de octubre de 2008, cursante de fojas 345 a 348 de obrados, disponiendo que el tribunal Ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo escrupulosamente los requisitos de congruencia y  exhaustividad.

4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el tribunal Ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

4.3.- Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  88/2013