SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 67

Sucre: 22 de marzo de 2013  

Expediente: P-11-08-S

Proceso: DIVORCIO.

Partes: Roberto Carlos Segura c/ Natividad Catari Ackarapi de Segura.

Distrito: Potosí

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

__________________________________________________________________________


VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 156 a 158 interpuesto por Natividad Catari Ackarapi de Segura contra el Auto de Vista N° 52/2008 cursante de fojas 150 a 152 vuelta, de 3 de marzo de 2008, pronunciado por la Sala Civil de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso ordinario sobre DIVORCIO, seguido por Roberto Carlos Segura contra la recurrente, los antecedentes del proceso, la contestación de fojas 160 y vuelta y el auto de concesión del recurso; y,

CONSIDERANDO I.-

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que tramitada la causa, el Juez de Partido 2° de Familia de Potosí, emitió sentencia de fecha 24 de enero de 2008 cursante de fojas 130 a 132 vuelta de obrados, declarando PROBADA la demanda; en consecuencia se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos Roberto Carlos Segura y Natividad Catari Ackarapi. Que, los menores Cristian Tony y José Roberto Segura Catari quedan bajo la guardia y custodia de su madre, se fija una asistencia familiar en la suma de Bs.- 300.00.- para cada uno de los hijos, que el padre está obligado a cancelar, a partir de la fecha de esta resolución. El padre tiene derecho de visita a los hijos los días sábado y domingo de 09:00 a 14:00. Se ordena la cesación de la asistencia familiar provisional fijada a favor de la madre; no estando demostrada la existencia de bienes gananciales, no se dispone nada.

Que, en grado de apelación incoada por la demandada, la Sala Civil de la Corte Superior de Distrito Judicial de Potosí, confirma totalmente la sentencia apelada N° 6/2008, con costas.

CONSIDERANDO II.-

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN: La demandada Natividad Catari Ackarapi, formula recurso de casación en el fondo, mismo que después de un examen permite a este Tribunal extraer, en síntesis, que los primeros puntos que expone la recurrente, se limita a realizar objeciones por demás reiteradas a la valoración de la prueba tanto de cargo como de descargo y el último punto ataca el mandato otorgado a favor de la apoderada del actor; manteniendo ese orden desarrollaremos el análisis del recurso extraordinario.

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En ese marco, corresponde ingresar al análisis de los fundamentos expresados en el recurso y de los antecedentes procesales, empero, previamente, consideramos pertinente referir respecto a la prueba y su valoración lo expresado por este Tribunal Supremo mediante A.S. Nro. 271 de 28 de mayo de 2007, que a la letra dice "... conviene también precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios debe efectuárselo de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. En consecuencia, el juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente".

"Lo anteriormente expuesto encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el artículo 1286 del Código Civil que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En coherencia con esta disposición sustantiva, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil en su parágrafo I establece que: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

Que en la especie la demandada y ahora recurrente, acusa, que no se ha probado la causal contenida en el artículo 131 del Código de Familia, al respecto corresponde manifestar que el auto de relación procesal de fojas 70 vuelta, contiene entre otros puntos de hecho a probar: "La separación libre, consentida y continuada por más de dos años atrás, sin haberse presentado reconciliación (artículo 131 del Código de Familia)", marco conceptual en el que versa el proceso, la sentencia al declarar probada la demanda de fojas 7 a 8, considera las pruebas de cargo de fojas 13, 54, 55, y 44 al 47 que documentos que manifiestan en forma conteste y uniforme que ambos esposos se encuentran separados desde hace más de dos años, así como con la prueba de descargo de fojas 44 a 47, aportada precisamente por la ahora recurrente, documento relativo a la demanda de asistencia familiar instaurada contra el actor de la presente demanda, de donde se sustrae que Natividad Catari Ackarapi de Segura, manifiesta que: “…desde el año 2000 se encuentra separada de su esposo, debido al mal comportamiento de éste…”., prueba valorada dentro del parámetro que otorga el artículo 1330 del Código Civil, con la facultad incensurable en casación; resultando absurdo de parte de la recurrente, el intento de olvidar o ignorar el contenido de su propia prueba presentada, por lo que la acusación de falta de acreditación de la causal contenida en el artículo 131 del Código de Familia no tiene mérito para ser acogida en casación.

Así mismo, resulta ser falso que la prueba a fojas 13 haya sido rechazada, al contrario la misma fue admitida como pre constituida con traslado a la parte contraria, mediante providencia contenida en el otrosí 3º de fojas 15 vuelta de fecha 26 de marzo de 2007.

Debemos de tomar en cuenta que por mandato del artículo 1283 del Código Civil concordante con el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba recae en quien pretende en juicio un derecho o en quien pretende que ese derecho sea modificado, extinguido  o no válido”, e incumbe  al actor, en cuanto al hecho constitutivo de su derecho y al demandado, en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo del derecho del actor, por lo que la aseveración de la recurrente en sentido que sólo al actor le incumbe la carga de la prueba, resulta ser infundada.

A lo anterior cabe agregar que, conforme está establecido por abundante jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo, la valoración de la prueba es atribución privativa de los jueces de grado, siendo incensurable en casación a menos que se demuestre el error de hecho o de derecho en que hubieran incurrido; deduciéndose, en la especie, que el Tribunal Ad quem, valoró en su conjunto toda la prueba aportada al proceso, conforme las reglas de la sana crítica de conformidad a lo previsto en el artículo 1286 del Código Civil que manda que "las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio", sin denotar ningún error de hecho ni de derecho en su apreciación, error de derecho que solamente puede darse cuando la prueba está tasada por ley, y el error de hecho cuando se lo evidencia con documentos o actos auténticos que lleven a demostrar inequívocamente dicho error en el juzgador.

En relación al cuestionamiento que hace al mandato de fojas 17 de obrados, tenemos que, la persona física, con capacidad procesal, puede comparecer a través de mandatario judicial o apoderado, sí así lo desea. Aquí la representación procesal es voluntaria o contractual. La persona que se presentare en el proceso en nombre o representación de otra, deberá acompañar al primer escrito los documentos que demuestren su personería, artículo 58 Código de Procedimiento Civil. Ello constituye presupuesto procesal sobre la "parte" que interviene en un proceso, situación que comprendiendo al actor, es esencial, por cuanto éste es el sujeto de la pretensión y su presencia es fundamental y debe estar debidamente avalada por ley cuando actúa mediante mandatario. Este se manifiesta por la parte y la representa, por ello, cuando su calidad es indiscutible y sin óbice asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si él las practicare personalmente, artículo 60 Código de Procedimiento Civil. En el sub lite el mandato resulta ser más que suficiente, determinado y preciso en cuanto a las especificaciones de carácter formal, encontrándose plenamente identificados los nombres del demandante y demandado, el órgano jurisdiccional competente y las facultades inherentes, cumpliendo a cabalidad lo exigido por el artículo 58 y 62 del Código de Procedimiento Civil y 809 del Código Sustantivo.

En consecuencia, corresponde fallar conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación de fojas 156 a 158 interpuesto por Natividad Catari Ackarapi de Segura, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  67/2013