SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 58

Sucre: 28 de febrero de 2013  

Expediente: P-4-08-S

Proceso: Cumplimiento de obligación.

Partes: COMIBOL c/ Empresa Minero Metalúrgica Potosí (EMMPSA).

Distrito: Potosí

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 563 a 570 vuelta, interpuesto por José Manuel Farfán Chávez y Antonio Santos Orellana, en representación de la Corporación Minera de Bolivia, contra el Auto de Vista N° 01/2008 de fecha 28 de diciembre de 2007, cursante de fojas 556 a 559, pronunciado por la Sala Civil de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso ordinario de CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION, seguido por COMIBOL contra la Empresa Minero Metalúrgica Potosí (EMMPSA), los antecedentes procesales, la contestación de fojas 573 a 575 vuelta, el auto de concesión del recurso de fojas 576; y,

CONSIDERANDO I.-

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez de Partido 1º en lo Civil y Comercial de la ciudad de Potosí, emitió Sentencia N° 253/2007 de fecha 8 de noviembre, cursante a fojas 513 a 521 vuelta de obrados, declarando PROBADA en su totalidad relativo a cumplimiento de obligación y al resarcimiento de daños y perjuicios por causas atribuibles al demandado. Disponiendo en consecuencia lo siguiente: 1.- Haber lugar a disponer el cumplimiento de la obligación consistente en el pago del canon de arrendamiento correspondiente a abril de 1998 hasta octubre de 2006, que en su totalidad llega al importe de $us. 827.391,60.- que EMMPSA debe cancelar a COMIBOL, otorgándose para tal efecto el plazo improrrogable de un mes. 2.- Haber lugar a disponer el resarcimiento de daños y perjuicios, cuyo monto se determina en el importe de $us. 49.643,49.- que debe cancelar EMMPSA a COMIBOL en el mismo plazo antes dispuesto. Con costas.

Que, en grado de apelación la Sala Civil de la Corte Superior de Distrito de Potosí, por Auto de Vista N° 001/2008 de fecha 28 de diciembre del 2008 cursante a fojas 556 a 559, REVOCA totalmente la sentencia 253/2007 apelada, declarando IMPROBADA LA DEMANDA de fojas 46 a 48, subsanada a fojas 51 a 52 vuelta y fojas 75, en lo concerniente al cumplimiento de obligación y al resarcimiento de daños y perjuicios, sin costas.

Contra el Auto de Vista, el demandante interpone recurso de casación en el fondo, mediante memorial de fojas 563 a 570 vuelta.

CONSIDERANDO II.-

DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN:

I.- En su recurso de casación en el fondo afirma que el Tribunal Ad-quem erróneamente cuestiona los alcances de la demanda sustentando que conforme a lo dispuesto por el Artículo 568-I) del Código Civil en los contratos con prestaciones recíprocas no es viable reclamar el cumplimiento de la obligación y alternativamente la resolución contractual; sin fundamentar claramente el porqué hace referencia a este extremo, como sí se hubiese formulado una con pretensiones alternativas.

El recurrente impugna esta afirmación del fallo, puesto que la demanda y el memorial que subsana las observaciones hechas por el Juez de Instancia, han dejado absolutamente claro que no existe petición alternativa por el contrario la demanda se dirige claramente a exigir el cumplimiento de la obligación y el pago de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la entidad demandada EMMPSA.

Acusa que, el fallo erradamente sostiene que siendo una obligación sinalagmática el demandante debe haber cumplido la prestación debida, para poder reclamar la prestación de contrario, entendiendo que no fueron respetadas o fueron ignoradas maliciosamente por los actores al no haberse tenido presente las cláusulas de rescisión y resolución de los contratos.

Al respecto el recurrente sostiene que el Tribunal de Apelación presume sin sustento la existencia de una falta de voluntad de respetar los contratos por las partes, lo que no es evidente porque COMIBOL en ningún momento pretendió desconocer las condiciones contractuales y menos las cláusulas de rescisión y resolución en ambos contratos, siendo evidente que en virtud de la propia demanda COMIBOL en respeto de los términos contractuales demanda su cumplimiento y como se reconoce en la propia sentencia la parte demandada reconoce haber incurrido en incumplimiento de pago, lo que importa que la vigencia de los mismos en ningún momento ha sido cuestionada por los demandados.

El Tribunal de Segunda Instancia sostiene que las cláusulas del contrato establecían como causales de resolución o rescisión del contrato y que por tanto la relación contractual quedó sin valor jurídico alguno, al haber aceptado esas condiciones en los contratos que conforme al artículo 519 del Código Civil tienen fuerza de ley entre las partes y por tanto el Tribunal Ad quem declara resuelto el contrato y sin valor jurídico alguno.

El recurrente considera que el Auto de Vista contiene una errada interpretación de la cláusula vigésima segunda, aclarando que la mencionada cláusula señala “podrá” haciendo una explicación de lo que se entiende por tal vocablo desde la perspectiva gramatical y jurídica, pero que las partes no han recurrido a ellas, por el contrario COMIBOL jamás declaro resuelto el contrato ni existió comunicación alguna a EMMPSA que permita afirmar que exista la voluntad de rescindir o resolver el contrato; por el contrario demanda el cumplimiento de la obligación.

Por lo que, el recurrente sostiene que el Tribunal ha incurrido en una errónea interpretación y aplicación de las normas que ellos citan, incurriendo en error de derecho y error de hecho de la ley; solicitando se case el Auto de Vista recurrido y fallando en el fondo confirme la sentencia que declara probada la demanda.

CONSIDERANDO III.-

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: Que, de la revisión del Auto de Vista Nº 01/2008 de fojas 556 a 559; de cuanto se expone y fundamenta en el recurso de casación, así como evaluada la respuesta de contrario se debe considerar:

La nulidad de un contrato es producida por faltar en su constitución algunos de los requisitos prescritos por la ley para la validez del acto o contrato, y ésta por disposición del artículo 546 del Código Civil solo puede ser declarada judicialmente.

La rescisión, es un concepto que hace referencia al negocio jurídico por el que se deja sin efecto, mediante declaración judicial, un negocio, contrato o acto jurídico. También conocida como la acción de nulidad de los contratos o negocios jurídicos.

Se entiende principalmente con respecto a los contratos, negocios o actos jurídicos que están afectados de la nulidad relativa, de la cual en la mayoría de las legislaciones anglosajonas, solo le es permitida intentarla a la persona en cuyo favor se ha establecido, a menos que sea ésta la que reporta un provecho o enriquecimiento.

Para que proceda, la rescisión necesariamente debe ser declarada por un órgano jurisdiccional, que conocerá y fallará a petición del interesado.

Así al demandar la nulidad y rescisión de un acto o contrato se debe solicitar dos cosas: a) Que se declare la nulidad del acto-contrato en mérito del vicio del que adolece; y, b) Que corno consecuencia de esta nulidad se declare rescindido el contrato con los efectos que señalados en la ley.

La resolución  de un contrato es totalmente distinta de la nulidad y de la rescisión, pues estas últimas son las derivaciones de la existencia de un vicio que las invalida, en tanto que la resolución tiene lugar en el hecho de que siendo bilaterales los contratos va envuelto en ellos la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.

Esto obliga a quien va a solicitar la resolución de un contrato haber cumplido con todas las obligaciones que para él se estipularon en el mismo, es este caso, mientras la resolución no ha sido judicialmente declarada, el contrato y la declaratoria y todos los actos y más estipulaciones que debieron cumplirse en este lapso, son válidos.

En este contexto, en cuanto a la condición resolutoria tácita y el pacto comisorio simple no calificado no hay ninguna diferencia en cuanto que ambas son causales que dan derecho al vendedor para que libremente elija entre pedir la resolución o el cumplimiento del contrato. No así en tratándose de pacto comisorio con la condición de que se resolverá ipso jure el contrato sino se cumple una determinada obligación en el tiempo convenido.

Se observa, pues, con claridad sustancial diferencia entre la condición resolutoria tácita y simplemente expresa, por una parte, y la expresa con la adición de que el contrato  se resolverá ipso jure (de pleno derecho) sino se cumple una determinada obligación.

En los primeros supuestos, el contratante afectado puede acudir al juez para que mande que se cumpla la obligación pendiente, o para que se declare resuelto el contrato, a su libre elección. En el caso que se demande el cumplimiento de la obligación, cumplida ésta en cualquier estado en juicio, el contrato queda perfeccionado.

En el caso de que se haya estipulado de forma expresa una cláusula resolutoria con la adición de que el contrato  se resolverá ipso jure (de pleno derecho) sino se cumple una determinada obligación, y al no haberse cumplido la obligación en su oportunidad, se tiene por resuelto el contrato con los efectos de ley, sin necesidad de intervención judicial (artículo 569 Código Civil).

Hechas estas consideraciones, y aplicadas las mismas al caso concreto en relación a la denuncia de errónea interpretación y aplicación de los artículos 519, 568 y 569 del Código Civil por parte del auto de vista recurrido, se tiene:

De la revisión de los contratos base de la presente acción, cursantes de fojas 2 a 12 y de fojas 23 a 26, consistentes en minuta de Arrendamiento Minero de la Planta de Concentración del Ingenio Velarde y de Arrendamiento de Equipo y Maquinarias, se establece lo siguiente:

En cuanto al contrato de Arrendamiento Minero de la Planta de Concentración del Ingenio Velarde, cursante de fojas 2 a 12, las cláusulas vigésima segunda, vigésima tercera y vigésima cuarta, expresamente establecen las causales de resolución del contrato, rescisión del contrato, asimismo, dejan en claro en cuanto a los efectos de la resolución o de la rescisión del contrato, que “la relación contractual objeto del contrato terminara y quedará sin valor jurídico alguno”.  Ahora bien, de acuerdo a este contrato aceptado con manifestación de voluntad y que tiene la eficacia jurídica contenida en el artículo 519 del Código Civil, se evidencia que las partes contratantes establecieron en el inciso a) de la cláusula vigésima segunda,  que COMIBOL podrá declarar resuelto el presente contrato por “falta de pago por tres meses del canon de arrendamiento por parte de EMMPSA”, es decir que, de acuerdo a los términos de la cláusula resolutoria, se ha establecido un pacto comisorio simple no calificado en favor de la empresa arrendadora COMIBOL para que en función del término “podrá” libremente haga uso de la facultad de pedir la resolución del contrato por la causal señalada. En otras palabras, al no contener la cláusula resolutoria un pacto comisorio expreso que contenga la condición de resolverse el contrato ipso jure sino se cumple una determinada obligación en el tiempo convenido, el  tribunal ad quem no podía considerar equivocadamente al amparo del artículo 569 del Código Civil que el contrato ya estaba resuelto al momento de interponerse la demanda. Por otro lado, para que se considere resuelto el contrato, la empresa COMIBOL haciendo uso de esa facultad potestativa otorgada por la cláusula vigésima segunda a través del pacto comisorio simple, necesariamente debía demandar judicialmente la resolución del mismo, cosa que no ha ocurrido en el caso de autos. De ahí que, la empresa COMIBOL al haber optado por la continuación contractual con EMMPSA como se demuestra por la Escritura Pública Nº 401/2001 de 31 de octubre y que cursa de fojas 29 a 37, no tenía impedimento alguno para que en observancia del artículo 568 Código Civil, acuda ante el juez de la causa para solicitar se cumpla la obligación pendiente de pago.

Por otra parte, si bien  en el inciso b) de la cláusula décima segunda del contrato de Arrendamiento de Equipo y Maquinaria de fojas 23 a 26, intitulada causales de rescisión y nulidad, se estableció como causal de rescisión ipso facto la falta de cancelación por dos meses consecutivos la obligación de pago contraída en el contrato (se entiende por el incumplimiento por la empresa arrendataria), esta cláusula, no puede servir de fundamento para rechazar la pretensión de cumplimiento de obligación, porque no existe antecedentes de que las partes por este hecho (ipso facto), hayan interpuesto demanda judicial para invalidar el contrato, por lo tanto al estar vigente el mismo, cualquiera de los contratantes podía en aplicación del artículo 568 del Código Civil demandar la resolución o el cumplimiento, más aun si tomamos en cuenta que ninguna de las causales establecidas en la cláusula décimo segunda, resultan viables para demandar la nulidad del contrato o su rescisión, porque no se ha denunciado vicios absolutos o relativos en su constitución para que afecten su validez.

Finalmente, si el contrato contiene en la cláusula décimo primera causales de resolución por incumplimiento de algunas obligaciones, se entiende de forma tácita o implícitamente en contrario sensu que esta potestad conlleva la facultad de la parte perjudicada a pedir judicialmente su cumplimiento.

Por lo expuesto, al ser ciertas las denuncias contenidas en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver el recurso en la forma dispuesta por los artículos 271 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial CASA la resolución de vista N° 01/2008 y deliberando en el fondo, mantiene la sentencia N° 253/2007 cursante de fojas 513 a 521 vuelta. Sin responsabilidad por ser excusable.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  58/2013