SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 50

Sucre: 27 de febrero de 2013  

Expediente: SC-176-08-S

Proceso: Usucapión.

Partes: Ramón Bernabet Nogales c/ Dolly Mery Cuellar Mendoza.

Distrito: Santa Cruz

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 250 a 254, interpuesto por  Dolly Mery Cuellar Mendoza de fojas 250 a 254, contra el Auto de Vista de fecha 29 de septiembre de 2008, de fojas 247 a 248, emitido por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, la contestación al referido recurso de fojas 255 a 256, dentro del ordinario de Usucapión, seguido por Ramón Bernabet Nogales contra Dolly Mery Cuellar Mendoza y otros, los antecedentes del proceso, todo lo que ver convino, y:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, tramitada la causa el Juez Sexto de Partido Ordinario en lo Civil Comercial, de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció Sentencia de fecha 26 de marzo de fojas 204 a 208, que declara PROBADA la demanda de fojas 14 a 15 e IMPROBADA las excepciones y la demanda reconvencional de fojas 87 a 90, en consecuencia se declara a Ramón Bernabet Nogales propietario de la alícuota parte de la demandada en el inmueble ubicado en la U.V. 12, Manzano Nº 24, zona Noreste, debiéndose ministrar posesión real y corporal en ejecución de sentencia y otorgar la correspondiente escritura para su inscripción en Derechos Reales, previa ejecutoria de la sentencia, sin costas.

Interpuesta que fue la apelación por la demandada, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció Auto de Vista de fecha 29 de septiembre de 2008 de fojas 247 a 248, confirmando la sentencia apelada.

2.- Pronunciado el Auto de Vista mencionado, la demandada Dolly Mery Cuellar Mendoza, planteó recurso de casación en el fondo y en la forma, con los argumentos expuestos allí se tiene:

CONSIDERANDO II:

Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación “anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público”, disposición legal que se relaciona con el artículo 90 del Adjetivo Civil, que otorga calidad de orden público a las normas procesales y por tanto el cumplimiento obligatorio de las partes, a través de la sucesión de actos procesales desarrollados dentro del proceso, en ese ámbito, se tienen las siguientes consideraciones:

Que, el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo I y II, previene que “ la notificaciónque declarare la cuestión de puro derecho y la que ordenare la apertura de prueba, se harán por cédula en los domicilios señalados por las partes para los efectos del proceso, a menos que ellas hubieren sido notificadas personalmente”, en el entendido, que el fin procesal que persigue dicha resolución es hacer conocer efectivamente a las partes la calificación del proceso y la apertura del término de prueba, para que éstas puedan proponer sus pruebas sobre las pretensiones establecidas por un lado y por el otro las que desvirtúen y contrapongan lo establecido en la demanda, para su debida valoración por el Juez que dirige el proceso, al momento de emitir la sentencia. En este contexto, la Jurisprudencia Constitucional ha establecido que la notificación….”no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario” (S.A. 0757/2003).

De lo referido, se tiene que el cumplimiento de este medio procesal de la notificación con el auto de calificación procesal y apertura del término probatorio, se halla vinculado a las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, que aseguran la igualdad jurídica entre las partes, a fin de que ejerzan ese su derecho en el marco de la seguridad jurídica que gozan y que debe ser garantizado de manera obligatoria por las autoridades jurisdiccionales, en observancia a lo dispuesto en el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, de lo contrario, al no haberse cumplido el acto procesal por su inobservancia, es castigada con la nulidad de obrados, prevista por el artículo 247 de la Ley de Organización Judicial, toda vez, que tal como ha desarrollado la Sentencia Constitucional 0896/2010 de 10 de agosto el debido proceso se encuentra “concebido como un derecho fundamental, destinado a proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originados no sólo en actuaciones u omisiones procesales…”, y el derecho a la defensa por su importancia es entendida como la “…la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo…”( S.C. 1534/2003 de 30 de octubre).

CONSIDERANDO III:

En el caso de autos, la demandada Dolly Mery Cuellar Mendoza fue notificada con el auto de relación procesal que califica el proceso y abre el término probatorio cursante a fojas 119 de obrados, mediante cédula fijada en el tablero de notificaciones del Juzgado Sexto de Partido Ordinario en lo Civil y Comercial, tal cual consta en el formulario de notificaciones de fojas 120, a pesar, de que la Juez en la misma resolución “dispone que en cumplimiento al artículo 137 numeral 10) del Código de Procedimiento Civil, dicha resolución sea notificada en el domicilio procesal señalado en la demanda reconvencional”.

Consecutivamente, la demandada si bien no presenta un incidente de reposición sobre nulidad de obrados por la aludida notificación, la primera actuación de aquella después de que se cumple el término para la presentación de pruebas es la presentación de alegatos y conclusiones, en donde hace conocer el estado de indefensión que le causó la notificación del  auto de relación procesal que califica el proceso y abre el término probatorio, realizada a través del tablero de notificaciones, que a su vez, fue rechazada por extemporánea, sin embargo, al no tener ya posibilidad de recurrir con su reclamo por la disposición de autos, una vez pronunciada la sentencia, Dolly Mery Cuellar Mendoza acude en apelación ante la Instancia Superior, reclamando entre los agravios sufridos con la descrita sentencia la omisión de la forma de notificación, reclamos que  implican que no se ha consentido, ni convalidado la forma de notificación establecida por el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil, asimismo, que al haberse vulnerado las garantías al debido proceso y el derecho a la defensa se cumple con el principio de trascendencia, de la misma forma, al estar prevista la nulidad por incumplimiento del artículo 247 de la Ley de Organización Judicial en el caso concreto, se aplica el principio de especificidad, por lo que, en el presente caso correspondía anular obrados y cumplir con la finalidad de la notificación con el auto de calificación apertura de término probatorio, en consecuencia al no haberse observado el incumplimiento del actuado procesal referido, el Juez de Primera Instancia, como el Tribunal de Alzada vulneraron las garantías al debido proceso, a la defensa, la igualdad jurídica, la celeridad y economía procesal que se deben imprimir en el desarrollo de un proceso, y que hacen a la seguridad jurídica de las partes, en observancia a las facultades de los artículos 3 numerales 1), 3) y 252 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto en los artículos 271 numeral 3) del Adjetivo Civil, ANULA obrados hasta fojas 120, debiendo notificarse a la demandada Dolly Mery Cuellar Mendoza, con el auto de relación procesal y apertura de término probatorio de fojas 119 de obrados, conforme lo previsto por el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.

Se impone la multa de Bs. 200 al Juez de Primera Instancia y a cada uno de los Vocales que intervinieron en el indicado auto de vista, por inobservancia de la ley, que les serán descontados por planilla.

Cumpliendo con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primera Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba, con cuya disidencia estuvo de acuerdo el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  50/2013