SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 48

Sucre: 27 de febrero de 2013  

Expediente: CH 51 11 - S

Proceso: Extinción de habitación y Entrega de inmueble.

Partes: Gualberto Dávalos García y otra c/ Gualberto Aquiles Dávalos Saravia y otra

Distrito: Chuquisaca

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto  por Jorge Federico Guardia Rück, en representación de María Rosa Rück Uriburu Pinto Escalier,  cursante de fojas 751 a 759, contra el Auto de Vista Nº SCII-372/2011 de 10 de noviembre de 2011, y su Auto complementario de fecha 23 de noviembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca,  en el proceso ordinario de extinción de habitación y entrega de inmueble, seguido por Gualberto Dávalos García y Ruth Nila Saravia de Dávalos en contra de Gualberto Aquiles Dávalos Saravia y María Rosa Rück Uriburu Pinto Escalier,  los antecedentes, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante sentencia Nº 08 de 23 de enero de 2009, saliente a fojas538 a 540 vuelta de obrados y auto complementario de fecha 25 de febrero de 2009,  pronunciado por el Juez de Partido Segundo en lo Civil  y  Comercial de la ciudad de Sucre, se declaró probada la demanda de fojas 8 a 11, sin costas; disponiendo que ejecutoriada la sentencia, los codemandados Gualberto Aquiles Dávalos Saravia y María Rosa Rück Uriburu Pinto Escalier de Dávalos, en el plazo de 3 días procedan a la entrega del inmueble, sito en el Barrio Judicial, calle Remberto Prado Nº 15, en favor de sus propietarios esposos Gualberto Dávalos García y Ruth Nila Saravia de Dávalos, bajo prevención de desapoderamiento, y reservando la averiguación de daños y perjuicios para ejecución de sentencia

Que, en grado de apelación, interpuesto por María Rosa Rück Uriburu Pinto Escalier, cursante de fojas 552 a 555 de obrados, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista Nº SCII- 372, de 10 de noviembre de 2011 cursante de fojas 733 a 735, revoca parcialmente la sentencia Nº 08/09 de 23 de enero de 2009, declarando no ha lugar al pago de daños y perjuicios ocasionados a raíz del lucro cesante y daño emergente, manteniéndose incólume las demás determinaciones de la sentencia.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial de fojas 751 a 759, Jorge Federico Guardia Rück en representación de María Rosa Rück Uriburu Pinto Escalier, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo, arguyendo que corresponde anular obrados de oficio en razón a la incompetencia por razón de materia del juez que tramitó la causa que alega que demostró que la vivienda fue construida en vigencia de su matrimonio en el terreno de los actores y que le corresponde la alícuota parte de índole conyugal y que por disposición de los artículos 380 y 366 del Código de Familia, la jurisdicción familiar es la competente. Que, denuncia otra arbitrariedad que implica vulneración del artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, al haber admitido el memorial de impugnación que cursa de fojas 233-235, en el que los demandantes recién afirmaron que la casa le encomendaron construir a su hijo Gualberto Aquiles Dávalos Savaria, proporcionándole dineros provenientes del cobro de rentas judiciales vitalicias que correspondían al actor, como Ministro y Presidente de la Corte Suprema, otorgándole para ello poderes a su hijo, en contraprestación de habitación a las necesidades de su familia, en contraprestaciones gratuitas y compensatorias; hechos estos que no fueron alegados por los actores en su demanda y que en sentencia se declaró probado, por lo que resultaría un fallo ultra petita, alega y concluye que se anule obradas hasta la admisión de la demanda  o hasta el estado en que se pronuncie nuevo auto de relación procesal que se sujete estrictamente a lo que determina el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil.

Acusa que el Auto de Vista Nº SCII-372/2011 de fojas 733-735 y su complementario de fojas 747, la Corte ad quem ha omitido pronunciarse sobre los agravios que expresó y fundamentó su representada en su recurso de apelación de fojas 552-555 vuelta; concretamente sobre la prueba documental pre-constituida que presentó su representada respecto de lo cual afirma que el Tribunal ad quem, no justifica ni argumenta la razón para arribar a su conclusión sobre que la prueba que produjo no acreditó su derecho propietario sobre las construcciones erigidas cuando esa prueba tiene la fe probatoria que le atribuye los artículos 1297, 1298, 1306 y 1308 del Código Civil; respecto a que el proceso emerge de un proceso de divorcio que actualmente se tramita entre el hijo de los demandantes y su representada; respecto a que el Juez a quo no consideró la confesión de fojas 299 a 301, respecto a las imprecisiones en que incurrieron los demandantes en sus declaraciones confesorias, al referir que dicho lote de terreno amén de haber sido regalado a sus nietos, la construcción fue ejecutada por su representada y su esposo; respecto a que ambos demandantes reconocieron la existencia y validez de la cesión de un bien inmueble a sus nietos, que refiere al lote de terreno objeto de la litis; respecto  a que con las declaraciones testificales que ofreció y produjo su representada, demostró de forma uniforme que el inmueble en litigio era considerado  de propiedad de su representada y su esposo; respecto a que la prueba que produjeron los demandantes no demostró el costo de la vivienda y menos las condiciones y limitaciones que supuestamente se establecieron para que su representada y su esposo ingresen a habitarla; respecto a que en la sentencia se vulneró el artículo 190 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, porque la carga de la prueba asignada a los demandantes en el auto de relación procesal de fojas 316 vuelta no ha sido demostrada y menos cumplida, salvo el numeral 1. Finalmente concluye que al omitir pronunciarse y resolver los indicados agravios la Corte ad quem ha violado el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, finalmente concluye pidiendo que se anule obrados hasta el estado en que se pronuncie nuevo Auto de Vista.

Respecto al recurso de casación en el fondo, el apoderado de la recurrente alega que la Corte ad quem, al no atribuirle ningún valor a la confesión judicial efectuada por los demandantes Gualberto Dávalos García y Ruth Nila Saravia Delgadillo de Dávalos, ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba e infringido el artículo 1321 del Código Civil, las mismas que acredita- sostiene- la existencia de la cesión del lote de terreno objeto de la litis a favor de los nietos de los propios demandantes y como lógica consecuencia de esa determinación en vigencia de su matrimonio su representada María Rosa Ruck Pinto Escalier y su esposo Gualberto Aquiles Dávalos Saravia construyeron la vivienda que se encuentra edificada en el terreno de los actores. Acusa también que la Corte ad quem, incurrió en error de hecho al apreciar la prueba documental que cursa en obrados de fojas 13 a 147 y 243 y luego de trascribir una parte del considerando II del Auto de Vista de fojas 733-735 y fojas 747, en la parte que hace referencia que los planos de diversa índole, documento de garantía como letra de cambio de fojas 30, recibos de fojas 41 a 58, fojas 62, presupuesto para roperos y mesones de fojas. 100 a 126, entre otros documentos, no constituyen medios idóneos para acreditar su derecho propietario sobre las construcciones erigidas en el terreno de los demandantes, cuando- dice-, consta en el expediente mucha prueba documental idónea que desvirtúa por completo esa falsa afirmación, con mayor razón si se tiene en cuenta que los documentos privados de fojas 13-147 hacen plena fe de acuerdo a lo que disponen los artículos 1297, 1298, 1306 y 1308 del Código Civil y son de data posterior a la fecha en la que se produjo el matrimonio de su representada con Gualberto Aquiles Dávalos Saravia. Concluye pidiendo alternativamente se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda de fojas 8-11.

CONSIDERANDO: Que, así planteados los recursos se pasa a examinar el recurso de casación en la forma en primera instancia, pues en caso de estimación de dicho recurso no correspondería ya la consideración del recurso de casación en el fondo.

El debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual  compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto,  conocer y resolver  las controversias de relevancia jurídica  en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de  resguardar el derecho de defensa en juicio;  previsiones legales  que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es,  en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues  los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente,  es menester verificar, si las resoluciones de instancia, emergen de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

El proceso civil boliviano se finca, entre otros en el principio dispositivo, el cual se manifiesta desde el inicio y a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del tema decidendum; en virtud del cual los tribunales se hallan reatados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben sujetarse estrictamente a las mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

La estricta correspondencia entre los agravios invocados en la apelación y la pronunciamiento del Tribunal de apelación es lo que se conoce como principio de congruencia; el cual se encuentra, previsto en el artículo 236 del Código de Procedimiento civil,  cuyo quebranto se produce , entre otros, cuando el Tribunal ad quem, omite  pronunciamiento expreso y exhaustivo, sobre alguno de los agravios invocado por el apelante; en cuyo  caso la resolución se halla viciada de nulidad por mandato del artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen el apoderado de la recurrente de principio pretende que éste tribunal de casación anule obrados de oficio por supuesta incompetencia del juez a quo en razón de materia, dado que entiende que la cuestión civil de extinción de habitación y entrega de casa depende de una cuestión familiar, consistente en el derecho ganancial que tiene su representada y su esposo a la misma casa,  en virtud a que la construcción del inmueble objeto de la litis fue edificado en vigencia del matrimonio de María Rosa Rück Uriburu Pinto Escalier con Gualberto Aquiles Dávalos Saravia.

La demandada, ahora recurrente, no ha presentado excepción de incompetencia en primera instancia, en el momento procesal que correspondía, dejando decaer su derecho por preclusión; por lo cual no puede a esta altura cuestionar la competencia del juez a quo, pretendiendo que este tribunal supla su negligencia, pues conforme manda el artículo 16 de la Ley del Órgano Judicial, no es posible retrotraer el proceso a etapas concluidas cuando una supuesta irregularidad procesal no ha sido reclamada oportunamente. Debe tenerse presente que todos los jueces se encuentra investidos de jurisdicción y que si bien, la ley les señala un ámbito dentro del cual la ejercerán, que es a lo que se le conoce como competencia, una vez que el citado por un juez al que reputa como incompetente, no la ha cuestionado  en la forma y oportunidad prevista por la ley, que entre nosotros es a través de la excepción previa de incompetencia, que debe presentarse dentro de los 5 días desde la citación, por mandato del artículo 337 del Código de Procedimiento Civil, se ha producido el consentimiento del citado para someterse ante dicho Juez, y por consiguiente ha provocado que la competencia del Juez a quo se torne en perpetua, en virtud al principio de jurisdicción perpetua, pues conforme manda el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, El citado por un juez no podrá ser citado después por otro sobre el mismo asunto, en este sentido se ha pronunciado el Tribunal constitucional en la sentencia 1961/2012, cuya ratio decidendi ha establecido el siguiente entendimiento, “…ya que si bien es verdad que la competencia es una norma de orden público; sin embargo, cuando entra en conflicto con un derecho fundamental, como es el de acceso a la justicia y el principio de seguridad jurídica, cede para que el estado garantice a los sujetos procesales el libre y eficaz ejercicio de sus derechos ( art. 14.III de la CPE).

Por lo expuesto, se concluye: a) Todo juez o tribunal de justicia está obligado a verificar en el primer acto su competencia; b) En caso de inobservancia, corresponderá a las partes cuestionarla a través de la excepción de incompetencia, bajo alternativa de preclusión procesal; y c) Vencidos dichos momentos, los jueces y tribunales de alzada están constreñidos a resolver la causa conforme al principio de congruencia y pertinencia de las resoluciones judiciales.”

Con relación a que hechos no articulados en la demanda hubieran sido  incorporados en el auto de calificación del proceso, se advierte que el auto que califica el proceso, fija los puntos de hecho a probar y abre término de prueba, fue notificado a la recurrente en fecha 15 de agosto de 2008; quien  no lo  ha objetado dentro del tercero día previsto por el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, por consiguiente habiendo dejado pasar dicha oportunidad ya no podía cuestionarlo posteriormente, habida cuenta que por su voluntad dispositiva ha permitido que  su derecho a la objeción haya decaído,  también por preclusión, tanto más si las nulidades procesales sólo proceden ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente, tal como manda el artículo 17-III de la Ley del Órgano Judicial.

Respecto al recurso de casación en la forma, el apoderado de la recurrente acusa que el Tribunal ad quem no se hubiera pronunciado respecto a la prueba documental presentada por su representada (planos de diversa índole, tanto de alcantarillado cuanto de construcción, documentos de garantía para la ejecución de la construcción de la vivienda, recibos de pago por concepto de materiales de construcción, por cálculo estructural, presupuesto para la elaboración de los roperos y mesones, en el que consta el nombre de su representada y de su esposo Gualberto Aquiles Dávalos Saravia, documentos bancarios referidos a depósitos a plazo fijo nominativos  por montos superiores a $us 15.000, proyecto de instalación domiciliario de gas natural). Estos documentos cursan de fojas 14 a 146 de obrados. Con relación a la indicada prueba documental el Tribunal ad quem, si bien es cierto que ha efectuado consideraciones en torno a algunos documentos  emitido una conclusión sobre la valoración de los mismos, sin embargo, el Tribunal ad quem, ha omitido referirse de forma exhaustiva a otros documentos invocados en la apelación, tales como los cursantes a fojas 71, 78-79 y 97, y con tal omisión efectivamente ha quebrantado el principio de congruencia y ha afectado el derecho de tutela judicial efectiva de la apelante hoy la recurrente.

También es evidente, el Tribunal ad quem, en el Auto de Vista recurrido no se ha pronunciado de forma expresa y exhaustiva sobre los siguientes agravios: Que no se habría considerado la confesión de fojas 299 a 301; respecto a  las imprecisiones en las que incurrieron los demandantes en sus declaraciones confesorias; a que ambos demandantes reconocieron la existencia y validez de la cesión de un bien inmueble a sus nietos que precisamente se refiere al lote de terreno de objeto de la Litis; respecto a que con las declaraciones testificales que ofreció y produjo la demandada, demostró que el inmueble en litigio era considerado de propiedad de la demandada y su esposo;  a que la prueba que produjeron los demandantes no demostró el costo de la vivienda, menos las condiciones y limitaciones que supuestamente se establecieron para que la demandada y su esposo ingresen a habitarla. Con relación a la vulneración del artículo 190 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que establece que el fallo debe recaer sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieran sido demandadas, sosteniendo que la carga de la prueba asignada  a contrario a través del auto de relación procesal  no habría sido demostrada y menos cumplida, salvo el numeral 1), tampoco  existe pronunciamiento, pues como resulta evidente, en ninguna parte del Auto de Vista de fojas 732 a 735,  el Tribunal ad quem da respuesta explicita y concreta a la recurrente de si es o no evidente la violación del mencionado artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual el fallo de segunda instancia deviene en citra petita.

Consiguientemente,  es evidente que el Tribunal ad quem, en el pronunciamiento del Auto de Vista de fojas 732 a 735, ha violado el principio de congruencia consagrado por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, el cual copele al Tribunal ad quem pronunciarse de forma exhaustiva sobre todos y cada uno de los agravios esgrimidos por el apelante, y  por dicho motivo dicho fallo se encuentra viciado de nulidad  por la causal prevista en el  inciso 4) del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo mérito corresponde resolver conforme a lo dispuesto por los artículos 271-3) y 275, ambos del Código de Procedimiento Civil

Finalmente se deja constancia que habiéndose dado mérito al recurso de casación en la forma, no corresponde que este tribunal se pronuncie sobre el recurso de casación en el fondo.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 3) y 275 del Adjetivo Civil, ANULA llanamente el Auto de Vista Nº 126 de 19 de noviembre de 2007, cursante de fojas 732 a 735 de obrados y su complementario de fojas 747, disponiendo que el Tribunal ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo escrupulosamente los requisitos de congruencia y exhaustividad.

No siendo excusable el error en que ha incurrido el Tribunal ad quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  48/2013