SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 47

Sucre: 27 de febrero de 2013  

Expediente: C 77 11 S

Proceso: Mejor Derecho Propietario y Reivindicación.

Partes: Tomas Roca Bortolini y otra c/ Comando General de la Policía Boliviana.

Distrito: Cochabamba

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por el Comando General de la Policía Boliviana de fojas 618 a 620, contra el Auto de Vista Nº 24 de 11 de marzo de 2011 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro el proceso sobre mejor derecho propietario y reivindicación seguido por Tomas Roca Bortolini y Janeth Chávez de Roca contra el Comando Departamental de Policía de Cochabamba y la entidad recurrente, la respuesta de fojas 622 a 623 vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, la Jueza de Partido de la ciudad de Sacaba pronunció la Sentencia Nº 201 de 12 de noviembre de 2002 (fojas 170 a 172), declarando probada la demanda e improbadas las excepciones de fojas 52, con costas, daños y perjuicios; en consecuencia, se declara el mejor derecho de los actores sobre el terreno motivo de autos.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba mediante Auto de Vista Nº 24 de 11 de marzo de 2011 (fojas 609 y vuelta), anula el auto de concesión de apelación de 11 de enero de 2006 y declara ejecutoriada la sentencia apelada por simple transcurso del tiempo, sin costas.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por el Comando General de la Policía Boliviana representado por Inocencio Paredes Cari y Rose Marie Soria Galvarro Trujillo en los términos expresados en su memorial de 14 de abril de 2011 (fojas 618 a 620).

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Por otro lado, si una resolución causa agravio a las partes, éstos tienen derecho a acudir ante el juez o tribunal superior en grado para expresarlo, buscando su reparación; para ello no disponen de otro medio que no sea el recurso de apelación, cuyo objeto no es sino la revisión de aquella resolución que consideran les causó agravio. En ese sentido, es ineludible el deber del tribunal de alzada de pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, con la pertinencia establecida en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, siempre en estricta observancia del debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen las partes.

En el marco de esas disposiciones este Tribunal Supremo encuentra que el Tribunal Ad quem a tiempo de pronunciar la resolución de vista no ha realizado una exhaustiva revisión de los obrados, pues de haberlo hecho se hubiera percatado que “la diligencia de notificación que cursa a fojas 488 vuelta de obrados” practicada con la sentencia, que refiere, únicamente hace mención al “Comandante Departamental de Policía” y no así al “Comandante de la Policía Nacional”, autoridad nacional que es parte de la litis tanto por la demanda de fojas 15 a 17 como por el auto de admisión de fojas 17 vuelta, por lo que no resulta correcto el actuar del Tribunal de Apelación pretendiendo dejar en estado de indefensión a la entidad recurrente. Consiguientemente el Tribunal Ad quem, estaba en la obligación de entrar a considerar el fondo del recurso y no desconocer su competencia, como evidentemente lo hizo al anular obrados hasta el auto de concesión de apelación de 11 de enero de 2006 (fojas 502 a 503) y declarar ejecutoriada la sentencia apelada, sin el suficiente sustento legal que justifique tal determinación, lo que resulta contrario al debido proceso y ajeno a los principios que rigen las nulidades procesales.

En consecuencia, el Tribunal Supremo concluye que no correspondía de manera alguna la nulidad de obrados dispuesta por el Tribunal de apelación, por lo que la resolución de vista dictada viene a resultar infrapetita, sancionada con la nulidad prevista por el articulo 254 numeral 4) del adjetivo Civil, por lo que corresponde dar aplicación a las previsiones de los artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados, hasta fojas 609 inclusive, es decir, hasta el estado que, previo sorteo y sin necesidad de turno, se pronuncie un nuevo auto de vista que resuelva la causa dentro del marco jurisdiccional que le fija el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo inexcusable el error en que han incurrido los Vocales signatarios del auto vista impugnado, se les impone multa de 200 Bolivianos a cada uno de ellos.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  47/2013