SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 22

Sucre: 22 de febrero de 2013  

Expediente: CH 9 08 - S

Proceso: Resolución de contrato, daños y perjuicios.

Partes: Empresa Unipersonal YACONS c/ Alcaldía Municipal de Sucre.

Distrito: Chuquisaca

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Aydeé Nava Andrade, en representación de la H. Alcaldía Municipal de Sucre, cursante de  fojas 268 a 270, contra el Auto de Vista Nº 329 de 12 de diciembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de resolución de contrato, daños y perjuicios seguido por Javier Yañez Mercado, en su calidad de Gerente propietario de la Empresa Unipersonal YACONS en contra de la Alcaldía Municipal de Sucre, los antecedentes, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante sentencia Nº 269 de 13 de agosto de 2007, saliente de fojas 230 a 231 vuelta de obrados de fecha 13 de agosto de 2007 y su Auto de explicación de fecha 10 de septiembre de 2007, cursante a fojas 240, pronunciado por el Juez de Partido Tercero en Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, se declaró probada en parte la demanda de fojas 106 a 111, y se declara resuelto el contrato de obra de la construcción del Paso Peatonal Elevado en la Avenida Ostria Gutiérrez de esa ciudad, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Sucre y la Empresa Unipersonal YACONS, ordenando que la institución demandada, en el término de 30 días de la ejecutoria de la sentencia, cancele la suma de Bs. 40.565,44, más daños y perjuicios a ser averiguados en ejecución de sentencia.

Que, en grado de apelación, interpuesto por Alfredo D. Gutiérrez Toro y Juan P. Cruz López, en representación de la Alcaldía Municipal de Sucre, cursante a fojas235 a 237 de obrados, y por Freddy Ramírez Pérez en representación de la Empresa Unipersonal YACONS, cursante de fojas 243 a 244, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, por   Auto de Vista Nº 329, de  12 de diciembre de 2007,  cursante a  fojas257a 259, confirma totalmente  la sentencia Nº 269 de 13 de agosto de 2007.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante a fojas 268 a 270, Aydeé Nava Andrade en representación de la Alcaldía Municipal de Sucre, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, con los argumentos que contiene el mismo.

CONSIDERANDO: Que, por mandato del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Casación, está facultado para anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; ello con el propósito de que las resoluciones pronunciadas sean eficaces en derecho.

En el marco de esa facultad, debe tenerse presente que el debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual  compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto,  conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

El debido proceso legal, finca entre otros, en la  garantía del juez natural; que se integra por los elementos de  la competencia, la  independiente y la imparcialidad del juzgador.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente,  es menester verificar, si las resoluciones de instancia, emergen de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

Tenida cuenta que la competencia, en cuanto medida de la jurisdicción, sólo emana de la ley, es indelegable e improrrogable, salvo por razón de territorio en este último caso, los actos de quienes ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley, son nulos por mandato del artículo 122 de la Constitución Política del Estado.

El Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo Nº 405 de 1 de noviembre de 2012, y en el Auto Supremo Nº 534 de 14 de diciembre de 2012,  ha dejado sentado lo siguiente: Que hay contrato administrativo cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial. De esta manera habrá contratos administrativos en el ámbito de los cuatro órganos que conforman el poder estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.


Al respecto el artículo 47 de la Ley Nº 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza…".

En ese sentido el artículo 32 del D.S 29190 establecía que "los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría, son de naturaleza administrativa".

El D.S. 181 de 28 de junio de 2009, al respecto en su artículo 85° prevé (Naturaleza) Los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios, son de naturaleza administrativa.

Los contratos administrativos por su naturaleza se diferencian de los contratos privados y en mérito a ello se encuentran sujetos a un régimen de regulación especial, en el que primordialmente rige el Derecho Público.

La abrogada Constitución Política del Estado, bajo el principio de unidad jurisdiccional, que reconocía la Carta Fundamental, establecía en su artículo 116-III que la facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado correspondía a la Corte Suprema y a los tribunales respectivos.

En ese sentido el artículo 117 I) de la abrogada Constitución Política del Estado reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa-administrativa de la República y, en ese marco, a través del artículo  118-7 se establecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el artículo 55-10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455), establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: "Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso-administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado.

De las normas descritas precedentemente se establece que en el anterior marco constitucional y legal, el legislador reconoció a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer de los procesos contencioso-administrativos; normativa que no asignaba a los juzgados ordinarios en materia civil competencia para conocer y resolver los conflictos surgidos a raíz de los contratos administrativos.

Dentro de ese contexto corresponde señalar que en materia contenciosa y contenciosa-administrativa, el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos "contencioso y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo" y del "proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente.

Establecido lo anterior podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del Estado Plurinacional y a la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial (que reconocen a la jurisdicción contenciosa-administrativa como jurisdicción especializada a ser desarrollada por Ley especial), atribuía a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer y resolver de los procesos contenciosos derivados de los contratos del Órgano Ejecutivo -contratos administrativos-, competencia que por determinación del artículo 10-I de la Ley Nº 212 "Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional" ha sido prorrogada a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; en efecto la citada norma señala: "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por ley como Jurisdicción Especializada"

Consiguientemente los Tribunales de la jurisdicción ordinaria civil, no tienen competencia para resolver sobre litigios originados en la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de los contratos administrativos, aspecto que corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa, reconocida por la actual Constitución Política del Estado como una Jurisdicción especializada, en la última parte del artículo 179-I que dispone: (... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el artículo 4-3) de la Ley del Órgano Judicial; ésta última norma en su disposición transitoria décima determina que la regulación de la jurisdicción especializada será desarrollada por ley. La contención emergente de los contratos administrativos corresponde en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, como un proceso contencioso. Escenario procesal que deberá mantenerse hasta que el órgano legislativo dote de la normativa adecuada como una Jurisdicción especializada, dispuesta así por la actual Constitución Política del Estado, en la última parte del artículo 179 parágrafo I que dispone: (... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el artículo 4-3) y en su disposición transitoria décima de la Ley del Órgano Judicial, posición legal que no es contraria al Derecho comparado, lo privado regido por la jurisdicción civil y lo administrativo por la jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

Se deja establecido, que nuestra arquitectura constitucional y legal, anterior y actual, no confirió a la jurisdicción ordinaria civil competencia para la tramitación de una contención derivada de contratos administrativos, por la naturaleza misma de estos, su sustanciación en juzgados de materia civil, como es el caso, le otorgó un marco erróneo de legalidad sin que se considere de dónde nace su competencia, lo cual no puede ser consentido por el actual Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la sumisión constitucional y legal en que se encuentra, sin que signifique restricción al acceso a la justicia, que no es el caso, es más bien la predominancia del debido proceso para los justiciables, que no debe apartarse del juez natural, pues él es la garantía de otorgar la seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad.

Ahora bien, en el caso en examen, la Empresa Unipersonal y la H. Alcaldía Municipal de Sucre, luego del trámite administrativo respectivo, han suscrito el contrato administrativo de la obra “Construcción del paso elevado A. Ostria Gutiérrez”, en fecha 16 de diciembre de 2004.

El demandante ha interpuesto demanda de resolución de contrato y pago de daños y perjuicios, alegando incumplimiento de la Alcaldía Municipal de Sucre al haber ordenado la paralización de la obra.

La Alcaldía Municipal de Sucre, interpuso la excepción previa de incompetencia del Juez a quo, alegando precisamente que se trata de un contrato administrativo, sujeto  a la  jurisdicción coactiva, que en su caso corresponde se resuelvan mediante arbitraje; dicha excepción fue declarada improbada por Auto, cursante de fojas 146 a 147.

En suma el presente litigio versa precisamente sobre la extinción de un contrato administrativo y la pretensión resarcitoria emergente del mismo, de lo cual resulta que los jueces de instancia, han conocido y resuelto un asunto que no era de su competencia, y que correspondía a la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora al Tribunal Supremo de Justicia. La actuación de los jueces en un asunto que no es de su competencia, implica violación a la garantía constitucional del juez natural, en su elemento de competencia, y por consiguiente se encontraba viciado de nulidad por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado abrogada y el artículo 30 de la Ley de Organización Judicial abrogada, vigentes en el momento de la tramitación de la causa ante los jueces de instancia, y ahora dicha sanción de nulidad se encuentra prevista en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado; por cuyo motivo no queda más remedio que anular obrados.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados sin reposición, hasta fojas 112 inclusive  de  obrados; es decir hasta la admisión de la demanda, debiendo la parte actora accionar ante la autoridad competente.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  22/2013