SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 21

Sucre: 22 de febrero de 2013  

Expediente: LP 10 08 - S

Proceso: Divorcio.

Partes: Robert Larrea Carrizales c/ Lidia Juana Merlo Sirpa.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Marco Ivan Puña M., en representación de Robert Larrea Carrizales, cursante de  fojas 138 a 139, contra el Auto de Vista Nº 212 de 25 de octubre de 2007, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de divorcio seguido por Robert Larrea Carrizales en contra de Lidia Juana Merlo Sirpa, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante sentencia saliente a fojas 117 a 118 de obrados, pronunciada por el Juez Quinto de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, se declaró probada la demanda de fojas 4 a 5, por la causal prevista en el artículo 131 del Código de Familia, e improbada la acción reconvencional;  en consecuencia disuelto el vínculo jurídico matrimonial entre los esposos Robert Larrea Carrizales con Lidia Juana Merlo Sirpa y se homologa la resolución Nº 43/2006 de fojas 22 a 23 de obrados, con la modificación de dejarse sin efecto la asistencia familiar fijada a favor de la cónyuge.

Que, en grado de apelación interpuesto por Lidia Juana Merlo, cursante de fojas 121 a 122, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, por   Auto de Vista Nº 212, de  25 de octubre de 2007, cursante de fojas 134 y vuelta, revoca en parte la sentencia Nº 443/2006 de fojas 117 a 118, declarando improbada la demanda principal de divorcio de fojas 4 a 5, por la causal prevista en el artículo 131 del Código de Familia, por falta de pruebas y confirma la declaración de improbada la acción reconvencional, dejando subsistente el vínculo matrimonial que une a los esposos Robert Larrea Carrizales con Lidia Juana Merlo Sirpa y se deja sin efecto la Resolución Nº 43/2006 de medidas provisionales.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 138 a 139, Marco IvánPuña M.,en representación del demandante Robert Larrea Carrizales, interpuso recurso de casación en el fondo; en cuyo memorial invocando los artículos 214, 250 253 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil, argumentó que, en la demanda de divorcio, se hizo notar que desde abril de 2003 se encontraba separado, lo cual se acreditaría por la prueba documental de fojas 74 y que en consecuencia desde el 15 de abril de del 2003 hasta el 24 de noviembre de 2005,  fecha de la presentación de la demanda, han trascurrido más de dos años. Que prueba de dicha separación constituiría la manifestación de abandono, efectuada  por  Lidia Merlo, en su demanda de asistencia familiar presentada en fecha 20 de julio de 2004. Concluye señalando que se habría vulnerado y se habría interpretado erróneamente la norma legal contenida en el artículo 131 del Código de Familia, pues habría demostrado que la separación de hecho  fue por más de dos años en forma continuada y consentida, he inclusive hasta ahora están separados y pide que se declare “casando el auto de vista”.

CONSIDERANDO: Que, en reiterados fallos que marcan línea jurisprudencial, éste tribunal supremo, ha dejado delineado que el recurso de casación en cualquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el Tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto; la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales.

En el caso en examen, el recurrente, no obstante invocar el artículo 253 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil,  se limita a efectuar consideraciones conclusivas sobre la prueba del hecho de su supuesta separación por más de dos años, sin refutar los argumentos del fallo de segunda instancia, y concluye  acusando  como vulnerado e interpretado erróneamente el artículo 131 del Código de Familia. Esta argumentación resulta de principio imprecisa, pues el artículo 153-1) del Código de Procedimiento Civil, prevé como causal de casación en fondo, la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, y no la vulneración; es más se trata de una conclusión argumentativa   manifiestamente incongruente, pues, el error “injudicando”, consistente en un supuesto error de derecho o de hecho en la valoración dela prueba,que es lo que en realidad cuestiona el recurrente,se encuentra previsto en el inciso 3) del artículo 253 del Código Adjetivo Civil y no en el inciso 1) de dicha norma legal, que es el invocado por el recurrente, aun cuando de manera enunciativa solamente; luego no discrimina entre la supuesta vulneración e interpretación errónea, y menos, el recurrente, explicita en que consiste la simultánea vulneración e interpretación errónea del artículo 131 del Código de Familia y tampoco señala cual sería la norma jurídica aplicable correctamente o la interpretación debida. Como se advierte se trata de un recurso defectuoso, cuyas deficiencias no pueden ser suplidas de oficio por este tribunal, en virtud al principio dispositivo que rige el proceso de la materia.

Consiguientemente, el recurrente al no haber cumplido lo previsto por el numeral 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, impide que este tribunal abra su competencia para resolver el fondo del recurso; por lo cual corresponde fallar conforme a lo dispuesto por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Adjetivo Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 138 a 139, interpuesto por Marco Ivan Puña M.,  en representación de Robert Larrea Carrizales, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  21/2013