SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 13

Sucre: 21 de febrero de 2013  

Expediente: LP 7 08 S

Proceso: Divorcio

Partes: Carlos Ismael Cardozo Gonzáles c/ Martha Caballero Coronado

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación de fojas 134 a 136, deducido por Martha Caballero Coronado contra el Auto de Vista N° 384/2009 de 28 de octubre de 2009, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, (actual Tribunal Departamental de Justicia) dentro del proceso ordinario de divorcio seguido por Carlos Ismael Cardozo Gonzáles contra la recurrente, la concesión del mismo efectuada mediante resolución de fojas 139 vuelta, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO: que, el referido proceso mereció la sentencia N° 365/09 de 23 de julio de 2009, cursante de fojas 108 a 109 de obrados, pronunciada por la Jueza Primero de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, que declaró probada la demanda principal de fojas 2 a 5 de obrados, en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos CARLOS ISMAEL CARDOZO GONZALES y MARTHA CABALLERO CORONADO, debiendo procederse en ejecución de fallos, a la cancelación de la partida respectiva ante la Dirección Departamental de Registro Civil. Se homologa la resolución de mediadas provisionales N° 618/08 cursante a fojas 46 de obrados, y se fija en Bs. 500.- la asistencia familiar a favor de la demandada.

La anterior Sentencia fue apelada por la demandada Martha Caballero Coronado a fojas 115 a 117, por lo que la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista N° 384/2009 de 28 de octubre de 2009, confirmó en parte la sentencia N° 365/09 de 23 de julio de 2009.

En contra de esta resolución la demandada interpone el recurso de casación en el fondo bajo los siguientes fundamentos:

Al amparo de los artículos 250, 253, 255 numeral 1) y 257 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la violación de los artículos 1283 y 1286 del Código Civil, 375 y 397 del Código de Procedimiento Civil, porque no se habría realizado una correcta valoración de las pruebas, y la violación del artículo 391 del Código de Familia, este último supuestamente porque no habría aclarado que la separación fue continua o ininterrumpida y que el actor no habría ofrecido mayores elementos de prueba, más que la declaración de sus dos amigos. Por lo que el Tribunal Ad quem al confirmar la sentencia, habría vulnerado los artículos 1283 y 1286 del Código Civil, 375 y 397 del Código de Procedimiento Civil y 391 del Código de Familia. Finalmente, acusa que el Tribunal Ad quem al homologar la resolución N° 616/08 fijando una asistencia familiar de Bs. 1000, habría violado lo establecido por los artículos 14 del Código de Familia 15, 16, 18, 19, 64 y 67 de la Constitución Política del Estado al rechazar el acuerdo transaccional de fojas 18.

Por todo lo expuesto solicita al Tribunal pronunciar Auto Supremo casando la resolución impugnada, declarando improbada la demanda de fojas 2 subsanada a fojas 5 y calificando la asistencia familiar a su favor, por el monto de Bs. 2400.-                    

CONSIDERANDO: que, conforme ha establecido este Tribunal, el fin inmediato del recurso de casación en el fondo, radica en la protección del derecho subjetivo de los afectados por una resolución judicial -en la que se viola, interpreta erróneamente o aplica indebidamente la ley, cuando contuviere disposiciones contradictorias o finalmente cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho, en cuyo caso deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador- enmendando los agravios sufridos a través de la invalidación de esa decisión; a su vez tiene un doble fin mediato, cual es, por una parte, la defensa del derecho objetivo que realiza este Supremo Tribunal cuidando que las autoridades judiciales en sus fallos apliquen correctamente la ley y por otra parte, la unificación de su jurisprudencia a través de fallos constantes que establecen el sentido coherente y lógico de la ley en defensa del interés general.

En ese contexto, cabe indicar que los Tribunales de instancia, son libres en la apreciación y valoración de las pruebas (documental, confesoria, testifical, pericial, etc.) en las que fundan su decisión, así como la determinación de los hechos que ellas demuestran, estableciendo el grado de convencimiento que puedan producir a efectos del reconocimiento o no de una determinada situación jurídica, incensurables en casación, a no ser que los jueces de grado hubiesen incurrido en error de hecho o error de derecho, abriéndose la competencia de este Tribunal para conocer esta supuesta equivocación en la valoración por vicio in judicando. No obstante, en la especie, la recurrente sólo sostiene la supuesta violación de los artículos 1283 y 1286 del Código Civil, 375 y 397 del Código de Procedimiento Civil, sin indicar de manera precisa si el error en que incurrió el Ad quem en la apreciación de la prueba, es uno de derecho, o uno de hecho, puesto que si fuera de derecho, debió indicar si el valor otorgado a la prueba considerada, fue diferente al que la ley le atribuye, debiendo, como condición sine qua non, citar de modo expreso, claro y terminante cuál es la norma probatoria que ha sido desconocida o infringida por el Tribunal de alzada. Por otro lado, cuando la ley no da a cierto tipo de pruebas un valor determinado y deja su valoración librada a las reglas de la sana crítica, tal el caso de la prueba testifical, pericial y otras, se incurre en error de hecho cuando el Juez o Tribunal de instancia equivocadamente cree que se ha probado o negado un hecho que está en contra de lo aseverado en un documento auténtico, en este caso, el recurrente, como requisito sine qua non, debe señalar los documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación del juzgador, en la especie, al no evidenciarse ninguna de estas situaciones, se infiere lógicamente que los argumentos de la recurrente son infundados.

Finalmente, sobre el monto de la asistencia familiar fijada por el Ad quem cuya impugnación ahora se resuelve, conviene dejar establecido que la Corte Suprema de Justicia mediante Auto Supremo N° 64 de 19 de mayo de 2006, resolviendo casos similares determinó: "...conforme lo establece el artículo 28 del Código de Familia, concordante con el artículo 148 del mismo cuerpo legal, las resoluciones sobre asistencia familiar no causan estado, por cuanto la reducción, aumento o exoneración de la misma procede en cualquier tiempo, dependiendo de las circunstancias en que se encuentren los beneficiarios y obligados…”.(criterio que comparte este Supremo Tribunal)

Consecuentemente toda resolución relativa a la asistencia familiar no tiene carácter definitivo y es revisable en cualquier momento, cuando las circunstancias así lo justifiquen, de ahí que la recurrente puede acudir ante el juez de la causa en cualquier momento y peticionar no sólo se mantenga la asistencia, sino también su incremento según sus necesidades, conforme tienen establecidos los artículos 14 del Código de Familia, artículo 61 y siguientes de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, cuyo conocimiento no corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. No siendo evidente la violación de los artículos 15, 16, 18, 19, 64 y 67 de la Constitución Política del Estado, pues se respetaron todos sus derechos, supuestamente vulnerados.

Consiguientemente, corresponde aplicar la previsión de los artículos 271 numeral 1) y 273, ambos del Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 numeral 1) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 134 a 136 de obrados, interpuesto por Martha Caballero Coronado, contra el Auto de Vista Nº 384/2009, cursante a fojas 130 a 131 vuelta, de fecha 28 de octubre de 2009. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  13/2013