SALA   CIVIL   LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 3

Sucre: 18 de febrero de 2013  

Expediente: T 4 08 - S

Proceso: Nulidad de declaratoria de herederos.

Partes: Elsa Sandoval Ortega y otra c/José Tejerina Sánchez.

Distrito: Tarija

Magistrada Relatora:      Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Anbal Alberto Saavedra Revollo en representación de José Tejerina Sánchez, cursante a  fojas 176 a 177 contra el Auto de Vista Nº 126 de 19 de noviembre de 2007, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Tarija, en el proceso ordinario de nulidad de declaratoria de herederos seguido por Elsa Sandoval Ortega y Esperanza Sandoval Ortega  en contra de José Tejerina Sánchez, los antecedentes, y;

CONSIDERANDO: Que, mediante sentencia Nº 138 de 31 de julio de 2007, saliente a fojas 141 a 144 vuelta de obrados, pronunciada por la Jueza de Partido Segundo en Civil  y  Comercial de la ciudad de Tarija, se declaró improbada la demanda de fojas 31  a 33 y aclaración de fojas 39.

Que en grado de apelación, interpuesto por Elsa Sandoval Ortega y Esperanza Sandoval Ortega, cursante de fojas 151 a 153 de obrados, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Tarija, por Auto de Vista Nº 126 de  19 de noviembre de 2007, cursante de fojas 170 a 172, revocó la sentencia que cursa de fojas 141 a 144 vuelta, declarando probada la demanda, con costas en ambas instancias.

Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 176 a 177, Anbal Alberto Saavedra Revollo en representación de José Tejerina Sánchez, interpone recurso de casación en el fondo, con los siguientes argumentos:

Invocando el artículo 253 inciso-1) del Código de Procedimiento Civil, acusa que el Auto de Vista no fundamenta de manera concisa la revocatoria de la sentencia; que se ha interpretado y aplicado erróneamente el artículo 1007 del Código Civil, sin tomar en cuenta otras normas legales que regulan las sucesiones, ya que se tiene demostrado que Rosendo Tejerina Sánchez, falleció en fecha 2 de agosto de 2003 y que su esposa Lucinda Ríos Ortega, fallecida en fecha 30 de julio de 2004 no se declaró heredera de los bienes de su esposo premuerto, de donde resultaría necesario la aplicación obligatoria del artículo 1089 y 1090 del Código Civil, por lo que las actoras carecerían de representación para heredar a su hermana Lucinda Ríos Ortega, en relación a la herencia que le correspondería de los bienes dejados por su difunto esposo Rosendo Tejerina Sánchez. Acusa de no haberse aplicado el artículo 1009 del Código Civil y que con ello queda demostrado que el Auto de Vista de fojas 170 a 172, ha infringido lo previsto por los artículos 1089, 1090 y 1109 del Código Civil. Invocando el inciso 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, acusa también que se habría incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba documental, al no haber valorado la prueba documental, cursante de fojas 44 a 52, que demuestra que su mandante fue declarado heredero de su hermano Rosendo Tejerina Sánchez, cumpliendo los requisitos y habiendo sido registrado en derechos reales, lo que no ha ocurrido con la declaratoria de herederos de las demandantes, y que no se toma en cuenta que las demandantes no se han declarado herederas por representación del hermano de su mandante.

CONSIDERANDO: Que, por mandato del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Casación, está facultado para anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; ello con el propósito de que las resoluciones pronunciadas sean eficaces en derecho.

En el marco de esa facultad, debe tenerse presente que el debido proceso legal constituye una esencial garantía constitucional normativa de los justiciables, la cual  compele a los órganos jurisdiccionales, en cuanto mediatizadores del conflicto,  conocer y resolver las controversias de relevancia jurídica en estricta sujeción a las formas procesales que rigen los procesos de conocimiento ordinarios, cuya teleología última es la de resguardar el derecho de defensa en juicio; previsiones legales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por mandato del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

La precautela de los derechos y garantías constitucionales es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria, son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial, tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente, es menester verificar si las resoluciones de instancia, emergen de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:

Por mandato del artículo 192-3) del Código de Procedimiento Civil, la parte resolutiva de la sentencia, debe consignar decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso y sobre las excepciones opuestas, declarando el derecho de los litigantes y condenado o absolviendo total o parcialmente; ello implica que el decisum debe ser explícito, pues nada se da por sobreentendido ni se obtiene por deducción o inducción.

El requisito de exhaustividad de los fallos judiciales, exige a los jueces de instancia,tanto  someter al tamiz de su consideración todos y cada uno de los extremos litigiosos cuanto consignar cada uno de estos puntos en la parte resolutiva; pues, si bien es cierto que, en los casos en los cuales se ha desestimado toda la demanda, no acarrea mayor dificultad el empleo de la expresión genérica de declararse improbada la demanda en todas sus partes; sin embargo cuando la decisión es estimativa de la pretensión del actor  o del reconvencionista, y ello conlleva ejecución, la claridad, concisión y precisión son imprescindibles, no sólo para facilitar el trámite de la ejecución sino en propio resguardo de la seguridad jurídica de los justiciables.

Ciertamente el auto de vista debe pronunciarse en alguna de las formas previstas por el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil; empero, en los casos en los cuales la resolución de segundo grado revoca la sentencia desestimadora, y en su mérito se estima la demanda declarándola probada, corresponde que el tribunal Ad quem también consigne, en la parte resolutiva del auto de vista, decisiones positivas y precisas sobre las pretensiones deducidas por las partes en los actos de constitución del proceso, cumpliendo escrupulosamente el artículo 192-3) del Código de Procedimiento Civil.

En el caso en examen, las demandantes Elsa Sandoval Ortega y Esperanza Sandoval Ortega, en su demanda de fojas 31 a 33, aclarada a fojas 39,  pidieron  que se declare nula la declaratoria de herederos efectuada a favor de José Tejerina y que se ordene la cancelación del registro de la declaratoria de herederos, efectuada a favor del Sr. José Tejerina, en matrícula computarizada Nº 6.01.1.01.0007324, bajo asiento A-1 de fecha 3 de noviembre de 2005, sobre un lote de terreno ubicado en la “Quebrada del Monte”, provincia Cercado, con una superficie de 300 metros cuadrados. Como se tiene dicho, en sentencia, la Jueza a quo, declaró improbada la demanda de fojas 31 a 33 y aclaración de fojas 39, y el tribunal Ad quem, en su parte resolutiva, revocó dicha sentencia y se limitó a declarar probada la demanda, con costas, sin pronunciamiento positivo, claro, concreto y preciso respecto de los pedidos  de nulidad de declaratoria de herederos y cancelación de su inscripción sobre el indicado lote de terreno. Esta omisión, en cuanto defecto del acto de decisión, se halla expresamente  sancionado con nulidad por el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, con referencia al artículo 254-4) Ídem, pues se trata de un fallo citra petita; el defecto que se advierte resulta  trascendente, habida cuenta que afecta a la seguridad jurídica de las partes y en su caso acarrearía dificultades en una eventual ejecución; razón por la cual debe anularse el Auto de Vista de fojas 170 a 172.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista Nº 126 de 19 de noviembre de 2007, cursante a fojas 170 a 172 de obrados, disponiendo que el Tribunal ad quem, sin someter la causa a turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, cumpliendo los requisitos de congruencia y  exhaustividad en la parte resolutiva.

No siendo excusable el error en que ha incurrido el Ad quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Jose Luis Miranda Quilo Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón  3/2013