SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 357

Sucre: 05 de diciembre de 2012

Expediente: LP-146-07-S

Proceso: Calificación de bien ganancial y otros.

Partes: Arminda Illanes de Villegas c/ Jorge Edward Zurita Becerra y otro.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El recurso de Casación de fojas 314 a 318, interpuesto por Arminda Illanes de Villegas, contra el Auto de Vista Nº S-160/2007, de 07 mayo de 2007 de fojas 300 a 302 y Auto Complementario de fecha 18 de mayo de 2007, de fojas 305 de obrados, emitido por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, la contestación al recurso de fojas 321 a 324 vuelta, dentro del ordinario de calificación de bien ganancial y otros seguido por la recurrente contra Jorge Edward Zurita Becerra y otro, los antecedentes del proceso, todo lo que ver convino, y:

CONSIDERANDO I:

Que, tramitada la causa, el Juez Octavo de Partido de Familia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia Nº 125/2004, de fecha 26 de enero de fojas 197 a 200 vuelta, declarando PROBADA la demanda de fojas 52 a 53 e IMPROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho opuesta de fojas 77 a 81 y por consiguiente se reconoce la ganancialidad del inmueble en cuestión ubicado en la calle Casimiro Corrales 1217 y 1209 de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz e inscrito en Derechos Reales bajo el folio real 2.011.0.99.000355 en la proporción del 50% a nombre de Antonio Villegas Guzmán, asimismo se anuló y se deja sin valor legal las ventas judiciales contenidas en las escrituras públicas Nº 002/2002, inscritas en Derechos Reales en el mismo Folio Real, ordenándose la cancelación de los protocolos extendidos por la Notaria Cinthia Martínez, así como las inscripciones en el Registro de Derechos Reales, rehabilitándose la inscripción correspondiente a la escritura pública Nº 304/57. Y asimismo se dispuso la restitución del mencionado inmueble por parte del co-demandado Jorge Edward Zurita Becerra.

Deducida la apelación en contra de la sentencia referida, por la parte demandada (Jorge Edgard Zurita Becerra), la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº S-160/2007, de 07 mayo de 2007 de fojas 300 a 302 y Auto Complementario de fecha 18 de mayo de 2007 de fojas 305 de obrados, ANULANDO obrados hasta fojas 54 inclusive.

Contra el Auto de Vista de referencia, Arminda Illanes de Villegas interpone recurso de casación en la forma conforme los artículos 250, 253, 255 numeral 3), 257, 258, 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, manifestando, que el Tribunal de Alzada hubiese obrado con exceso de poder, acusando de vulneración de los artículos 15 de la Ley de Organización Judicial y 236 del Código Civil Adjetivo, porque, al haber anulado obrados hasta folio 54 por cuestiones no esenciales y desconociendo la competencia de Juez de Partido de Familia para conocer y prevenir cuestiones civiles, cuando dependen de una cuestión familiar.

Asimismo, la recurrente acusa trasgresión del artículo 327 porque la resolución de fojas 93 a 94 hubiese resuelto la excepción de oscuridad y contradicción en la demanda. De la misma forma, denuncia violación del artículo 67 del Adjetivo Civil, considerando, que no se puede integrar en la demanda a Walter Villegas Guzmán, porque, sus derechos serían ajenos a los que la demandante hubiese adquirido en matrimonio y no se hubiera embargado, ni vendido judicialmente sus derechos. También, refiere que el Auto de Vista no hubiese resuelto la apelación de fojas 97 a 98, por el que se hubiera resuelto la competencia del juez de familia, por lo que, acusa la violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, ingresando el Auto de Vista en la nulidad sancionada por el artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil y finaliza su recurso solicitando al Tribunal Supremo de Justicia anular el Auto de Vista impugnado y disponer que se dicte otro auto que resuelva los puntos apelados, haciendo énfasis en que el Juez de Familia, sí tiene competencia para conocer las cuestiones civiles que hubiera demandado, porque dependen de una cuestión familiar de reconocer ganancial el inmueble, objeto del juicio, conforme al artículo 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II:

Que, conforme lo dispuesto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil "el Auto de Vista dictado dentro de un recurso de alzada debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación".

En el caso de autos, la apelación deducida por el demandado, versa sobre la calidad de cosa juzgada que tuviera la venta judicial, que fue objeto de la nulidad pretendida en el presente caso por la demandante, en virtud a que el 50% de acciones del bien rematado le corresponderían por ser un bien ganancial, que a su vez, también fue objetada por el apelante, como la competencia del Juez de Partido de Familia para conocer las pretensiones deducidas por la demandante.

Por otra parte, la Sentencia que cursa de fojas 197 a 200 vuelta, realiza consideraciones sobre los bienes gananciales, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 101, 102, 111 numeral 1) y 113 del Código de Familia, sin embargo, el Auto de Vista anula obrados, primero, aludiendo que la demanda es defectuosa, segundo, objetando la competencia del Juez de Partido de Familia que conoció en primera instancia el presente proceso, tercero, que debería haberse incluido a la Litis al co propietario del 50% del bien inmueble y cuarto que la sentencia es incongruente. Por lo referido corresponde realizar las siguientes consideraciones respecto a los vicios señalados:

La demandante mediante memorial de fojas 52 a 53 vuelta, plantea como pretensiones la calificación de bien ganancial, nulidad de venta judicial y restitución, solicitando que se declare nulo y sin valor alguno el documento público Nº 002/02 y disponga la cancelación de los asientos A-3-4 y rehabilite los asientos 1-2 del Folio Real matrícula 2.01.0.99.0000355, tomando en cuenta, que la demandante no fue parte, ni dio su consentimiento para la suscripción del documento de préstamo de dinero que suscribió su esposo Antonio Villegas Guzmán y sus hijos Marco Antonio y Roxana Villegas Illanes, que dio origen al proceso ejecutivo iniciado por el acreedor Sabino Loayza Berdeja, donde finalmente fue rematado el 50% del bien inmueble que fue ofrecido como garantía, considerando que el otro 50% le correspondía al hermano de Antonio Villegas Guzmán, sin haber considerado, que el 50% del bien rematado le pertenecía también a la Sra. Arminda Illanes de Villegas, por ser un bien ganancial, adquirido durante la vigencia del matrimonio Villegas Illanes, tal cual consta de la escritura Nº 0990/2.001 de fojas 1 a 3 de obrados, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Familia previniendo que " los actos de disposición o de imposición de derechos reales de uno de los cónyuges respecto a los bienes comunes pueden anularse a demanda del otro cónyuge..", es así, que por la disposición referida y al constituirse el bien rematado en un bien común y ganancial, tal cual establece el artículo 101 del Código de Familia, y su restitución a la propietaria, por lo que, la demanda deducida por la demandante no es defectuosa y cumple lo dispuesto por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre la competencia cuestionada, es importante señalar, que ésta es la "aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado y las reglas que fijan la competencia por razón de materia (ratione materiae), responden a las necesidades de orden público" (Tratado Teórico y Práctico de Derecho procesal Civil y Comercial, Tomo II, Hugo Alsina, Página 512 y siguientes), siendo así, el orden público se traduce en las normas de interés público, que son de interés general para la sociedad y por ende de cumplimiento obligatorio, en este entendido, las disposiciones legales que tutelan la familia son de interés público y de cumplimiento obligatorio, razón por la cual, " la jurisdicción familiar es la única competente para conocer y decidir asuntos de familia", tal cual dispone el artículo 366 del Código de Familia, en consecuencia, al encontrarse protegido el matrimonio no sólo por el Código de Familia, sino por la Constitución Política del Estado, también se encuentra dentro de este ámbito de protección la sociedad de gananciales o patrimonio que constituyen ambos esposos durante su vigencia, como el de su distribución entre ambos esposos, de ahí, que el Juez de Partido de Familia tiene la competencia plena para conocer todos los actos que deriven de la disposición de los bienes gananciales y los efectos que le implican, por tanto, el análisis sobre la incompetencia que tuviera del Juez Octavo de Partido de Familia para conocer las pretensiones de la parte demandante no son evidentes y carecen de total lógica jurídica al respecto.

Por otra parte, el inmueble que fue rematado en su 50% a través del proceso ejecutivo referido, tiene su titular de copropiedad del otro 50% en la persona de Walter Villegas Guzmán, que viene a ser el hermano del esposo de la demandante y codemandado en el presente caso, y de los antecedentes del proceso ejecutivo el 50% de su propiedad no fue afectado en lo absoluto, por lo que, no podía incluirse a la Litis que nos ocupa, considerando que los efectos de la misma no alcanzan al patrimonio del mismo.

De la supuesta incongruencia de la sentencia referida en el Auto de Vista, las pretensiones de calificación de bien ganancial, nulidad de venta judicial y restitución merecieron la calificación del proceso y los puntos de hecho a probar a través del Auto de fecha 6 de octubre de 2003, que a su vez en el marco del principio de congruencia, la Sentencia Nº 125/2004, de fecha 26 de enero de fojas 197 a 200 vuelta, califica el bien ganancial en el 50%, considerando justamente que la calificación del bien ganancial pretendida se traduce en el 50% del patrimonio durante la vigencia del matrimonio, tal cual previene el artículo 101 del Código de Familia.

Por lo referido, no siendo evidentes los supuestos vicios por los cuales el Tribunal de Alzada, en exceso de poder, anuló obrados hasta fojas 54 inclusive, sin haber observado los puntos sobre el cual se ha pronunciado la sentencia y los agravios expresados por el apelante, se ha vulnerado el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, corresponde fallar conforme los establecido en el artículo 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista Nº S-160/2007 de 07 mayo de 2007, de fojas 300 a 302 y Auto Complementario de fecha 18 de mayo de 2007 de fojas 305 de obrados, hasta que el Tribunal de Alzada se pronuncie conforme lo dispuesto en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil y lo observado en el presente Auto Supremo, sin previo sorteo.

Se impone la multa de Bs. 200 a cada uno de los vocales que intervinieron en el indicado auto de vista, que les serán descontados por planilla.

Cumpliendo con lo previsto por el artículo 17, parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 357/2012