SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 349

Sucre: 30 de noviembre de 2012

Expediente: SC-139-08-S

Proceso: Nulidad de matrimonio y otros.

Partes:Miriam Rosa La Fuente Crespo de Gallinati c/Ana María Honor Vda. de De La Fuente y otros.

Distrito: Santa Cruz

Segundo Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: los recursos de nulidad o casación interpuestos por Carlos y Miriam LiLy De La Fuente Honor, y Ana María Honor Vda. de De La Fuente de fojas 330 a 332 y de casación interpuesto por Miriam Rosa La Fuente Crespo de Gallinatide fojas 338 a 346 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 296 de 6 de junio de 2008 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso sobre nulidad de matrimonio y otros, seguido por la última de las recurrentes nombradas contra los primeros, el auto concesorio de fojas 355, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, la Jueza Tercero de Partido de Familia de la ciudad de Santa Cruz pronunció la Sentencia de fojas 284 a 290 vuelta, declarando improbada la demanda y probada la reconvención, disponiendo que las partes ocurran ante el Juez llamado por ley para la división y partición y se tenga en cuenta que Oscar La Fuente Zenteno es Oscar De La Fuente Zenteno, sin costas.

Deducida la apelación por la demandante, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nº 296 de 6 de junio de 2008 (fojas 319 a 320), revoca en parte la sentencia apelada en lo referente a la adopción de la reconvención y confirma en todo lo demás, con costas. Complementado por Auto de 23 de junio de 2008 (fojas 322).

Esta resolución superior dio lugar a los recursos de nulidad o casación interpuestos por los demandados Carlos y Miriam LiLy De La Fuente Honor, y Ana María Honor Vda. de De La Fuente, y de casación interpuesto por la demandante Miriam Rosa La Fuente Crespo de Gallinati, en los términos expresados en sus memoriales de fojas 330 a 332 y 338 a 346 vuelta, respectivamente.

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Que, el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, recogiendo los principios de motivación, exhaustividad y congruencia, impone a los juzgadores el deber de motivar y fundamentar las sentencias, precisando los hechos en que se funde su decisión, con base a las pruebas practicadas en el proceso, las que deben ser examinadas en su totalidad, a fin de determinar, con el resultado de ese análisis, si se probaron o no y en qué medida, los hechos fundatorios del derecho exigido o de las excepciones o defensas opuestas, subsumiendo los hechos con el derecho sustantivo o material empleado en la decisión, resolviendo todo lo pedido por las partes, es decir, todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y que integren el Auto de relación procesal y Auto de prueba, revistiendo su decisorio con los elementos esenciales de certeza y firmeza que exige la cosa juzgada, que se obtiene al final de una contienda judicial otorgando la seguridad jurídica que buscan las partes y a la que tienen derecho, en resguardo de la paz social.

En este contexto; es imperioso recordar desde el punto de vista deontológico, específicamente desde el deber ser jurídico, que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, y una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas.

Esto implica que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma.

Consecuentemente, cuando un Juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuales son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no sólo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos.

La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo una necesaria argumentación y ésta sólo es posible mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular, circunstancias que encuentran su sustento legal en lo previsto por los artículos 190, 192 y 236 -entre otros- del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, de la revisión de los antecedentes que informan al proceso se verifica que la resolución emitida por el Tribunal de alzada no se ajusta a los cánones anteriormente descritos, pues la parte considerativa del Auto de Vista, da cuenta que: "el adoptante debe reunir requisitos de no tener hijos y éste tiene una la demandante principal y también debe existir el asentimiento de su padre verdadero en este caso no existe en obrados"(Textual).

De lo expuesto, se observa que no existe ninguna fundamentación jurídica especifica que respalde esa parte con relación al Código de Familia que se alude de forma general, menos su relación con folio concreto de obrados que se cita también en su generalidad, por otro lado llama la atención que para la determinación de la edad de los demandados adoptados se parta de "la demanda del divorcio de su madre Concepción Honor de Rodríguez contra su padre Jerónimo Rodríguez Jiménez" cuando a fojas 200 y 201 cursan los certificados de nacimiento de ambos, cuyos natalicios datan de 12 de mayo de 1967 y 1 de julio de 1969 con relación a la Demanda de adopción presentada el 25 de octubre de 1982 (fojas 102 y vuelta) e inclusive al Auto que otorgó la misma de 10 de mayo de 1985 (fojas 105 vuelta a 106). Concluyéndose en definitiva, que no existe fundamentación respecto a estos puntos en particular por el Tribunal de Apelación.

Consiguientemente, habiendo el Tribunal de alzada omitido el cumplimiento de normas procesales de obligatorio e ineludible observancia por el carácter público que revisten como expresamente señala el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo que conlleva la nulidad del proceso conforme los artículos 252 y 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial,ANULA obrados hasta fojas 319 inclusive; es decir, hasta que el Tribunal Ad quem, previo sorteo y sin espera de turno pronuncie nueva resolución sobre el fondo de la causa, con la pertinencia de los artículos 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil.

No siendo excusable la omisión anotada se multa a cada uno de los vocales que suscriben el fallo recurrido con Bs. 200, que serán descontados por planilla a favor del Tesoro Judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primera Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba, de cuyo proyecto fue disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 349/2012