SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 324

Sucre: 22 de noviembre de 2012

Expediente: SC-115-07-S

Proceso: Reivindicación, acción negatoria, mejor derecho propietario y entrega de bien inmueble.

Partes: Julio Barbeito Velasco c/ Martha Arteaga Tórrez.

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación de fojas 237 a 239 y vuelta, interpuesto por Martha Arteaga Tórrez, contra el Auto de Vista Nº 304 de 3 de julio del 2007, cursante a fojas 234 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario, sobre reivindicación, acción negatoria, mejor derecho propietario y entrega de bien inmueble seguido por Julio Barbeito Velasco, contra la recurrente, la respuesta de fojas 241 a 242, el auto concesorio de fojas 243, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Noveno en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 114 de 8 de agosto de 2006, cursante de fojas 215 a 217, declarando probada la demanda interpuesta por Julio Barbeito Velasco, sólo en relación a las pretensiones de reivindicación, acción negatoria, desocupación y entrega de bien inmueble; e improbada respecto a la pretensión de mejor derecho propietario; asimismo declara improbada la demanda reconvencional interpuesta por Martha Arteaga Torrez por memorial de fojas 34 a 35, en su mérito ordena a la demandada Martha Arteaga Torrez la desocupación y entrega del lote de terreno signado con el número 6, manzana 40, U.V. 133, con una superficie de 450 mts2, a su propietario Julio Barbeito Velasco, a tercero día del pago de mejoras por parte del demandante y sólo respecto de aquellas cuyo retiro sea imposible de ejecutar, valor que se establecerá en ejecución de sentencia mediante perito designado, sin costas.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 304 de 3 de julio de 2007, cursante a fojas 234 y vuelta, confirma en todas sus partes la Sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

Contra la referida resolución de segundo grado, Martha Arteaga Tórrez, mediante memorial cursante de fojas 237 a 239 y vuelta, interpone recurso de casación en el fondo, con los argumentos allí expuestos.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que encontraren infracciones que interesan al orden público, para evitar su franca vulneración en desmedro del debido proceso, porque a través de éste se gesta y consolida la seguridad y certeza jurídica.

Que, en función de esta facultad fiscalizadora, y teniendo en cuenta que las normas procesales que rigen los procesos ordinarios son de orden público y de cumplimiento obligatorio tal cual lo prevé el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, corresponde realizar una revisión de los obrados, partiendo de las siguientes consideraciones:

La demandada Martha Arteaga Torrez, mediante memorial cursante de fojas 34 a 35, contesta negativamente a la demanda, plantea excepción de prescripción y reconviene por usucapión. En este contexto el juez de la causa previo traslado a la parte actora, ha dictado el auto de relación procesal cursante a fojas 171, fijando los puntos de hecho a probar para las partes en base a las pretensiones contenidas en la demanda, la respuesta negativa, las excepciones opuestas y la demanda reconvencional, entre los que se encuentra, para la parte demandada reconventora la demostración de "los fundamentos de la excepción de prescripción".

CONSIDERANDO: Que, la demanda es el acto básico del proceso porque instaura y se constituye en su base jurídica y resulta condición de la sentencia - la cual resulta ser el acto del juez o tribunal que en virtud de una manifestación volitiva de su espíritu, resuelve conforme a derecho y mediante una apreciación de lo alegado y la valoración de la prueba, es decir que la sentencia es el resultado de un complejo proceso mental de reflexión sobre los hechos sopesados, contenidos en el proceso y que conducen a una conclusión jurisdiccional, en otras palabras, la sentencia es el resultado de una operación de carácter crítico, y se perfila por la elección entre la tesis y los hechos probados por el demandante y los ofrecidos y probados por el demandado. Bajo este contexto, está claro que el juez no puede apartarse de los hechos alegados y probados en el desarrollo del proceso. De manera que, lo demandado y excepcionado, alegado y probado por los sujetos procesales, debe ser resuelto en forma pertinente o congruente, exhaustiva y fundamentada en la sentencia que pone fin a la primera instancia resolviendo el contradictorio, tal como ordenan y mandan imperativamente los artículos 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil mencionado. Nada que no esté demandado, debidamente contestado, excepcionado o reconvenido, y por tanto fuera de la relación procesal, será motivo de decisión, pues de no ser así el fallo podría ser tachado de ultra, extra o citrapetitio, corriendo la sentencia el riesgo de la nulidad procesal absoluta señalada en el artículo 254 - 4) del Código de Procedimiento Civil.

En la especie, el juez de primera instancia ha dictado una sentencia, sin pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción que contiene el memorial de respuesta de fojas 34 a 35, y que fue consignada entre los puntos de hecho a probar del auto de relación procesal cursante a fojas 171, como era su obligación legal y en base a la prueba producida por las partes; por el contrario, ha fundado su decisión solo en relación a la demanda principal y la demanda reconvencional, incongruencia y omisión procesal que no fue advertida por el tribunal de alzada, quien lejos de hacer uso de la facultad fiscalizadora que le confería el artículo 15 de a la abrogada Ley de Organización de 18 de febrero de 1993, confirma la sentencia apelada con los mismos argumentos.

De lo referido, concluimos que la sentencia de primera instancia y confirmada por al auto de vista recurrido, al no haberse pronunciado sobre la excepción perentoria de prescripción formulada por la parte demandada, ha vulnerado el principio de congruencia establecido en los artículos 190 y 192 - 3) del Código de Procedimiento Civil, lo cual hace que la misma resulte ser citra petita (al no existir pronunciamiento sobre las puntos pedidos).

El Tribunal Supremo debe censurar por vía de nulidad cualquier distorsión procesal, evitando todo tipo de fraude o engaño al que pueden ser conducidos los jueces de buena o mala fe, para prevenir una ulterior revisión extraordinaria de sentencia, en aras de la seguridad jurídica, poniendo a cubierto al proceso, evitando su desnaturalización mediante violación de sus reglas que son de orden público y aplicación obligatoria.

En consecuencia, al haber los de grado incurrido en esos errores y omisiones procesales, corresponde la aplicación a la presente causa de los artículos 252, 254 - 4), 275 con relación a los artículos 90, 343, 353, 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 215 inclusive (segundo cuerpo) y ordena que el juez a quo, previo decreto de "Autos," pronuncie nueva sentencia dentro de plazo legal, congruente, exhaustiva y fundamentada conforme disponen los artículos 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil y la normativa que los apoya en esta resolución.

Con responsabilidad y multa que se fija en la suma de Bs. 200.- para el Juez a quo, y Bs. 200.- para cada uno de los vocales que suscribieron el auto de vista impugnado, que les serán descontados por planilla.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 324/2012