SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 316

Sucre: 16 de noviembre de 2012

Expediente: SC-106-07-A

Proceso: Usucapión.

Partes: María Aidée Ribera Ureña c/ Hugo García y presuntos propietarios.

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en la forma interpuesto de fojas 213 a 214 y vuelta por Ana María Domínguez Flores, en representación legal de María Aidée Ribera Ureña, contra el Auto de Vista Nº 53 de 7 de febrero de 2007, cursante a fojas 208 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario sobre usucapión, seguido por la recurrente contra Hugo García y presuntos propietarios; la respuesta de fojas 217 a 219 y vuelta, el auto concesorio de fojas 221, los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO: Que, mediante Auto de 27 de junio de 2006 de fojas 177 (fojas 180 foliatura inferior), la Jueza Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, rechaza en ejecución de sentencia el incidente de nulidad de obrados; resolución que en grado de apelación es anulada por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 53 de 7 de febrero de 2007, disponiendo que la jueza a quo, dicte uno nuevo con la pertinencia de las disposiciones legales y constitucionales, sin responsabilidad por ser excusable.

Contra la resolución de segunda instancia, Ana María Domínguez en representación legal de María Aidée Ribera Ureña, interpone recurso de casación en la forma, en base a los fundamentos:

Denuncia violación de los artículos 190 y 196 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse observado que la sentencia pone fin al litigio en primera instancia y finaliza la competencia jurisdiccional; indica que el auto de vista no considero que existe sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; manifiesta que, vía incidente no se puede anular una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; acusa violación del artículo 188 inciso 1) del Código de Procedimiento Civil, al no haber considerado el auto de vista recurrido que el auto interlocutorio apelado contiene una motivación de hecho y de derecho.

Finaliza el recurso, solicitando se anule el auto de vista recurrido y se ordene se pronuncie uno nuevo, considerando que el auto interlocutorio apelado se encuentra legal y debidamente fundamentado.

CONSIDERANDO: Que, del análisis del proceso se colige que, la jueza a quo, en ejecución de sentencia del proceso de usucapión, mediante auto interlocutorio de 27 de junio de 2006, en aplicación de los artículos 196, 514 y 515 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, rechaza el incidente de nulidad planteado por Roque García Mercado y Mercedes Suarez vda. de García; situación que motivó no sólo el recurso de apelación por parte de los incidentistas, sino también el recurso de casación por parte de la actora. Ahora bien, siendo que el estado de la causa se encuentra en ejecución de sentencia, resulta imperioso cumplir el mandato del artículo 518 del compilado procesal civil que previene in-fine: "Las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas sólo en efecto devolutivo, sin recurso ulterior". La norma transcrita elimina toda posibilidad de procedencia del recurso de casación en la fase de ejecución y, por lo tanto, tampoco corresponde revisar de oficio la actuación de los tribunales inferiores, por cuanto la competencia no nace de una decisión discrecional del órgano, sino de lo expresamente señalado en la ley, como ha establecido la amplia jurisprudencia emitida por este Tribunal Supremo.

Por otro lado, corresponde establecer que, es obligación del tribunal de apelación a los fines de evitar demoras injustificadas en los trámites judiciales, observar, si la decisión dictada en dicha instancia es inimpugnable, por encontrarse dentro de los alcances del artículo 518 del Código mencionado, disposición de orden público y cumplimiento obligatorio, como manda el artículo 90 del mismo cuerpo legal y de ser así, debe rechazar la concesión del recurso de casación por virtud de la normativa descrita; tomando en cuenta que por disposición del artículo 213 - II del Código de Procedimiento Civil, el tribunal ante quien se recurre debe negar el examen del recurso cuando la ley declara irrecurrible una resolución. De tal suerte que si se somete al análisis una cuestión no recurrible, no se abre la competencia del tribunal de casación y el recurso es improcedente en los casos señalados por ley; entre ellos el artículo 262 del Procedimiento Civil, complementado por el artículo 26 de la Ley No. 1760 de 28 de febrero de 1997.

Por las razones expuestas en el caso presente, no correspondía interponerse y menos concederse el recurso de casación, al haberse dictado el auto de 27 de junio de 2006, cursante a fojas 177 en ejecución de sentencia, lo que sólo permitía el recurso de apelación sin recurso ulterior por disposición del artículo 518 del Código de Procedimiento Civil, habiendo precluido la fase de impugnación con el auto de vista de 7 de febrero de 2007, cursante a fojas 208 y vuelta, lo que impide se abra la competencia del Tribunal Supremo para resolver el fondo del recurso indebidamente planteado y concedido. Así también lo ha establecido la jurisprudencia de la entonces Corte Suprema de Justicia en sus AA.SS. Nrs. 125 de 3 de mayo de 1995 y 395 de 16 de noviembre de 2010, entre otros, criterio que es compartido por este Tribunal Supremo.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma de fojas 213 a 214 y vuelta, interpuesto por Ana María Domínguez Flores, en representación legal de María Aidée Ribera Ureña, con costas.

Se apercibe y se llama la atención del tribunal ad quem, por no observar lo previsto por el artículo 262 - 3) del Código de Procedimiento Civil.

Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer cumplir el tribunal inferior.

Regístrese notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 316/2012