SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 302

Sucre: 08 de noviembre de 2012

Expediente: LP-34-09-S

Proceso: Estado de abandono de niña por fallecimiento de progenitora.

Partes: Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal de La Paz c/ Oscar Salas Moya y otras.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por Oscar Salas Moya de fojas 742 a 746 vuelta y Fernando Velarde Zapata de fojas 749 a 753, contra el Auto de Vista Nº 224 de 5 de noviembre de 2008 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso sobre estado de abandono de niña por fallecimiento de progenitora seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal de La Paz contra Oscar Salas Moya y otras, el auto concesorio de fojas 799, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, la Jueza Segundo de Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de La Paz pronunció la Sentencia Nº 389 de 22 de diciembre de 2006 (fojas 548 a 558), declarando probada la demanda, homologando la designación de tutriz interina a la Directora del Servicio Departamental de Gestión Social de la niña Blanca Valentina Velarde Zapata, quien debe continuar acogida en el Hogar Carlos de Villegas, instruyéndose entre otros la recuperación de los bienes que pertenecían a la que en vida fue Blanca Graciela Velarde Zapata.

En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 224 de 5 de noviembre de 2008 (fojas 737 a 738 vuelta), confirma la sentencia apelada, con costas.

Esta resolución superior dio lugar a los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por Oscar Salas Moya y Fernando Velarde Zapata, en los términos expresados en sus memoriales de 15 de noviembre (fojas 742 a 746 vuelta) y 2 de diciembre de 2008 (fojas 749 a 753).

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Que por su parte, el artículo 294 del Código del Niño, Niña y Adolescente dispone que todas las cuestiones vinculadas en materias de contenido civil donde intervengan niños, niñas o adolescentes, contemplados en el presente Código, se rigen supletoriamente por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la Sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ese mismo sentido y sólo a fines ilustrativos, el artículo 1451 del Código Civil, prevé que lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes.

Que, el litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto.

Que, en ese marco, de la revisión del proceso se evidencia que de fojas 159 a 160, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal de La Paz (Distrito Nº 7 Centro) interpuso demanda sobre estado de abandono de niña por fallecimiento de progenitora, manifestando que "no se tiene referente familiar directo que se pueda hacer cargo de la niña y los derechos que asiste a la misma", demanda que fue admitida por la Jueza de la causa el 9 de junio de 2006, contra Oscar Salas, Patricia Salas y Julia Salamanca, conforme consta a fojas 162 y vuelta. Posteriormente a la acumulación del proceso de adopción de la niña Blanca Valentina Velarde Zapata -Miriam Ruth Callisaya (nombres y apellido verdaderos)- a la presente causa dispuesta por auto de 16 de junio de 2006 (fojas 169), a fojas 4 cursa certificación de 15 de junio de 2000 donde se constata que la progenitora fallecida tiene un hermano cuyo nombre es Fernando Velarde, hecho corroborado por informes de fojas 96 a 98, 128 a 130, y solicitud de éste de designación como tutor de fojas 221 y vuelta.

Que, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil establece que las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio; y, las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas.

Que, de lo expuesto, se tiene que la demanda fue admitida únicamente contra Oscar Salas, Patricia Salas y Julia Salamanca, sin considerar que la sentencia que recaiga sobre la demanda, también afectará indudablemente los derechos de Fernando Velarde Zapata, de ahí que correspondía a la Jueza a quo integrarle a la litis, a los efectos del artículo 194 del Código Adjetivo Civil, al no haberlo hecho incumplió el deber que le impone el artículo 3 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, por permitir que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad. Máxime sí, el artículo 292 del propio Código del Niño, Niña y Adolescente ordena que en caso de existir reclamo de padre o parientes, éstos adquirirán la calidad de demandados, debiendo en juicio constatarse el parentesco. Por su parte, le correspondía al Tribunal ad quem advertir este vicio y anular obrados disponiendo la integración a la litis de Fernando Velarde Zapata, omisión que se encuentra sancionada con nulidad prevista por el artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil.

Que, los Jueces y Tribunales de alzada deben tener presente que la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados importa que deban ser sometidos al proceso, además que debe ser tarea no sólo de las partes, sino del Juez a quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así, las decisiones que adopte, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a todos y a quienes deriven sus derechos de aquélla, tal como lo impone el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.

A mayor abundamiento, se tiene que los artículos 275 numeral 4) y 277 párrafo primero del Código del Niño, Niña y Adolescente establecen que la demanda deberá contener el nombre, domicilio y generales de ley del demandado; y cuando la demanda no cumpla con las formalidades exigidas, el juez de oficio, ordenará que se subsanen los defectos dentro del plazo de 72 horas bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. Es más, de la revisión de obrados se advierte que Fernando Velarde Zapata no fue notificado con la demanda de fojas 159 a 160; al respecto el artículo 286 párrafo segundo del Código del Niño, Niña y Adolescente dispone que deberá notificarse personalmente con la demanda.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta la admisión de 9 de junio de 2006, de fojas 162 y vuelta, inclusive, a efectos de que se integre a la litis a Fernando Velarde Zapata.

Con responsabilidad por no ser excusable la omisión de la Jueza que admitió la causa, Jueza que dictó sentencia y Tribunal de alzada, que se gradúa en Bs. 200 per cápita, descontable de sus haberes.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 302/2012