SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 293

Sucre: 01 de noviembre de 2012

Expediente: LP-108-07-S

Proceso: Ordinario sobre nulidad de escritura pública Nº 311/89.

Partes: Dionisio Quispe Tintaya y otra c/ Paulino Cortez Villanueva y otra.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación en el fondo interpuesto de fojas 285 a 287 vuelta, por Dionisio Quispe Tintaya y Celia Quispe de Quispe, contra el Auto de Vista Nº 190 de 9 de mayo de 2007, cursante de fojas 281 a 282, pronunciado por la entonces Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de escritura pública Nº 311/89, seguido por los recurrentes, contra Paulino Cortez Villanueva y Severina Camacho Blanco de Cortez, la respuesta, el Auto concesorio de fojas 291 vuelta, los antecedentes procesales; y

CONSIDERANDO: que, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 447 cursante a fojas 243 a 246 vuelta, declaró improbada la demanda ordinaria de fojas 39 a 41 y la excepción perentoria de prescripción de fojas 52 a 53 vuelta, probada la acción reconvencional de fojas 46 a 48 vuelta en consecuencia, reconoce el mejor derecho de propiedad de Paulino Cortez Villanueva y Severina Camacho Blanco de Cortez sobre el inmueble ubicado en la calle Humahuaca y 4 de noviembre registrado en Derechos Reales bajo la partida Nº 01028957. Asimismo declaró la resolución de contrato de fecha 5 de abril de 1995 cursante a fojas 2 y los daños se cuantificaran en ejecución de fallos. Sin costas por ser proceso doble.

Deducida la apelación por los actores, la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 190 de 9 de mayo de 2007, cursante de fojas 281 a 282 vuelta, confirma la sentencia apelada, con costas.

CONSIDERANDO: que, los actores en su recurso de casación en el fondo acusan error de hecho en la apreciación de la prueba, aducen que la escritura pública Nº 311/89 se encuentra viciada por error esencial en el objeto del contrato, toda vez que supuestamente esta se formó, creyendo los recurrentes que vendían solo el 50% de su inmueble y la otra parte creyó que compraba el 100%; prueba de esto es que los demandados reconocen este hecho en la cláusula segunda del documento cursante a fojas 4 y 100 de obrados; acusan que el tribunal de alzada sólo se limito a compulsar esas dos pruebas, reduciendo el error a un acto jurídico, pues se habría valorado erróneamente el documento de fojas 4, concluyeron que no existe error, no tomaron en cuenta que este documento se refiere de manera incontrovertible al terreno enajenado en su totalidad en la escritura pública Nº 311/89 y no a otro documento, esto constituiría plena prueba de que su intención nunca fue transferir los 200 m2,. Señalan que el Juez de instancia al igual que el Ad quem habría violado el inciso 2 del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, pues obvió valorar todas las pruebas ofrecidas, desconoce el valor del documento de fojas 4 por no estar inscrito en Derechos Reales y carecer de oponibilidad, desconociendo la vigencia del artículo 1297 del código civil y 399 de su procedimiento y que al restar valor probatorio al documento de fojas 4 se incurre en error de hecho en la valoración de la prueba, ya que la nulidad por error esencial en el objeto del contrato queda plenamente demostrada, pues los demandados en la cláusula segunda admitieron que los actores son propietarios del 50% del inmueble de ahí se deduce que nunca se tuvo la intención de vender el 100%, que lo hicieron mediando error esencial en el objeto del contrato y que por ser determinante del consentimiento vicia de nulidad la escritura pública.

También acusan que los de alzada no valoraron todas las pruebas, pese a que fueron admitidas, por lo que tenían la obligación de valorar facturas de luz agua alcantarillado, mismas que salen a su nombre porque ellos hicieron la solicitud a la que los demandados nunca se opusieron. Que por inspección judicial se demostró que se construyeron 2 inmuebles diferentes cada uno en 100 m2, incluso los demandados apoyaron su construcción en la de ellos, reconociendo así tácitamente su derecho, que tampoco se valoro la declaración de quien construyo la casa.

Aducen que se ha incurrido en error de derecho en la apreciación de las pruebas, porque el Ad quem desconoce el documento de fojas 4 porque este no está inscrito en Derechos Reales conforme el 1538-1 del Código Civil, desconociendo el valor que le confiere el articulo 1297 y 519 del Código Civil e inciso 1 del artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, arguyen que el artículo 1538 del Código Civil no es aplicable a la litis porque no hay terceros.

Sostienen que existe error de hecho en la demanda reconvencional, porque para fijar el momento a partir del cual se inicia el computo del plazo de la prescripción se toma en cuenta la escritura pública de levantamiento de hipoteca de la Mutual La Paz de fecha 1 de octubre de 2004, no se tomo en cuenta que en el documento de compromiso de pago si se incumplía por más de 5 meses se adquiría una obligación, que entonces como los actores nunca pagaron una cuota, el compromiso se hacía exigible inmediatamente transcurridos esos 5 meses, y que para fijar el computo del plazo para la prescripción se debió tomar en cuenta el documento de fojas 4, y por esta omisión se incurrió en error de derecho, señalan también que fueron notificados con la medida preparatoria el 16 de junio de 2003, ocho años después por lo que su crédito se extinguió.

Concluyen su recurso solicitando se CASE el Auto de Vista recurrido y en lo principal se declare probada la demanda de nulidad de contrato y la excepción de prescripción e improbada la demanda reconvencional.

CONSIDERANDO: que, el presente recurso se sustenta en la causal prevista por el artículo 253-3) del Código de Procedimiento Civil, al respecto el recurrente considera que los Tribunales de instancia valoraron erróneamente el documento cursante de fojas 4, que en su criterio demostraría el error esencial en el contrato de compraventa del bien inmueble de su propiedad a favor de los demandados, contrato en el que se consignó que la transferencia realizada comprendía la superficie total de 200 m2., cuando en realidad la venta habría sido realizada solo respecto de 100 m.2.

En ese sentido, analizando el contrato de fojas 4, se establece que el mismo se refiere a un documento privado de compromiso de deuda, suscrito entre Paulino Cortez Villanueva y su esposa Severina Camacho de Cortez por una parte y, por otra Dionicio Quispe Tintaya y su esposa Celia Quispe de Quispe, por el que Paulino Cortez Villanueva reconoce haber solicitado un préstamo de dinero por una suma de $us. 5.000 de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Paz", con la garantía hipotecaria de un lote de terreno de 200 m2., cuyo registro de propiedad se encuentra asentado bajo la Partida computarizada Nº 01058896 en fecha 5 de diciembre de 1989.

En la cláusula segunda del documento, Paulino Cortez Villanueva recoció que el Sr. Dionicio Quispe Tintaya era copropietario del lote de terreno señalado en la primera cláusula. En la cláusula tercera las partes acordaron que la deuda contraída por Paulino Cortez Villanueva sería cancelada en forma conjunta; en la cláusula cuarta Dionicio Quispe Tintaya reconoció ser el propietario del 50% del inmueble indicado y que le correspondía pagar el 50% de la deuda contraída por Paulino Cortez Villanueva, en caso de incumplimiento en el pago por un lapso mayor a 5 meses, se comprometía a firmar la minuta de transferencia del 50% del inmueble a favor de Paulino Cortez Villanueva.

De las estipulaciones acordadas y contenidas en el referido contrato de fojas 4, se concluye que las mismas reconocieron que el 50% del bien inmueble registrado bajo la Partida. Computarizada Nº 01058896 de 5 de diciembre de 1989 pertenece a Dionicio Quispe Tintaya, reconocimiento que entre las partes resulta plenamente eficaz, teniendo en cuenta lo previsto por los artículos 1297 del Código Civil, 399 y 401 del Código de Procedimiento Civil, no siendo necesario que el referido contrato hubiese sido registrado en Derechos Reales como erróneamente concluyeron los de instancia.

Si Paulino Cortez Villanueva libremente reconoció la copropiedad del 50% del inmueble objeto del litigio a favor de Dionicio Quispe Tintaya, significa entonces que mediante escritura pública Nº 311/89 de fecha 22 de noviembre de 1989, los esposos Dionicio Quispe Tintaya y Celia Quispe de Quispe sólo transfirieron a favor de Paulino Cortez Villanueva y su esposa Severina Camacho Blanco de Cortez, el 50% del inmueble de terreno de 200 m.2 signado con el Nº 12, manzano "A" de la calle final Pisagua, faldas del Calvario, de la Zona Norte (Caja de Agua) de la ciudad de La Paz, y no el 100% del inmueble como se hizo constar en el referido contrato de venta, de haberse transferido el 100 % del inmueble, no encuentra sentido alguno que mediante contrato de fojas 4, el propio Paulino Cortez Villanueva hubiera reconocido el derecho propietario del 50% del inmueble a favor de Dionicio Quispe Tintaya, como tampoco encuentra sentido el hecho de que éste último comprometiera en caso de incumplimiento en el pago de más 5 meses la suscripción de la minuta de transferencia del 50% del inmueble.

En consecuencia es evidente que los tribunales de instancia incurrieron en error de hecho en la valoración del contrato cursante de fojas, 4 y vuelta, al no haber reconocido que el mismo ciertamente contiene una declaración de propiedad el 50% del inmueble objeto en litigio a favor del actor, situación que demuestra que los vendedores a tiempo de suscribir la escritura pública Nº 311/89 tuvieron en mente la transferencia sólo del 50% (100 m2) del inmueble de su propiedad y no así del 100% (200 m2) como se consignó.

Respecto a la demanda reconvencional por incumplimiento en el pago de la deuda reconocida mediante documento de fojas 4, el recurrente no demostró de qué manera los tribunales de instancia incurrieron en error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, toda vez que el Juez A quo mediante sentencia cursante de fojas 243 a 246 vuelta, fundamentó que al haber sido cancelada la deuda recién en octubre de 2004, es a partir de esa fecha que a los reconventores les asiste el derecho a demandar -repetir- el pago realizado respecto a la obligación que debió ser honrada por el demandante principal.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declara probada en parte la demanda principal de nulidad de la Escritura Pública Nº 311/89 de 22 de noviembre de 1989, únicamente en cuanto respecta a la venta de 100 m2 de superficie, quedando firme y eficaz la venta de 100 m2. En consecuencia ordena que por la Oficina de Derechos Reales se aclare la Partida Nº 01058896 de 5 de diciembre de 1989 debiendo consignarse en ella la transferencia sólo de una superficie de 100 m2; se restituya la Partida Nº 01028957 de 10 de febrero de 1989 limitándola a la superficie de 100 m2. Declara improbada la demanda reconvencional de reconocimiento de mejor derecho de propiedad. Finalmente declara probada la demanda reconvencional respecto al pago de daños y perjuicios originados a raíz del incumplimiento del contrato cursante de fojas 4 y vuelta, debiendo en ejecución de sentencia cuantificarse los mismos. Con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 500, que mandara hacer efectivo el Juez A-quo.

Regístrese, Notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 293/2012