SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 284

Sucre: 26 de octubre de 2012

Expediente: LP-94-07-S

Proceso: Mejor derecho de propiedad, reivindicación, posesión restitutoria, demolición de muros, daños y perjuicios.

Partes: Gustavo Riveros Cárdenas c/ Jaime Domínguez Pimentel.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de nulidad y casación interpuesto por María Luisa Manchego Vda. de Domínguez de fojas 633 a 638 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 87 de 8 de marzo de 2007 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso sobre mejor derecho de propiedad, reivindicación, posesión restitutoria, demolición de muros, daños y perjuicios, seguido por Gustavo Riveros Cárdenas contra Jaime Domínguez Pimentel y la recurrente, el auto concesorio de fojas 667, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz pronunció la Sentencia Nº 135 de 17 de marzo de 2006 (fojas 561 a 564), declarando probada la demanda e improbada la reconvención, en tal virtud el mejor derecho del demandante sobre el lote de terreno objeto de litigio asimismo la reivindicación de 206.25 mts2 detentados por los demandados, sin costas. Complementada por auto de fojas 568.

Deducida la apelación por la demandada, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 87 de 8 de marzo de 2007 (fojas 626 a 629 vuelta), confirma en parte la sentencia y auto apelados, en lo que se refiere a haberse declarado probada la demanda, y con relación a haberse declarado improbada la reconvención se revoca en parte en lo que se refiere a mejor derecho de propiedad y daños y perjuicios; y se confirman las resoluciones de fojas 78-79 y 106, sin costas.

CONSIDERANDO: que, la demandada María Luisa Manchego Vda. de Domínguez en su recurso de casación de 29 de marzo de 2007 (fojas 633 a 638 vuelta), acusa como:

1. Nulidad. Citando los artículos 252, 190, 192, 90 del Código de Procedimiento Civil, 15 de la Ley de Organización Judicial y 16 parágrafo II de la Constitución Política del Estado anterior, que:

No ha sido notificada, al efecto apunta la diligencia de fojas 56, incidente de nulidad rechazado de fojas 90 y artículo 247 del Código de Procedimiento Civil. Fallecido el demandado, su esposo, no se suspendió el proceso, al efecto anota el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil. El auto de rebeldía en su contra de fojas 118, fue anulado, al efecto indica la sentencia de primera instancia.

2. Casación en el fondo, citando el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil. Violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil pues no se demostró que el actor haya poseído el inmueble. El terreno del demandante corresponde al sector de Achumani y del demandado a Chasquipampa, violando los artículos 1286, 1289, 1296, 1334 del Código Civil, al efecto apunta la inspección ocular de fojas 510 a 513, artículos 387, 399 y 397 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil. Se supuso que el demandante habría estado en posesión del inmueble infringiendo el artículo 1320 del Código Civil, al efecto anota la confesión provocada de fojas 168. Reitera, que el demandante jamás ha poseído el inmueble, interpretando erróneamente el artículo 1453 parágrafo I del Código Civil e infringiendo los artículos 190, 192 incisos 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil. En la resolución de fojas 78 a 79 se adelantó criterio. El título de propiedad de Alejandro Cortez fue anulado por Resolución Suprema Nº 203175. Para oponer excepción de prescripción no es necesario presentar una resolución o sentencia ejecutoriada. La resolución de la apelación contra la Resolución Nº 160/99 de fojas 106 carece de fundamento legal.

CONSIDERANDO: que, del análisis y cotejo del recurso de nulidad y casación en el fondo se llega a las siguientes conclusiones:

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.

Por otro lado, si una resolución causa agravio a las partes, entendido éste como la ofensa o el perjuicio material o moral que dicha resolución infiere a los litigantes, éstos tienen derecho a acudir ante el juez o tribunal superior en grado para expresarlo, buscando su reparación; para ello no disponen de otro medio que no sea el recurso de apelación, cuyo objeto no es sino la revisión de aquella resolución que consideran les causó agravio. En ese sentido, es ineludible el deber del Tribunal de alzada de pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, con la pertinencia establecida en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, en estricta observancia del debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen las partes.

Ahora bien, en el caso de autos, el Tribunal de alzada emitió el auto de vista recurrido, confirmando en parte la sentencia apelada, con el argumento que "Sobre las pruebas presentadas por las partes, éstas han sido valoradas por el Juez A-quo, de acuerdo a los Art. 397 del Código de Procedimiento Civil y 1286 del Código Civil, teniendo en cuenta las pruebas pertinentes ya que las impertinentes o innecesarias al caso, no es necesario que sea tomada en cuenta". Empero, del análisis del recurso de apelación interpuesto por la demandada de fojas 572 a 577 vuelta, se tiene que, no obstante que dicho escrito posee una particular técnica jurídica, aquél contiene los agravios que la apelante considera le han sido infringidos a través de la sentencia de primera instancia, y que, indebidamente, no consideró el Tribunal ad quem.

En efecto, en aquel recurso la apelante, acusó entre otros que: "El demandante no ha probado que es legítimo propietario del lote de terreno objeto de litigio", concluyendo que la sentencia "NO CONTIENE UN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FUNDAMENTADA DE LA PRUEBA". Es más, acusó que "el auto de rebeldía... de fs. 118, se encuentra anulado por auto de vista de fs. 404", sin que exista pronunciamiento al respecto en el auto de vista recurrido.

Resulta evidente, entonces, que el Tribunal ad quem ha eludido de manera ilegal ingresar a analizar los agravios expuestos por la demandada, cual era su obligación, determinando la confirmación en parte de la sentenciade primera instancia, sin el suficiente sustento legal que justifique tal determinación, negando su propia competencia, dejando a la recurrente en indefensión y afectando los principios de celeridad y economía procesal.

Tampoco se puede soslayar que, sobre las denuncias que la demandada no fue notificada y al fallecimiento del demandado no se suspendió el proceso; el tribunal ad quem, sin ser exhaustivo, se restringió a señalar que no se ha "demostrado mediante prueba fehaciente lo argüido en dicho incidente y por haberse efectuado las notificaciones indicadas de acuerdo a procedimiento", y "se cumplió con lo establecido por el Art. 55 del Código de Procedimiento Civil una vez que se comprobó el fallecimiento de Jaime Domínguez Pimentel", respectivamente.

El artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, sanciona con nulidad las resoluciones judiciales que no se hubieren pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso, reclamadas oportunamente, debido a que ese tipo de resoluciones comprometen seriamente las formas esenciales del proceso, correspondiendo por ello prestar atención a la preceptiva mencionada, tomando en cuenta que las reglas procesales son de orden público y de observancia obligatoria como lo manda imperativamente el artículo 90 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, y por consiguiente aplicar lo dispuesto en los artículos 252, 275 con relación al inciso 3) del artículo 271, todos del mencionado Código Adjetivo Civil. Así anulado el auto de vista recurrido, no corresponde emitir pronunciamiento sobre el recurso de casación en el fondo.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial,ANULA obrados hasta fojas 626 inclusive, ordenándose al Tribunal de alzada que previo sorteo, sin espera de turno dicte nuevo auto de vista atendiendo a lo dispuesto en el presente Auto Supremo.

Siendo inexcusable el error en que han incurrido los Vocales signatarios del auto vista impugnado, se les impone multa de 200 Bolivianos a cada uno de ellos.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 284/2012