SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 265

Sucre: 16 de octubre de 2012

Expediente: LP-88-07-S

Proceso: Cumplimiento de obligación, pago de daños y perjuicios.

Partes:René Chávez Pinilla c/ Freddy Valle Rodríguez y Marlene Rita Rossel Justiniano.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Freddy Valle Rodríguez de fojas 126 a 127 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 74 de 26 de febrero de 2007 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso sobre cumplimiento de obligación, pago de daños y perjuicios seguido por René Chávez Pinilla contra Freddy Valle Rodríguez y Marlene Rita Rossel Justiniano, la respuesta de fojas 130 a 131, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz pronunció la sentencia Nº 398 de 3 de noviembre de 2006 (fojas 99 a 101), declarando probada en parte la demanda de fojas 16, subsanada de fojas 18 a 20, con costas, disponiéndose en consecuencia que los demandados cumplan con la obligación contraída en el contrato de anticresis debiendo proceder a la devolución de la suma de $us.10.200.- (Diez Mil Doscientos Dólares Americanos a favor del Actor y Elena Alcocer de Chávez.

En grado de apelación, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 74 de 26 de febrero de 2007 (fojas 119 a 120), anula obrados hasta fojas 98.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Freddy Valle Rodríguez, en los términos expresados en su memorial de 22 de marzo de 2007 (fojas 126 a 127 vuelta).

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.

Por otro lado, si una resolución causa agravio a las partes, éstos tienen derecho a acudir ante el juez o tribunal superior en grado para expresarlo, buscando su reparación; para ello no disponen de otro medio que no sea el recurso de apelación, cuyo objeto no es sino la revisión de aquella resolución que consideran les causó agravio. En ese sentido, es ineludible el deber del tribunal de alzada de pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, con la pertinencia establecida en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, siempre en estricta observancia del debido proceso y el derecho a la legítima defensa que tienen las partes.

Ahora bien, en el caso de autos, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista Nº 74 de 26 de febrero de 2007, anulando obrados hasta fojas 98 inclusive, con el argumento que "Marlene Rossel Justiniano no intervino en la demanda y porque se le habría notificado con la sentencia de fojas 102 en su domicilio procesal señalado de calle Yanacocha 448 sin tener en cuenta que la codemandada nombrada nunca intervino en el proceso, así que no pudo señalar domicilio procesal", (fojas 120, parágrafo 3); empero, del análisis de actuados, se tiene que, la codemandada Marlene Rossel Justiniano si intervino en el proceso, fue notificada con la demanda por cédula en su domicilio real de calle Nardin Rivas Nº 828 (fojas 23), se le declaró rebelde por auto de fojas 24 vuelta, la misma apeló este auto y señaló domicilio procesal en calle Yanacocha Nº 448 (fojas 28), se notificó a la codemandada con la sentencia de fojas 99 a 101 mediante cédula en el domicilio señalado (fojas 102).

Por otro lado, de igual manera el auto de vista recurrido concluyó respecto a Elena Alcocer de Chávez que "era necesario también su intervención en la interposición de la demanda, ..., sin embargo de lo indicado, la demanda fue admitida por el A-quo, sin que éste hubiere observado al respecto"; empero, se tiene que los demandados no interpusieron la excepción de impersonería del demandante conforme al artículo 336 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, dejando precluir su derecho, a su vez, de la lectura de la demanda se advierte que ésta cumple con el mandato del artículo 327 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, cual es el de contener "El nombre, domicilio y generales del demandante", por lo que mal podría anularse obrados acusando un defecto por esta razón en la demanda.

Finalmente, de la misma forma el tribunal de alzada observó respecto el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil y providencias para recepción de testificales de fojas 78 vuelta y realización de inspección ocular de fojas 83 vuelta, que "el A-quo no hizo constar que la recepción de dichas pruebas, lo ordenaba en uso de la norma legal indicada"; empero, se tiene de la revisión de actuados que, tal solicitud de nulidad fue desestimada y rechazada por auto de 2 de mayo de 2006 (fojas 88 vuelta), adquiriendo ejecutoria el mismo, pues contra dicho auto los demandados no interpusieron recurso alguno, en consecuencia no se debió anular obrados por el referido motivo.

Resulta evidente, entonces, que el tribunal Ad quem ha eludido de manera ilegal ingresar a resolver el recurso de apelación deducido de fojas 107 a 109, cuál era su obligación, determinando la nulidad de obrados hasta fojas 98 inclusive, sin el suficiente sustento legal que justifique tal determinación, negando su propia competencia, dejando a las partes en indefensión y afectando los principios de celeridad y economía procesal. El artículo 254 numeral 4) del Código de Procedimiento Civil, sanciona con nulidad las resoluciones judiciales que no se hubieren pronunciado sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso, reclamadas oportunamente, debido a que ese tipo de resoluciones comprometen seriamente las formas esenciales del proceso, correspondiendo por ello prestar atención a la preceptiva mencionada, tomando en cuenta que las reglas procesales son de orden público y de observancia obligatoria como lo manda imperativamente el artículo 90 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil y por consiguiente aplicar lo dispuesto en los artículos 252, 275 con relación al inciso 3) del artículo 271, todos del mencionado Código Adjetivo Civil.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 119 inclusive, ordenándose al Tribunal de alzada que previo sorteo, sin espera de turno dicte nuevo auto de vista atendiendo a lo dispuesto en el presente Auto Supremo.

No siendo excusable el error en el que han incurrido el Tribunal de alzada, que ocasiona perjuicio a las partes y demora la administración de justicia, se les impone multa de Bs. 300, descontables de sus haberes.

En cumplimiento del artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 265/2012