SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 264

Sucre: 12 de octubre de 2012

Expediente: LP-81-07-S

Proceso: Usucapión extraordinaria y nulidad de escrituras públicas.

Partes:Avigail, Ninfa y Aída Flores Aliaga c/ Luís Ángel Aliaga Sánchez y Carmen Sánchez de Aliaga.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación en el fondo interpuesto por Avigail, Ninfa y Aída Flores Aliaga de fojas 349 a 353 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 75 de 23 de febrero de 2007 pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso sobre usucapión extraordinaria y nulidad de escrituras públicas, seguido por los recurrentes contra Luís Ángel Aliaga Sánchez y Carmen Sánchez de Aliaga, la respuesta de fojas 355 a 356, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez Quinto de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz pronunció la Sentencia Nº 305 de 10 de junio de 2006 (fojas 317 a 320 vuelta), declarando improbada la demanda y probada en parte la reconvención en cuanto a la nulidad de la escritura Nº 2476/94 y cancelación de la partida Nº 01369043 ante Derechos Reales, disponiendo la reivindicación a favor de los demandados respecto al excedente de los 300 m2, sin costas, debiendo en ejecución de sentencia averiguarse los daños y perjuicios.

Deducida la apelación por las demandantes, la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 75 de 23 de febrero de 2007 (fojas 344 a 345), confirma la sentencia apelada, con costas.

CONSIDERANDO: que, los demandantes Avigail, Ninfa y Aída Flores Aliaga en su recurso de casación en el fondo de 10 de marzo de 2007 (fojas 349 a 353 vuelta), citando el artículo 253 incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, acusa infracción a los artículos 438, 941, 1512, 1537, 1565, 1566 del Código Civil Abrogado, 1, 32 y 34 de la Ley del Notariado, ya que: los demandados confesaron de fojas 93 a 95 que simplemente se protocolizó la sentencia de declaratoria de herederos tramitada por los demandantes; los demandados nunca ingresaron en posesión del terreno; la posesión de los demandantes es por más de 42 años anexada a la de sus causantes al efecto anotan la prueba testifical de fojas 219 a 223, literales de fojas 21 y siguientes, incurriendo en error de hecho y derecho; la interrupción de la prescripción no se ha justificado con prueba idónea; todo el lote de terreno está en posesión de los demandantes desde hace más de 42 años.

CONSIDERANDO: que, del análisis y cotejo del recurso de casación en el fondo se llega a las siguientes conclusiones:

Inicialmente, cabe señalar que el artículo 253 inciso 3) segunda parte del Código de Procedimiento Civil, dispone que procederá el recurso de casación en el fondo: cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de hecho, esto es cuando se demuestra objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, evidenciándose dicho error por documentos o actos auténticos.

En autos, la demanda versa sobre usucapión o prescripción adquisitiva extraordinaria, nulidad de escrituras públicas Nº 2345/96 y Nº 2737/96, cancelación de las partidas correspondientes, y daños y perjuicios, por otra parte, la reconvención discurre en nulidad de las escrituras públicas Nº 265/76 y Nº 2476/94, reivindicación, acción negatoria, y daños y perjuicios.

Referente al particular, el artículo 1565 del Código Civil abrogado establece que "Las acciones reales, que por otras disposiciones no estén limitadas a menor tiempo, se prescriben por treinta años.", por su parte, el artículo 1566 primera parte del mismo texto civil abrogado dispone que "Para la prescripción de acciones, tanto reales, como personales y mixtas, no se necesita más requisito que la omisión de su ejercicio, durante el tiempo señalado por la ley.", asimismo, el artículo 1541 del reiterado compilado civil abrogado señala que "Una citación judicial, un mandamiento ó embargo notificados á aquel que se quiere impedir que prescriba, forman la interrupción civil.".

En ese contexto y marco procesal, se tiene que Ernesto Sánchez Simbrón padre y abuelo de la demandada y el demandado, respectivamente, falleció el 17 de mayo de 1967 (fojas 93 a 95 vuelta), fecha desde la cual transcurrieron más de treinta años sin que curse en obrados citación judicial, mandamiento ó embargo notificados a la demandante Aída Sara Flores Aliaga, nacida el 15 de febrero de 1941 (fojas 209, 211 y vuelta, y 1), al efecto, el memorial de denuncia de la demandante por delitos de apropiación indebida y despojo de 2 de marzo de 1994 (fojas 241 y vuelta) y la carta notariada de la demandante solicitando esclarecimiento de 14 de octubre de 1991 (fojas 242), no pueden ser consideradas porque no constituyen la citación judicial, mandamiento ó embargo notificados que exige el artículo 1541 del Código Civil abrogado para que se interrumpa la posesión, sobre el particular la jurisprudencia nos enseña que "Una citación judicial, un mandamiento o embargo notificados, forman la interrupción civil de la prescripción, la cual, para tener efecto, debe producirse en una acción o diligencia que tenga relación directa con la acción intentada" (Carlos Morales Guillén, Código Civil Tomo II páginas 1933 a 1934), entiéndase esta última, a 14 de octubre de 1991 como acción civil ordinaria. Por el contrario, las testificales de fojas 220 y vuelta, 221 y vuelta, 222 y vuelta, y 223 y vuelta, en su amplitud a la fecha de su atestación, 11 de marzo de 2005, señalan que desde hace más de 40 años que los demandantes conjuntamente sus padres -quienes adquirieron 300 m2, adyacentes a la superficie en litis, el 20 de noviembre de 1960 (fojas 64 a 67 vuelta)- y hermanos viven en el inmueble objeto de litigio, máxime si en la confesión provocada de la demandada (fojas 225 y vuelta), ésta reconoce no haber realizado trabajos de acción comunal en la zona del inmueble en cuestión. De donde se concluye que los demandados omitieron ejercer acción real alguna sobre la superficie objeto de litigio por más de treinta años dejándolo prescribir a favor de los demandantes; es más y fácticamente símil, la demandada y mucho menos su padre, no ejercieron acción real alguna sobre la superficie objeto de litigio después que la demandante Aída Sara Flores Aliaga adquirió la mayoría de edad el 16 de febrero de 1962, dejándolo prescribir treinteñalmente, en consecuencia las transferencias efectuadas por la demandada al demandado mediante escrituras públicas Nº 2345 de 11 de octubre de 1996 con partida Nº 01377612 (fojas 83 a 84) y Nº 2737 de 14 de noviembre de 1996 con partida Nº 01381531 (fojas 81 a 82), son nulas por cuanto la demandada transfirió lo que ya estaba prescrito a favor de otro.

A fines de ilustración, toca señalar que la doctrina rescata del entendimiento del Código Civil abrogado, el siguiente criterio: "Probada la posesión del inmueble, objeto de la litis, por más de 30 años, lapso que cubre toda clase de defectos así en los títulos como en la calidad de las personas individuales o colectivas que ejercen la posesión, con eficacia jurídica aun respecto de bienes pertenecientes a menores, indígenas y aun al Estado, se opera la prescripción adquisitiva de conformidad a los arts. 438, 1512 y 1565 del c.c." (Carlos Morales Guillen, Código Civil Tomo I páginas 282 a 283).

Finalmente, establecido así el derecho propietario de los demandantes vía prescripción treinteñal, que con los fundamentos líneas arriba descritos arrastra la nulidad de las escrituras públicas Nº 2345/96 y Nº 2737/96 suscrita entre los demandados sobre el inmueble objeto de litigio con una superficie de 240 m2 y 393,87 m2; y, dada la naturaleza de los hechos opuestos también por los demandados, quienes carecen de derechos sobre el inmueble objeto de litigio, y al respecto de esta ausencia, corresponde no considerar su reconvención sobre nulidad de las escrituras públicas de los demandantes y sus hermanos Nº 265 de 23 de julio de 1976 (fojas 64 a 67 vuelta) y Nº 2476 de 29 de julio de 1994 (fojas 74 a 76) -aclarando que en ambas, debe entenderse que la superficie del inmueble propiedad de los padres de los demandantes es únicamente de 300 m2, del total de 815,63 m2 que se indican de fojas 160 a 161-, reivindicación, acción negatoria, y daños y perjuicios.

Por lo que, el actuar del juez a quo y del tribunal ad quem, obligan al Tribunal Supremo a dar aplicación de los artículos 253 numeral 3), 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de haber incurrido en error de hecho en la apreciación de la prueba.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, CASA parcialmente el auto de vista recurrido, declarando PROBADA en parte la demanda en cuanto a la usucapión extraordinaria, nulidad de escrituras públicas y cancelación de partidas, en cuyo mérito declara propietarios del inmueble objeto de litigio con una superficie de 515,63 m2 a los demandantes y nulas las escrituras públicas Nº 2345 de 11 de octubre de 1996 y Nº 2737 de 14 de noviembre de 1996 así como nulas las partidas emergentes de estas en Derechos Reales, IMPROBADA la demanda de daños y perjuicios, e IMPROBADA la reconvención en todas sus partes; debiendo en ejecución de sentencia proceder a librarse las ejecutoriales de ley. Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 264/2012