SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 263

Sucre: 12 de octubre de 2012

Expediente: LP-82-11-S

Proceso: Nulidad de contratos y pago de daños y perjuicios.

Partes: Omar Alejandro Asbun y otros c/ Banco de Crédito de Bolivia S.A..

Distrito: La Paz

Segunda Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en la forma de fojas 1054 a 1056 y vuelta, interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., representado por Juan Carlos De La Via Pereira, Ronald Franco García y Omar Vargas Claure, contra el Auto de Vista Nº S - 258 de 20 de junio del 2007, cursante de fojas 997 a 998 y vuelta, emitido por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de contratos y pago de daños y perjuicios, seguido por Omar Alejandro Asbun, Martha Clemencia Farah de Asbun y Fernando Asbun Gamarra, contra la entidad recurrente; la respuesta de fojas 1060 a 1061 vuelta; la concesión de fojas 1062; la resolución de Amparo Constitucional auto Nº 77 de 1 de marzo de 2011, emitida por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, constituida en Tribunal de Garantías; los Autos Nº 499/2011, 162/2012 y 198/2012 pronunciados por la misma sala penal en ejecución de resolución, a través de los cuales se conmina a los ministros accionados al cumplimiento efectivo de la Resolución de Amparo Constitucional Nº 77/2011, establecen la competencia de los Magistrados Liquidadores y dejan sin efecto el Auto Supremo Nº 320 de 7 de octubre de 2011, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Décimo en lo Civil y Comercial de la Ciudad de La Paz, pronuncio la Sentencia Nº 568 de 30 de noviembre de 2006, cursante de fojas 887 a 907 y vuelta, declarando probada la demanda de fojas 55 a 65 e improbadas las excepciones de fojas 340 a 346, disponiendo la nulidad de los contratos contenidos en las Escrituras Públicas Nº 732/1999 de 23 de noviembre, Nº 1261/2000de 12 de octubre y, Nº 84/2001 de 5 de marzo, con los efectos establecidos por el artículo 547 del Código Civil, recuperando el Banco de Crédito el derecho propietario del inmueble signado con el Nº 1580 de la calle México con todas las mejoras introducidas por la parte demandante, ordenando que por la oficina de Derechos Reales, se levanten todos los gravámenes y cargas inscritas sobre los bienes inmuebles otorgados en garantía por el demandante, ordenando la calificación de los daños y perjuicios en ejecución de sentencia, con costas

En grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronuncio el Auto de Vista Nº S - 258 de 20 de junio de 2007, cursante de fojas 997 a 998 vuelta, a través del cual anuló la Resolución Nº 90 de 8 de marzo de 2007, de concesión del recurso de apelación, sin responsabilidad por ser excusable.

Contra la resolución de alzada, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. a través de sus representantes Juan Carlos De La Via Pereira, Ronald Franco García y Omar Vargas Claure, por memorial de fojas 915 a 921, recurrió de casación en la forma en base a los siguientes argumentos:

Señala que, por determinación del artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 811-I del Código Civil, el poder conferido para uno o más pleitos determinados, cualesquiera fueren sus términos, comprenderá la facultad de interponer y tramitar los recursos legales, ordinarios y extraordinarios, en cuyo mérito, si el recurso de apelación cumplió con sus requisitos, el tribunal de alzada, en aplicación del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, debió resolver el fondo de la causa;manifiesta que, por determinación del artículo 222 del Código adjetivo civil, la facultad de apelar se extiende a cualquier interesado a quien la sentencia le causare perjuicio, incluso a quien no fue parte del proceso, en cuyo mérito, se habría aplicado falsamente la ley al no haber ingresado a considerar sus pretensiones; acusa la violación del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial por el tribunal de alzada, por no ingresar a considerar el fondo de la apelación interpuesta por quien tenía la facultad para litigar, consecuentemente también para hacer uso de los recursos; indica que el tribunal ad quem no señaló la disposición legal en la que basó la determinación de considerar por no aperturada su competencia para conocer el fondo del recurso de apelación; señala que, el tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre su recurso de apelación, desconociendo lo establecido en el artículo 105 - 1) de la Ley de Organización Judicial en relación a su competencia.

Finaliza el recurso, solicitando al tribunal de casación, anule obrados hasta fojas 997, es decir, hasta el estado en que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre el fondo de la apelación interpuesta.

CONSIDERANDO: Que, así interpuesto el recurso de casación en la forma, se ingresa a su consideración y análisis:

De la revisión de obrados,se evidencia que, el auto de vista recurrido, a tiempo de anular la resolución Nº 90 de 8 de marzo de 2007, que concedió el recurso de apelación contra la sentencia, deducido por la parte demandada, fundamentó que el memorial de apelación de fojas 915 a 921, interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., representado por Omar Vargas Claure y Jorge Biggemann Tejero, fue suscrito únicamente por el primero de los representantes, sin considerar que la representación conferida, a efectos de interponer ese recurso, debió ser ejercida en forma conjunta, conforme expresamente lo establece los poderes cursantes de fojas 350 a 363, y 70 a 83, razón por la cual el recurso así interpuesto, habría sido deducido por quien no tenía la capacidad procesal válida para actuar independientemente en la realización de ese acto, por lo que no estando abierta la competencia del Tribual de alzada para considerar el fondo de la apelación, determinó la nulidad de la concesión del recurso de alzada.

Que, a fin de analizar la legalidad o no de la nulidad dispuesta y establecer si son o no evidentes las infracciones acusadas por el recurrente, corresponde puntualizar los siguientes aspectos:

De acuerdo al artículo 180 de la Constitución Política del Estado, el debido proceso se constituye en uno de los principios rectores de la jurisdicción ordinaria, y en rector de la administración de justicia, y se configura como derecho fundamental por disposición del artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

El derecho a recurrir un fallo adverso ante un tribunal superior, imparcial e independiente es una de las garantías mínimas que conforman el debido proceso legal. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.

Nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 180-II reconoce y garantiza el derecho a la impugnación, de igual manera lo hacen los tratados internacionales que integran el bloque Constitucional, así, por ejemplo, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos De San José De Costa Rica.

Cuando existe alguna duda acerca de las condiciones en que debe entenderse o ejercerse un derecho fundamental, los tribunales deben inclinarse por la interpretación que mejor favorezca al contenido y a la protección de los derechos. Esta opción responde al principio pro homine, según el cual corresponde interpretar una regla concerniente a un derecho fundamental del modo más favorable para la persona, es decir, para el destinatario de la protección, en otras palabras el juzgador ha de preferir siempre la interpretación que más optimice un derecho fundamental.

Para el autor Bidart Campos, en términos generales este principio indica que el intérprete ha de seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, para su libertad, para el ejercicio de sus derechos, cualquiera sea la fuente que la suministre, ya sea interna o internacional. En efecto se trata de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos fundamentales, en virtud del cual, se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando esté en juego el ejercicio de un derecho fundamental, e inversamente, se debe acudir a la norma o interpretación más restringida cuando se trate de establecer restricciones al ejercicio de esos derechos.

En el ámbito procesal, se configura el principio favor actionis o proactione, según el cual se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo de la pretensión, de tal forma que los presupuestos procesales y los requisitos formales se interpreten y apliquen de modo flexible, atendiendo siempre a la finalidad del acto, de tal forma que el incumplimiento de estos no conlleve consecuencias desproporcionadas o excesivamente gravosas o perjudiciales.

En el marco legal referido, resulta evidente en el caso concreto, que el tribunal de alzada haciendo uso de la facultad fiscalizadora prevista por el artículo 15 de la abrogada Ley de Organización Judicial, advirtió que el memorial de apelación deducida por el Banco de Crédito de Bolivia S.A., cursante de fojas 915 a 921, fue firmado solo por Omar Vargas Claure, como abogado y apoderado del Banco, y que en virtud al poder Nº 121/2002, de 4 de junio de 2002, otorgado por el Banco a favor de Omar Vargas Claure, la representación de éste debió ser ejercida conjuntamente con un apoderado tipo "E", concluyendo, que la presentación del referido recurso de apelación se hizo por quien no tenía la capacidad procesal para ello, tomando en cuenta que, desde la presentación del recurso de apelación hasta la presentación del memorial de fojas 926, a través del cual el Banco de Crédito, por medio de un apoderado tipo "E", dio por bien hecho el recurso de apelación, habría transcurrido más del término previsto por el artículo 220-I-1) del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual anuló la concesión del recurso de apelación.

De lo expuesto, se advierte que, evidentemente el memorial de apelación de fojas 915 a 921, interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S.A, representado por Omar Vargas Claure y por Jorge Biggmann Tejero, fue suscrito sólo por el primero, en su condición de abogado y apoderado, a quien, según se evidencia de las fotocopias legalizadas del testimonio de poder Nº 121/2002, de fojas 70 a 83 vuelta, el Banco de Crédito de Bolivia S.A., le otorgó, representación, para actuar conjuntamente con un apoderado tipo "E" del Banco, para que, entre otras muchas facultades, puedan ordinarizar procesos ejecutivos y/o coactivos, interponer demandas ordinarias, promover procesos concursales, de oferta de pago y consignación, de quiebra, pudiendo demandar, responder demandas, oponer excepciones previas y perentorias, producir pruebas, pedir reposiciones, complementaciones, explicaciones y enmiendas, apelar en los efectos suspensivo, devolutivo y/o diferido. Es decir, la intervención individual de Omar Fausto Vargas Claure, en representación del Banco demandado, estaba específicamente determinada para ciertos actuados referidos esencialmente al trámite de procesos ejecutivos y coactivos, empero, para aquellos actos referidos a otros procesos como son los procesos ordinarios, la representación, por expresa determinación de la entidad mandante, debió ser conjunta con otro mandatario tipo "E".En consecuencia, resulta evidente que Omar Vargas Claure, al interponer en forma individual el recurso de apelación de fojas 915 a 921, no sujetó su representación a los términos del mandato conferido por el Banco demandado, en consecuencia, el Tribunal Ad quem al reparar en ese aspecto y establecer que el recurso fue interpuesto por quien no ejercía la suficiente representación, en principio actuó correctamente y no infringió los artículos 62 del Código de Procedimiento Civil y 811 - I del Código Civil, acusados por el recurrente, toda vez que estas disposiciones se refieren a los alcances o más propiamente dicho a las facultades que puede ejercer el representante y prevén que el mandato no sólo comprende los actos para los cuales ha sido conferido, sino aquellos que son necesarios para su cumplimiento; en cambio, la observación efectuado por el tribunal de alzada radica en la forma en que se ejerce la representación plural es decir en la forma en que los representantes del Banco debieron actuar, dada la pluralidad de representantes, quienes debieron sujetar su representación a la forma dispuesta por el representado.

No obstante lo manifestado precedentemente, este Tribunal advierte que el Tribunal de alzada interpretó de forma restrictiva los alcances y efectos de la ratificación hecha por el Banco mediante memorial de fojas 926 y vuelta, a través del cual el Banco por medio de sus representante legales -antes de que la apelación fuera rechazada o concedida- ratificó la apelación interpuesta a su nombre y solicitó que la misma sea concedida, habiendo entendido el tribunal ad quem que al haber sido presentada dicha ratificación fuera del plazo previsto por el artículo 220-I-1) del Código de Procedimiento Civil, no se validó la apelación interpuesta.

Al respecto corresponde señalar que, la ratificación es el acto por el cual el representado -por si o a través de su representante- hace suya la declaración de voluntad ejecutada por el representante en nombre del representado. Procede tanto cuando el representante obró sin poder, atribuyéndose una representación de que carece, como cuando excedió los límites del que se la ha conferido o las facultades de que estaba investido. En virtud a la ratificación, los efectos del acto ejecutado por el representante se refutan válidos desde el momento mismo en que se celebró, de ahí que la ratificación opere retroactivamente, considerándose por ello válido y existente el acto celebrado por el representante desde el momento mismo de su celebración.

En el marco de lo referido, de la revisión de obrados se evidencia que el recurso de apelación interpuesto por Omar Vargas Claure en representación de Banco demandado, fue presentado dentro el término previsto por el artículo 220-I-1) del Código de procedimiento Civil, y que, en virtud a la observación realizada por la parte actora a la representación del Banco, mediante memorial de fojas 926 y vuelta, presentado el 5 de febrero de 2007 - antes del rechazo o concesión del recurso de apelación-, el Banco de Crédito de Bolivia, ratificó la apelación deducida en su representación por Omar Vargas Claure.

Por lo señalado precedentemente, se concluye que la interpretación realizada por el Tribunal de alzada respecto al efecto de la ratificación del recurso de apelación, no resulta siendo la interpretación que más favorece a la plena vigencia del derecho a la impugnación que le asiste a la parte recurrente, por el contrario la interpretación del tribunal ad quem resulta restrictiva y limitativa del principio pro actione, al impedir la continuación del proceso y la materialización del derecho recursivo, así como impedir la tutela judicial efectiva y plena. Por ello, resulta evidente que el tribunal de alzada en el caso concreto, al disponer la nulidad de obrados y anular el auto de concesión de la alzada extralimitó la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial y con ello afectó el derecho a recurrir de la parte recurrente y el debido proceso,en su componente del derecho a la impugnación, impidiendo que una resolución de primera instancia sea revisada por un juez o tribunal superior. Consiguientemente con la decisión asumida, el ad queminjustificadamente soslayó pronunciarse sobre el fondo de la impugnación contraviniendo lo establecido por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, y que hace a la aplicación de la causal de nulidad prevista por el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, corresponde precisar que si bien el Tribunal de Garantías a través de la Resolución Nº 77de 1 de marzo de 2011, orientó a las autoridades recurridas para observar la línea jurisprudencial asumida por este tribunal a través de los Autos Supremos Nrs.412 de 26 de Noviembre de 2010, Nº 375 de 29 de octubre de 2010, 276 de 21 de agosto de 2010, 152 de 21 de mayo de 2010, 125 de 7 de mayo de 2010. Empero corresponde aclarar que esa orientación resulta imposible de aplicar al presente caso por los siguientes aspectos:

El primer auto supremo al que hace referencia el Tribunal de Garantías, determinó la improcedencia del recurso de casación que se resolvió porque el recurrente no discernió los motivos que hacían a su impugnación en la forma de los que fundaban su impugnación en el fondo y porque el recurso fue interpuesto fuera del plazo previsto por el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, situación fáctica totalmente disímil a la que se analiza en el caso sub lite. El segundo auto supremo citado por el Tribunal de Garantías, se pronunció por la nulidad de obrados, disponiendo que el tribunal de alzada resuelva la apelación con la pertinencia del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que la nulidad que dispuso el ad quem era indebida al pretender obligar que un proceso de usucapión sea conocido por un juez instructor, desconociendo la competencia del juez de partido que conoció la causa que llegó en casación, situación fáctica igualmente disímil a la que se analiza. El tercer auto supremo al que hace referencia el Tribunal de amparo, rechazó el recurso de inconstitucionalidad promovido contra el artículo 220 del Código de Procedimiento Civil, no existiendo similitud alguna con el caso que se analiza. El cuarto auto supremo aludido, se pronunció por la improcedencia del recurso de casación, en virtud a que los motivos de esa impugnación eran totalmente ajenos a la resolución de alzada recurrida. El quinto auto supremo, si bien dispuso la improcedencia del recurso de casación, empero, fue porque los motivos en que se fundaba la impugnación en el fondo, no fueron apelados, toda vez que el recurrente a tiempo de deducir recurso de apelación únicamente impugnó la falta del decreto de autos para sentencia, resultando por ello improcedente que en casación impugne la resolución de mérito de la causa, resultando también disímiles las situaciones que motivaron ese pronunciamiento. De ahí, que este Tribunal Supremo resuelve el presente recurso, observando la línea jurisprudencial establecida en los Autos Supremos Nrs. 235 de 14 de mayo 2005 y 332 de 21 de octubre de 2011 entre otros, al tratarse de un caso similar.

Finalmente, es preciso señalar, que a los tribunales de garantías que conocen una acción de amparo, simplemente les corresponde analizar los actos procesales en los cuales pudo haber existido un acto ilegal u omisión indebida que lesione los derechos fundamentales de alguna de las partes, sin que puedan entrar a realizar valoraciones de fondo en relación a los antecedentes producidos en la sustanciación del proceso judicial que dio lugar al amparo constitucional, estableciendo la forma de resoluciónque se debe de emitir sobre un recurso de casación,decisión que, por disposición de la Constitución Política del Estado en sus artículos 178, 179, 180, 181 y 184 - 1); artículo 42 - 1)de la Ley del Órgano Judicial y los artículos 250, 271 y 278 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios, puesto que la función de los tribunales de garantías reiteramos es la de procurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales y no a un pronunciamiento de fondo de los hechos del proceso o emitir criterio para que se resuelva un recurso de una forma determinada. De consentirse estos excesos, como ocurre en el presente caso, en que la Sala Penal Primera de Tribunal Departamental de Justicia haciendo de Tribunal de Garantías, pretende obligara este tribunal supremo aemitir resolución sobre el recurso de casación planteado y declararlo "improcedente"con el argumento de la materialización y justiciabilidad de los derechos tutelados por la Resolución Nº 77/2011,y en base a una equivoca referencia jurisprudencial dictada por la entonces Corte Suprema de Justicia. De consentirse este tipo de resoluciones, se estaría orientando, para que este Tribunal Supremo de justicia, no tenga razón de existencia para resolver de forma independiente los recursos de casación planteados en contra de los autos de vista, al reducirlo a un simple ejecutor o transcriptor de la decisión de fondo tomada por el tribunal de garantías sobre los recursos de casación planteados, desconociendo además, lo dispuesto en las SS.CC Nrs 0577/2002 - R, 1223/2002-R, 1062/2003-R, 1734/2003-R, 1901/2004-R, 1732/2004-R y 0456/2006-R entre otras, que nos orientan a establecer, que la Acción de Amparo Constitucional constituye una acción efectiva para precautelar los derechos y garantías que consagra la Constitución Política del estado y las leyes, no puede ni debe determinar derechos dudosos o controvertidos sometidos al ámbito de la jurisdicción ordinaria a través de una demanda o de un recurso ordinario, al corresponder dicha labor a las autoridades jurisdiccionales que conocen el proceso,por cuanto el Tribunal de Amparo no tiene atribuciones para dejar sin efecto o revisar resoluciones emitidas con plenitud de competencia, porque no constituye una instancia procesal para revisar fallos, excepto cuando existe certeza sobre la conculcación de derechos y garantías fundamentales.

Por las razones expuestas, corresponde resolver el presente recurso, observando lo dispuesto en los artículos 252, 271 - 3) en relación de la causal prevista en el artículo 254 - 4) todos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, articulo 42 - I - 1) de la ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de transición del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista Nº 258/2007, de fojas 997 a 998 vuelta y dispone que el Tribunal de alzada sin espera de turno y previo sorteo, resuelva el recurso de apelación de fojas 915 a 921, con la pertinencia prevista por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primer Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 263/2012