SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 256

Sucre: 10 de octubre de 2012

Expediente: LP-80-07-S

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

VISTOS: El recurso de casación de fojas 207 a 210 y vuelta, deducido por Gerónimo Castro Troche en representación de Rosa Huanca Vda. de Quispe, contra el Auto de Vista Nº S - 162 de 20 de abril de 2007, cursante de fojas 203 a 204 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de partida de registro de propiedad, cancelación y rehabilitación de partida de propiedad anterior en Derechos Reales, seguido por la recurrente, en contra de Félix Copa Martínez, la respuesta de fojas 213 a 214, el auto concesorio de fojas 214 vuelta, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto, pronunció la Sentencia Nº 141 de 5 de junio de 2006, cursante de fojas 159 a 163, declarando improbada la demanda de fojas 12 a 13, subsanada a fojas 75 e improbada la reconvención de fojas 78 a 80, sin costas por ser juicio doble.

Apelada la resolución, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº S - 162 de 20 de abril de 2007, mediante el cual confirma la resolución de fojas 86 a 87, como la sentencia de fojas 159 a 163, sin costas.

Contra la resolución de segunda instancia, Gerónimo Castro Troche en representación de Rosa Huanca Vda. de Quispe, mediante memorial de fojas 207 a 210 vuelta, plantea recurso de casación en el fondo, con los siguientes argumentos:

Señala errónea interpretación de la norma civil positiva referente a nulidades; indica que, el órgano jurisdiccional competente para conocer una demanda de nulidad de inscripción de partida por error de inscripción, es el juez ordinario en lo civil, quien debió resolver el fondo de su pretensión; acusa de inadecuada interpretación de los argumentos de hecho y de derecho señalados en la demanda, al no haberse demandado en ningún momento la nulidad de acto o negocio jurídico sino la nulidad de registro de partida de propiedad; manifiesta inobservancia de lo preceptuado por los artículos 1558 y 1560 del Código Adjetivo Civil, respecto a las reglas de competencia; indica inobservancia de la ley de 15 de noviembre de 1887 y D.S. 27957.

Finaliza el recurso, solicitando al Tribunal Supremo, case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda y se mantenga firme y subsistente la decisión del inferior de declarar improbada la demanda reconvencional.

CONSIDERANDO: Que, así interpuesto el recurso de casación en el fondo, se ingresa a su consideración y análisis partiendo de los siguientes criterios:

El artículo 180 - II de la Constitución Política del Estado, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los artículos 8 - 2 inciso h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 - 5) del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que las normas adjetivas prevén, observar las condiciones de forma y fondo establecidas por las disposiciones legales, lo que equivale a decir, que el derecho a recurrir es un derecho condicionado, su ejercicio depende de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente establecidos que las partes deberán cumplir. En el caso del recurso de casación el o los recurrentes deberán observar los requisitos de admisibilidad dispuestos en los artículos 250, 255 y 257 del Código de Procedimiento Civil, y ante su incumplimiento en observancia del artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, corresponderá al tribunal de segundo grado negar la concesión del recurso de casación y declarar la ejecutoria del auto recurrido, sin que ello implique una negación o vulneración del derecho a recurrir.

Respecto a los requisitos establecidos para hacer viable el recurso de casación, cabe manifestar que, para lograr un pronunciamiento de fondo, respecto a los hechos que son motivo del recurso de casación, la parte recurrente debe cumplir estrictamente con los requisitos expresamente establecidos en los artículos 250, 255, 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, es decir:

1).-Que, se plantee para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley.

2).- Que, el recurso este planteado en relación a las resoluciones contenidas en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

3).- Interponerse dentro el plazo fatal e improrrogable de ocho días a contar desde la notificación con el auto de vista o sentencia.

4).- Deberá ser presentado ante el juez o tribunal que dictó el auto de vista o sentencia.

5).- Deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violados o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

6).- En el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252.

7).- Llevará adheridos los timbres y certificados de depósito judicial previsto por la ley.

De lo expresado líneas arriba, el recurso de casación, condiciona su admisión al cumplimiento de requisitos de forma y de fondo, constituyendo requisitos de forma que deben ser observados por el tribunal o juez donde se plantea el recurso para la concesión del recurso, que el mismo sea interpuesto para invalidar una sentencia o auto definitivo o contra las resoluciones establecidas en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, que sea presentado dentro del plazo de ocho días y ante el juez o tribunal que dictó el auto de vista o sentencia con la adhesión de los timbres y certificados de deposito; en cambio el incumplimiento de los demás requisitos deben ser examinados por el tribunal de casación, a fin de determinar la improcedencia del recurso.

Por otra parte, corresponde establecer que, la notificación con el auto de segunda instancia, es el acto que genera doble efecto: Primero comunica a las partes el acto jurisdiccional del tribunal ad quem de haber dictado la decisión de segundo grado; y, por otra, desde el momento de la notificación, comienza a correr el plazo para deducir el recurso de casación. Al respecto, antes de ingresar a resolver el caso en análisis, es conveniente dejar en claro algunos aspectos que rodean a los plazos procesales en materia civil, y se tiene:

Los plazos legales, judiciales y convencionales; entre los primeros se encuentran, el término para oponer una excepción previa o perentoria, el término de prueba, el término para recurrir de apelación o de casación, se denominan legales porque la ley es la que fija el margen de tiempo dentro del cual deben cumplirse dichas actividades procesales; los segundos son los fijados por el juez, entre los que están el término de prueba -en un proceso ordinario el juzgador puede señalar de diez a cincuenta días-, en ejecución de sentencia puede conferir al perdidoso un plazo razonable para el cumplimiento de la sentencia; y, finalmente los convencionales, son aquellos en los que las partes establecen por convenio, como el de la suspensión de los trámites del proceso por un término establecido no mayor a noventa días, la abreviación del plazo por convenio expreso de las partes.

También tenemos a los plazos procesales perentorios y no perentorios, en razón a la forma que surte sus efectos; plazos perentorios son los que vencidos, producen la caducidad del derecho, sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria, extinción que se produce por ministerio de la propia ley -son términos perentorios el de oponer excepciones, proponer prueba, contestar a la demanda, proveer los recaudos de ley para la remisión del expediente en grado de alzada en el efecto devolutivo, entre otros-, en este caso, la perentoriedad supone que vencido el último día del plazo, se extinguió definitivamente la posibilidad de articular el acto procesal; los no perentorios son los que no están sujetos a un término fijo de realización del acto procesal -como la presentación de una demanda o el desistimiento del derecho.-

En nuestra legislación, el Código de Procedimiento Civil en los artículos. 139, 140 y 141 regula los plazos procesales en general, así el artículo 139 determina que: "I. Los plazos legales o judiciales señalados en este Código a las partes para la realización de los actos procesales, serán perentorios e improrrogables, salvo disposición contraria. II. Cuando la ley no fijare expresamente un plazo lo señalará el juez atendiendo a la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia".
Por su parte el artículo 40 señala que: "I. Los plazos procesales comenzarán a correr desde el día hábil siguiente a la citación o notificación con la resolución judicial respectiva. II. Los plazos comunes para ambas partes correrán desde el día hábil siguiente a la última notificación"

Finalmente el artículo 141 establece que: "Los plazos transcurrirán ininterrumpidamente y sólo se suspenderán durante las vacaciones judiciales. Sin embargo, podrán declararse en suspenso por circunstancias de fuerza mayor que hicieren imposible la realización del acto pendiente"

Teniendo en cuenta que los plazos para presentar los recursos en general se computan de momento a momento y de minuto a minuto; estos corren desde el momento de su notificación y vencen el mismo instante una vez transcurrido el tiempo fijado en la ley procesal paralelo al de su inicio; mientras que para las demás actuaciones procedimentales tienen fijados plazos procesales o espacios de tiempo en días dentro de los cuales tienen que cumplirse u observarse los recursos, el inicio del cómputo corre a partir del día siguiente hábil a su legal notificación o citación y el mismo vence el último instante hábil del día, lo que significa, en una interpretación y entendimiento favorable al ejercicio de los derechos procesales, que el plazo debe considerarse vencido a las 12 de la noche del último día, para los vencimientos en los que la ley señala como forma de vencimiento los días.

Dentro del contexto legal señalado, en la especie, del análisis de los datos del proceso, se evidencia que los apoderados de la recurrente Rosa Huanca Vda. de Quispe, al interponer el recurso de casación, no ha observado el plazo fatal y perentorio de ocho días para interponer el recurso, puesto que de la revisión de la diligencia de citación y notificación de fojas 205, se establece que los apoderados de la recurrente fueron notificados con al Auto de Vista Nº S - 162/2007, mediante cédula en su domicilio procesal, el día veinticuatro (24) de abril de 2007, a horas diecisiete treinta y dos minutos (17:32), mientras que el memorial del recurso de casación, de acuerdo al cargo de recepción de fojas 210 vuelta, fue presentado el dos (2) de mayo de 2007, a horas diecisiete cincuenta y cinco (17:55), es decir, fuera del plazo de ocho días que establece el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, al haber concedido el recurso extraordinario de casación sin tomar en cuenta el plazo de su presentación, el tribunal ad quem no ha tomado en consideración el mandato de los preceptos legales citados supra como tampoco lo dispuesto en el artículo 262 - 1) del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, en aplicación del artículo 213 - II del Código de Procedimiento Civil y las disposiciones legales que se mencionan en esta resolución, no permiten abrir la competencia del Tribunal Supremo, debiendo aplicarse en esta decisión los artículos 271-1) y 272-1) del mismo cuerpo de normas.

POR TANTO:La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fojas 207 a 210 vuelta, interpuesto por Gerónimo Castro Troche en representación de Rosa Huanca Vda. de Quispe, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 500.- que mandará hacer efectivo el juez inferior.

Se apercibe al tribunal de alzada por no haber dado cumplimiento al régimen legal sobre impugnación extraordinaria, desconociendo su propia competencia y el orden público que entrañan las normas procesales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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