SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 246

Sucre: 04 de octubre de 2012

Expediente: LP-77-07-S

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

VISTOS: El Recurso de Casación en el fondo de fojas 236 a 240 vuelta, interpuesto por Fernando Jiménez Rivero, en representación de Constructora Andrade Gutiérrez S.A. contra el Auto de Vista - Resolución Nº 493/2006 de fecha 13 de noviembre, de fojas 231 a 232 emitido por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, la contestación al recurso de fojas 249 y vuelta, dentro del ordinario de Pago y otros, seguido por José María Ribeiro Goncalves y otros en representación de Constructora Andrade Gutiérrez S.A. contra el Servicio Nacional de Caminos, los antecedentes del proceso, todo lo que ver convino y:

CONSIDERANDO I:

Que, tramitada la causa, y dictamen fiscal de fojas 199 y vuelta, el Juez 13 de Partido en lo Civil de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia - Resolución Nº 246/2006, de fecha 23 de junio de 2006, de fojas 211 a 215 vuelta, que declaró IMPROBADA la demanda interpuesta por la Constructora Andrade Gutiérrez S.A. e IMPROBADA la excepción perentoria de prescripción opuesta por el Servicio Nacional de Caminos, así pronunciada dicha resolución, Fernando Siles Rivero en representación de Constructora Andrade Gutiérrez S.A. apeló mediante memorial de fojas 218 a 222 y vuelta, a cuya razón la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz emitió Auto de Vista Resolución Nº 493/2006 de fecha 13 de noviembre, que confirmó la sentencia - Resolución Nº 246/2006, de fecha 23 de junio de 2006, de fojas 211 a 215.

Contra el Auto de Vista referido, Fernando Jiménez Rivero, en representación de Constructora Andrade Gutiérrez S.A. interpone recurso de casación en el fondo bajo los siguientes argumentos:

1.- El recurrente, acusa que el juez y las autoridades del Tribunal de Alzada hubieran violado de manera indudable las normas positivas contenidas en los artículos 375, 346, 90 del Código de Procedimiento Civil y 1283 del Código Civil, porque la Sentencia y el Auto de Vista refieren que no se demostró la existencia de una orden de cambio y tampoco el monto de ejecución del contrato, además que la carga de la prueba correspondería al demandante y no a actos consensuados de las partes; empero, al respecto el recurrente manifiesta que también era de cumplimiento obligatorio para la parte demandada los artículos 375 y 346 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo el recurrente acusa violación del artículo 190 del Adjetivo Civil, toda vez, que ni el Juez de Primera Instancia que pronunció la sentencia, como el Tribunal de Alzada podían exigir nuevas pruebas no solicitadas durante la tramitación del proceso y que no formaron parte de los puntos a probar como el de acreditar la orden de cambio N º13 y el monto final ejecución de contrato.

De la misma forma, acusa que el Juez de Primera Instancia y el Tribunal de Alzada hubieran violado los artículos 1286, 1296 y 1311 del Código Civil, al no haber asignado a las pruebas de fojas 47 a 50 el valor legal que la ley les asigna y asimismo refiere que al no haberse resuelto conforme el agravio expresado en el recurso de apelación interpuesto, sin respetar el principio de congruencia y además de concluirse que los demandantes no hubieran cumplido con el contrato en los términos acordados, sin indicar cuáles fueron los mismos, el Tribunal de Alzada hubiera incurrido en violación del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, el recurrente acusa que se evidenciaría también la violación de los artículos 1287, 1311 y 1321 del Sustantivo Civil, al afirmarse que no existirían pruebas de devolución de dineros, toda vez, que éstas se demuestran a través de los bonos emitidos por el tesoro, así como la confesión de la entidad demandada sobre la restitución del IVA, expuesto así el recurso interpuesto, concluye que de acuerdo a las violaciones denunciadas tanto de normas adjetivas, como sustantivas del derecho civil, solicita se CASE el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo dicte nueva sentencia declarando PROBADA la demanda con expresa condenación a costas procesales.

CONSIDERANDO II:

Que, la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 numeral 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado artículo 258 numeral 2). De ahí que, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En este contexto, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista recurrido se case, conforme establecen los artículos 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos 271 numeral 3) y 275 del mismo cuerpo legal.

El recurso de casación en cualquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el Tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además este último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales.

En la especie, el recurrente al interponer recurso de casación en el fondo, acusa que el Tribunal de Alzada hubiera infringido los artículos 375, 346, 90, 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones adjetivas que tienen que ver con las formas procedimentales y que hacen al desarrollo del proceso, por lo que, su incumplimiento genera la nulidad dentro del mismo, finalidad que le corresponde al recurso de casación en la forma, y no así al recurso de casación en el fondo, a cuya razón si bien ambos recursos pueden ser interpuestos de forma simultánea, cada uno deberá ser fundamentado y motivado independientemente uno del otro, cumpliendo con el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil y los requisitos establecidos.

Asimismo, el recurrente acusa violación de leyes sustantivas que se encuentran relacionadas a la valoración de las pruebas, empero sin precisar, ni fundamentar si los Tribunales de Primera y Segunda Instancia hubieran cometido error de hecho o de derecho al momento de realizar la apreciación de las pruebas, toda vez, que tanto el error de derecho como de hecho difieren en cuanto su naturaleza jurídica, precisión determinante para su revisión por el Tribunal Supremo, siendo que la apreciación de las pruebas es facultad privativa de los jueces de primera y segunda instancia. Por otra parte, el recurrente al momento de realizar su petitorio, no difiere sobre la finalidad que tiene el recurso de casación en la forma y en el fondo, toda vez, que solicita que se case el auto de vista y deliberando en el fondo se dicte una nueva sentencia, sin considerar que el Tribunal Supremo al resolver en el fondo del proceso debe CASAR el Auto de Vista o la Sentencia y fallar en lo principal del litigio, empero cuando el Tribunal Supremo anula la sentencia, el Juez de Primera Instancia es el que debe dictar una nueva sentencia, por lo que, dicha resolución es inherente al recurso de casación en la forma, que no ha sido planteado en el presente caso. Por lo expuesto, y considerando que el Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria y al no poderse suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en la que incurrió el recurrente, no se abre la competencia de este alto Tribunal para conocer el recurso intentado, y se falla conforme los artículos 271 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley de Organización Judicial y en aplicación por lo dispuesto por los artículos 271 numeral 1) del Adjetivo Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fojas 236 a 240 vuelta, interpuesto por Fernando Jiménez Rivero, en representación de Constructora Andrade Gutiérrez S.A., con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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