SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 236

Sucre: 28 de Septiembre de 2012

Expediente O-16-08-A

Proceso: Nulidad de escritura pública y registro en Derechos Reales

Partes: Eulalia Challa Laime c/ Aduana Nacional Regional Oruro y la H. Alcaldía Municipal de Oruro.

Distrito: Oruro

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación de fojas 200 a 201 interpuesto por Mario Quiroga Morales en representación legal de la Aduana Nacional Regional Oruro, contra el Auto de Vista Nº 007 de fecha 13 de febrero de 2008 cursante de fojas 196 a 198 y vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, en suplencia legal de la Sala Civil Primera, dentro del proceso ordinario de nulidad de escritura pública y registro en Derechos Reales, seguido por Eulalia Challa Laime, contra la Aduana Nacional Regional Oruro y la H. Alcaldía Municipal de Oruro, la respuesta de fojas 204 a 204 vuelta, el auto concesorio de fojas 205, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, el Juez de Partido Segundo en lo Civil de Oruro, emitió el auto interlocutorio de fecha 10 de septiembre de 2007 de fojas 101 a 104, declarando improbadas las excepciones de impersonería opuestas por la Aduana Nacional Regional Oruro a fojas 25, así como la opuesta por la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro a fojas 56, probada la excepción previa de incompetencia formulada por la Aduana Nacional Regional Oruro, así como la de oscuridad formulada de fojas 25 a 28; probada la excepción previa de oscuridad, contradicción e imprecisión opuesta por la H. Alcaldía Municipal de Oruro a fojas 56.

En grado de apelación deducida por la demandante Eulalia Challa Laime, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, medianteAuto de Vista Nº 007 de fecha 13 de febrero de 2008 cursante de fojas 196 a 198 y vuelta, revoca el auto de fojas 101 a 104, en la parte que declara probada la excepción de incompetencia del juez de primera instancia y en consecuencia declara improbada esa excepción, dejando subsistente las demás determinaciones.

La resolución de segunda instancia, motivó que el demandado Mario Quiroga Morales en representación legal de la Aduana Nacional Regional Oruro, mediante memorial cursante de fojas 200 a 201, interponga recurso de casación en la forma bajo los siguientes argumentos:

Acusa que en la tramitación del proceso se cometieron vicios que ameritan la nulidad de obrados; asimismo sostiene que el tribunal ad quem mediante saneamiento procesal dispuso que el juez a quo remita el expediente original y el juez de primera instancia mediante auto de fojas 185 vuelta concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, tramitación inapropiada para una excepción previa como es la incompetencia, puesto que debió concederse en el efecto diferido, hecho lesivo que va contra la seguridad jurídica; finalmente señala que producto de ese hecho jurídico se quebrantaron los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 1760 y los artículos 1 y 90 del Código de Procedimiento Civil.

Finaliza su recurso, señalando.... "que por todo lo expuesto pido que luego de los trámites pertinentes y legales se dicte auto supremo, anulando el auto de vista, por consiguiente se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, concretamente hasta fojas 181".

CONSIDERANDO: Que, resolviendo el recurso en el marco de los hechos y las normas invocadas, corresponde señalar lo siguiente:

En principio debe dejarse claramente establecido que los jueces de instancia deben limitarse a aplicar las leyes invocadas por las partes en la demanda y en la contestación, por ello al interponer el recurso de casación en la forma y solicitar se reconozca la infracción de una determinada ley es obvio que la misma debe ser aplicada en la resolución recurrida, cuando el tribunal de segundo grado no se pronuncia sobre una determinada ley, corresponde a la parte interesada, con la facultad conferida por el artículo 196.2) con relación al artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, solicitar dentro del plazo legal la correspondiente complementación del referido fallo y sólo sobre esta base, puede recurrirse en casación, aspecto extrañado en el sub lite, pues no existe la aludida petición de complementación respecto de la aplicación de las citadas normas.

En virtud a ello cuando en el recurso de casación se acusa infracción de leyes que no han sido aplicadas en el pronunciamiento del fallo impugnado, constituye un planteamiento errado del recurso, puesto que no puede haber infracción de la ley que no ha sido aplicada, por lo que el tribunal de casación, en tales casos debe declarar infundado el recurso deducido respecto a tales leyes; en la especie, el recurrente denuncia que se quebrantaron los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 1760 y los artículos 1 y 90 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo éstas disposiciones legales no fueron aplicadas en la resolución de alzada, por lo que no podían servir de fundamento para impugnarla.

De otro lado, el recurrente también reclama la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el auto de concesión de fojas 181, a través del cual se concede la alzada en el efecto suspensivo y que a criterio del recurrente debió ser concedida en el efecto diferido. Al respecto, resulta imperativo referir que las nulidades en el ámbito procesal civil proceden únicamente cuando se ha causado indefensión o perjuicio a las partes; es decir, cuando el vicio es tan grosero que causa indefensión. En estos casos puede decretarse en cualquier etapa del proceso y aún de oficio.

Que, en materia de nulidades debe observarse el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad sin daño o perjuicio, así como el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento.

Las nulidades declaradas en exclusivo beneficio de la ley podían tener cabida en legislaciones formalistas, pero no en la actualidad, donde la regla no es destruir sin necesidad, sino conservar y salvar el acto por razones de economía procesal.

Que, en ese marco, de la revisión de obrados se evidencia que no cursa ninguna observación respecto a la concesión del recurso de apelación en un efecto determinado, es decir si el recurrente consideró que el recurso de apelación debió ser concedido en el efecto diferido y no así en el efecto suspensivo, debió formular su reclamo ante el juez de instancia una vez notificado con el auto de concesión o en su defecto pedir al tribunal de alzada la devolución del proceso al juez inferior, si consideraba la existencia de una indebida concesión del recurso de apelación, dentro del plazo legal de cinco días de la providencia de radicatoria, tal como faculta el artículo 232 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil; en la especie, no consta reclamo alguno observando el efecto de dicha concesión e impetrando que la apelación sea concedida en el efecto diferido, en consecuencia fue el propio recurrente, quien con su inactividad ha propiciado la preclusión de su derecho, convalidando en consecuencia tácitamente el acto considerado defectuoso. Por último, el recurrente no concreta de qué manera se le hubiera causado perjuicio con el efecto (correcto o incorrecto) del recurso concedido. Por lo expuesto, no encontrando razonamiento fundamentado para la consideración del reclamo de anular obrados hasta la foja señalada en el recurso, corresponde fallar conforme previene el artículo 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, interpuesto por Mario Quiroga Morales en representación legal de la Aduana Nacional Regional Oruro, cursante de fojas 200 a 201, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el juez a quo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 236/2012