SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 223

Sucre: 21 de Septiembre de 2012

Expediente: O-57-09-S

Proceso: Usucapión.

Partes: Silveria Serrudo Arancibia c/ José Illanes Zeballos y otros.

Distrito: Oruro

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 628 a 630 interpuesto por Silveria Serrudo Arancibia, contra el Auto de Vista Nº 134 de fecha 15 de septiembre de 2009, cursante de fojas 623 a 625, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso ordinario de usucapión, seguido por Silveria Serrudo Arancibia contra los demandados José Illanes Zeballos y otros; la respuesta de fojas 635 a 637 y 642 a 644 vuelta, el auto concesorio de fojas 645, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Quinto en lo Civil de la Capital de Oruro, emitió la Sentencia Nº 360 de fecha 22 de julio de 2009 de fojas 584 a 587, declarando improbada la demanda ordinaria de usucapión de fojas 25 a 26, ampliada a fojas 63 y vuelta, interpuesta por Silveria Serrudo Arancibia, contra José Illanes Zeballos y otros.

En grado de apelación deducida por la demandante Silveria Serrudo Arancibia, la Sala Civil, Familiar y Comercial Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 134 de fecha 15 de septiembre de 2009, cursante de fojas 623 a 625, confirma la sentencia de fecha 22 de julio de 2009, cursante de fojas 584 a 587 de obrados, con costas.

La resolución de segunda instancia, motivó que la demandante Silveria Serrudo Arancibia, mediante memorial cursante de fojas 628 a 630, y al amparo de los artículos 250, 251, 253, 254, 255, 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil interponga recurso de casación en el fondo y en la forma contra el Auto de Vista Nº 134 de fecha 15 de septiembre de 2009, cursante de fojas 623 a 625, con los siguientes argumentos:

I.- En la forma acusa:

1.- Que la sentencia apelada, no tiene número menos el año correcto, formalidad fundamental que no se consignó, constituyendo violación a la ley.

II.- En el fondo acusa:

. Que no se tomó en cuenta que su persona, vive en el bien inmueble, hace más de 18 años en forma pacífica y continua.

. Que no se dio cumplimiento al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, debido a que el proceso fue conducido por el inferior en grado con una serie de irregularidades, nula y atentatoria.

. Que el tribunal de alzada y el inferior en grado, no han valorado o apreciado las pruebas que fueron aportadas, tal como establece el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil.

Finaliza su recurso, señalando que, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo en contra del auto de vista, rogando al tribunal de segunda instancia, le conceda el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que mediante su Sala correspondiente resolverá los errores advertidos en la resolución recurrida y en definitiva case el auto de vista, conforme estipulan los artículos 271 inciso 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO:Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse primero respecto a las causales de nulidad acusadas, toda vez que de ser evidentes se resolvería por la nulidad de obrados, lo que determinaría la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo.

Establecido aquello corresponde precisar:

En la forma:

La demandante acusa como vicio de nulidad, que la sentencia apelada no consigna número menos lleva el año correcto; al respecto, según a los antecedentes del proceso se establece, que la sentencia de fojas 584 a 587 lleva fecha de 22 de julio de 2009 y consigna el número 360/09 lo que desvirtúa la reclamación de la recurrente, como motivo de nulidad, al margen de aquello la demandante, no ha precisado el daño que dicha omisión le hubiese causado, tampoco estableció la trascendencia que esa infracción hubiese tenido en la esfera del debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa de la parte recurrente.

Por lo expuesto, este alto Tribunal Supremo concluye, que no existe mérito para disponer la nulidad pretendida.

En el fondo:

Sobre la valoración de la prueba, carga de la prueba y otros aspectos concernientes, todos ellos referentes a la prueba es menester realizar estas consideraciones:

Compartiendo el criterio del Auto Supremo Nº 130 de 11 de abril de 2011, conviene precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios deben efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que "...las reglas de la sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas". En consecuencia, el Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente.

Lo anteriormente expuesto encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el artículo 1286 del Código Civil, que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En coherencia con esta disposición sustantiva, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo I establece que: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

Por otra parte, se debe entender que el Principio de Adquisición Procesal o Comunidad de Pruebas, establece claramente que todas las pruebas son del proceso, por lo que cualquiera de las partes puede valerse de ellas, derivando de aquello:

Si bien la recurrente indica que cumplió con la carga probatoria, habiendo demostrado los presupuestos de su pretensión; de la revisión de obrados se establece que ninguno de los medios de prueba a los que hace referencia, demuestran aquello, como correctamente estableció el juez a quo. Si bien la actora aparece ocupando un cuarto y una cocina, que es una de las fracciones que pretende usucapir; empero esa posesión se debe a una condición, conforme a la confesión de su apoderada de fojas 491 en sentido de que la señora Elsa Zeballos Zubieta Vda. de Soliz, era una persona sola y no tenía hijos, entonces ingresaron a vivir junto a su hija con la condición de que la vieran a ella, paguen los servicios de agua, luz y que hicieran algún mantenimiento en la casa, es decir, su posesión empezó como simple detentadora por lo tanto, con ese derecho no se puede adquirir un derecho real por usucapión mientras no cambie el título; al respecto el artículo 89 del Código Civil, señala "quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real". Asimismo con relación a la posesión material (corporal), del inmueble por parte de la demandante, ese aspecto no desvirtúa ni contradice, el hecho de que era Elsa Zeballos Zubieta Vda. de Soliz, dueña de casa quien ha estado en posesión, ejerciendo el derecho de titularidad del inmueble hasta la fecha de su defunción es decir, hasta el 2 de junio de 2003, lo que demuestra que la recurrente, no tuvo la posesión pacífica y continuada por más de diez años, tal como establece, el artículo 138 del Código de Procedimiento civil.

Referente a la denuncia del incumplimiento del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, así como las irregularidades, nula y atentatoria con las que supuestamente condujo el proceso el inferior en grado, la recurrente confundiendo la naturaleza jurídica de los recursos de casación en la forma y en el fondo, pretende que este Tribunal Supremo se pronuncie en el fondo sobre supuestas irregularidades de orden procesal que hacen a las formas esenciales en desarrollo del proceso, lo cual impide un pronunciamiento al respecto.

Por lo expuesto, se concluye que los de grado han obrado correctamente y este Tribunal Supremo no encuentra ninguna de las causas previstas en el artículo 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil para censurar la resolución recurrida, y se falla conforme los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación en el fondo y casación en la forma, interpuesto por Silveria Serrudo Arancibia, cursante de fojas 628 a 630, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez A quo.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 223/2012