SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 220

Sucre: 21 de Septiembre de 2012

Expediente: PDO-02-10-S

Proceso: Usucapión extraordinaria.

Partes: Mirian Crespo de Choma c/ Martha Azevedo Vda. de Saucedo.

Distrito: Pando

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fojas 682 a 685 vuelta, interpuesto por Juan Silvestre Saucedo Azevedo en representación de Martha Azevedo Vda. de Saucedo, contra el Auto de Vista Nº 99 de fecha 7 de octubre de 2010, cursante de fojas 656 al 663 y el auto complementario de fojas 668 a 669, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familiar, del Niño, Niña y Adolescente, de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, en el proceso ordinario de usucapión extraordinaria, seguido por Miriam Crespo de Choma, contra Martha Azevedo Vda. de Saucedo; la respuesta de fojas 693, el auto concesorio de fojas 694, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez de Partido de la Niñez y Adolescencia de la capital Cobija, en suplencia legal del Juez de Partido de Familia, emitió la sentencia Nº 11 de 19 de abril de 2010, cursante de fojas 614 a 621 vuelta, declarando probada la demanda de usucapión extraordinaria, planteada por Miriam Crespo de Choma de fojas 6 a 8, en consecuencia declara operada la prescripción adquisitiva decenal del predio Santa María ubicado en el cantón Santa Cruz del Departamento de Pando, con una superficie de 39.0762 hectáreas, sea con las colindancias referidas en el informe pericial de fojas 385 a 401 e improbada la demanda reconvencional de nulidad de documentos y acción negatoria de Martha Azevedo Vda. de Saucedo, formulada a fojas 113 a 114, determinando que en ejecución de la resolución se disponga la inscripción de ese derecho en el registro de la propiedad inmueble de los Derechos Reales de Pando, para lo que se expedirá la correspondiente ejecutorial de ley o fotocopias legalizadas de las principales piezas del proceso, agregando que la demandante para la aprobación de planos deberá cumplir con las normas administrativas correspondientes, sin costas por ser juicio doble.

En grado de apelación deducida por Juan Silvestre Saucedo Azevedo en representación de la demandada Martha Azevedo Vda. de Saucedo, la Sala Civil, Social, Familiar del Niño, Niña y Adolescente de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, mediante Auto de Vista Nº 99 de fecha 7 de octubre de 2010, cursante de fojas 656 a 663, confirma totalmente la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

La resolución de segunda instancia, motivó que Juan Silvestre Saucedo Azevedo en representación de la demandada Martha Azevedo Vda. de Saucedo, mediante memorial cursante de fojas 682 a 685 vuelta, dentro del término previsto en el artículo 257 y al amparo del artículo 258 ambos del Código de Procedimiento Civil interponga recurso de casación en la forma y en el fondo, con los siguientes argumentos:

I.- EN LA FORMA:

Acusa violación de leyes, aplicación falsa y errónea e inobservancia de normas preestablecidas en el ordenamiento jurídico con el fundamento de lo establecido en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil; señalan que, al no revisar de oficio y analizar correctamente sobre la falta de notificación al defensor de oficio con ninguna providencia, se ha transgredido el debido proceso señalado en los artículos 109, 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado, dando lugar a la nulidad dispuesta por los artículos 15 y 247 de la Ley de Organización Judicial y los artículos 90, 128 y 254 - 7) del Código de Procedimiento Civil; manifiesta que, el haber el juez de la causa clausurado por tres veces el término probatorio y consentida esta irregularidad por el tribunal ad quem, se ha violado el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y artículo 3 de la Ley del Órgano Judicial; indica que, al haberse admitido el informe pericial de Gloria Silva Laura después de la primera clausura del término de prueba y de Ezequiel Salvatierra Loras después de la segunda clausura del término de prueba, se ha violado el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y los principios procesales de la Ley del Órgano Judicial en sus artículos 3 y 377 del Código de Procedimiento Civil, por lo que pide se anule el proceso hasta el vicio más antiguo.

II.- EN EL FONDO:

Acusa, que el tribunal ad quem al darle valor a un acta de inspección anulada que cursa a fojas 592 de 17 de marzo de 1999, ha incurrido en error de derecho establecida en el artículo 253 - 3) del Código de Procedimiento Civil; señala que, la prueba de fojas 36 a 37 para el tribunal ad quem no tiene mayor realce, supuestamente porque lo que se pretendía demostrar es la tenencia de la propiedad, pero no tomó en cuenta que la prueba cursante a fojas 30, 36, 37 y 38, demuestra la ocupación de asentamiento humano, asimismo no toma en cuenta la prueba de fojas 253, 254 y 255 al 363 incurriendo en error de hecho; manifiesta que, el auto de vista no se ha pronunciado sobre la prueba de descargo la cual demuestra que el predio Santa María se encuentra dentro de la propiedad tres puentes, al no haberla valorado conforme los artículos 1289, 1286, 1287, 1309 del Código Civil y 397, 398 del Procedimiento Civil, ha incurrido en error de derecho; señala que, tampoco se ha valorado la prueba de fojas 236, consistente en un certificado del INRA que demuestra que el predio Santa María a nombre de Miriam Crespo de Choma no existe en la base de datos ni en el saneamiento; denuncia que, no se ha analizado la prueba presentada a fojas 30, 35, 36, 37, 38, 387, 253, 314 al 317, que demuestra los actos de dominio de su mandante, así como la carta de solicitud del movimiento sin techo dirigida al prefecto para la apertura de calles en la propiedad Tres Puentes, incurriendo en error de hecho; indica que el tribunal de apelación no valora que la demanda está basada en una prueba falsa como es el testimonio de sentencia sobre proceso agrario; señala que las declaraciones de los testigos no tienen el valor de la fuerza probatoria establecida en el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil; indica que con la solicitud de apertura de calles y el plano presentado por el gobierno municipal, más el título ejecutorial, se demuestra el derecho propietario y con la prueba cursante de fojas 30, 35 y 38 los actos de dominio sobre los mismos; manifiesta que tampoco se ha señalado la disposición legal a través de la cual la demandante hubiere tenido la posesión de 39 hectáreas, cuando las pruebas periciales hacen mención a sólo 6 hectáreas de producción, sin respetar calles, avenidas y áreas verdes.

Finaliza su recurso, solicitando se le conceda el recurso ante el superior en grado, y se anule obrados hasta el vicio más antiguo o alternativamente se case totalmente el auto de vista fallando en lo principal y sea con responsabilidad al juez y al tribunal infractor.

CONSIDERANDO: Que, así expuesto los recursos tanto en la forma como en el fondo, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse primero respecto a las causales de nulidad acusadas, toda vez que de ser evidentes se resolvería por la nulidad de obrados, lo que determinaría la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo, y se tiene:

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:

Al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes.

En ese sentido es preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades, a las que no en pocas ocasiones acuden juzgadores y abogados, unos para no conocer el fondo del asunto sometido a su autoridad y otros para dilatar indefinidamente la tramitación de las causas que defienden.

Por ello, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad, a saber:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 251-I del Código de Procedimiento Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca". Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, con carácter absoluto, pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, en consecuencia, siguiendo esta orientación, la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de Trascendencia.- Se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que "no hay nulidad sin daño o perjuicio". Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

Principio de convalidación.- En principio, dice Couture, toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente.

El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.

Principio de Protección.- En virtud de este principio, la nulidad sólo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la sentencia, queden en indefensión. La declaratoria de nulidad únicamente debe darse cuando sea un medio para proteger los intereses jurídicos que han sido lesionados, a partir del alejamiento de las formas procesales.

La consecuencia más importante del principio de protección es que quien ha celebrado el acto nulo a sabiendas o debiendo saber del vicio que lo invalidaba, no puede invocarlo. Es una aplicación del principio nemoauditur non propiam turpitu dinemallegans ("nadie puede invocar a su favor su propia torpeza"). En consecuencia la legitimación para reclamar la nulidad estará otorgada por el interés, que se traduce en el perjuicio efectivamente sufrido, por quien solicita la declaratoria de nulidad.

Establecidos los principios en los que se basa toda nulidad procesal y ajustados los mismos al caso concreto, se tiene:

En cuanto a la denuncia de no haberse notificado al defensor de oficio con los actuados correspondientes una vez comparecido su mandante, corresponde establecer, que la designación del defensor tiene como propósito fundamental la representación en juicio de una persona desconocida o cuyo domicilio se ignorare, cuando éste no se presentare dentro del plazo de treinta días de la publicación del primer edicto de citación con la demanda tal cual como lo establece el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, designación que no se agota en la formalidad de su designación o en la intención de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia de la demanda, sino en la realización de la efectiva defensa que le fue encomendada, lo contrario afectaría el debido proceso. En la especie, del análisis de antecedentes se sabe que, al inicio del proceso se designó defensor de oficio a favor de los demandados desconocidos que no comparecieron al proceso, esto con el propósito legal de salvaguardar sus derechos en la causa, no obstante de ello y producto de la citación edictal compareció al proceso Martha Azevedo Vda. de Saucedo a través de su apoderado legal Juan Silvestre Saucedo alegando ser titular del derecho reclamado en la demanda, lo que le ha servido para que, en nombre de su poderdante haya participado activamente dentro del proceso, interponiendo incidentes de nulidad, respondiendo a la demanda, reconviniendo contra la misma, así como interponer los recursos que la ley le franquea en contra de las resoluciones judiciales que consideraba no le favorecía, en consecuencia al haber ejercitado todos sus derechos en el proceso, mal podría alegar motivos de nulidad y vulneración al debido proceso con el fundamento de no haberse hecho partícipe al defensor de oficio de los actuados correspondientes, tomando en cuenta que este aspecto en nada afectó su derecho a la defensa, en todo caso, corresponde este planteamiento si acaso existirían terceros interesados con derechos de titularidad sobre el inmueble objeto de la litis y que estarían representados por el abogado defensor y no así a la demandada hoy recurrente.

Por otra parte, en cuanto al motivo de nulidad alegado por haber el juez de la causa clausurado el plazo probatorio hasta en tres oportunidades y recibido el informe pericial fuera del término de prueba, corresponde establecer que, si bien el juez a quo fuera de procedimiento decretó la clausura del término probatorio en tres oportunidades, este aspecto en nada afectó el derecho de defensa de la parte recurrente, pues a partir de la primera clausura no se produjeron más pruebas ni de cargo o descargo sobre el fondo del asunto, con excepción de la prueba pericial a la que se hace mención en el presente recurso, la cual fue valorada por el juez de la causa, porque la misma fue objeto de proposición dentro del plazo probatorio y al no haberse producido por causas no imputables al proponente, correspondía su producción aún esté vencido este plazo, esto con el propósito de que el juez de la causa asuma convicción sobre la verdad formal y material de los hechos demandados, más aun si la parte recurrente haciendo uso de la facultad que la ley le confiere pidió las respectivas complementaciones a dichos informes, lo que significa haber convalidado dichos actuados procesales. En consecuencia, al no existir trascendencia en las denuncias efectuadas que afecten la esfera del debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa de la parte recurrente, las que tampoco fueron observadas o cuestionadas en su debido momento, este Tribunal Supremo concluye en que no existe mérito para disponer la nulidad pretendida por el recurrente, correspondiendo resolver el presente recurso de casación en la forma en observancia de los artículos 271 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO:

La jurisprudencia de este Tribunal Supremo, ha establecido que, el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 258 - 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado artículo 258 - 2). De ahí que, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil.

El recurso de casación en cualquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De ahí que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus inciso 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales.

En la especie, el contenido del recurso es totalmente impreciso, no sólo porque la recurrente ha obviado considerar que el recurso de casación en cualquiera de sus formas se equipara a una demanda nueva de puro derecho, cuya fundamentación legal debe ser totalmente clara y precisa, además de congruente con las pretensiones de quien la interpone; sino porque, pretende que el Tribunal Supremo ingrese ha censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado sin identificar la existencia de errores de derecho o de hecho en la valoración de la misma, limitándose tan sólo hacer una mención indiscriminada de determinados medios probatorios, sin especificar, porque considera que en su valoración o apreciación se ha incurrido en errores de hecho a través de la individualización de los documentos auténticos cursantes en obrados en calidad de prueba y a través de los cuales se pueda identificar el error en que ha incurrido en juez de la causa en cuanto a los hechos que emergen de los mismos, asimismo en cuanto a la denuncia de error de derecho en la valoración de la pruebas, tampoco identifica los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, no siendo suficiente una mención genérica de normas, sin proponer la solución jurídica correspondiente, asimismo tampoco señala cuáles son aquellas pruebas de descargo que hubieren sido obviadas en su valoración por los jueces de instancia, como requisito indispensable para aperturar la competencia del Tribunal Supremo. Por lo que corresponde resolver el presente recurso de casación en el fondo aplicando lo dispuesto en los artículos 271 - 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por Juan Silvestre Saucedo Azevedo en representación de Martha Azevedo Vda. de Saucedo, de fojas 682 a 685, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 220/2012