SALA CIVIL LIQUIDADORA

Auto Supremo: Nº 217

Sucre: 18 de Septiembre de 2012

Expediente: C-86-11-A

Proceso: Cumplimiento de Contrato y otro.

Partes: Empresa Constructora ARSAFLO S.R.L. c/ H. Alcaldía Municipal de Tiquipaya.

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por Mario Jorge Jerez Calle, en representación de la Empresa Constructora ARSAFLO S.R.L. de fojas 257 a 259 de obrados, contra el Auto de Vista Nº 52/2011 de 18 de marzo de fojas 218 a 220, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MAS DAÑOS Y PERJUICIOS, seguido por la empresa recurrente contra la Honorable Alcaldía Municipal de Tiquipaya, representada por Raúl Cruz Pardo, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I: Que, el juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de Quillacollo, ante el planteamiento del incidente de nulidad presentado por la parte demandada pronuncia AUTOS de fecha 6 de septiembre de 2010, cursante a fojas 192 a 193 de obrados, mediante el cual ANULA obrados hasta fojas 49, es decir hasta la presentación de nueva Medida Preparatoria.

Mario Jorge Jerez Calle, en representación legal de Empresa Constructora ARSAFLO S.R.L., considera de ilegal el Auto dictado en fecha 6 de septiembre del 2010, razón por la que interpone recurso de apelación que cursa a fojas 198 a 199 de obrados, radicado en la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Cochabamba, la misma que emite Auto de Vista de fecha 18 de marzo de 2011, cursante a fojas 218 a 220, mediante el cual CONFIRMA en parte el auto apelado, consiguientemente ANULA obrados hasta fojas 71 inclusive, esto es hasta que se inicie nueva demanda ordinaria dando cumplimiento a los requisitos exigidos por los artículos 327, 329 y 330 del Código de Procedimiento Civil, sin costas por la modificación.

Contra el Auto de Vista de fecha 18 de marzo de 2011, el actor plantea recurso de casación en la forma por memorial de fojas 257a 259, bajo los siguientes argumentos:

Manifiesta que, una de las violaciones cometidas al dictar el Auto de Vista de fojas 218 a 220 de obrados, fue el anular obrados; flagrante infracción del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil y el principio procesal de especificidad, desconociendo que las normas procesales son de orden público y cumplimiento obligatorio, como lo dispone el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Continua alegando que, es obligación que Vocales y Jueces a tiempo de administrar justicia, otorguen seguridad jurídica, que está prevista por el artículo 3 inciso 4) de la Ley de Organización Judicial, concordante con el artículo 115 y 178 de la Constitución Política del Estado, que en el presente caso no se dio, pues la excepción previa de incompetencia presentada por el demandado referente al poder fue resuelta por el Juez de instancia, declarando improbada las excepciones de impersonería de los demandantes, cosa juzgada por la eficacia del contrato y otras.

Acusa también que, el Auto de Vista no cumple con los principios de pertinencia, congruencia y exhaustividad que prevé el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. Reiterando la violación al artículo 251 de la norma adjetiva civil, transgrediendo la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia A. S. N° 262 de 11 de noviembre de 2008 y N° 311 de 18 de septiembre de 2010, que refieren a que, ..."en materia de nulidades procesales rigen ciertos principios que deben ser estrictamente observados por los órganos jurisdiccionales, a saber el principio de especificidad...", citando también sentencia constitucional que respaldarían su alegato como la N° 0731/2010 R de 26 de julio de 2010, sentencia que establece que "...las nulidades procesales proceden sólo cuando la ley así lo determina...", incumpliendo las autoridades judiciales la aplicación del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, 4 y 44 de la Ley del Tribunal Constitucional y 203 de la Constitución Política del Estado.

Concluye pidiendo que se dicte Auto Supremo anulando el Auto de Vista y Complementario, disponiendo que se dicte uno nuevo cumpliendo las previsiones del artículo 236, 271 inciso 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO II: Realizando un estudio íntegro del recurso de casación interpuesto, se tiene que, en el presente caso el recurrente afirma que hubo violación de los artículo 236, 251 y 90 del Código de Procedimiento Civil, no respetando el artículo 3 inciso 4) de la Ley de Organización Judicial, concordante con el 115 y 178 de la Constitución Política del Estado cabe mencionar que dentro del adjetivo Civil, citada por la recurrente establece en su artículo 58, que:"...la persona que se presentare en el proceso en nombre o representación de otra, deberá acompañar al primer escrito los documentos que demuestren su personería..."; por ello, los apoderados deben justificar su personería con el testimonio del poder conferido ante la autoridad competente, existiendo ciertos requisitos que obligan a que el poder sea expreso y concreto; por lo que se debe entender que la representación con mandato "debe ser suficiente" y para acreditar tal calidad de representación, debe constar el instrumento constituido de la sociedad, aprobación de la escritura constitutiva y estatutos, inscripción en el Registro de Comercio y designación legal del representante o representantes de la Sociedad con la facultad de otorgar poderes, manteniendo la constante doctrina del Tribunal Supremo de Justicia del A.S. Nº 138 de 19 de agosto de 1983; y A.S. Nº 231 de 10 de octubre de 1984, que expresa "Es válida la representación de parte del Banco por estar conformada a las exigencias de los artículos 56, 58 y 329 del Código de Procedimiento Civil" y A.S. Nº 194 de 26 de agosto de 1983: "En los poderes conferidos por las empresas o sociedades comerciales, deben insertarse o transcribirse el Acta de la Asamblea de socios en el que conste la designación de los otorgantes del poder, como ser Gerente General y Gerente Administrativo".

En el caso sub lite, al haberse presentado el Testimonio de poder Nº 1485/2009, otorgando los conferentes Ariel Ramiro Saavedra Flores y José Freddy Gonzales Vargas en su condición de socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Empresa Constructora ARSAFLO S.R.L., a favor del licenciado Mario Jorge Jerez Calle, para que en representación de sus personas, acciones y derechos se apersone al Juzgado Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de Quillacollo, Corte Superior y Corte Suprema en la Medida Precautoria iniciada por nuestras personas,...... más poder a objeto de que sobre esa Medida Precautoria se inicie proceso ordinario de cumplimiento de obligación sobre el contrato suscrito con la Honorable Alcaldía de Tiquipaya; el mismo es utilizado para demandar Cumplimiento de Contrato, más daños y perjuicios, evidenciándose que el indicado poder resulta insuficiente para demandar los daños y perjuicios, pues ha incumplido el artículo 23 de la Ley del Notariado, que establece que: "Las escrituras no contendrán más cláusulas que las que se expresan en la minuta, que se insertará literalmente después de llenados los requisitos que se previenen en el artículo anterior. Los poderes y demás justificativos que califiquen la personería de los apoderados, se insertará también en la escritura". El poder también incumple el artículo 812 del Código Sustantivo Civil, pues los mandantes no gozan de capacidad para otorgar poder, pues actúan como simples "socios" de la Empresa, conforme la amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, señala que: "El mandato o poder para ser considerado en juicio tiene que ser suficiente y especial como requiere para una controversia jurídica, en conformidad a la exigencia de los artículos 809 del Código Civil, 58, 62-I y 329 del Código de Procedimiento Civil y 266 de la Ley de Organización Judicial" A.S. Nº 308 de 8 de agosto de 1992.Por otro lado existe determinación asumida por el Auto Supremo Nº 237 de 4 de octubre de 1991, sentando jurisprudencia en la aplicación de los artículos 809, 810 del Código Civil y 62 del Procedimiento Civil, estableciendo que: "...la persona que se presentare en juicio en representación o en nombre de otra, deberá acompañar al primer escrito el testimonio de poder en el que se señale en qué casos va a intervenir, en el que se individualice quien demanda, en juicio y con qué objeto, caso contrario, de no contar con dicho poder con la individualización necesaria, se los considera insuficiente para ser utilizado en juicio".

En tal virtud se colige que los poder conferentes del testimonio poder Nº 1485/2009 carecen de capacidad para otorgar poder, pues la empresa Constructora ARSAFLO S.R.L. no concurrió por intermedio de sus representantes legales, incumpliendo lo establecido por los artículo 812 del Código Civil y 56 del Código de Procedimiento Civil, resultando además de insuficiencia para interponer la demanda planteada, vulneración que en principio no fue percibida por el juez a quo, rectificando posteriormente la omisión con la anulación de obrados; dando lugar que en base a ese poder iniciaran una acción que no estaba descrita en el poder, habiéndose percatado el Tribunal de Alzada de tal situación y obrado en estricto apego y correcta aplicación de la normativa, pues encontró vicios de nulidad en el desarrollo del proceso. No habiendo encontrado este Tribunal infracción de la normativa citada, lo que torna el presente recurso infundado.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial y en atención de los artículos 271- 2) y 273 del Código de procedimiento civil declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Mario Jorge Jerez Calle, en representación de la Empresa Constructora ARSAFLO S.R.L. de fojas 257 a 259, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 217/2012