S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 188

Sucre: 31 de agosto de 2012

Expediente: LP-59-07-S

Proceso: Cumplimiento de contrato de anticretico y devolución de dinero.

Partes:Raúl Oswaldo Burgoa Andulce y Roxana Pol de Burgoa c/ María Teresa López Buezo y Marco Antonio Mostajo Dorado.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

______________________________________________________________________

VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por Marco Antonio Mostajo y Teresa López de Mostajo de fojas 175 al 177, contra el Auto de Vista Nº S-494/2006 fecha 15 de noviembre de fojas 170 a 171 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, dentro del proceso de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ANTICRETICO Y DEVOLUCIÓN DE DINERO, seguido por Raúl Oswaldo Burgoa Andulce y Roxana Pol de Burgoa, en contra de María Teresa López Buezo y Marco Antonio Mostajo Dorado, los antecedentes procesales y,

CONSIDERANDO I:

Que, en sentencia Nº 202/2003 de fojas 136 y 136 vuelta, de fecha 22 de julio de 2003, el Juez de Partido Ordinario N° 13º en lo Civil, Comercial del Distrito Judicial de La Paz declara PROBADA la demanda de fojas 3, 7 con costas; en consecuencia dispone que los esposos demandados den y paguen la suma de $us. 18.000.00 a los esposos demandantes. Decisión que Marco Antonio Mostajo y Teresa López de Mostajo consideran que les provoca agravios, razón por la que dentro de plazo y cumplidas las formalidades de ley interponen recurso de apelación de fojas 140 a 142 vuelta, que se radica en la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de La Paz, y una vez cumplidos los trámites establecidos por Ley, pronuncian el Auto de Vista Nº S-494/2006 de fecha 15 de noviembre de 2006 que CONFIRMA la resolución N° 469/01 apelada, del 1º de diciembre de 2001 de fojas 50 vuelta, como la sentencia N° 202/2003 de 22 de julio de 2003 de fojas 136 y 136 vuelta, con costas.

Contra el Auto de Vista Nº S-494/2006, Marco Antonio Mostajo y Teresa López de Mostajo, plantean recurso de casación en la forma y en el fondo, bajo los siguientes argumentos:

EN LA FORMA:

Sostienen que ha existido violación del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, puesto que en la contestación a la demanda consideran que ha sido presentada dentro de término fijado por ley, alegando que fueron notificados el 24 de octubre de 2000 por lo que tenían 15 días hábiles para responder, habiendo formulado su respuesta en fecha 9 de noviembre de 2000, y teniendo presente que es feriado mundial el 2 de noviembre, este día no debe ser computado como día hábil, y por tanto la contestación a la demanda fue presentada dentro de término, pues dicho feriado interrumpe el cómputo de plazos, extremo que no fue considerado por el juez a quo y ad quem, existiendo de esta manera aplicación e interpretación errónea e injusta del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, además de constituir una restricción constitucional que ha negado el sagrado derecho de defensa en juicio y la seguridad jurídica, conculcando de esta manera las previsiones del artículo 6 numeral I, 7 inciso a) y h) y 16 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, por lo que pide se anule obrados y se admita su respuesta y acción reconvencional de fojas 13 y 14 de obrados.

Señalan que el Auto de Vista que impugnan conculca la normativa procesal y constitucional, puesto que el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil exige al Juez de la causa que una vez concluida la fase de conclusiones dicte decreto de autos para sentencia, determinación normativa que abre el plazo al juzgador para dictar sentencia definiendo su competencia y jurisdicción legal, pero que la interpretación del juez Ad quem pretende convalidar la contravención de los preceptos señalados precedentemente en contravención a la previsión contenida en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, remitiéndose a la enorme jurisprudencia nacional sobre casos similares y las previsiones sobre competencia previstas por la Constitución Política del Estado que ha uniformado la pérdida de competencia de un órgano jurisdiccional, en consecuencia pide la nulidad de obrados hasta que se dicte una sentencia con arreglo y apego a los plazos y formas legales.

Acusan infracción al artículo 327 inciso 5) del Código de Procedimiento Civil, porque a su criterio "...la demanda interpuesta confunde la petición, pidiendo otorgue la personería de las partes con el objeto de hacer legítimos nuestro justo derecho..." evidenciando que la "cosa demandada es obscura y que el Tribunal de Alzada a tiempo de pronunciar el Auto de Vista ahora impugnado, no hace una valoración de esos extremos y les hace el favor a los demandantes de aclararles el objeto de la presente demanda, pidiendo se sancione esta acción por el superior en grado.

EN EL FONDO:

El Recurso de Casación también se plantea en el fondo y manifiestan los recurrentes que tanto el Juez como el Tribunal Ad-quem a tiempo de pronunciar resolución debieron observar todo lo actuado en el proceso y valorar el título base de la presente acción, de haberlo hecho, habrían comprendido que el contrato presentado en fotocopias de fojas 1 a 2 y su original de fojas 5 a 6, carece de validez pues no cumple con el mandato del artículo 1430 del Código Civil y por el contrario se trata de un documento privado que posteriormente fue protocolizado. Por lo que no cumple con los requisitos esenciales que hace al contrato de anticresis, es decir que se haya otorgado con las solemnidades de Ley y ante un Notario de Fe Pública, pero además que haya sido debidamente inscrito en el Registro de Derechos Reales, motivo por el cual no cumple con los requisitos de validez violando de esta manera las previsiones contenidas en los artículos 491, 1287, 1430 y 1538 del Código Civil, puesto que a su criterio un contrato de anticrético es público y oponible cuando se ha registrado en Derechos Reales, acusando que el Auto de Vista no se enmarca en presupuestos formales y legales de la norma con flagrante infracción a las normas precedentemente mencionadas por lo que pide se aplique el numeral 1) del artículo 253 de Código de Procedimiento Civil.

Concluye solicitando que este máximo tribunal de justicia, en vista de las infracciones acusadas y demostradas, anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la demanda inclusive y se plantee la demanda en términos claros y precisos, o reponiendo obrados hasta fojas 136 y se dicte sentencia por el Juez siguiente en número ante la pérdida de competencia del Juez inferior al no existir decreto de autos, y para el caso de ingresar al fondo de la causa, se case el Auto de Vista declarando improbada la demanda por cuanto el título base de la presente acción no cumple con los requisitos de forma.

CONSIDERANDO II:

Que, así planteado el recurso este Tribunal Supremo, luego de la revisión de oficio de todo cuanto se ha actuado y del análisis del recurso de casación como de la respuesta al recurso y en aplicación de las normas legales aplicables a la materia y de aquellas cuya infracción se acusa, se tiene:

Con relación al recurso de casación en la forma interpuesto, analizado el Auto de Vista que se impugna, el Tribunal ad quem llega a la conclusión de que no es evidente la infracción del artículo143 del Código de Procedimiento Civil, con el fundamento de que los plazos procesales sólo se interrumpen durante las vacaciones judiciales y que el artículo aludido por los demandantes se refiere a los días hábiles como jornadas para la ejecución de las actuaciones y diligencias judiciales.De la misma manera se tiene que no se ha vulnerado el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la resolución N° 348/2001 cursante a fojas 48 no constituye un auto definitivo; en lo que concierne a la violación del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil el Tribunal ad quem concluye que la providencia de fojas 135 vuelta no contraviene al acto de resolución de fondo siendo equiparable al decreto de autos, esto tomando en cuenta de que la resolución de primera instancia ha sido dictada en el plazo impuesto por el artículo 204 del Código de Procedimiento Civil.

De una valoración de los argumentos de casación en la forma precedentemente detallados y acusados por los recurrentes se concluye que no existe violación de las formas esenciales del proceso, pues los recurrentes no han considerado que el cómputo de los plazos procesales por mandato expreso del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil: "transcurrirán ininterrumpidamente, norma que por imperio del artículo 90 del mismo cuerpo legal es de orden público y de cumplimiento obligatorio. En tanto que la cita del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, resulta impertinente puesto que el nomenjuris de dicha norma es claro cuando establece que dicha norma se refiere a los "días hábiles y horas hábiles" que es diferente a la forma en que debe computarse el transcurrir de un plazo que como ya hemos señalado esta normado por el artículo 141 del mismo Código Adjetivo Civil, extremo absolutamente diferente que el establecer cuáles son los días y hora hábiles para practicar las actuaciones y diligencias judiciales. Por lo que se evidencia que el Juez a-quo aplicó correctamente el artículo 141 del texto legal antes referido, de consiguiente el recurrente efectivamente presentó su contestación a la demanda de forma extemporánea vale decir, fuera del plazo otorgado por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, debiendo asumir su defensa en el estado en que se encuentra el proceso, ya que por su propia negligencia dejó vencer el plazo que tenía para asumir defensa, por lo que no es evidente la vulneración del artículo 6 parágrafo I, 7 incisos a) y h) y 16 parágrafo segundo de la abrogada Constitución Política del Estado, y consagrados también en la actual Constitución en los artículos13-I, 14 y 24,habiéndose efectuado una correcta aplicación e interpretación de la ley.

Respecto a la acusación de que el Juez a-quo no hubiese pronunciado decreto de autos, es pertinente señalar que no existe norma procesal alguna que constriña a un Juez a pronunciar una providencia con una determinada redacción; por tanto el Juez de instancia puede providenciar con la expresión de "decreto de autos" "autos para sentencia" o cualquier expresión que deje constancia que la causa se halla en el momento procesal para ingresar en la fase de pronunciarse sentencia. Por tanto la acusación planteada resulta en este aspecto infundada.

En cuanto al fundamento del recurso de casación en el fondo alega que no se ha efectuado un verdadero análisis de la prueba documental aportada al proceso, refiriéndose al documento de anticrético, extremo que no fue objeto de la relación procesal y nada que este fuera de la relación procesal puede otorgarse en la sentencia o en el auto de vista a riesgo de incurrir en un fallo que conceda o deniegue más allá de lo expresamente demandado. Por lo tanto la validez o no del documento de contrato de anticrético que se arguye como fundamento de la errónea apreciación de la prueba por parte del Juez a quo o del Tribunal ad quem no son evidentes puesto que no fueron objeto de la relación jurídica procesal, por consiguiente no correspondía su análisis, probanza y mucho menos su consideración en las resoluciones de sentencia o de apelación.

Que, la fuente u origen para la pretensión accionada por la parte demandante, es el documento de anticrético aportado como prueba de fojas 1 a 2 y sus originales de fojas 5 a 6, suscrito mediante documento privado reconocido y protocolizado, prueba que se refuta de inválida por los recurrentes, sin considerar que el Juez de grado en atribución privativa aprecia la prueba esencial y decisiva aportada en el proceso de acuerdo a la valoración que le otorga la ley o en su caso de acuerdo a la sana crítica y prudente criterio, conforme la facultad que le otorga la previsión del artículo 1286 del Código Civil con relación al 397 de su procedimiento, como se infiere de la revisión de obrados, en consecuencia se llega al convencimiento que el tribunal a quo y ad quem no ha incurrido en infracción, violación, menos aplicación indebida de las normas legales o incurrido en error de derecho en la apreciación de las pruebas que acusa el recurrente, habiendo por el contrario realizado una oportuna y correcta apreciación y valoración de la prueba aportada.

Que, el recurso de apelación conforme al mandato del artículo 236 del Código de Procedimiento Civil señala que la resolución del ad-quem debe circunscribirse a los puntos expresamente resueltos por el inferior y que hubiesen sido objeto de la apelación. Revisado el Auto de Vista N° S 494/2006 se evidencia que el Tribunal de Apelación ha ajustado su fallo al mandato de la norma citada, por lo que el recurso de casación no puede fundarse el mismo en aspectos que oportunamente no fueron objeto del proceso, como es la validez o invalidez del documento de contrato de anticrético, menos se puede pretender subsanar dicho error por la vía del recurso de casación. Por consiguiente el fallo pronunciado por el Tribunal ad-quem ha efectuado una correcta aplicación de la Ley en los límites y alcances de sus propias atribuciones y facultades.

No existien fundamentos en el recurso respecto a la violación de la Ley o Leyes acusadas , sean estas del código sustantivo de la materia o de las normas procesales civiles vigentes, por una supuesta aplicación inadecuada o infracción de la norma, lo que importa omisión de uno de los requisitos esenciales de la casación en el fondo cuando se alega vulneración de la Ley, ya que de lo contrario, el recurso se torna infundado al tenor del artículo 271 inciso 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley de Organización Judicial y en aplicación por lo dispuesto por el artículo 271 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, en razón de justicia declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo presentado por Marco Antonio Mostajo y Teresa López de Mostajo, contra el auto de vista de fojas 170 y 171 vuelta de 15 de noviembre de 2006, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior de La Paz.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 500.00, que se harán cumplir por el Juzgado de Instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

 

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 188/2012