S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 169

Sucre: 22 de agosto de 2012

Expediente: SC-56-10-S

Proceso: Ordinarización de sentencia ejecutiva, desocupación y entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios.

Partes:Wilma Aguilera de Justiniano c/ Oscar Moreno Monasterio y Elena Vargas de Moreno.

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: los recursos de casación y nulidad interpuestos por Wilma Aguilera de Justiniano de fojas 504 a 507 y Héctor Justiniano Paz de fojas 518 a 520, contra el Auto de Vista Nº 583 de 7 de diciembre de 2009 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro el proceso sobre ordinarización de sentencia ejecutiva, desocupación y entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios, seguido por la recurrente contra Oscar Moreno Monasterio y Elena Vargas de Moreno, la respuesta de fojas 521 a 522, el auto concesorio de fojas 525 vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez de Partido Segundo en materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció la Sentencia Nº 166 de 10 de julio de 2009 (fojas 467 a 475 vuelta), declarando improbada la demanda más su ampliación y probada en parte la reconvención y su ampliación, solamente en lo que corresponde a la prescripción de los derechos a accionar por la demandante y por caducidad del derecho, improbada en cuanto a la acción negatoria, pago de daños y perjuicios y cosa juzgada; sin costas.

Deducida la apelación por la demandante, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nº 583 de 7 de diciembre de 2009 (fojas 490 a 491 vuelta), confirma la sentencia apelada, con costas.

CONSIDERANDO: que, la demandante Wilma Aguilera de Justiniano en su recurso de casación de 23 de febrero de 2010 (fojas 504 a 507), citando los artículos 253 incisos 1) y 254 del Código de Procedimiento Civil, acusa:

En el fondo. Violación, falsa interpretación y peor aplicación de los artículos 56 de la Constitución Política del Estado y 105 del Código Civil, pues las acciones de anulabilidad o nulidad en la presente causa no han sido demandadas y sus títulos de propiedad gozan de publicidad y protección al efecto cita el artículo 1538 del Código Civil. Violación, desconocimiento, mala interpretación y aplicación del artículo 1557 del Código Civil, ya que no se demandó la extinción de su derecho propietario y la parte reconviniente no demostró un derecho de propiedad debidamente acreditado sobre la cosa que reclama. Violación, mala interpretación y errónea aplicación del artículo 1538 del Código Civil, pues los actos sobre bienes inmuebles que no se hubiesen inscritos no perjudican a terceros.

En la forma, que se sancionó a una persona que no ha sido parte en el proceso, como es su esposo Héctor Justiniano Paz, al efecto cita los artículos 3, 190, 194, 333 del Código de Procedimiento Civil, 178, 180 de la Constitución Política del Estado actual, 101, 102 del Código de Familia y 15 de la Ley de Organización Judicial.

Que, Héctor Justiniano Paz en su recurso de nulidad de 2 de marzo de 2010 (fojas 518 a 520), citando el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, indica que la demandante es su esposa y a él se le sancionó sin que haya sido parte en el proceso, por lo pide se anule obrados hasta que se amplíe la demanda contra su persona.

CONSIDERANDO: que, del análisis y cotejo de los recursos de casación y nulidad se llega a las siguientes conclusiones:

1. En cuanto al recurso de casación en el fondo de la demandante. La jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 (procedencia) del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 (requisitos del recurso) numeral 2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener es no sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnativo contenido en el citado artículo 258 numeral 2). Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el contexto establecido precedentemente, el recurso de casación en cualesquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en que consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además este último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales.

En la especie, el recurrente omitió precisar las causales de casación en el fondo, detalladas en el inciso 1) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, haciendo alusión general a este ordinal sin distinguir la violación, la interpretación errónea y la aplicación indebida de la ley, limitándose a anotar de manera general el "Art. 253 - 1)" del Código de Procedimiento Civil, no otra cosa significa que sin esa diferenciación insinué imprecisamente "violación, falsa interpretación y peor aplicación del Art. 56 de la C.P.E. y 105 del Código Civil", "violación, desconocimiento, mala interpretación y aplicación del art. 1.557 del Código Civil" y "violación, mala interpretación y errónea aplicación del art. 1538 del Código Civil", incluso cita normas que no son de carácter sustantivo sino constitucional, además de pretender que en base al presente e impreciso recurso el Supremo Tribunal ingrese ha censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado.

El Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria, de tal manera que no puede suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurre un recurrente; en consecuencia, al no haber cumplido el recurrente con la carga legal prevista, se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado, al que se castiga con su improcedencia.

2. En lo referente al recurso de casación en la forma de la demandante y el recurso de nulidad de Héctor Justiniano Paz. Toda vez que el proceso ejecutivo sobre cumplimiento de obligación que ahora fue ordinarizado, fue instaurado únicamente por la actual y anterior demandante -esposa de Héctor Justiniano Paz- no corresponde que este último sea integrado a la litis, máxime si no se acreditó que en el anterior proceso ejecutivo haya comparecido el nombrado a efectos de hacer valer sus derechos, los cuales se salvan a la vía legal que corresponda. En consecuencia no se advierte el aparente vicio denunciado.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numerales 1), 2), 272 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Wilma Aguilera de Justiniano de fojas 504 a 507, e INFUNDADOS los recursos de casación en la forma interpuestos por Wilma Aguilera de Justiniano de fojas 504 a 507 y Héctor Justiniano Paz de fojas 518 a 520; con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bolivianos 500, que mandará hacer efectivo el juez inferior.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 169/2012