S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 168

Sucre: 21 de agosto de 2012

Expediente: LP-85-08-S

Proceso: Nulidad de contrato, rehabilitación de contrato, más pago de daños y perjuicios.

Partes:Bertha Mercedes Belmonte Cortez c/ Emilio Burgoa Ariñez, Rosa Ariñez Vda. de Burgoa y Claudia Micaela Burgoa Medrano

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación interpuesto de fojas 221 a 231, por Claudia Micaela Burgoa Medrano y Jesús Emilio Burgoa Ariñez a través de sus respectivos apoderados, contra el Auto de Vista Nº S - 130 de 3 de abril de 2008, pronunciado por la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de contrato, rehabilitación de contrato, mas pago de daños y perjuicios, seguido por Bertha Mercedes Belmonte Cortez, contra Emilio Burgoa Ariñez, Rosa Ariñez Vda. de Burgoa y Claudia Micaela Burgoa Medrano, la respuesta de fojas 234 a 236 vuelta, el auto concesorio de fojas 238 vuelta, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa de referencia, la Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, dictó la sentencia Nº 468 de 4 de septiembre de 2007, cursante de fojas 190 a 192 vuelta, declarando probada la demanda de fojas 16 a 17, y la nulidad de la Escritura Pública Nº 151/2001, manteniéndose subsistente la Escritura Pública Nº 198/1999, disponiendo la devolución del inmueble en forma paralela al cumplimiento de lo determinado por el Juzgado Cuarto de Familia; en cuanto a los daños y perjuicios indicó que los mismos serán probados en ejecución de sentencia, sin costas por ser juicio doble.

En grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Auto de Vista Nº S - 130 de 3 de abril de 2008, confirma la resolución Nº 468/07, cursante de fojas 190 a 192 vuelta, con costas.

Contra la resolución de segunda instancia, los demandados Claudia Micaela Burgoa Medrano y Jesús Emilio Burgoa Ariñez a través de sus respectivos apoderados, recurren de casación en el fondo y en la forma, con los siguientes fundamentos:

I.- En su recurso de casación en el fondo, denuncian error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas por violación o aplicación errónea o falsa de los artículos 397 del Código de Procedimiento Civil y 1286 del Código Civil, al no haber otorgado los jueces de instancia la jerarquía y el valor probatorio que la propia ley les otorga; señalan que los jueces de instancia aplicaron criterios subjetivos en la valoración de la pruebas con preferencia al valor probatorio establecido en el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil; indican que a la escritura pública Nº 151/2001 no le han otorgado la plena fe probatoria establecida en el artículo 1289 del Código Civil respecto a su contenido; señalan que no está permitido la valoración al prudente criterio o la sana crítica del juzgador respecto al valor probatorio tasado que otorga la ley respecto a un documento público; manifiestan que la prueba testifical respecto a un documento público, no sólo tiene jerarquía menor sino que, adicionalmente ella es inadmisible de acuerdo al artículo 1328 del Código Civil; indican que de acuerdo a las fotocopias legalizadas relacionadas al proceso de divorcio del demandado Jesús Emilio Burgoa, la demandante ha confesado judicialmente que la misma ha recibido el dinero del anticrético de parte de las demandadas Micaela Burgoa y Rosa Ariñez; señalan que el primer contrato de anticrético, al no haber sido inscrito en DD.RR., sólo surte efectos entre Bertha Belmonte y Jesús Burgoa y no resulta eficaz frente a terceros aun estos sean familiares de uno de los suscribientes; denuncian que, la orden de retención emitida por el Juez Cuarto de Partido de Familia de retener el 50% del dinero del primer contrato de anticrético como bien ganancial, sólo está dirigida a la demandante Bertha Belmonte, al no haber sus personas intervenido en dicho proceso; argumentan que, el segundo contrato lejos de ser nulo, ha sido suscrito cumpliendo los requisitos que establece la ley y la buena fe.

II.- En el recurso de casación en la forma: Denuncian violación o aplicación errónea o falsa del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil en relación a los artículos 192 y 254 - 4) del mismo cuerpo adjetivo de leyes, al haber los juzgadores de instancia resuelto más allá de lo pedido por las partes; indican que, se ha incorporado en el proceso lo que las partes no habían manifestado en sus escritos de demanda y reconvención, así como lo que ellos no solicitaron, exigieron o se les pidió demostrar en el periodo probatorio como es el criterio de enriquecimiento ilegítimo y en consecuencia el de causa ilícita para justificar la resolución de nulidad del contrato.

Finalizan el recurso, solicitando al amparo de los artículos 250, 253, 254 - 4), 255 - 1), 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil, que el Tribunal de Supremo case el auto de vista recurrido, conforme previene el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil y sea con costas.

CONSIDERANDO: Que, así planteado el recurso de casación en el fondo y en la forma se ingresa a su consideración y análisis:

I.- En cuanto al recurso de casación en el fondo.- Previamente corresponde efectuar las siguientes puntualizaciones en cuanto a la valoración de la prueba y se tiene:

La valoración de la prueba "consiste en el análisis crítico e integral del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos al proceso; análisis que persigue la obtención, como resultado, de un juicio final de certeza o de probabilidad con respecto al fundamento práctico de las pretensiones hechas valer. Presupone, pues, el agotamiento de la etapa introductiva con el momento de recepción, la que viene a complementar necesariamente por ser el único camino autorizado para obtener en el proceso el mérito sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados en las alegaciones" CLARIA OLMEDO, JORGE A. Ob.cit. Derecho Procesal. Tomo II, pág. 188 - 189.

De lo expuesto se puede colegir que la valoración de la prueba, consiste en una tarea de carácter intelectual, que pone en funcionamiento el raciocinio para la elaboración del silogismo judicial en la sentencia, a través de la clasificación de los elementos de convicción adquiridos en el proceso en función de su calidad, de su jerarquía y por el grado de convencimiento que producen, confrontándolos entre ellos y balanceándolos para integrarlos unos con otros, con el propósito de obtener una conclusión, afirmativa o negativa, sobre la materialidad del objeto procesal o cuestiones a resolver.

La finalidad de la valoración de la prueba, no es buscar una verdad absoluta, sino adquirir un convencimiento de certeza de los hechos o de la certidumbre o verosimilitud de los hechos controvertidos y eso es suficiente para la eficacia del derecho procesal. Con la valoración de la prueba el juzgador no sólo debe buscar la verdad formal sino la verdad material que justifique y legitime el sentido de la sentencia. Al respecto el autor Parajeles señala: "El ideal de todo juzgador es lograr una armonía entre la verdad formal y la verdad real, eso es lo óptimo y sobre ese anhelo descansa la potestad jurisdiccional de todo administrador de justicia". PARAJELES, GERARDO. Ob. Cit. Lineamientos del Moderno Proceso Civil...pág.210.

Dentro del contexto referido, conviene precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios deben efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, lo que significa que, el juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente.

Lo anteriormente expuesto encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el artículo 1286 del Código Civil, que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En concordancia con esta disposición sustantiva, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo I establece que: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

En el marco de lo precedentemente expuesto, el error de derecho recae sobre la existencia o interpretación de una norma jurídica, es decir que cuando los juzgadores de instancia, ignorando el valor que le atribuye la ley a cierta prueba, le asigna un valor distinto, situación que se extraña en el planteamiento de la presente acción, al no haberse especificado este aspecto en la denuncia de mala valoración de las pruebas relacionadas con la Escritura Pública Nº 151/2001, la prueba de confesión extra judicial efectuada por la demandada y contenida en las fotocopias legalizadas relativas al proceso de divorcio del demandado Jesús Emilio Burgoa, así como en relación a las pruebas testifícales de cargo, no siendo suficiente en el presente caso referir de manera general error derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas o aplicación errónea o falsa de la ley, lo que devendría en la improcedencia del recurso por falta de una adecuada técnica recursiva, sin embargo de ello al haber el recurrente acusado la existencia de errores en la valoración de la prueba en relación a su valor legal, otorga a este Tribunal Supremo, la facultad de abrir su competencia, para verificar si dichos errores denunciados son evidentes.

Que, de la revisión de obrados se evidencia que los juzgadores de instancia han valorado la prueba dentro de los parámetros de la sana crítica y con prudente criterio, y tomando en cuenta las circunstancias y los antecedentes que precedieron a la firma del segundo contrato de anticrético y que devinieron en un contrato con causa simulada y dolosa, de ahí que, las conclusiones a las que arribaron, son el resultado de la apreciación y valoración de las pruebas producidas en el proceso, a través de su análisis critico y de manera conjunta, integral y armónica, como a través de presunciones judiciales graves, precisas y concordantes, estableciéndose: Que, si bien feneció el primer contrato suscrito por Bertha Mercedes Belmonte Cortez con Jesús Emilio Burgoa Ariñez (Escritura Pública Nº 198/99) por el transcurso del tiempo, no se demostró la devolución del dinero ni del departamento, y pese a ello se firma el segundo contrato de anticrético (Escritura Pública Nº 151/2001), conclusión a la que se arriba en base a los siguientes antecedentes: 1.- Por la intimación que efectúa el Juez de Partido Cuarto de Familia en fecha 3 de octubre de 2006, para que el demandado Jesús Emilio Burgoa Ariñez haga entrega de las llaves del departamento y con relación al capital de anticrético, la obligación de Bertha Mercedes Belmonte Cortez para que en el plazo de tres días, proceda al depósito de veinticinco mil dólares (ver certificación de fojas 181). 2.- La no entrega de la suma de $us 25.000 por concepto del segundo contrato de anticrético por parte de las demandadas Micaela Burgoa Medrano y Rosa Ariñez Vda. de Burgoa a favor de la demandante y propietaria del inmueble Bertha Mercedes Belmonte, porque se entiende que al momento de la firma del contrato la indicada suma se encontraba en poder de la demandante, lo que ha hecho presumir a los jueces de instancia que el primer contrato no se ha extinguido, y que el segundo contrato de anticrético resulta una reconducción del primer contrato de anticrético. 3.- Que, a consecuencia del proceso de divorcio del demandado Jesús Emilio Burgoa, se ha dictado la resolución de 7 de septiembre de 2005 emitida por el Juez Cuarto de Partido de Familia y confirmado por Auto de Vista Nº 139/2006 de 31 de marzo de 2006, mediante la cual se declaró probada la demanda de división y partición de bienes y considerándose como bien ganancial el monto de $us. 25.000 del primer contrato de anticrético. A estas conclusiones, hay que agregar, lo señalado por el propio Jesús Emilio Burgoa Ariñez en el contenido del memorial en fotocopia legalizada de fojas 152 vuelta, mediante el cual admite que el monto de $us. 25.000 entregado en el primer contrato de anticrético corresponde a su madre Rosa Ariñez Vda. de Burgoa, de ahí que, ella y su hija en fecha 24 de agosto de 2001 en forma libre y como corresponde en derecho firmaron el segundo contrato de anticrético (se entiende sin la entrega física tanto del dinero como del departamento), por lo que resultan impertinentes los términos del recurso en cuanto a la denuncia de errónea apreciación de la prueba documental, confesión extra judicial efectuada por la demandante, y testifical de cargo, en virtud a que, si bien es cierto que por disposición del artículos 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, los juzgadores deben en primer lugar apreciar las pruebas de acuerdo al valor que les otorga la ley, y si ésta no determina otra cosa, recién podrán hacerlo conforme a su prudente criterio, en el caso concreto, no podían los jueces de instancia otorgar el valor probatorio establecido en el artículo 1289 del Código Civil a la Escritura Pública Nº 151/2001, al estar cuestionada su validez, por existir causa simulada y por ende hecho ilícito, de ahí que la misma, así como la presunta confesión extra judicial efectuada ante el Juez Cuarto de Partido de Familia efectuada por la demandante sobre los términos que contiene el segundo contrato anticrético no resultaron suficientes para desvirtuar o enervar la pretensión principal. Por lo expuesto, se concluye que, los jueces de instancia han efectuado una valoración conjunta, integral y armónica de los elementos probatorios producidos en el proceso, conforme a la valoración que le otorga la ley con la facultad incensurable que les confiere los artículos 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, normas legales que facultan a los Tribunales de grado a valorar la prueba de acuerdo a su prudente criterio o sana crítica, facultad privativa que es incensurable en casación; pues el fallo no puede basarse exclusivamente en una sola prueba documental, existiendo en este proceso otros elementos de juicio, como las presunciones judiciales establecidas en el artículo 1320 del Código Civil, por lo que no se advierte que se haya incurrido en error de derecho ni de hecho, ni aplicación errónea o falsa de los indicados artículos. En cuanto al argumento de que el primer contrato de anticrético, al no haber sido inscrito en DD.RR., sólo surte efectos entre Bertha Belmonte y Jesús Burgoa y no resulta eficaz frente a terceros aun estos sean familiares de uno de los suscribientes, así como la denuncia de que, la orden de retención emitida por el Juez Cuarto de Partido de Familia de retener el 50% del dinero del primer contrato de anticrético como bien ganancial, sólo esta dirigida a la demandante Bertha Belmonte, al no haber sus personas intervenido en dicho proceso, estos resultan sin fundamento al no estar amparados en ninguna de las causales establecidas en el artículo 253 del Código Civil, en cuanto al argumento de que, el segundo contrato lejos de ser nulo, ha sido suscrito cumpliendo los requisitos que establece la ley y la buena fe, el recurrente deberá estar a los argumentos desarrollados supra en relación a la denuncia de error de derecho en la valoración de Escritura Pública Nº 151/2001.

En consecuencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en el fondo, corresponde resolver en la forma establecida por los artículos. 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

II.- En cuanto al recurso de casación en la forma.-

Que, la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 - 2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado artículo 258 - 2) del Código de Procedimiento Civil. Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 - 2) del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista se case, conforme establecen los artículos 271 - 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos 271 - 3) y 275 del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia.

En la especie, el recurso de casación en la forma, resulta contradictorio e incompleto, puesto que, si bien denuncian violación o aplicación errónea o falsa del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil en relación a los artículos 192 y 254 - 4) del mismo cuerpo adjetivo de leyes, por haber los juzgadores de instancia según los recurrentes resuelto más allá de lo pedido por las partes, como causal de nulidad, resulta que su petitorio final sólo lo relacionan con el recurso de casación en el fondo y no con el recurso en la forma, lo que motiva a cuestionarse de que manera el Tribunal Supremo se va pronunciar en relación al recurso de casación en la forma, de ahí que, este Tribunal Supremo a los fines de evitar este vacío por omisión en los recursos, ha establecido en su abundante jurisprudencia que, cuando se plantea alternativamente casación en la forma y en fondo, se exige que ambos recursos debido a su naturaleza distinta, deban necesariamente ser individualizados y concluir cada cual con un petitorio claro, concreto y preciso, lo que no ha ocurrido en el presente caso, por lo que el recurso resulta manifiestamente improcedente.

En consecuencia, al no haber cumplido los recurrentes con la carga legal prevista en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, por desconocimiento de la adecuada técnica jurídica que debe de observarse en la formulación de este recurso extraordinario y al no poderse suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurrió los recurrentes, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso de casación en la forma, al que castiga conforme los artículos 271 - 1) y 272 - 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO:La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo e IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma de fojas 221 a 231, con costas.

Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs. 500 que mandará hacer efectivo el tribunal ad quem.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 168/2012