S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 167

Sucre: 21 de agosto de 2012

Expediente: SC-11-10-S

Proceso: Mejor derecho propietario y otros.

Partes:Carla Daniela Nobile Inettic/ Zenobia Mamani de Blas y Adolfo Blas Terrazas

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 370 a 375 y vuelta interpuesto por Zenobia Mamani de Blas y Adolfo Blas Terrazas, contra el Auto de Vista de fecha 31 de agosto de 2009, cursante de fojas 365 a 366, pronunciado por la Sala Civil primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho propietario y otros, seguido por Carla Daniela Nobile Inetti contra los recurrentes; la respuesta de fojas 376 a 379, el auto concesorio de fojas 379 vuelta, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, la Jueza de Partido y de Sentencia de Montero emitió la Sentencia Nº 30 de 27 de agosto de 2008 de fojas 162 a 165, declarando probada la demanda principal, en cuanto al derecho propietario la reivindicación y entrega del bien inmueble daños y perjuicios, ocasionados por los demandados Adolfo Blas Terrazas y Zenobia Mamani de Blas, con costas; determinándose en consecuencia que los demandados Adolfo Blas Terrazas y Zenobia Mamani de Blas, proceda a la desocupación y entrega del inmueble a su propietaria Carla Daniela Nobile Inetti a tercero día bajo conminatoria de ley y pago de daños y perjuicios que serán cuantificados en ejecución de sentencia. Se salva asimismo el derecho de los demandados sobre las mejoras que se introdujeron antes de haberse iniciado el juicio para que las puedan hacer valer vale por la vía correspondiente.

En grado de apelación deducida por los demandados Adolfo Blas Terrazas y Zenobia Mamani de Blas, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 31 de agosto de 2009, cursante de fojas 365 a 366, confirma en todas sus partes la sentencia apelada de fojas 162 a 165, con costas.

La resolución de segunda instancia, motivó que los demandados Adolfo Blas Terrazas y Zenobia Mamani de Blas, mediante memorial cursante de fojas, 370 a 375 y vuelta, interpongan recurso de casación y nulidad en base al artículo 250 del Código de Procedimiento Civil con los siguientes argumentos:

I.- Casación en el fondo los recurrentes alegan:

Que el accionar de la demanda de mejor derecho propietario e ilegal reivindicación se produce en base a un supuesto proceso ejecutivo y una fraudulenta minuta de adjudicación; asimismo denuncian que el embargo fue efectuado, diligenciado y trabado por el oficial de diligencias del juzgado segundo de instrucción de la capital, lo cual no corresponde porque el referido inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Montero; también manifiestan que en los antecedentes la demandante declara que el inmueble tiene una superficie de 700 M2, pero en el testimonio de adjudicación y en el acta de embargo no se consigna ni establece ninguna superficie de terreno, ni se acredita legalmente ningún derecho propietario, por lo que no corresponde accionar ninguna reivindicación, por otro lado revelan la existencia de vicios de nulidad y fraude procesal con el que ha sido supuestamente adjudicado el terreno que se demanda; igualmente señalan que no se les fija término de tiempo expreso para formular su reconvención causándoles la indefensión.

II.- Casación en la forma invocan:

Ilegalidades, nulidades e injusticias cometidas por el juez de primera instancia y por el tribunal que dictó el auto de vista que resolvió de manera injusta sus apelaciones, al no aplicar y cumplir el debido proceso; asimismo alegan que no se les otorgó en forma expresa ningún plazo para formular la reconvención; además manifiestan que en el acta de embargo no consigna ninguna extensión de superficie; igualmente revelan que la prueba de cargo ha sido aportada sin haber cumplido lo dispuesto por el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil; también instan a que en la sentencia no existió la valoración de la prueba presentada; de la misma forma manifiestan, que el apoderado de la demandante se arroga una representación que no tiene para el presente proceso; la existencia de una fraudulenta documental que acompaña a la defectuosa demanda; del mismo modo declaran que el auto de vista saliente a fojas 365 a 366 ha violado las normas esenciales del proceso.

Finalizan su recurso, señalando que al amparo de lo dispuesto en los artículos 250, 251 y 253 numerales 1), 2) y 3), así como el artículo 254 numerales 4) y 7), los artículos 257 y 258 del Código de Procedimiento Civil interponen recurso de casación y nulidad en el fondo y en la forma, contra el auto de vista de fecha 31 de agosto de 2009, solicitando a la Corte Suprema de Justicia pronuncie auto supremo casando el auto de vista de 31 de agosto de 2009 de fojas 365 a 366, sea aplicando las normas conculcadas que hubiera corregido el error, la omisión y la contradicción expuestas y ocurridas en el presente proceso, asimismo anule obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO: Que, a través de su abundante jurisprudencia, este Tribunal Supremo ha dejado establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que es concedida para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo plantearse en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, conforme establece el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma", si bien aparecen hermanados, son dos instituciones procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Consiguientemente, bajo estos parámetros la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el auto de vista recurrido se case, conforme establecen los artículos 271 numeral 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos 271 numeral 3) y 275 del mismo cuerpo legal, siendo comunes en ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

Si el recurso de casación se interpone en el fondo, deberá circunscribirse a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del Código Adjetivo Civil; siendo su finalidad la casación de la sentencia o auto de vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia. En tanto que si el recurso se plantea en la forma, la fundamentación debe adecuarse a las previsiones establecidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal; cuya finalidad es la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo "con o sin reposición" cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso, sancionadas con nulidad por la ley. Técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia.

Tanto en el recurso de casación en el fondo como en la forma es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, deben citarse en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado. Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, se debe especificar en el primer caso los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además este último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos.

En la especie, el "recurso de casación en el fondo y de casación en la forma", resulta contradictorio, desordenado, incompleto y sui géneris, al no haber una diferenciación en el fondo y en la forma, en el contenido del recurso, puesto que los recurrentes otorgan a los mismos hechos la virtualidad de constituir al mismo tiempo en motivos de casación en el fondo y en la forma, no así de manera alternativa; para demostrar aquello basta transcribir textualmente lo que solicitan los recurrentes en la casación de forma "acusan que no se les fija término para formular su reconvención, empero de manera errónea, en la casación de fondo, alegan que no se les otorga en forma expresa término de tiempo para formular la reconvención"; petitorios que resultan ser similares y confusos relacionado sólo con el recurso de casación en la forma y no con el recurso en el fondo, lo que motiva a cuestionarse de que manera el tribunal supremo se va pronunciar en relación al recurso de casación en el fondo, de ahí que cuando se plantea alternativamente casación en la forma y en el fondo, se exige que ambos recursos debido a su naturaleza distinta, deban necesariamente ser individualizados y concluir cada cual con un petitorio claro, concreto y preciso, lo que no ocurrió en el presente caso; decantando en su improcedencia manifiesta.

En consecuencia, al no haber cumplido el recurrente con la carga legal prevista en el artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, por desconocimiento de la adecuada técnica jurídica que debe observarse en la formulación de este recurso extraordinario, y al no poderse suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en la que incurrieron los recurrentes, este tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer los recursos intentados y se falla conforme los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, declara IMPROCEDENTES los recursos de casación en el fondo y la casación en la forma, interpuestos por Zenobia Mamani de Blas y Adolfo Blas Terrazas, cursante de fojas 370 a 375 y vuelta, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 167/2012