S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 162

Sucre: 17 de agosto de 2012

Expediente: P-28-09-S

Proceso: Usucapión decenal.

Partes:Leticia Lanza Romay c/ Marcelino Zúñiga Bascope

Distrito: Potosí

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani

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VISTOS: El recurso de casación de fojas 137 a 139 y vuelta, interpuesto por Leticia Lanza Romay, contra el Auto de Vista Nº 208 de 29 de agosto de 2009, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, en el proceso ordinario de usucapión decenal seguido por la recurrente contra Marcelino Zúñiga Bascope, la respuesta de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Potosí de fojas 147 y vuelta, la concesión del recurso de fojas 150 vuelta, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa de referencia, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Potosí, emitió la Sentencia Nº 105 de 25 de abril de 2009, cursante de fojas 95 a 97, declarando probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta a fojas 13 y vuelta, subsanada a fojas 17 por Leticia Lanza Romay, en consecuencia declara de propiedad de la demandante el inmueble ubicado en calle Perú Nº 200, entre las calles Trujillo y Luís Espinal, con una superficie de 200,00 mts2, 8,16 mts2 construidos y 191,84 mts2 de espacio libre, cuyas colindancias son al norte con Angélica Oropeza Martínez, al sur con Leticia Lanza Romay, al este con Yassir Gómez Ordóñez y al oeste con la calle Perú, ordenando que una vez ejecutoriado el fallo, se proceda a la inscripción en el Registro de Derechos Reales.

En grado de apelación formulado por el Gobierno Municipal de la ciudad de Potosí, la Sala Civil, Comercial y Familiar de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, emitió el Auto de Vista Nº 208 de 29 de agosto de 2009, mediante el cual revoca íntegramente la sentencia apelada y declara improbada la demanda de fojas 13 y vuelta, salvándose los derechos de la parte actora a la vía legal correspondiente, sin costas.

Contra la resolución de segunda instancia la demandante Leticia Lanza Romay, por memorial de fojas 137 a 139 y vuelta, plantea recurso de casación en la forma y en el fondo con los argumentos allí contenidos.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto con el objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente, que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

Previo al análisis de los errores de procedimiento advertidos en el proceso por defectos sustanciales en la demanda, corresponde sólo a los fines ilustrativos, efectuar algunas puntualizaciones en relación al fundamento del auto de vista por el que revoca la sentencia de primera instancia:

El tribunal de apelación en el inciso d) de la resolución recurrida, ha razonado y concluido, que, "...el terreno demandado por vía de usucapión, no era un terreno abandonado por su propietario, sino un terreno con dueño, el que fue transferido a titulo de compra y venta (se entiende a favor de la demandante), lo que impide la tutela jurídica del Estado a través de la usucapión a favor de la actora sobre la superficie de terreno...". Al respecto, corresponde establecer que, frente a la interposición de la demanda el juez de la causa tiene el deber de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual, según las citadas normas, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza ante cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión y está relacionado con el poder reconocido al juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, una vez comprobada por el juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in límine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o mérito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto ésta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una sentencia favorable.

El rechazo in límine o ab initiode la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.

Al respecto, corresponde precisar en qué situaciones resulta legítimo rechazar in límine una pretensión; es decir en qué casos el juez debe ejercer la facultad de repulsar una demanda por infundabilidad o improponibilidad objetiva.

Al respecto, son varios los criterios de clasificación que adopta la doctrina, empero, diremos que en principio esa facultad comprende aquellas pretensiones en las que falta un interés susceptible de ser protegido, o demanda imposible; de la multiplicidad de relaciones subjetivas que se suceden en el tráfico jurídico no todas encuentran un amparo por el derecho, existen relaciones jurídicas que se crean al margen de la legalidad y que el ordenamiento las priva de tutela jurídica por estar en pugna con el orden público o ser contrarias a la ley.

En esta hipótesis cabe encuadrar los casos donde el objeto o la causa que conforma una determinada pretensión son ilícitos, o pugnan con la ley o las buenas costumbres o bien una pretensión que se dirige a algo material o jurídicamente imposible. Ejemplo, la pretensión de cobro de una deuda que resulte de un juego prohibido, supuesto expresamente previsto por el artículo 910 parágrafo I del Código Civil; el pago que se demanda en cumplimiento de una obligación cuya prestación resulta ilegal o inmoral, ese sería el caso de un sicario que demanda el pago por un asesinato llevado a cabo, o de aquel que demanda el pago por la venta de sustancias prohibidas; la demanda de reivindicación de un bien que se encuentra fuera del comercio humano -jurídicamente imposible-. En estos supuestos, no hay un interés legítimo jurídicamente protegido, por ello no se justifica la tramitación completa de un proceso que se sabe infecundo, en cuanto necesariamente terminará con una sentencia desfavorable para el demandante.

Ingresa, igualmente en esta primera clasificación aquellos supuestos en los que la pretensión recae sobre relaciones subjetivas que no poseen relevancia jurídica en la medida en que no se encuentran reguladas por el derecho, por tratarse, precisamente de cuestiones que carecen de contenido jurídico. Ejemplo, la pretensión dirigida a exigir el cumplimiento de una obligación de trato social.

El segundo supuesto en que el Juez puede ejercer la facultad de rechazar in límine una demanda, lo constituye aquellos casos en los que la ley excluye la posibilidad de tutela jurídica, o demanda objetivamente improponible; quedan incluidos, dentro de esta posibilidad todos los casos de obligaciones naturales; además aquellos en los que la ley sustantiva excluye determinadas pretensiones jurídicas, es decir cuando nos encontramos frente a una pretensión inviable de inicio. Por ejemplo, la imposibilidad de demandar la lesión o vicios ocultos, respecto de una venta judicial, supuesto expresamente prohibido por el artículo 1481 del Código Civil; la inadmisibilidad de la acción de desconocimiento de paternidad intentada por el padre en el supuesto de concepción por fecundación artificial con autorización escrita del marido, previsto por el artículo 187 del Código de Familia; la anulabilidad relativa del matrimonio demandada por quienes no son cónyuges legitimados en los casos previstos por los artículos 84, 86, 88 del Código de Familia; la anulabilidad del contrato por incapacidad de una de las partes contratantes, cuando quien demanda dicha anulabilidad es la persona capaz que reclama la incapacidad del prohibido con quien contrató; la usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado, posibilidad expresamente prohibida por el artículo 131 de la Ley de Municipalidades; debiendo aclararse que en este caso, la improponibilidad se da cuando la pretensión de quien demanda la usucapión está expresamente orientada a usucapir un bien que sabe y reconoce que es de propiedad del Estado.

Finalmente, el Juez podrá ejercer la facultad de repulsar in limine una demanda cuando advierta objetivamente la falta de presupuestos de la pretensión; es decir, si los hechos expuestos por el actor no coinciden con el presupuesto de hecho contenido en la norma jurídica que fundamenta la pretensión; ese sería el caso, por ejemplo, de quien demanda usucapión extraordinaria alegando posesión por un tiempo menor al exigido por ley, o cuando el actor deduce en su demanda pluralidad de pretensiones que resulten contrarias entre sí, salvo el caso de subsidiariedad; nos referimos por ejemplo al supuesto en el que el actor demande la nulidad y anulabilidad de un contrato, supuestos en los que en forma reiterada y uniforme la ex Corte Suprema de Justicia se pronunció por la nulidad de la admisión de la demanda; en igual situación nos encontraríamos cuando el actor demande la resolución y al mismo tiempo el cumplimiento de un contrato, aspecto prohibido por el artículo 568 parágrafo II del Código Civil.

Que, en el marco de lo expuesto precedentemente, de la revisión de obrados, se evidencia que el "thema decidendum" en la presente causa, constituye la usucapión decenal o extraordinaria del inmueble de propiedad privada signado como lote Nº 13, manzano Nº 66, con una superficie de 200 mts2, ubicado en calle Perú Nº 200, conforme la pretensión de la actora y como expresamente reconoce la misma, en su demanda de fojas 13 y vuelta, que "...por el documento privado de 5 de septiembre de 1990, se evidencia que su persona ha adquirido en compra y venta el mencionado lote de terreno, el que lo ha ocupado desde hace mas de 10 años atrás, y que el propietario vendedor no le ha entregado los documentos de propiedad...".

Siendo esa la pretensión de la actora, corresponde en principio considerar las previsiones que la ley establece como requisitos para demandar la propiedad de un inmueble de propiedad privada por usucapión decenal o extraordinaria establecida en el artículo 138 del Código Civil, el cual dice: "la propiedad de un inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años", del contenido de la norma glosada se establece que el requisito central para la procedencia de la acción de usucapión extraordinaria es la posesión continuada del inmueble susceptible de usucapión por el tiempo establecido en la ley. En el caso concreto, no resulta un factor objetivo de improponibilidad de la demanda para excluir la posibilidad de tutela jurídica de la pretensión planteada, el hecho de que la actora haya reconocido expresamente que el inmueble lo posee desde que lo adquirió a título de compra y venta, tomando en cuenta que en muchos casos, por alguna razón administrativa o de otra naturaleza en algunos casos insubsanables el vendedor de inmueble no haya podido regularizar la documentación que avale su derecho propietario una vez efectuado el acto traslativo de su propiedad, alcanzando esta imposibilidad por lógica consecuencia a la compradora del inmueble, quien en ejercicio de su autonomía de voluntad y a los fines de consolidar su derecho propietario y su posterior registro propietario en Derechos Reales, puede optar ya sea por la demanda de usucapión quinquenal u ordinaria en base a su título propietario, o en su defecto por la demanda de usucapión decenal u extraordinaria en base sólo a la posesión del bien por el plazo establecido por ley, al no existir óbice legal para optar por dicha decisión por parte de la actora y menos para el operador de justicia para conocer la causa al no resultar la misma contraria al orden público o a las leyes, de ahí que, la decisión del tribunal de apelación de revocar la sentencia sólo por el hecho de haber la demandante declarado que dicho inmueble lo adquirió en calidad de compra y venta, resulta ilegal e inadecuada.

Del análisis y revisión del proceso se establece la existencia de errores procesales que vician de nulidad el proceso, a saber:

La usucapión es un modo de adquirir la propiedad por haberla poseído durante el tiempo previsto y con apego a las condiciones determinadas por Ley. En general, sea que se trate de usucapión ordinaria o extraordinaria, tres son los presupuestos de este instituto, a saber: 1) un bien susceptible de ser usucapido; 2) posesión; 3) transcurso de un plazo. Respecto al primer presupuesto diremos que, por regla general, los bienes susceptibles de usucapión son aquellos que se encuentran dentro del comercio humano, sólo recae sobre aquellos que están en la esfera del dominio privado, estando excluidos todos aquellos bienes que están fuera del comercio y aquellos que son de dominio público del Estado.

La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual la usucapión sólo es posible respecto de bienes que se encuentran registrados a nombre de un anterior propietario contra quien se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión. Por ello para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la sentencia que declare la usucapión producirá validamente ese doble efecto.

El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello resulta obligatorio para el actor acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión.

De lo expuesto podemos señalar que, no es posible que el actor dirija su pretensión en contra de una persona distinta de quien figura como actual titular en los Registros de Derechos Reales o contra personas desconocidas, y tampoco es posible que dirija su acción pretendiendo la usucapión de un bien cuya titularidad no se encuentra registrada en Derechos Reales, por cuanto, como se señaló anteriormente, al ser un modo derivativo de adquirir la propiedad, ésta opera sólo respecto a bienes que se encuentran en la esfera del dominio privado, es decir respecto de aquellos bienes muebles o inmuebles sobre los que recae un derecho de propiedad anterior.

En ese contexto, la jurisprudencia emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia, criterio que es compartido por este Tribunal Supremo, ha establecido, mediante AA. SS. Nrs. 201 de 17 de junio de 2005, 287 de 13 de septiembre de 2005 y 220 de 24 de junio de 2010, entre otros, que quien pretenda adquirir derecho de propiedad por la usucapión, debe realizar investigación respecto a la tradición registral y así determinar con precisión quienes figuran en los registros como actuales propietarios.

En el marco precedentemente anotado, en la especie, la actora Leticia Lanza Romay en su demanda de fojas 13 y vuelta, no ha adjuntado el requisito obligatorio de admisibilidad de este tipo de demandas como es la tradición registral del inmueble que pretenden usucapir, el que tampoco fue exigido por el Juez de primera instancia, antes de la admisión de la demanda, permitiendo que se desarrolle un proceso con evidentes vicios de nulidad, de ahí que, resulta imposible establecer de qué forma el juez de primera instancia analizó y determinó que el bien inmueble objeto de la litis es un bien susceptible de usucapir por encontrarse dentro del dominio privado, y de ser así, quién el titular del mismo, a efectos de determinar la legitimación pasiva, no bastando para ello la presentación de un documento privado de compra y venta del inmueble por el supuesto propietario. Por su parte, el tribunal ad quem, sin advertir este requisito de admisibilidad para los demandantes y de oponibilidad por parte de los demandados cual es la tradición registral, resuelve revocar la decisión con otros argumentos incurriendo en el mismo error que el juez a quo. El actuar de los jueces a quo y ad quem, vicia de nulidad todo el proceso, pues si se consintiera dicha resolución, ésta será ineficaz en derecho y de ninguna manera otorgará la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

Por las razones expuestas, corresponde dar aplicación a lo previsto por los artículos 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 254 - 7) del mismo cuerpo de leyes.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 14 y vuelta, inclusive, y dispone que el Juez de la causa antes de admitir la demanda observe los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

No siendo excusable el error en el que han incurrido el juez a quo como el tribunal ad quem, que ocasiona grave perjuicio a las partes, se les impone multa que se gradúa en Bs. 300.- que les serán descontados de su haber mensual a favor del Tesoro Judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 162/2012