S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 148

Sucre: 07 de agosto de 2012

Expediente: LP-57-07-S

Proceso: Nulidad de documento.

Partes:Sociedad Metales y Minerales c/ Servicio Nacional de Patrimonio del Estado.

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos


VISTOS: el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Sociedad Metales y Minerales representada por Mauricio Lema Diez de Medina de fojas 532 a 537, contra el Auto de Vista Nº 47 de 2 de febrero de 2007 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro el proceso sobre pago de daños y perjuicios por incumplimiento, seguido por la entidad demandante contra el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, la respuesta de fojas 540 a 542, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, la Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz pronunció la Sentencia Nº 388 de 30 de agosto de 2006 (fojas 476 a 483 vuelta), declarando improbada la demanda, con costas.

Deducida la apelación por la entidad demandante, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante Auto de Vista Nº 47 de 2 de febrero de 2007 (fojas 523 a 524 vuelta), confirma la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO: que, la entidad demandante Sociedad Metales y Minerales representada por Mauricio Lema Diez de Medina en su recurso de casación de 1 de marzo de 2007 (fojas 532 a 537), acusa que la sentencia fue emitida fuera del término señalado por el artículo 354 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil, el término de prueba duró todo el 2005, pasados más de ciento setenta días desde la última actuación se pronunció sentencia incurriendo en la tipificación del artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, al efecto apunta los artículos 3 y 90 del referido adjetivo civil; el contrato base de la presente acción tiene valor probatorio, se acompañaron literales que demuestran los daños y perjuicios no existiendo pronunciamiento de fondo respecto a estos instrumentos, se reconoció la existencia de una acreencia por parte de la entidad demandante y de un adeudo contabilizado por el Banco Minero demostrando que no se hizo una correcta valoración de los artículos 1287 inciso 1) y 1309 del Código Civil al efecto anota los artículos 399 inciso 1), 400, 1286 del citado texto civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, no se volvió a notificar con el auto que fija los puntos de hecho a probar, no se tramitó la apelación de la entidad demandada de fojas 410, no se analizó cada una de las pruebas aportadas, no se consideró el informe pericial al efecto señala los artículos 1331 del Código Civil, 441 y 258 del Código de Procedimiento Civil, no se dio adecuado valor a la comunicación de fojas 98 vulnerando los artículos 398, 399 inciso 4) y 401 del Código de Procedimiento Civil, la confesión que tiene el alcance del artículo 1321 del Código Civil no fue adecuadamente valorada, la interpretación de las pruebas fue sesgada y no consideró lo dispuesto en el Código Adjetivo Civil, la jueza a quo ingresó en contradicción a tiempo de dictar sentencia, el Banco Minero incumplió unilateralmente el contrato, no se puede aplicar la causal de fuerza mayor o hecho ajeno a la voluntad para incumplir este contrato, se pueden suscribir contratos "spot", ninguno de los contratos suscritos entre el Banco Minero y otras sociedades de la época fue protocolizado ante la Notaria de Minas, se dieron por reconocidas las firmas y rúbricas contenidas en el contrato, se reconoció la existencia de los contratos suscritos al efecto refiere el artículo 1330 del Código Civil, el argumento de fuerza mayor quedo desvirtuado, existen argumentos totalmente contradictorios e inconsistentes, se realizó una equívoca interpretación del Decreto Supremo 22862, las pruebas no fueron correcta y ampliamente valoradas, es procedente el pago de daños y perjuicios, y al tenor del artículo 346 inciso 2) era obligación estimar como verdaderos los documentos cursantes en autos. Por lo que, al amparo del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil interpone recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO: que, del análisis y cotejo del "recurso de casación en el fondo" se llega a las siguientes conclusiones:

La jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 (procedencia) del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 (requisitos del recurso) numeral 2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener es no sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnativo contenido en el citado artículo 258 numeral 2). Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el contexto establecido precedentemente, los recursos de "casación en el fondo" y "casación en la forma - nulidad", si bien aparecen hermanados, son dos realidades procesales de diferente naturaleza jurídica. El primero se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales, más claro cuando se violan leyes sustantivas. El segundo, con el error "in procedendo" que es atinente a la procedencia del recurso de nulidad en la forma, es decir, cuando la resolución recurrida haya sido dictada violando formas esenciales del proceso, o lo que es lo mismo, errores de procedimiento y vicios deslizados que sean motivo de nulidad por haberse afectado el orden público. En ambos recursos el Código de Procedimiento Civil, señala taxativamente los casos en que proceden. Así, corresponde señalar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del citado procedimiento.Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en que consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida, 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias, y 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho,errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además este último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales. En tanto que, si se plantea en la forma, debe adecuarse la acción a las previsiones del artículo 254 (recurso de casación en la forma) del adjetivo civil citado.

Consiguientemente, bajo estos parámetros, la forma de resolución también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el Auto de Vista se case, conforme establecen los artículos 271 numeral 4) y 274 (casación) del Código de Procedimiento Civil, y cuando se plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, como disponen los artículos 271 numeral 3) y 275 (anulación) del mismo cuerpo legal, siendo comunes a ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

Asimismo, en virtud de la naturaleza jurídica de las acciones extraordinarias señaladas, en el recurso de casación en el fondo no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores "in procedendo" o violaciones a las formas esenciales del proceso, ni viceversa, es decir, analizar aspectos concernientes al recurso de casación en el fondo, a través del recurso de casación en la forma.

Técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia.

En la especie, la entidad recurrente omitió distinguir la casación en el fondo, es decir, no precisó lo que pretende, habida cuenta que no especificó las causales de casación en el fondo, enumeradas en los incisos respectivos del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, limitándose a anotar de manera genérica "recurso de casación en el fondo" y "Art. 253 del Código de Procedimiento Civil", no otra cosa significa que sin esta distinción se insinúe que "no sólo que omitió hacer mención a pruebas cursantes en autos, si no que efectuaron contradictorias interpretaciones de la norma; se hizo indebida aplicación de la ley y una errónea valoración de los hechos, sucesos y las pruebas aportadas conforme lo exige la ley", llegando incluso a citar insegura e imprecisamente "el inc. 2do del Art. 346" sin especificar el texto legal al que pertenece y contradictoriamente normas de naturaleza procedimental; además de pretender que en base al presente e impreciso recurso el Supremo Tribunal ingrese ha censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado.

El Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria, de tal manera que no puede suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurre un recurrente; en consecuencia, al no haber cumplido la entidad recurrente con la carga legal prevista, se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Sociedad Metales y Minerales representada por Mauricio Lema Diez de Medina de fojas 532 a 537, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bolivianos 500, que mandará hacer efectivo el juez inferior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 148/2012