S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 122

Sucre: 10 de julio de 2012

Expediente: T-33-07-S

Proceso: Usucapión.

Partes:Adolfo Pizarro Jarro y otra c/ Herederos de Manuel Reyes, Candelario Reyes y Josefa Gareca; María Dolores Reyes Avalos, Julia Reyes Avalos, Felipe Reyes Avalos y el recurrente, y presuntos propietarios.

Distrito: Tarija

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos

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VISTOS: el recurso de casación o nulidad interpuesto por Sebastián Reyes Avalos representado por Renán Andrade Salinas y Jorge Andrade Herrera de fojas 154 a 155, contra el Auto de Vista Nº 38 de 30 de abril de 2007 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro el proceso sobre usucapión seguido por Adolfo Pizarro Jarro y Teresa Rodríguez Reyes contra Herederos de Manuel Reyes, Candelario Reyes y Josefa Gareca; María Dolores Reyes Avalos, Julia Reyes Avalos, Felipe Reyes Avalos y el recurrente, y presuntos propietarios, el auto concesorio de fojas 159, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, la Juez de Partido Quinto en lo Civil de la ciudad de Tarija pronunció la Sentencia Nº 2 de 31 de enero de 2007 (fojas 94 a 95), declarando probada la demanda, en mérito a lo cual se declara propietarios a los demandantes del inmueble objeto de litigio.

Deducida la apelación por el demandado Sebastián Reyes Avalos, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija mediante Auto de Vista Nº 38 de 30 de abril de 2007 (fojas 148 y vuelta), anula y repone obrados hasta fojas 75 inclusive, disponiendo que la juez ordene al abogado defensor del ausente a asistir a las audiencias.

Esta resolución superior dio lugar al recurso de casación o nulidad interpuesto por Sebastián Reyes Avalos representado por Renán Andrade Salinas y Jorge Andrade Herrera, en los términos expresados en su memorial de 29 de mayo de 2007 (fojas 154 a 155).

CONSIDERANDO: que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.

Que, en función a esta facultad fiscalizadora, de la revisión de obrados, este Tribunal Supremo encuentra que el proceso se desarrolló con evidentes vicios procesales en la tramitación de la causa.

En efecto, inicialmente resulta oportuno recordar que refiriéndose a los principios que rigen el proceso civil, el procesalista uruguayo Eduardo Couture señala: "... El principio de igualdad domina el proceso civil. Ese principio es a su vez una manifestación particular del principio de igualdad de los individuos ante la ley. Su fórmula se resume en el precepto "audiatur altera pars" (óigase a la otra parte) ..." (Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Pág. 183). Lo que significa que toda petición formulada por una de las partes en el proceso, debe ser comunicada a la parte contraria a objeto de que ésta pueda asentir, oponerse o defenderse de la pretensión contraria.

En ese orden, la primera aplicación de este principio, reposa en que la demanda debe ser necesariamente puesta en conocimiento del demandado, a este objeto nuestra normativa procesal civil, ha introducido entre las normas procesales, un capítulo específico referido a la forma de hacer conocer a las partes el contenido de una demanda, sea a través de la citación personal, por cédula, por comisión o por edictos, las que deben ser cumplidas a cabalidad, caso contrario se coloca en indefensión al demandado.

Al respecto, los requisitos para la procedencia de la citación por edictos varían según los casos. Entre ellos, según el artículo 124 parágrafo I "la citación a persona cuyo domicilio se ignorare se hará mediante edicto, bajo apercibimiento de nombrársele defensor de oficio con quien se seguirá el proceso".

Por otra parte, la citación tiene por objeto hacer conocer a los demandados la existencia de la demanda para que asuman defensa y acrediten el derecho que alegan; por esta razón el artículo 16 de la Constitución Política del Estado abrogada, instituyo la garantía del debido proceso, que consiste en "el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar", a fin de que "las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acción que pueda afectar sus derechos" (Sentencias Constitucionales Nos. 418/00-R, 989/2002-R entre otras), porque el derecho de defensa es la facultad que tiene toda persona acusada o demandada de contar con los medios necesarios para defenderse en forma irrestricta de todo proceso en el que se vea involucrado.

Ahora bien, en autos, los demandantes iniciaron proceso de usucapión de un inmueble ubicado en el Barrio "San Luís" de la ciudad de Tarija, acción que la dirigen contra los herederos de Manuel Reyes, Candelario Reyes y Josefa Gareca; María Dolores Reyes Avalos, Julia Reyes Avalos, Felipe Reyes Avalos y el recurrente, y presuntos propietarios, afirmando "desconocer los domicilios de los demandados y presuntos propietarios, (y) se ordene la citación mediante Edictos, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 124 del Cdgo. de Pdto. Civil". Cumplida la exigencia, respecto al juramento de desconocimiento de domicilio de los demandantes, establecida en el parágrafo III del precitado artículo 124, es librado el Edicto para la notificación de los demandados y presuntos propietarios, el mismo que es publicado en tres oportunidades, conforme consta de fojas 52 a 54.

Sin embargo, también manifiestan en su demanda que el inmueble objeto de usucapión "limita... ; al Sud., con... Sebastián Reyes", afirmación, esta última, que coincide con el plano de fojas 3 que a su vez muestra la cercanía del referido inmueble con "Lagunas de Oxidación", y certificado domiciliario de fojas 101 donde se señala que el demandado "SEBASTÍAN REYES AVALOS Registra su domicilio en el inmueble de su propiedad ubicado en el barrio San Luis calle ingreso a las lagunas de oxidación No. CV-17".

Las situaciones fácticas descritas demuestran, de manera fehaciente, que los demandantes indujeron en error a los Jueces de primera instancia logrando que se cite mediante edictos con la demanda al demandado Sebastián Reyes Avalos siendo que conocían perfectamente la ubicación del domicilio del nombrado demandado.

Consecuentemente al no haberse citado con la demanda, como correspondía al demandado Sebastián Reyes Avalos, a sabiendas de su domicilio y, de esta manera, inducido en error a los Jueces de la causa, lo han hecho en evidente fraude de la ley incurriendo en infracción que interesa al orden público, por cuanto esta forma de notificación, mediante Edicto, si bien está reconocida en nuestro Código Procesal Civil - previo el cumplimiento de ciertos requisitos-, sin embargo, no es la más idónea para hacer conocer una diligencia judicial, como podría ser la citación personal, además que vulnera el debido proceso y violenta el derecho a la legítima defensa de quien o quienes se verán afectados por las decisiones judiciales.

Para finalizar, sólo a manera de recordatorio, cabe mencionar que sobre este tema y en caso semejante la ex Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que: "... los demandantes, a través de su apoderado, han obrado con mala fe a la hora de señalar que desconocían el domicilio de los demandados precitados y llegar al extremo de jurar dicho desconocimiento a fs. 84, en franca violación de ley expresa. Actuar de los demandantes que transgrede las normas éticas que imponen a los litigantes desenvolverse en el proceso dentro del marco de la lealtad, cooperación, buena fe y otras normas de conducta que prevé el art. 3º-5) del adjetivo civil ..." (Auto Supremo Nº 388 de 10 de diciembre de 2003, Sala Civil).

En definitiva, el hecho que se hubiera procedido a la citación con la demanda mediante edictos al demandado Sebastián Reyes Avalos, cuando en obrados cursaba la existencia de un domicilio, deja a éste en un estado total de indefensión, violando el derecho a la defensa, sin que la designación del abogado defensor supla dicho estado, la que se realiza únicamente en el caso de que verdaderamente se desconozca el domicilio del demandado y que citado por edictos, no comparece dentro del término de treinta días que prevé el artículo 124 parágrafo IV del adjetivo civil.

Que, el Tribunal de alzada al no haber anulado obrados hasta el estado que el demandado sea legalmente citado con la demanda para preservar su derecho a la defensa y el principio de igualdad efectiva de las partes prevista por el artículo 3 numeral 3) del adjetivo civil, ha perpetuado el vicio procesal castigado con la nulidad que prevé el artículo 128 del Código de Procedimiento Civil cuando establece que "Será nula toda renuncia a la citación, con la demanda o la reconvención. Asimismo será nula toda citación que no se ajuste a los preceptos establecidos en el capítulo presente", por lo que corresponde regularizar procedimiento, anulando obrados, como dispone el artículo 254 numeral 7) del adjetivo civil, aplicando las normas legales precitadas y lo dispuesto en los artículos 252, 275 con relación al inciso 3) del artículo 271, todos del mencionado Código de Procedimiento Civil, de aplicación inexcusable por la garantía al debido proceso.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial,ANULA obrados hasta fojas 50 inclusive, es decir, hasta el estado que la juez a quo disponga la citación con la demanda al demandado Sebastián Reyes Avalos, en el actual domicilio que se registra en el certificado domiciliario de fojas 101.

Siendo inexcusable el error en que han incurrido los Vocales signatarios del auto vista impugnado, se les impone multa de 200 Bolivianos a cada uno de ellos.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17-IV de la Ley del Órgano Judicial comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 122/2012