S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 83

Sucre: 12 de junio de 2012

Expediente: LP-43-07-S

Proceso: Renuncia a Mandato.

Partes: Ellard Rodríguez Vélez c/ Alejandro Eduardo Aparicio Albarracín y otro.

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba

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VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 532 a 535, interpuesto por Ellard Rodríguez Vélez, contra el Auto de Vista Nº 522/2006 de fecha 22 de diciembre, de fojas 525 a 526 vuelta, emitido por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, la contestación al referido recurso de fojas 538 a 541, dentro del ordinario de Renuncia a Mandato, seguido por Ellard Rodríguez Vélez contra Alejandro Eduardo Aparicio Albarracín y Rosa Eugenio Aparicio de Villegas, los antecedentes del proceso, y todo lo que ver convino:

CONSIDERANDO I:

1.- Que, tramitada la causa el Juez de Partido en lo Civil - Comercial de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió Sentencia Nº 320/2005 de fecha 13 de agosto, de fojas 486 a 494, declarando IMPROBADA la demanda de fojas 7 y PROBADA la demanda reconvencional de fojas 28 a 32, en cuya virtud se declara subsistente el Poder Nº 55/99 de 17 de mayo de 1999 hasta tanto el autor presente rendición de cuentas clara y documentada en relación al mandato conferido a su persona, sin costas por ser juicio doble.

Planteada la apelación en contra de la sentencia referida por Ellard Rodríguez Vélez, la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz mediante auto de Vista Nº 522/2006 de fecha 22 de diciembre de 2006 de fojas 525 a 526 vuelta, confirma la sentencia apelada.

2.- Que, contra el referido auto de vista referido, Ellard Rodríguez Vélez interpone recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 532 a 535, en virtud a los siguientes argumentos:

El recurrente, acusa violación del artículo 833 del Código Civil, toda vez que el demandado Alejandro Eduardo Aparicio Albarracín quien otorgó mandato a sus abogados falleció, norma que hubiese vulnerado el juez inferior al haber dejado transcurrir un proceso de un persona muerta, sin que la hermana sobreviviente se declare heredera no sólo de su hermano, sino de su madre también.

Asimismo, refiere violación del principio constitucional del debido proceso, al haberse violado el artículo 327, numeral 3) y 4) del Código de Procedimiento Civil, como también violación flagrante del artículo 192 numeral 2) y 253 numeral 3) del mismo adjetivo porque la sentencia y el auto recurrido fue dictado sin haberse pronunciado sobre las pretensiones de su demanda y se ajusta a la casación en la forma porque los tribunales inferiores hubieran obviado, ignorado y violado la obligación que tiene el juzgador de considerar toda la prueba aportada y ofrecida por las partes, que se dictó la sentencia omitiendo una prueba trascendental, cual era la rendición de cuentas admitida mediante decreto de fojas 372 vuelta de obrados y por último acusa la errónea aplicación del artículo 193 de la enunciada norma adjetiva y finaliza con su petitorio solicitando casar el auto de vista impugnado y deliberando en el fondo anule la Sentencia Nº 320/2005.

CONSIDERANDO I:

Que, el recurso de casación interpuesto por Ellard Rodríguez Vélez carece de una correcta individualización y fundamentación, tal cual establece el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, empero, conforme la atribución que le faculta el artículo 252 a este Tribunal pasa a resolver conforme los siguientes argumentos:

Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación "anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público"; norma que guarda relación con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que atribuye el carácter de orden público a las normas procesales y por tanto su cumplimiento obligatorio.

En el caso de autos, Ellard Rodríguez Vélez mediante memorial de fojas 406 a 406 vuelta ratifica y propone prueba y dentro de las documentales en el numeral 1) ratifica toda la prueba adjunta que cursa en el proceso: poder de fojas 1, carta notariada de renuncia de mandato de fojas 2, certificados médicos de fojas 3 y 4, carta notariada de renuncia de mandato de fojas 2, certificados médicos de fojas 3 y 4, carta notariada de rechazo de fojas 5 y 6, contrato privado de fojas 46 a 48, escritura pública de fojas 49 a 53, poder de fojas 54 y todo el expediente de la rendición de cuentas documentada remitido a su Juzgado por el Juzgado 7mo de Instrucción en lo Civil (textual), y mediante proveído de fojas 407 de obrados, de fecha 13 de febrero de 2004, el Juez 7mo de Partido en lo Civil - Comercial del Distrito Judicial de La Paz admite la prueba presentada en estos términos téngase por ratificada la prueba documental señalada cursante en obrados y por ofrecida las que se acompañan al escrito que antecede con noticia adversa (textual).

Por otra parte el Juez de Primera Instancia en la sentencia Nº 320/2005, de fecha 13 de agosto, de fojas 486 a 494, en el punto 8 expresa considerando además, que el trámite sobre rendición de cuentas que se venía tramitando en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Civil no ha sido ratificado ni ofrecido por la parte actora como prueba documental según se desprende por providencia de 11 de marzo de 2004 de fojas 422 vuelta, contradiciendo el proveído de fojas 407 de obrados, de fecha 13 de febrero de 2004, emitido por el mismo juez.

Los principios del proceso configuran la base sobre la que debe construirse un proceso que se ajuste a los que hoy en día se vienen considerando cánones mínimos que integran el debido proceso (magistrado español Marcos Cos - Manual de Derecho Procesal Gonzalo Castellanos Trigo), en este entendido el principio del derecho a prueba, como el de aportación de parte o carga de la prueba, conforme establece el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil ha sido ejercitado por ambas partes dentro del presente proceso durante la etapa probatoria, empero el Juez de Primera Instancia al pronunciar la sentencia y señalar taxativamente que el trámite de rendición de cuentas que se venía tramitando en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Civil no ha sido ratificado ni ofrecido por la parte actora como prueba documental, a pesar de haberla admitido mediante proveído de fojas 407 de obrados, de fecha 13 de febrero de 2004, conforme el artículo 381 del Adjetivo Civil, vulnerando los principios enunciados, los cuales se relacionan con el principio del debido proceso, que es inviolable en todo juicio.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, artículo 42 parágrafo I numeral 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 486 (sentencia) y que el Juez de Primera Instancia haga la valoración de las pruebas aportadas y admitidas en el caso de autos.

Se impone la multa de Bs. 200 al juez de primera instancia y a cada uno de los vocales que intervienen en el indicado auto de vista, que les serán descontados por planilla.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Fue de voto disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

ibro Tomas de Razón 83/2012