S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 74

Sucre: 04 de junio de 2012

Expediente: SC-47-07-S

Proceso: Acción pauliana o revocatoria

Partes: Banco BISA S.A. c/ Otto Andrés Ritter Méndez

Distrito: Santa Cruz

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani


VISTOS: El recurso de casación de fojas 3997 a 4001 y vuelta, interpuesto por Otto Andrés Ritter Méndez, contra el auto de vista de 23 de enero de 2004, dictado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre acción pauliana o revocatoria, seguido por el Banco BISA S.A. contra el recurrente, el auto concesorio de fojas 4058, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa, el Juez Décimo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, por excusa de su par Juez Noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la misma ciudad, pronuncia la Sentencia Nº 32 de 27 de febrero de 2003, cursante de fojas 3950 a 3955, declarando probada en parte la demanda de fojas 218 a 225, en lo que se refiere a la acción pauliana o revocatoria e improbada en lo referente a los daños y perjuicios, declarando en consecuencia:

1.- La nulidad de las transferencias privadas reconocidas de los lotes de terreno realizadas en fecha 21 de julio de 1995 por parte de Jorge Córdoba Serrudo a favor del demandado Otto Andrés Ritter Méndez, inmuebles que se encuentran ubicados en: a).- Zona oeste, U.V. 52, Mz.71, lote Nº 11, con una extensión de 1.079.75 mts2; b).- Lote Nº 12, ubicado en la Zona Sud - Oeste, U.V. 52, Mz 80, calle 40, con una extensión de 1.093,47 Mts2, y c).- Lote de terreno ubicado en la zona sud - oeste, U.V. Nº 52, Mz 80, con una superficie de 1.093, 49 Mts2.

2.- Ordena que por Derechos Reales, se proceda a la cancelación total de las partidas computarizadas Nº 010295453, 010302486 y 010308385 una vez ejecutoriada la presente resolución.

3.- Como resultado de la nulidad de las ventas y la cancelación de su registro en Derechos Reales, ordena se mantengan vigentes las partidas computarizadas Nº 010091997 - Folio 20775; Nº 010091999 - Folio 20776 y Nº 010092459 - Folio 21206.

4.- Impone costas al demandado Otto Andrés Ritter Méndez.

Apelada la sentencia de primera instancia por el demandado Otto Andrés Ritter Méndez, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 42 de 23 de enero de 2004, cursante de fojas 3994 a 3995, confirma la sentencia apelada con costas.

A consecuencia del fallo de segunda instancia, el demandado Otto Andrés Ritter Méndez, interpone recurso de casación en los términos contenidos en el memorial cursante de fojas 3997 a 4001 y vuelta.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que encontraren infracciones que interesan al orden público, para evitar su franca vulneración en desmedro del debido proceso, porque a través de éste se gesta y consolida la seguridad y certeza jurídica.

Que, en función de esta facultad fiscalizadora, y teniendo en cuenta que las normas procesales que rigen los procesos ordinarios son de orden público y de cumplimiento obligatorio tal cual lo prevé el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, corresponde realizar una revisión de los obrados, partiendo de las siguientes consideraciones:

La acción pauliana prevista por el artículo 1446 del Código Civil, faculta al acreedor la acción de demandar que se revoquen declarándose ineficaces respecto a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor. Por su parte el artículo 1447 del mismo Código sustantivo civil establece que, la acción pauliana debe dirigirse contra el tercero adquiriente; sin embargo el deudor puede ser citado a lo efectos de la cosa juzgada. Bajo el marco legal descrito, se entiende que el acreedor que interpone la acción pauliana pretendiendo revocar los actos de disposición patrimonial está obligado a demandar tanto al tercero como al deudor, por cuanto es el concurso de ambos que ha permitido el acto de disposición del patrimonio del deudor, más aun si tomamos en cuenta que la acción pauliana, se equipara a una verdadera acción de nulidad prevista por el artículo 549-3) del Código Civil, al perseguir la declaratoria de nulidad del acto de disposición, esto porque la misma se funda en la existencia de ilicitud de la causa y motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato en fraude de los derechos del acreedor y que le ocasiona perjuicio, así también lo ha razonado la entonces Corte Suprema de la Nación a través del A.S. Nº 42 de 12 de marzo de 2008, jurisprudencia que comparte el Tribunal Supremo Liquidador.

En la especie, el Banco Bisa S.A, a través de sus representantes legales, por memorial de fojas 218 a 225, y en base al artículo 1446 del Código Civil, demanda acción revocatoria o pauliana en contra de Otto Andrés Ritter Méndez, pretendiendo la nulidad de las ventas de tres inmuebles concertadas entre el deudor de la entidad demandante Jorge Córdova Serrudo y el demandado, así como la cancelación de registro propietario en Derechos Reales, por considerar ineficaces respecto a la entidad demandante. De lo referido, se infiere que los contratos traslativos de la propiedad cuya nulidad se intenta a través de la acción pauliana o revocatoria, resultan ser contratos sinalagmáticos de prestaciones recíprocas e interdependientes, a través del cual las partes suscribientes han establecido una relación jurídica que los sujeta al cumplimiento de las obligaciones señaladas en el acuerdo contractual mencionado, creándose un vinculo jurídico, tan fuerte, que la voluntad de sólo una de ellas es insuficiente para disolverlo tal cual lo señala el artículo 519 del Código Civil. Por otra parte, para su resolución o nulidad judicial deben concurrir las causas señaladas por la ley, y ésta debe declararse con plena intervención de todos los suscribientes del contrato. En el caso concreto, los de contratos compra y venta cuya nulidad se pretende, han sido suscritos por el presunto deudor Jorge Córdova Serrudo con anuencia de su esposa Silvia Godefroy de Córdova en su calidad de vendedores a favor del demandado Otto Andrés Ritter Méndez, no obstante de ello, la presente litis se ha desarrollado sólo con la presencia del tercero comprador, sin haberse considerado al deudor vendedor como demandado, omisión procesal que no puede ser subsanada por la simple citación al demandado, al haber la indicada diligencia quedado como una simple formalidad procesal, al no haberse integrado a la litis al deudor, irregularidad procesal que los jueces de instancia y las partes han promovido, al desconocer o soslayar los efectos jurídicos que producen una declaratoria judicial de nulidad de contrato para todas las partes suscribientes, debido al carácter de retroactividad establecida en el artículo 547 del Código Civil.

En mérito a lo expresado precedentemente, desde el punto de vista del derecho sustantivo, si pese a las normas del código civil ya citadas, se aceptase la nulidad de los contratos de compra y venta efectuados a favor del demandado, no obstante la ausencia de los demás suscribientes del contrato (vendedores) a quienes les interesa y afecta las resultas del proceso y las consecuencias retroactivas que pueden derivar de una resolución de nulidad, estos transfirientes sufrirían las consecuencias de la retroactividad emergente de la revocatoria del contrato, sin haber tenido oportunidad de asumir su defensa, lo que vulneraría gravemente lo establecido en el artículo 115 - II de la Constitución Política del Estado, con relación a los artículos 252 y 254 -7) del Código de Procedimiento Civil como normas de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Por otro lado, examinado el mismo inconveniente de no integración a todos los suscribientes del contrato pero del lado del derecho adjetivo conforme al artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, según el cual "las disposiciones de la sentencia sólo comprenden a las partes que intervienen en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas", surgen también diversas interrogantes: ¿Qué sentido y eficacia tendría una sentencia que determinase la resolución o revocatoria de un contrato en su totalidad sin la intervención de un tercero al cual le alcanzan los efectos del contrato por interés directo?, ¿El contrato tendría validez para este tercero y sería resuelto para los partes suscribientes? ¿Podría ser ejecutada una sentencia en tales circunstancias? ¿Acaso no motivaría otras acciones judiciales de diversa índole, con pérdida de tiempo para las partes y la administración de justicia?

Finalmente, respecto a las interrogantes mencionadas, corresponde establecer que, para la declaración judicial de nulidad de un contrato de compra y venta en aplicación de la normativa prevista por los artículos 546 y 547 del Código Civil, es imprescindible dirigir la acción contra todas las partes que han intervenido en su formación y contra aquellas que derivare un derecho, pues no es concebible una decisión anulatoria o de nulidad de un contrato de transferencia solo con la participación de una parte de los suscriptores del contrato y no de las restantes. En ese sentido, está claro que en la demanda de manera irregular y defectuosa no se han incluido o integrado a la litis al vendedor de los inmuebles y cuyas escrituras se pretenden su nulidad como parte interesada, y aquellas personas que derivaren sus derechos a consecuencia del acto traslativo en merito a la presunción de ganancialidad (esposo o esposa de los suscribientes).

Estos errores de concepción y procedimiento por parte de los Jueces de instancia, ha ocasionando un proceso inútil en base a una demanda defectuosa que admitida y tramitada de forma irregular, en perjuicio de las partes, ha causando inseguridad jurídica y negación a la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho aquellas. En otros términos, se ha tramitado un proceso a una demanda que no cumplía con los presupuestos de admisibilidad establecidos en el artículo 327 - 4) del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, al no haber sido observada la demanda en el momento de su presentación por el juez de la causa, ha originado un error de procedimiento que ha culminado en resoluciones de primera y segunda instancia anómalas e irregulares en franca vulneración de los artículos 115 de la Constitución Política del Estado, con relación a los artículos 252 y 254-7) del Código de Procedimiento Civil como normas de orden público y, por tanto, de cumplimiento obligatorio.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta el decreto de admisión de la demanda cursante a fojas 229 y dispone que el juez a quo, cumpliendo estrictamente lo previsto en los numerales 1) y 3) del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, con relación a los artículos 327 - 4 y 333 del mismo cuerpo legal, ordene se corrija la defectuosa demanda, conforme a los términos analizados en el presente Auto Supremo.

Se impone la multa de Bs. 200 al juez de primera instancia y a cada uno de los vocales que intervienen en el indicado auto de vista, que les serán descontados por planilla.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 74/2012