S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 73

Sucre: 04 de junio de 2012

Expediente: P-12-07-S

Proceso: Nulidad absoluta de contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria

Partes: Tomas Chipana Estrada y Otra c/ Fondo Financiero Privado PRODEM S.A.

Distrito: Potosí

Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani


VISTOS: El recurso de casación de fojas 315 a 318, interpuesto por Tomas Chipana Estrada y Evangelina Martínez Llanos de Chipana, contra el Auto de Vista Nº 146 de 24 de julio de 2007, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso de nulidad absoluta de contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria seguido por los recurrentes contra el Fondo Financiero Privado PRODEM S.A, la respuesta de fojas 320 a 321, el auto concesorio de fojas 321 vuelta, los antecedentes procesales, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa de referencia, el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia de Puna, del Departamento de Potosí, pronunció la sentencia de 19 de mayo de 2007, cursante de fojas 288 a 292, declarando improbada la demanda de fojas 169 a 174, así como su aclaración de fojas 185 a 186, disponiendo no ha lugar a la nulidad impetrada.

Deducida la apelación por los demandantes Tomas Chipana Estrada y Evangelina Martínez Llanos de Chipana, la Sala Civil, Comercial y Familiar de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, mediante Auto de Vista Nº 146 de 24 de julio de 2007, cursante de fojas 311 a 312 y vuelta, anula obrados hasta fojas 186 vuelta inclusive, es decir hasta la providencia de admisión de fecha 21 de noviembre de 2006, al considerar que no se ha abierto legalmente la competencia del Juez de Partido Mixto de Puna, para la sustanciación del proceso ordinario.

Contra el auto de vista, los demandantes Tomás Chipana Estrada y Evangelina Martínez Llanos de Chipana, recurren de casación en el fondo en los términos contenidos en el memorial de fojas 315 a 318 y vuelta.

CONSIDERANDO: Que, por los fundamentos del recurso, se advierte que su interposición es errónea, puesto que fue planteado en el fondo, cuando debió ser planteado en la forma, en atención a la naturaleza jurídica que caracteriza a cada uno de los recursos señalados y principalmente, a que la resolución de vista impugnada anuló obrados hasta fojas 186 vuelta inclusive, siendo evidente, en consecuencia, que el tribunal de alzada no ingresó al análisis del fondo de la problemática que motivó el trámite del presente litigio, situación que impide que este Supremo Tribunal realice el referido análisis, por cuanto no se abre su competencia para hacerlo.

Que, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, faculta al Tribunal de Casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto con el objeto de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél.

En el marco de esa facultad, corresponde puntualizar que:

El proceso ejecutivo (coactivo) constituye el conjunto de actuaciones tendentes a obtener la plena satisfacción de una prestación u obligación a favor del demandante y a cargo del demandado, la cual debe estar contenida en una sentencia que declare la exigibilidad de tal obligación, que puede ser de dar o de hacer. Dicho de otro modo, el proceso ejecutivo (coactivo) tiende a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos extrajudiciales convencionales o administrativos que tengan fuerza ejecutiva o coactiva, donde se busca el cumplimiento de una obligación que la ley presume existente y válida, sin que necesite la declaración previa en proceso de conocimiento sobre la existencia o inexistencia del derecho.

La finalidad última del proceso ejecutivo (coactivo) es obtener la satisfacción plena de la obligación, es decir, lograr el pago o cancelación total de la deuda, o la entrega de la cosa, dependiendo de lo que establezca el título ejecutivo. Entonces, tanto en el proceso ejecutivo como en el coactivo no se discuten derechos dudosos o contradictorios, y la ejecución está subordinada a lo que conste en el documento base de la ejecución, pudiendo esgrimirse en defensa del deudor, únicamente las excepciones permitidas por la ley. No obstante lo referido, por disposición del artículo 490 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, lo resuelto en el proceso ejecutivo o coactivo podrá ser modificado en un proceso ordinario posterior, el que podrá promoverse por cualquiera de las partes una vez ejecutoriada la sentencia, en el plazo de seis meses, vencido este plazo, caducará el derecho de demandar la revisión del fallo dictado en el proceso de ejecución: Este proceso ordinario posterior, tiene por finalidad fundamental, la revisión y consiguiente modificación si fuere el caso de la sentencia dictada en el proceso ejecutivo o coactivo, cuando por su naturaleza y limitaciones no se pudo probar la defensa o excepciones opuestas, así como probar los vicios de nulidad procesal que comprometen la eficacia de la sentencia; es decir que, a través de este proceso ordinario, se puede anular lo obrado en el juicio ejecutivo o coactivo con el propósito de repetir el pago de lo indebido; o para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Por otro lado, el Libro Segundo del Código Adjetivo Civil contempla las normas a seguirse en los procesos de conocimiento, a través del cual las partes pretenden llegar a la verdad sobre un acto jurídico, determinar su validez o invalidez, su legalidad o ilegalidad, y así establecer lo derechos -u obligaciones- de las mismas.

En la especie, de los datos del cuaderno procesal, se constata que los demandantes Tomás Chipana Estrada y Evangelina Martínez Llanos de Chipana, no ordinarizaron el proceso coactivo dentro del plazo previsto por el artículo 490 del Código de Procedimiento Civil, sino que plantearon de forma independiente demanda de nulidad del contrato de línea de crédito con garantía hipotecaria, como pretensión principal, en apoyo del artículo 549 - 2), 3) y 4) del Código Civil, al considerar que en la suscripción del contrato de apertura de línea de crédito con garantía hipotecaria hubo causas de nulidad absoluta, al haberse constituido como garantía hipotecaria la pequeña propiedad agraria, afirman que, no se ha tomado en cuenta que ésta es inembargable y por lo tanto el contrato resulta nulo al no cumplir con los requisitos de validez. Es decir que, en el presente proceso ordinario de nulidad de documento, la discusión se aboca a determinar si en la celebración del documento de línea de crédito con garantía hipotecaria se han presentado todos los requisitos que le otorguen validez de acuerdo a lo normado en el ordenamiento jurídico vigente, resultando, por ende, que la demanda contiene un objeto muy diferente a la interposición de una demanda por la que se ordinariza un proceso ejecutivo o coactivo.

CONSIDERANDO: Que, el Tribunal ad quem, al anular obrados argumentando que la demanda se ha presentado cuando ya había caducado el derecho de los demandantes para ordinarizar el proceso coactivo, ha desconocido que el presente proceso es un ordinario de nulidad de documento público, cuya causa y objeto es totalmente diferente al proceso ordinario posterior a consecuencia de un proceso de ejecución. Que, si bien es cierto que la cosa juzgada formal que causan los fallos emitidos en un proceso ejecutivo o coactivo se convierte en sustancial cuando el ejecutado no ordinariza la causa en el término previsto por ley, pero es únicamente para la ejecución de lo que en dicho proceso de ejecución que hubiere determinado (hacer o no hacer algo), pero ello no significa de manera alguna coartar el derecho de los litigantes a interponer las acciones relativas a la validez de los actos jurídicos.

Por lo expresado, el tribunal de apelación, no puede esgrimir la falta de competencia del juez de primera instancia para conocer el presente proceso ordinario al haber caducado el derecho de los demandantes bajo el fundamento de no haber los mismos hecho uso de la facultad que les confería el artículo 490 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 28 de la Ley N° 1760, habida cuenta que no hay manera de coartar el derecho de los demandantes para interponer una acción de nulidad de documento que por virtud del artículo 552 del Código Civil es una acción imprescriptible, así lo ha razonado la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Autos Supremos Nrs. 185 de 8 de mayo de 2003 y 54 de 10 de marzo de 2004, así como la Sentencia Constitucional Nº 569 de 15 de abril de 2004 entre otras, jurisprudencia que comparte este Tribunal Supremo en su Sala Civil Liquidadora.

En este contexto, el tribunal ad quem no consideró que el órgano de apelación sólo debe resolver conforme a la expresión de agravio o perjuicio que la sentencia o resolución ha causado al recurrente y no puede conocer aspectos fuera de los puntos recurridos u omitir pronunciamiento sobre alguno de ellos, por consiguiente, la competencia de los tribunales de alzada, se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y la trasgresión de tales límites, comporta agravio de las garantías constitucionales de la defensa en juicio, por eso, el órgano de apelación tiene una doble limitación: la que resulta de la relación procesal y la que el apelante le haya querido imponer en el recurso, conforme determina el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Dicho de otro modo, los principios de pertinencia y congruencia previstos en la norma citada con relación al artículo 227 del Código adjetivo de la materia, fijan el marco jurisdiccional dentro del cual debe recaer la resolución del tribunal de apelación, es decir, circunscribirla a lo resuelto por el juez en la resolución respectiva y a los puntos objeto de la expresión de agravios, sin que pueda sustraerse del pronunciamiento de alguno de los puntos apelados, o, referirse y basar su resolución de vista en aspectos no incoados en el recurso de apelación.

Por lo expuesto, concluimos que el tribunal ad quem, al haber anulado obrados sin justificativo legal alguno, indebidamente se sustrajo de la obligación de pronunciarse en el fondo sobre los aspectos formulados en el recurso de apelación, desconociendo su propia competencia, de ahí que es necesario que el Tribunal de Casación, con la facultad conferida por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, determina que corresponde aplicar lo establecido por los artículos 254 - 4), 271-3) y 275 del mismo cuerpo de leyes adjetivas civiles.

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por disposición transitoria octava, artículo 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 311 inclusive y ordena que se pronuncie nuevo auto de vista de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, previo sorteo y sin espera de turno. Sin responsabilidad por ser excusable.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Primer Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, de cuyo proyecto fue disidente la Magistrada Dra. Elisa Sánchez Mamani, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 73/2012