S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 63

Sucre: 23 de mayo de 2012

Expediente: SC-79-11-S

Proceso: Resarcimiento de daño por hecho ilícito, más daños y perjuicios.

Partes: Curt Antonio Goldschmidt Roncal c/Gobierno Municipal de Santa Cruz

Distrito: Santa Cruz

Segundo Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el Gobierno Municipal de Santa Cruzde fojas 619 a 630 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 84 de 28 de febrero de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso sobre resarcimiento de daño por hecho ilícito, más daños y perjuicios, seguido por Curt Antonio Goldschmidt Roncal contra la entidad recurrente, el auto concesorio de fojas 652, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez Onceavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 57 de 22 de junio de 2010 (fojas 562 a 568), declarando probada la demanda, sin costas; en consecuencia la entidad demandada proceda a la restitución de $us 1.900.000, y en ejecución de sentencia se califiquen los daños y perjuicios ocasionados.

Deducida la apelación por la entidad demandada, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista Nº 84 de 28 de febrero de 2011 (fojas 599 a 602), confirma la sentencia apelada, auto y providencias de fojas 223 a 227, 390, 471 y vuelta, respectivamente.

CONSIDERANDO: que, la entidad demandada Gobierno Municipal de Santa Cruzen su recurso de casación de 5 de abril de 2011 (fojas 619 a 630 vuelta), acusa:

En la forma. 1.- Incumplimiento a consulta de oficio de sentencia dictada contra entidad pública, al efecto cita los artículos 90, 252, 250, 254 numeral 7), 197 del Código de Procedimiento Civil y 15 de la Ley de Organización Judicial. 2.- Que el demandante tramitó el proceso con fotocopias simples del poder de representación, al efecto anota los artículos 58, 252, 3 inciso 1), 90, 327, 250, 254 numeral 7) del Código de Procedimiento Civil y 15 de la Ley de Organización Judicial. 3.- Violación al derecho al juez natural, al efecto apunta los artículos 30 de la Ley del Órgano Judicial, 117, 123 de la Ley de Organización Judicial, 11 de la Ley 3324 y 254 numeral 7) del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo. 1.- Error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba ya que: con la primera orden judicial no se citó a Johnny Fernández Saucedo en forma personal, se citó al Secretario General del Gobierno Municipal, se citó por cédula sin orden, y Johnny Fernández Saucedo no era Alcalde la fecha de la citación; la Alcaldía no tuvo relación con Robín Jofre Sánchez de Loria y por orden del tribunal arbitral se pagó a CLISA S.A; no se apreció la respuesta del Gobierno Municipal de 22 de mayo de 2006; el demandante siguió un proceso contra COMSER S.A. y Robín Jofre Sánchez de Loria por repetición, pago de daños y perjuicios, pago emergente y lucro cesante. Al efecto cita el artículo 253 numerales 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil. 2.- Interpretación errónea del artículo 1508 parágrafo I del Código Civil en la parte relativa al momento de la verificación del hecho y error de derecho al apreciar la citación de fojas 285, al efecto cita el artículo 253 numerales 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil.

 

CONSIDERANDO: que, del análisis y cotejo del recurso de casación se llega a las siguientes conclusiones:

I. En la Forma:

Respecto al punto 1.-. Si bien es cierto que, el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil establece que todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, serán consultadas de oficio ante el superior en grado, sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse; no menos cierto es que, entre los principios que inspiran las nulidades procesales, se encuentra el de protección, en virtud del cual no existe invalidación de un acto procesal en ninguna de sus formas, si no existe un interés lesionado que reclame protección y sea el afectado quien reclame su reparación. Ahora bien, corresponde al Supremo Tribunal en virtud del artículo 252 del mismo texto adjetivo civil, que faculta al Juez o Tribunal de casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; hallar inicialmente el interés lesionado que reclama protección, en esa labor se tiene que, fuera de la presente denuncia (punto 1.- del recurso de casación en la forma), el punto 3.- recurrido en casación en la forma coincide con uno de los agravios recurridos en apelación, en consecuencia salvo el punto 3.- (resuelto en apelación en el Considerando I) del recurso de casación en la forma no existe un interés lesionado que reclame protección desde apelación, y que se verá en casación; seguidamente, el Tribunal Supremo no advierte otro interés lesionado que proteger vía recurso de nulidad, fuera del punto 2.- denunciado en casación en la forma, y que se verá en casación, de donde se desprende que aún se hubiese elevado el proceso en consulta en su momento, el resultado del auto de vista recurrido no cambiaría. Por lo que, no existe un interés lesionado que proteger que amerite la nulidad de obrados por la sola denuncia presente.

Finalmente y sólo con fines ilustrativos se debe señalar que la Circular Nº 010/2012 de 11 de mayo, de Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, a objeto de la Observancia de Nulidades estableció respecto el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil y a manera de ejemplo que "... remitido en grado de apelación o casación el expediente al tribunal superior, dicha instancia no deberá anular el auto de concesión de alzada que no hubiere ordenado de oficio la referida consulta, al no constituir esta omisión o descuido, un menoscabo a los derechos de las partes, cuando el Estado sea el apelante.".

Con relación al punto 2.-. Toda nulidad se convalida por el consentimiento, lo que implica que, aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso causales de nulidad, esta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, sea porque se presentó al proceso ratificando el acto viciado, o porque en conocimiento del acto no lo observa o impugna por los medios idóneos en el plazo legal, de ahí que, entre los presupuestos o antecedentes necesarios para dar curso a una nulidad procesal está el principio de convalidación, que significa que, la parte que tiene en su mano el medio de impugnación para cuestionar una resolución o un actuado judicial y no lo hace valer en el tiempo o en la forma adecuada presta su conformidad a los vicios de procedimiento, lo que también implica su aceptación. Este principio de convalidación, se encuentra ligado estrechamente al principio procesal de preclusión, a través del cual se impide que se renueve el debate respecto de aquellas cuestiones que han sido decididas en la causa mediante resoluciones firmes, destacándose que éstas no sólo adquieren tal carácter para las partes, sino también para el tribunal que las dictó, quien se ve impedido de revocarlas o modificarlas cuando han quedado consentidas por las partes. En la especie, la entidad recurrente a momento de interponer la excepción de impersonería, tuvo la oportunidad de cuestionar la validez del poder que el apoderado del demandante acompañó a la demanda para acreditar su personería, y al no haberlo hecho, significa que el defecto observado a través del presente recurso a sido convalidado por el consentimiento, al no existir en los antecedentes del proceso un desconocimiento expreso que cuestione la validez de dicho documento, lo que impide disponer la nulidad del proceso por este argumento.

En lo referente al punto 3.-. Son jueces naturales aquellos cuya designación ha sido anterior al proceso que motiva la cuestión y basado en normas constitucionales y legales. No son jueces naturales aquellos que compongan comisiones o tribunales especiales constituidos luego del hecho motivo del proceso, este término se encuentra proclamado internacionalmente tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8 inciso 1), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14 inciso 1), teniendo como fundamento asegurar un proceso imparcial. La referencia no es a la designación de un determinado juez para entender la cuestión, el que pudo haber cambiado luego del hecho que se imputa, sino el tribunal como institución, que debe ser constituido para ejercer la jurisdicción en forma general y abstracta y no para juzgar el hecho específico de que se trata.

Por otro lado, los jueces y tribunales de justicia sustanciarán y resolverán, de acuerdo a las leyes del Estado, las demandas sometidas a su jurisdicción, entendiéndose por ésta a la potestad que tiene el Estado de administrar justicia por medio de los órganos del Poder Judicial, de acuerdo a la Constitución y las Leyes, tomando en cuenta la competencia que es la medida de aquella, cuya determinación consulta parámetros, entre ellos, la materia y naturaleza del derecho o del proceso, así se entiende del artículo 1- I) del Código de Procedimiento Civil.

Dentro del marco precedentemente señalado, y a los fines de establecer si hubo vulneración al principio procesal del juez natural, corresponde efectuar una revisión de los antecedentes del proceso, en cuya virtud, se sabe que la parte demandante efectuó la primera presentación de su demanda en plataforma el 15 de marzo de 2007, a horas 11:08, recayendo por sorteo computarizado el conocimiento de la causa al Juzgado Primero de Partido en lo Civil. Por otra parte, el mismo día a horas 16:08, se presentó la misma causa a plataforma correspondiendo de acuerdo al sorteo el conocimiento al Juzgado Undécimo de Partido en lo Civil. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes del proceso, se puede evidenciar que la demanda que por sorteo correspondió al Juzgado Primero de Partido en lo Civil, fue observada por proveído de 19 de marzo de 2007, lo cual dio lugar a que la parte demandante por memorial de fojas 218 retire la demanda, solicitud que fue aceptada por auto de 8 de abril de 2008 (fojas 219), teniéndose la demanda como no presentada. Por otra parte, la causa que por sorteo correspondió su conocimiento al Juzgado Undécimo, mereció el auto de admisión de 17 de marzo de 2007, y citada la entidad demanda mediante cédula el 4 de julio de 2007, tal cual se desprende de la diligencia de citaciones y notificaciones de fojas 159. De lo relacionado, si bien existen de forma irregular dos sorteos sobre una misma causa, este aspecto no puede ser considerado como una causal de nulidad del proceso por trasgresión al artículo 123 de la Ley de Organización Judicial, toda vez que no se enerva o destruye el principio procesal del juez natural, tomando en cuenta que la autoridad judicial en materia civil adquiere competencia sobre un proceso desde el momento de la citación al demandado conforme lo establecen los artículos 7 y 130-I del Código de Procedimiento Civil, a esto hay que agregar que, para declarar la nulidad de actuaciones procesales como la denunciada, esta debe ser de tal gravedad que afecte o perjudique el desarrollo del proceso o vulnere derechos fundamentales de las partes, lo que no ocurre en el presente caso, al haber la entidad demandada reconocido la competencia del juzgador y asumido su defensa en condición de igualdad con la parte demandante, de ahí que no se evidencia vulneración al principio de imparcialidad, por lo que no corresponde declarar nulidad alguna por este motivo.

I. En el Fondo. La jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 (procedencia) del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 (requisitos del recurso) numeral 2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener es no sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnativo contenido en el citado artículo 258 numeral 2).

Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el contexto establecido precedentemente, el recurso de casación en el fondo se relaciona con el error "in judicando" que no afecta a los medios de hacer el proceso, sino a su contenido, o sea, a sus fundamentos sustanciales, mas claro cuando se violan leyes sustantivas. Así, corresponde señalar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del citado procedimiento.Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en que consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además este último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales.

En la especie, la entidad recurrente omitió precisar las causales de casación en el fondo, detalladas en los incisos 1) y 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, haciendo alusión general a estos ordinales sin distinguir la violación, la interpretación errónea y la aplicación indebida de la ley, llegando incluso a no diferenciar el error de hecho y el error de derecho en la apreciación de las pruebas, limitándose a anotar de manera general "artículo 250º y 253º numerales 1) y 3)" y "artículo 253 numerales 1) y 3)" del Código de Procedimiento Civil, en ambos casos del recurso de casación en el fondo, pretendiendo que en base al presente e impreciso recurso el Supremo Tribunal ingrese ha censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado.

El Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria, de tal manera que no puede suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurre un recurrente; en consecuencia, al no haber cumplido la entidad recurrente con la carga legal prevista, se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado en el fondo.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numerales 1), 2), 272 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE en el fondo e INFUNDADO en la forma el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Municipal de Santa Cruzde fojas 619 a 630 vuelta; sin costas.

Primera Magistrada Relatora: Dra. Elisa Sánchez Mamani, de cuyo proyecto fue disidente el Magistrado Dr. Javier Medardo Serrano Llanos, con cuya disidencia estuvo de acuerdo la Magistrada Dra. Ana Adela Quispe Cuba.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 63/2012