S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 33

Sucre: 20 de abril de 2012

Expediente: P-10-07-S

Proceso: Usucapión

Partes: Hugo Wilson Berríos c/ Delia Tito Choque Vda. de Wilson

Distrito: Potosí

Magistrado Relator: Dr. Javier Medardo Serrano Llanos


VISTOS: el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Hugo Wilson Berríos de fojas 284 a 285 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 133 de 20 de junio de 2007 pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro el proceso sobre usucapión seguido por el recurrente contra Delia Tito Choque Vda. de Wilson, el auto concesorio de fojas 287 vuelta, memoriales de fojas 290 y vuelta, 293 y vuelta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO: que, el Juez de Partido Mixto, Liquidador y Sentencia de la ciudad de Uyuni pronunció la Sentencia Nº 52 de 5 de abril de 2007 (fojas 255 a 261), declarando improbada la demanda, asimismo probada la reconvención en cuanto al mejor derecho de propiedad y reivindicación de la mitad del inmueble objeto de litigio, e improbada la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios; en su mérito el actor deberá restituir la mitad del inmueble que ocupa a la demandada, salvándose derechos en cuanto a las obras efectuadas en el mismo por el actor.

Deducida la apelación por el demandante, la Sala Civil, Familiar y Comercial de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí mediante Auto de Vista Nº 133 de 20 de junio de 2007 (fojas 279 a 280 vuelta), confirma la sentencia apelada, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO: que, el demandante Hugo Wilson Berríos en su recurso de casación en la forma y en el fondo de 29 de junio de 2007 (fojas 284 a 285 vuelta), acusa que:

En la forma. El Alcalde Municipal de Uyuni fue citado con el auto de admisión un año después de notificadas las partes. No se declaró rebelde al Alcalde Municipal de Uyuni.

En el fondo y citando el artículo 253 inciso 3) del Código de Procedimiento Civil. No se efectúo una valoración ecuánime del derecho que le asiste para la usucapión, precisamente en su detentación el inmueble es usucapible y su posesión no es viciosa ni violenta sino continuada desde 1982 siendo el tiempo determinado por ley de 10 años. No es simple detentador o precarista, desprendiéndose que no se efectuó una valoración correcta del derecho que tiene, por lo que pide al Máximo Tribunal anule obrados.

CONSIDERANDO: que, del análisis y cotejo del recurso de casación se llega a las siguientes conclusiones:

En la Forma. La línea jurisprudencial establecida por la ex Corte Suprema de Justicia sobre las nulidades procesales, estableció que entre otros principios, rige el de especificidad, en virtud del cuál ningún trámite será declarado nulo, si la nulidad no estuviere determinada previamente en la ley. Asimismo, debe considerarse el principio de trascendencia, que determina que no hay nulidad sin perjuicio, lo que significa que para dar lugar a la nulidad es preciso que la infracción haya ocasionado algún daño. Y; finalmente, en lo que nos interesa debemos hacer alusión al principio de convalidación, por el cual, toda violación de forma, que no sea reclamada oportunamente por quien se sienta perjudicado, se considera convalidada con el consentimiento tácito, entendiéndose en consecuencia, que la falta de alguna diligencia o trámite declarado esencial, debe reclamarse dentro la tramitación del proceso en la instancia respectiva y no reservarse recién para la casación, puesto que resultaría extemporáneo por mandato del artículo 258-3) del Código de Procedimiento Civil, en esta instancia no es permitido alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores.

En ese marco, las supuestas infracciones que se habrían cometido en la forma, al no haber sido reclamadas oportunamente, en particular a momento de apelar contra la sentencia, no pueden ser consideradas por este Tribunal, precisamente por la prohibición impuesta por el citado artículo 258-3) del Adjetivo Civil.

En el fondo. También la jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 (procedencia) del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 258 (requisitos del recurso) numeral 2) del mismo cuerpo legal, lo que implica citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener es no sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura del acto impugnativo contenido en el citado artículo 258 numeral 2). Así, el recurso de casación está sometido a estrictos requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del artículo 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el contexto establecido precedentemente, el recurso de casación en cualesquiera de sus formas previstas, para su procedencia y atención por el tribunal competente, exige la reunión de requisitos, tanto de forma cuanto de fondo, es decir, extrínsecos e intrínsecos, sin cuya concurrencia no es susceptible de análisis, consideración y decisión. Entre los intrínsecos, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa. Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. De acuerdo a lo establecido por el artículo 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste ultimo debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos; debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 en sus tres ordinales.

Asimismo, en virtud de la naturaleza jurídica de las acciones extraordinarias señaladas, en el recurso de casación en el fondo no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores "in procedendo" o violaciones a las formas esenciales del proceso, ni viceversa, es decir, analizar aspectos concernientes al recurso de casación en el fondo, a través del recurso de casación en la forma.

Técnicamente no hay recurso de casación, cuando se plantea uno en el que no se concreta correctamente el reclamo como casación en el fondo o casación en la forma, lo que implica su improcedencia.

En la especie, el recurrente omitió distinguir la casación en el fondo, es decir, no preciso lo que pretende, habida cuenta que no especificó las causales de casación en el fondo por error de derecho o error de hecho en la apreciación de las pruebas, señaladas en el numeral 3) del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, limitándose a hacer alusión general a éste inciso con su articulado, no otra cosa significa que sin esta distinción insinué imprecisamente que no se ha "efectuado una valoración ecuánime del derecho que" le asiste para la usucapión y "no se ha efectuado una valoración correcta del derecho que" tiene, además de pretender que en base al presente e impreciso recurso el Supremo Tribunal ingrese ha censurar la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de grado, es más contrariamente a la naturaleza del recurso de casación en el fondo y cual se trataría del recurso de casación en la forma solicita se "anule obrados hasta Fs. 91".

El Tribunal Supremo es de puro derecho como lo es la impugnación extraordinaria, de tal manera que no puede suplir de oficio las omisiones, imprecisiones o impericias en que incurre un recurrente; en consecuencia, al no haber cumplido el recurrente con la carga legal prevista, se encuentra impedido de abrir su competencia para conocer el recurso intentado.

POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numerales 1), 2), 272 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE en el fondo e INFUNDADO en la forma el recurso de casación interpuesto por Hugo Wilson Berríos de fojas 284 a 285 vuelta.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 33/2012