Num.18

S A L A C I V I L L I Q U I D A D O R A

Auto Supremo: Nº 18

Sucre: 23 de marzo de 2012

Expediente: C-13-07-S

Partes: Agapito Gutiérrez Espinoza C/ Juan Carlos Morales Larrea y Juan Gutiérrez Espinoza

Distrito: Cochabamba

Magistrada Relatora: Dra. Ana Adela Quispe Cuba


VISTOS: El Recurso de Casación de fojas 690 a 691, interpuesto por José Villarroel Pinto contra el Auto de Vista de fojas 686 - 686 y vuelta, de fecha 27 de octubre de 2006, emanado por la Sala Civil II de la Ex Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, ahora Tribunal Departamental de Cochabamba, dentro del ordinario de Nulidad de Contrato de Venta y otros, interpuesto por Agapito Gutiérrez Espinoza contra Juan Carlos Morales Larrea y Juan Gutiérrez Espinoza, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO: Que, tramitada la causa el juez de Partido Séptimo en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, mediante sentencia de fojas 506 a 510, declara probada en parte la demanda reconvencional de Juan Gutiérrez Espinoza, probada en cuanto a los puntos 2,3,4,5 y 6, improbada en cuanto al punto 1, e improbadas las excepciones opuestas por Agapito Gutiérrez Espinoza, improbadas la demanda de nulidad, así como la tercería de dominio excluyente interpuesta a fojas 14 -16 (del proceso acumulado) a fojas 208 - 209 por María Julia Rivera J. de Vargas y por consecuencia probadas las excepciones opuestas a fojas 39 y 43 contra la demanda de nulidad por la Defensora de Oficio de los demandados.

En consecuencia se declara: 1) Válida la declaratoria de heredero forzoso Ab intestato de Juan Gutiérrez Espinoza expedido en fecha 08 de octubre de 1991. 2) Se declara la prescripción del derecho de Agapito Gutiérrez Espinoza y de los demandados presuntos de acuerdo a lo prescrito por los artículos 1029 y 1053 del Código Civil, es decir para aceptar o para renunciar a la herencia de Félix Gutiérrez Ontiveros. 3) El mejor derecho propietario en su calidad de heredero vendedor y por consiguiente del comprador Juan Carlos Morales Larrea y María del Carmen Velazco de Morales sobre los terrenos transferidos objeto de este juicio.

Contra la sentencia de fojas 506-510 José Villarroel Pinto, sin ser parte del proceso, apela y presenta acción oblicua a fojas 540-541 y vuelta, confirmándose dicha sentencia, con costas, mediante Auto de Vista Nº 207 de 27 de octubre de 2006 de fojas 686 y vuelta.

CONSIDERANDO: Que, contra el Auto de Vista de 27 de octubre de 2006 de fojas 686 y vuelta José Villarroel Pinto recurre en recurso de casación en el fondo y en la forma.

1.- Sobre los fundamentos del recurso de casación en la forma, el recurrente observa que tanto el Juzgado como el Tribunal de la Corte de Apelación actuaron sin competencia en este proceso respecto a la reconvención de mejor derecho propietario, porque ese conocimiento y resolución para que haya debido proceso, debió intervenir el Juez Agrario de acuerdo al artículo 39 punto 8 de la Ley INRA. Al no haber actuado así se ha violado la forma esencial del proceso al haberse dictado la sentencia y el Auto de Vista por Juez y Tribunal incompetentes, como prevé el artículo 254 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, corresponde en consecuencia al Alto Tribunal Supremo aplicar el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil de oficio anulando obrados, disponiendo que la acción de reconvención de mejor derecho de terreno agrario conozca y resuelva el Juzgado Agrario.

2.- Sobre los fundamentos del recurso de casación en el fondo José Villarroel Pinto señala que el auto de vista al confirmar totalmente la sentencia ha confirmado las figuras de derecho resueltos por el Juzgado de Primera Instancia, concretamente esas figuras de derecho en los puntos 1), 2) y 3) en la foja 510 de la Sentencia. También menciona que los esposos Juan Carlos Morales Larrea y María del Carmen Velasco nunca pidieron mejor derecho y que el Juzgado de Sentencia reconoció ese mejor derecho sin que haya sido demandado, asimismo que el proceso en cuanto al mejor derecho propietario debió tramitarse en juzgado agrario que es el competente para conocer acciones reales sobre la propiedad agraria al margen de que pueda estar en el área rural o no, y que para hacer viable la casación en el fondo corresponde la nulidad de oficio, refiriendo la violación del artículo 39 punto 8 de la Ley INRA.

CONSIDERANDO: Que, así planteado el recurso se ingresa a su consideración y análisis:

1.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Que, el artículo 258 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil instituye que en el recurso de nulidad no será permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubieren reclamado en los tribunales inferiores, salvo los casos que interesaren al orden público para los efectos del artículo 252. Asimismo, el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil instituye que las cuestiones de competencia sólo podrán promover por vía de declinatoria o inhibitoria, antes de haberse consentido la competencia contra la cual se reclama, bajo estos parámetros en la especie ninguna de las partes ha incidentado sobre la declinatoria o inhibitoriade competencia.

En este entendido las aseveraciones sobre incompetencia, expuestas en los fundamentos del recurrente en cuanto al recurso de casación en la forma, no están sujetas a la nulidad de oficio, máxime si el proceso ha sido tramitado en la vía ordinaria y de acuerdo a las leyes que rigen a la materia, considerando que los predios (sector de Banda Pampa), objeto del litigio, según Certificación emitida por la Dirección de Urbanismo del Municipio de Sacaba del Departamento de Cochabamba, de fojas 124, se encuentran en Área Urbana, no encontrándose sujeto a lo dispuesto por el artículo 39 punto 8 de la Ley 1715, modificada por Ley 3545, siendo su conocimiento de exclusiva competencia de los jueces ordinarios, en virtud a lo dispuesto por el artículo 69 punto 3 de la Ley del Órgano Judicial, a cuya consecuencia no se ha vulnerado el orden público para su sometimiento a la nulidad de oficio.

2.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Que, conforme la Jurisprudencia establecida por la entonces Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, las leyes que gobiernan el sistema de impugnación como ocurre con los recursos son de orden público, de observancia y aplicación imperativa. El recurso ordinario de apelación contra una sentencia es vertical, sometido en su procedencia y atención a la carga procesal de expresar agravios en un plazo perentorio y preclusivo, sobre cuya base queda trabada la relación procesal de segundo grado para que el tribunal de alzada resuelva con la pertinencia del caso según manda el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando un litigante que ha sufrido agravios mediante la sentencia pudiendo apelar no lo hiciere, o al hacerlo contraviniere las exigencias legales, pierde el derecho a recurrir en casación porque no es aceptable el principio procesal del "per saltum", ya que debe agotarse legalmente la segunda instancia, para recurrir al medio extraordinario de impugnación que es de puro derecho. Así se infiere del artículo 272 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil que se observa y aplica con relación al caso 2) del artículo 262 del mismo cuerpo procesal, por cuanto el tribunal de alzada se ve huérfano de resolver las quejas de alzada y velar si efectivamente son producto de la sentencia de grado anterior, así como el de casación cuando corresponda.

En este marco, el recurrente José Villarroel Pinto mediante apelación interpuesta a fojas 540 - 541 y vuelta refirió argumentos y pretensiones que difieren totalmente al recurso de casación planteado en cuanto a sus fundamentos y pretensiones, que traslucen una incoherencia sobre los hechos expuestos, que a este Tribunal Supremo pronunciarse al respecto, porque de hacerlo se estaría frente a un "per saltum".

POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42, numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 1), declara IMPROCEDENTE el recurso de Casación en el Fondo y en la Forma, planteado por José Villarroel Pinto, con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 500, que mandará a efectivizar el Tribunal Aq quem.

 

Regístrese, notifiquese y devuélvase.

Fdo. Dra. Elisa Sánchez Mamani

Fdo. Dra. Ana Adela Quispe Cuba

Fdo. Dr. Javier M. Serrano Llanos

Ante Mi.- Abog. Freddy H. Rodríguez Machicado Secretario de Sala

Libro Tomas de Razón 18/2012