SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº C-07-06-S

AUTO SUPREMO Nº 107 Sucre, 21 de Octubre de 2009

DISTRITO: Cochabamba Proceso: Ordinario Civil

Partes: Juana Jiménez Ugalde c/ Pedro Jiménez Ugalde

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 227 a 234 vta., presentado el 22 de noviembre de 2005 por Juana Jiménez Ugalde de Rosales, impugnando la resolución de vista de 8 de noviembre de 2005 cursante a fs. 222 a 223 vta., emitido por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de nulidad de documentos y cancelación de partida en el Registro de Derechos Reales, seguido por la recurrente contra Pedro Jiménez Ugalde y María Hinojosa de Jiménez, los datos que informan al proceso, y

CONSIDERANDO I. Que dentro del referido proceso, el 11 de octubre de 2002, el Juez de Partido de la Provincia Esteban Arce, "Tarata" del Departamento de Cochabamba, mediante sentencia de fs. 188 a 191, declaró probada la demanda y excepciones de fs. 4 a 5 y 31 respectivamente e improbadas la acción reconvencional y las excepciones de fs. 24 y 58, sin costas por tratarse de un proceso doble. En tal virtud María Magdalena Hinojosa de Jiménez interpuso recurso de apelación a fs. 198 a 199 vta., que fue resuelto mediante Auto de Vista de 8 de noviembre de 2005, revocando totalmente la sentencia, declarando improbada la demanda y excepciones contra la mutua petición, y probada la reconvención y excepciones contra la acción principal (sic)., consecuentemente subsistente el valor legal del documento de los demandados registrado en Derechos Reales el 29 de octubre de 1996, sin costas en ambas instancias.

Pronunciamiento de segunda instancia que motivó a Juana Jiménez Ugalde de Rosales, interponer recurso de casación en el fondo, conforme consta en los folios 227 a 234 vta., de obrados.

CONSIDERANDO II: Que la ahora recurrente el 22 de noviembre de 2005 mediante memorial extenso bajo la suma de "Recurso de casación", denuncia:

a) Violación de art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), relatando que esta norma no fue acogida por los de grado toda vez que no circunscribieron el fallo a los puntos resueltos por el a quo y mucho menos consideró el objeto de la apelación, por ende acusa la infracción de los arts. 1,3 inc. 3), 50, 57, 86, 90,91, 194, 234, 237, 330, 336, 248 y 236 del adjetivo civil; asimismo alega inseguridad jurídica y la no igualdad efectiva en contra de lo dispuesto por el art. 7 inc a) y 116 de la CPE. y 1 y 3 inc. 3) del CPC.

b) Señala que el tribunal jerárquico citó y aplicó indebidamente el art. 438 referido a excepciones oponibles en obligaciones y 1456 sobre la noción de la petición de herencia ambos del sustantivo civil, en oposición a los arts. 1279 y 1283 del CC. Además de no tomar en cuenta lo previsto por el art. 1538 y 1545 también del Código Civil, realiza una cita de los arts. 86,50 y 57 todos del adjetivo civil.

c) De otro lado denuncia falsa aplicación de la Ley por no observar correctamente la aplicación de las normas pertinentes a un caso reglado como es la reconvención mencionando los arts. 348, 350 y 352 del CPC que según la recurrente debería considerarse.

d) Refiere que el art 90 y 91 del CPC, sostienen que para interpretar se debe tomar en cuenta el objeto de los procesos siendo ello, la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva y en caso de duda a los principios generales del derecho procesal.

Concluye solicitando que se case el auto de vista impugnado, y quede subsistente la sentencia de fs. 188 a 189, con costas (sic)

CONSIDERANDO III: Que con la intención de ordenar los fundamentos expuestos en el recurso, se establece que los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquéllos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar en su caso las sanciones pertinentes.

En ese marco, corresponde señalar que de acuerdo a lo establecido por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal de apelación en virtud del principio dispositivo en el proceso civil, sufre una serie de restricciones en lo referente al objeto de la apelación.

El precepto invocado, asegura que el tribunal ad quem, posee competencia únicamente, para revisar cuestiones litigiosas puestas en primera instancia, dentro de los límites propuestos por el apelante, esto se debe a que el superior no puede suplir sus agravios y no está autorizado para resolver aspectos que no fueron motivo de impugnación por el vencido en primera instancia, por consiguiente se procede de la misma forma en la que el juez de primera instancia carece del poder de juzgar sobre puntos que no han sido sometidos a su consideración.

Lo vertido sugiere que el ad quem no puede actuar a su entera libertad y juzgar sobre lo que le plazca sino que está sometido a diversas restricciones que limitan su ámbito de actuación, porque también en esta instancia rige el principio de congruencia con el que está obligado a resolver el tribunal, que le impone a actuar solo dentro de las pretensiones expuestas por las partes y del material fáctico de la primera instancia.

La jurisprudencia de este Tribunal, entre otros no menos importantes el AS N° 55 de 1 de abril de 1998, señala que los fallos judiciales obligatoriamente deben responder a las peticiones deducidas por las partes y las autoridades jurisdiccionales no pueden pronunciarse sobre aspectos no demandados y que no fueron objeto de la litis

En este orden cuando el tribunal ad quen se excede en sus atribuciones al fallar ultra petita y no conforme a la pertinencia prevista en el glosado artículo 236 del CPC, dan lugar a que el Tribunal Supremo subsane lo ilegalmente resuelto, teniendo en cuenta que se está ante el incumplimiento de normas procesales como la señalada supra, que al ser de orden público, son de cumplimiento obligatorio.

CONSIDERANDO IV: Que, realizada esta apreciación se analiza el extraordinario respecto al fondo, coligiendo que:

Evidentemente, en la especie, el proceso versa sobre la nulidad de documentos de fecha 21 de octubre de 1990, con reconocimiento de firmas y rúbricas de la misma fecha y con registro en Derechos Reales bajo la partida Nº 234 del Libro Primero de Propiedades de la Provincia de Tarata, de 29 de octubre de 1996 y tomando en cuenta la preferencia entre los adquirentes del mismo inmueble se sostiene la acción al amparo de los arts. 452, 520, 549 inc. 2),4) y 5), art 1283 y 1545 del CC.

El primer artículo refiere a los requisitos para la formación del contrato, el segundo menciona la ejecución de buena fe e integración en el contrato, el tercero sobre los casos de nulidad de los contratos , en el caso, por faltar en el objeto del contrato, los requisitos señalados por ley; por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato y los demás señalados por ley, el penúltimo referido a la carga de la prueba y el último a la preferencia entre adquirentes de un mismo inmueble que para mejor proveer se transcribe: "Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título".

Cabe resaltar que este enunciado normativo guarda perfecta relación con el art.1538 del adjetivo civil, referida a la publicidad de los derechos reales induciendo a entender que surtirá efectos contra terceros desde el momento que se hace público. Este hecho se extinguirá por haberse inscrito una transferencia de la propiedad o derecho real en favor de otra persona, si no existe otra inscripción la preferente. La cancelación total podrá pedirse cuando se declare judicialmente la nulidad del título en virtud del cual se ha hecho la inscripción o se declare judicialmente la nulidad de la inscripción, la misma por faltar alguno de los requisitos formales.

Al respecto el tribunal ad quem apartándose de la acción presentada y detallada supra, sorprende a este tribunal mencionando que de las pruebas cursantes en el proceso se ha reflejado la verdadera situación jurídica del conflicto, aduciendo que no guarda congruencia necesaria la declaratoria de nulidad de un solo documento infiriendo que él de la demandante, también debería ser nulo por llevar la misma fecha, menciona que no corresponde a la verdad original de distribución de la herencia anticipada que hicieron los padres, señala también que la sentencia no está respaldada con ningún fundamento jurídico legal al disponer la nulidad del documento traslativo, menos que se pronuncia sobre el mejor derecho que igualmente fue una pretensión, aspecto que según el tribunal mal puede deferirse porque las dos partes y hermanos contendientes recibieron como vendida, la herencia de sus padres. Esta alegación hace desechar la pretensión intentada en la demanda ya que el conflicto se reduce a individualizar y dividir prácticamente el terreno en hijuelas de cada una de las partes.

Como se tiene glosado realiza un detalle de pretensiones que debían intentarse por la demandante, sin embargo aduce que la nulidad perseguida por ella, no ha sido probada de acuerdo al art. 549 del Código Civil, y menos que haya cumplido con la carga de los arts.1283 del Código Civil, 1 y 375 de su Procedimiento.

En el acápite referido a la reconvención, le asigna pleno valor legal, tal y como sucede con la prescripción o usucapión que no son motivo de ambas pretensiones.

Haciendo referencia a la demandada y su esposo hace una cita impertinente de los arts. 438 y 1456 inc. 1 del adjetivo civil refiriendo escuetamente a excepciones comunes para la defensa de sus derechos.

Este tribunal considera la pertinencia de transcribir los artículos señalados: art. 438 referida a excepciones oponibles: "el codeudor solidario no puede oponer al acreedor las excepciones que son personales de los otros deudores..... sig......"; el art. 1456 refiere sobre, la petición de herencia "el heredero puede pedir se le reconozca esa calidad y se le entreguen los bienes hereditarios que le correspondan contra quienesquiera los posea, total o parcialmente, a título de heredero o sin título alguno".

CONSIDERANDO V: Que, de lo referido anteriormente, el Tribunal Supremo no encuentra nexo de causalidad entre las disposiciones citadas con la norma contenida para la tramitación de la nulidad de documentos, más aún si se tiene en cuenta que a la fecha de la interposición de la presente demanda, existía una sentencia ejecutoriada que no fue valorada por el tribunal ad quem conforme se acredita de las literales de fs. 109 a 121 de donde se evidencia que Pedro Jiménez Ugalde interpone demanda contra Juana Jiménez Ugalde y su madre Candelaria Ugalde Vda. de Jiménez ante el Juez de Partido en lo Civil de Tarata, alegando mejor derecho propietario sobre el mismo lote de terreno motivo de la presente litis, acción que mereció la sentencia de 27 de junio de 1997 en la que se declara improbada la demanda y probada en parte las excepciones opuestas por la entonces demandada argumentando la resolución en base a los art. 1538 y 1545 del Código Civil, disposiciones sustantivas que prevén, que, ningún derecho real sobre inmuebles surte efecto contra terceros sino, desde el momento de que se hace público, y si por actos distintos el propietario ha transmitido los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título y de ello se desprende que conforme a las partidas de fecha 20 de octubre de 1995 y 29 de octubre de 1996, Juana Jiménez probó mejor derecho propietario sobre el lote en cuestión, aspecto dilucidado ante la autoridad competente, y adquirió ejecutoria.

El detallado razonamiento que no halla correspondencia con lo previsto en la resolución de vista, toda vez que de ello se rescata que se trata enteramente de una acción de nulidad que nace precisamente de la determinación de la preferencia, que constituye sin lugar a dudas un aspecto que se encuentra dentro del ámbito de lo pretendido.

En base a este antecedente y otros que se declaran en la sentencia impulsaron al juez a quo a emitir resolución declarando probada la demanda de fs. 4 a 5 y las excepciones de fs. 31 que tiene como efecto declarar la nulidad del documento privado de compra venta del terreno de 21 de octubre de 1990 reconocido en la misma fecha y registrado en derechos reales bajo la partida N° 234 del libro primero de la provincia Tarata de 29 de octubre de 1996 de propiedad de los demandados.

Respecto de la denuncia sobre la reconvención, la resolución de vista mantiene que esta ha contestado y que no ha encontrado ningún vicio de nulidad por no ajustarse a la previsión del art. 251 del Código de Procedimiento Civil.

Del mismo modo en cuanto a la petición de prescripción o usucapión decenal asevera que si se produjo, siendo que puede presentarse en cualquier estado de la causa de acuerdo al art 1497, escuetamente refiere a una apelación incidental reservada para esa instancia, declarándola probada, más de la revisión del legajo se advierte que no ha sido cumplida formalmente por la interposición de la acción del demandado implicando la interrupción de este instituto jurídico.

Estas circunstancias, hacen entender que los fallos que pronuncian los órganos jurisdiccionales, no solo deben ser justos sino, deben también revestirse de un elemento esencial, la necesidad de certeza y firmeza de modo tal que la cosa juzgada que se obtiene al final de una contienda judicial, otorgue la seguridad jurídica que las partes exigen y a la que tienen derecho, solo así el órgano jurisdiccional podrá generar paz social (Auto Supremo 220 de 2 de octubre de 2006 Sala Civil).

En definitiva, el tribunal ad quem al revocar la sentencia que con estricta sujeción a la ley, dictó el juez a quo declarando probada la demanda y excepciones con mejor criterio que el tribunal ad quem, por lo que urge corregir tal despropósito, casando el auto de vista y en definitiva establecer que el tribunal de grado emitió un fallo ultra petita con una fundamentación que no se acomoda a los puntos resueltos por el inferior ni mucho menos a la petición y agravios expuestos por la apelante, consecuentemente este Tribunal considera pertinente aplicar la normativa contenida en los arts. 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en observancia de la facultad que le confiere el artículo 58.1) de la Ley de Organización Judicial CASA el auto de vista de fs. 222 a 223 vlta., manteniendo incólume la sentencia de primera instancia de 11 de octubre de 2002 cursante de fs. 188 a 191 de obrados. Sin costas.

Se llama la atención a los señores Vocales de la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Cochabamba suscriptores del auto de vista motivo de la casación, por las infracciones cometidas, exhortándoles a tener mayor cuidado a tiempo de emitir las resoluciones.

Para sorteo y resolución interviene la señora Ministra Rosario Canedo Justiniano, según convocatoria de fs. 240 y vlta. de obrados.

Para resolución interviene el señor Ministro Hugo Roberto Suárez Calbimonte de la Sala Social y Administrativa Segunda, según convocatoria de fs. 242 del expediente.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo.- Dr. Hugo Roberto Suárez Calbimonte

Proveido, Dra. Gladys Segovia García, Secretaria de Cámara