SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº C-17-06-S

AUTO SUPREMO Nº 99 Sucre, 7 de Octubre de 2009

DISTRITO: Cochabamba Proceso: Ordinario Civil

Partes: Nivardo Rojas Ferrufino c/ Rómulo Valderrama Z. y otros

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo promovido por Rómulo Valderrama Zapata, Gavina Velarde de Valderrama y Carlos Valderrama Zapata a fs. 244-245 vta., contra el Auto de Vista de 28 de noviembre de 2005, cursante a fs. 237-238 vta. de obrados, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho propietario instaurado por Nivardo Rojas Ferrufino contra los recurrentes, la concesión del mismo, los antecedentes procesales considerados para resolución y

CONSIDERANDO I: Que en la sustanciación del referido proceso ordinario, el 15 de julio de 2002 el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial de Cochabamba emitió la sentencia de fs. 202-204 vta., declarando improbadas las excepciones perentorias opuestas a fs. 21-23, probadas en parte las excepciones perentorias opuestas a fs. 36-37 vlta. contra la acción reconvencional, probada la demanda de fs. 14-15 y probada en parte la acción reconvencional del codemandado Rómulo Valderrama Zapata de fs. 26, en cuanto se refiere a las mejoras introducidas en el inmueble que ocupa y constituye objeto del presente litigio, declarando en consecuencia el mejor derecho propietario del demandante a quien se le debe restituir el inmueble previo pago de las mejoras introducidas en el mismo y que se justipreciarán en ejecución de sentencia; asimismo, ordenó la cancelación en Derechos Reales del título ejecutorial inscrito en la partida y fs. 21 del Libro de Propiedad Agraria de la Provincia Cercado de 4 de febrero de 1986, con relación al terreno ubicado en el manzano K de la zona Valle Hermoso.

Promovida la apelación por los demandados, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba confirmó la sentencia apelada en todas sus partes, motivando así la interposición del recurso de casación en la forma y en el fondo que se compendia a continuación:

Recurso de casación en la forma: Los demandados denuncian que en la sentencia apelada se infringieron los arts. 190 y 192 inc. 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), por cuanto se declaró de manera general probada la demanda de mejor derecho, reivindicación y acción negatoria, sin que conste la fundamentación correspondiente haciéndose análisis de los arts. 1545 y 1453 del Código Civil (CC), por lo que al haberse confirmado la sentencia se convalidaron vicios de nulidad de la sentencia.

Recurso de casación en el fondo: A través de esta acción los recurrentes denuncian la violación de los arts. 1545, 1453 y 1455 del CC, toda vez que el demandante no probó su mejor derecho con su título de propiedad, habiendo dejado de poseer el inmueble más de 17 años, que es el tiempo que ellos lo poseen, consolidándose así la usucapión prevista en el art. 138 del CC, que también denuncian como vulnerado, habida cuenta que el único requisito que se debe considerar para que se consolide la misma, es que haya transcurrido 10 años, aspectos que no han sido considerados por el tribunal de alzada

Concluyó solicitando se anulen obrados o se case el auto de vista y se declare probada la reconvención respecto a la usucapión.

CONSIDERANDO II: Que a efectos de resolver el recurso extraordinario en análisis se concluye lo siguiente:

Sobre el recurso de casación en la forma: De acuerdo a nuestra economía jurídica, la finalidad del recurso de casación en la forma es la de anular la resolución recurrida o el trámite de la causa por la violación de las formas esenciales del proceso, situación que debe estar sancionada con nulidad por la ley en el marco de los principios doctrinales como el de legalidad o especificidad, trascendencia, convalidación y preclusión -entre otros- y teniendo en cuenta lo dispuesto por los arts. 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y 247 de la Ley de Organización Judicial, debiendo cumplir además las previsiones de los arts. 254 y 258 del CPC, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

En la especie, luego de la revisión integral de los antecedentes de la causa, se concluye que no existen vicios procesales que den lugar a la anulación de la causa como solicitan los recurrentes, habida cuenta que la fundamentación que extraña el recurrente respecto del análisis de los arts. 1545 y 1543 del Código Civil, en una consideración armónica del contenido de toda la sentencia, consta en la parte signada como "hechos probados" en el primer considerando de dicha resolución, que sustentan en definitiva las decisiones asumidas por el a quo, y confirmadas por el ad quem, sin que haya lugar a dudas sobre los derechos establecidos en función de la acción y de la reconvención.

Si bien es cierto que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, en la especie - de la lectura de la sentencia de primera instancia-se aprecia la exposición de los hechos, la cita de normas y la asunción de decisiones positivas, claras y concretas, emergentes de la compulsa del elenco probatorio, constituyendo una decisión de derecho y no de hecho cuyos alcances y efectos son claramente comprensibles, concluyéndose en definitiva que no existe mérito para disponer la anulación del proceso por este hecho, por cuanto no existen errores "in procedendo" que den curso a ello.

Sobre el recurso de casación en el fondo: Siguiendo el orden propuesto en los fundamentos del recurso de casación en el fondo que ahora se resuelve, corresponde señalar que el art. 1545 del CC, establece que la propiedad del inmueble transferido por actos distintos a diferentes personas es de quien haya inscrito primero su título, en tanto que el art. 1453 del mismo compilado legal se refiere a la acción reivindicatoria y sus características. Por su parte el art. 1455 del sustantivo civil citado, regula sobre la acción negatoria, que implica simplemente se determine la inexistencia de los derechos de quien afirme tenerlos sobre una misma cosa.

En este contexto, de las circunstancias constantes en el expediente se verifica que los razonamientos esbozados por el a quo que a su vez fueron confirmados por el ad quem, se enmarcan dentro de la normativa citada, habida cuenta que la R.S. 201621 de 21 de octubre de 1986, de donde nacía el derecho propietario de los demandados, fue declarada nula por Auto Supremo No. 24 de 27 de abril de 1989, pronunciado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica que los derechos que alegan tener los demandados a raíz de esa resolución no tienen existencia y el único registro válido en Derechos Reales es, precisamente, del demandante.

De otro lado, debemos considerar que el art. 105 del Código Civil al establecer el derecho de propiedad, regula también el "jus vindicandi" como la facultad que tiene todo propietario de reivindicar la cosa de manos de un tercero, viabilizada a través de la acción reivindicatoria prevista por el art. 1453 del adjetivo civil, cuyo fundamento reside en el poder de persecución que tiene el propietario cuando ha sido desposeído de la cosa sin que medie su voluntad y tiende a que éste recupere la posesión de la cosa, mediante la "desposesión" del demandado ordenada por el juez.

Así, la acción reivindicatoria hace prevalecer el derecho de propiedad de quien la invoca, correspondiendo a éste demostrar la forma de adquisición, conforme lo establece el art. 110 del Código Civil.

En ese orden, ingresa la acción de "mejor derecho de propiedad" que se presenta cuando hay más de un propietario o persona que alegue dominio sobre la cosa, en cuyo caso se dice que hay disputa y conflicto del derecho de propiedad. Mejor derecho que exige a quien lo invoca que hubiere registrado su derecho propietario en las oficinas de Derechos Reales, para ser oponible a terceros, como lo dispone el art. 1538 del Código Civil.

Pues bien, en el caso de autos, es menester señalar que las denuncias que formulan los recurrentes en su acción extraordinaria se hallan estrechamente ligadas al ejercicio de valoración de la prueba desarrollado por los jueces de instancia, caso en el que, de acuerdo a la técnica jurídica relicta a la interposición del recurso de casación en el fondo, es imprescindible que él o los recurrentes acusen y demuestren la existencia de errores de hecho o en su caso de errores de derecho conforme lo previsto en el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil, otorgando así a este tribunal, la facultad de abrir su competencia y realizar una nueva valoración de la prueba, aspectos que, sin embargo, no fueron cumplidos por los recurrentes en el recurso que se resuelve toda vez que no existe una exposición al respecto.

No obstante, es menester señalar que los demandados no acreditaron el registro de su derecho propietario en Derechos Reales, tal como lo previene el art. 1538 del CC, menos que ese derecho propietario se encuentre consolidado, aspectos adecuadamente compulsados por los de instancia en sus respectivas resoluciones y, que encuentra correspondencia cuando se las contrasta con las pretensiones deducidas en la acción reconvencional, orientadas a adquirir el derecho propietario del inmueble objeto de la litis a través de la usucapión extraordinaria prevista en el art. 138 del Código Civil, concluyéndose en consecuencia que no existe infracción de las citadas normas.

En cuanto a lo previsto en el art. 1455 (acción negatoria) del tantas veces mencionado sustantivo civil, huelgan mayores comentarios por cuanto es evidente que los derechos que afirman tener los demandados sobre el inmueble objeto de la litis no existen, lo que conlleva concluir que las denuncias formuladas al respecto son infundadas.

Finalmente, si bien es cierto que el art. 138 del CC determina que la propiedad de un inmueble se adquiere por la posesión continuada durante diez años, no es menos cierto que la usucapión extraordinaria -como dice Morales Guillen-, no otorga el dominio a un poseedor cualquiera, despojado de todo motivo de consideración, sino a quien lleva el tiempo de su posesión en concepto de dueño, que conlleva la presunción de dominio, de ahí que es necesario que esa posesión sea pacífica y no se vea interrumpida por reclamos de quienes también alegan tener derecho propietario sobre la cosa, como aconteció en la especie y fue correctamente considerado por los jueces de grado, concluyendo una vez más que no existen razones suficientes para disponer la casación del auto de vista.

En definitiva, no existiendo errores in procedendo ni errores in judicando que enmendar, corresponde fallar conforme a los arts. 271-2) y 273 del CPC.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el artículo 58.1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 252-253, con costas. Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500 que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Para sorteo y resolución, según convocatoria de fs. 253, interviene la Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidente de la Sala Civil Primera.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Proveído, Dra. Gladys Segovia García, Secretaria de Cámara