SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº Lp-149-07-A

AUTO SUPREMO Nº 91 Sucre, 28 de Septiembre de 2009

DISTRITO: La Paz Proceso: Ordinario Civil

Partes: Lidia Rojas Soto c/ Ezequiel Paz Ramos

MINISTRO RELATOR: Ministro Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1065-1067 interpuesto por Guery Escalier en representación legal de Lidia Rojas Soto, contra el Auto de Vista No. 153/07 de 23 de agosto de 2007 de fs. 1026 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario que sobre mejor derecho de propiedad, reivindicación, acción negatoria, nulidad de documentos y resarcimiento de daños y perjuicios sigue la recurrente contra Ezequiel Paz Ramos, Eusebia Quezada de Paz y Otros; la respuesta de fs. 1075, el auto concesorio del recurso de fs. 1075 vta., los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que en el caso de autos, resolviendo el recurso de apelación interpuesto a fs. 974, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de la Paz pronunció el auto de vista de fs. 1026, confirmando el auto definitivo de 9 de diciembre de 2005 cursante a fs. 972 pronunciado por el juez a quo, por el que da por no presentada la demanda y dispone el archivo de obrados, con el fundamento de que la parte demandante no dio cumplimiento a lo dispuesto a fs. 869 vta., de aclarar su petición y subsanar lo observado a fs. 24, dentro del plazo de cinco días que le fuera otorgado; auto de vista que dio lugar al recurso de casación que nos ocupa.

CONSIDERANDO II: Que este Tribunal Supremo en su abundante jurisprudencia, ha establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, concedida para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por la ley, que puede ser de casación en el fondo, en la forma o ambos a la vez, conforme establece el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas por el art. 253 del adjetivo Civil y su finalidad es la casación del auto de vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia. En tanto que en la forma la fundamentación debe adecuarse a las previsiones establecidas el art. 254 del mismo cuerpo legal y su finalidad es la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo-con o sin reposición-cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley.

En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

En el caso de autos, la parte demandada interpone recurso de casación en el fondo acusando únicamente que "se ha realizado una incorrecta aplicación del Art. 333 del Código de Procedimiento Civil ley 1770 porque archiva obrados y la demanda se la tiene por no presentada"(sic), sin especificar de manera concreta y precisa en qué consiste la incorrecta aplicación de dicha norma y sin tomar en cuenta que dicha norma legal no es más que una facultad privativa que otorga la ley a los jueces para ordenar de oficio, se subsanen los defectos y deficiencias de una demanda, lo que implica que debe ser acatada por quien la presenta.

Luego, continúa con una relación confusa de diferentes actuados procesales para concluir afirmando que "la decisión recurrida importa por otra parte una resolución arbitraria incongruente, en los términos de la reiterada jurisprudencia de nuestro más alto tribunal sobre la materia; por cuanto, además de apartarse inequívocamente de la solución normativa antes señalada y prevista por el presente caso y no comportar una derivación razonada de derecho vigente adolece de errores, omisiones y desaciertos de gravedad extrema que la tornan inhábil como acto judicial e injusta en el campo del derecho"(sic) y solicitar que "...se dicte auto supremo casando el auto de vista todo en cuanto ha sido materia del presente recurso; por consiguiente, se declare probada la demanda principal y resuelta a la movilidad de obrados a fs. 175" (sic), afirmaciones totalmente incongruentes que concluyen con una solicitud de igual característica, toda vez que pide que se declare improbada la demanda cuando el fondo de la misma no ha sido resuelto ni siquiera en primera instancia. De esta manera ha incumplido e inobservado lo preceptuado por el ya citado art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil.

Por otro lado, es necesario aclarar que la acusada incorrecta aplicación del art. 333 procesal civil, no da lugar sino al recurso de casación en la forma y no al recurso de casación en el fondo, como ha interpuesto la parte recurrente, porque dicha resolución no ha resuelto el fondo de la controversia sino un aspecto formal relativo a la incongruencia y falta de claridad de la demanda. Además, al darse por no presentada la demanda, no se está privando a la demandante, de ninguna manera, de la facultad de intentar una nueva demanda cumpliendo con todos los requisitos previstos en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil y subsanando las deficiencias que dieron lugar al rechazo de la demanda de fs. 20 a 23.

Por las circunstancias anotadas, corresponde emitir resolución en la forma establecida en el art. 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III: Sin embargo de lo anterior, este Tribunal, no puede dejar de manifestar su extrañeza por la forma caótica en que se ha tramitado la presente causa, caos producido por la propia parte demandante y los letrados que la asesoraron, induciendo a confusión y error a los jueces que, a su turno, conocieron el proceso, incluso causando la recusación y excusa de algunos de ellos, dando lugar a la emisión de providencias confusas y contradictorias en muchos casos y, en general, a un total enredo del trámite con la presentación de memoriales incongruentes, inadecuados y con total falta de respeto a la autoridad judicial, así como la interposición de una abundante cantidad de recursos de reposición y de apelación contra diferentes providencias emitidas por los jueces, hasta el hecho de solicitar, desatinadamente, la remisión de obrados al Tribunal Constitucional para la resolución de un supuesto "conflicto de competencias", aspectos todos estos -a más de otros que no se mencionan- que ponen de manifiesto el inusitado e incomprensible interés de la propia demandante -o de sus abogados- de dilatar y entorpecer la tramitación de un proceso judicial por ella misma iniciado.

Las circunstancias anotadas no pueden dar lugar sino a una llamada de atención a los jueces que conocieron el trámite de la fallida demanda, por no haber demostrado la capacidad suficiente para poner freno y reprimir enérgicamente ese tipo de actuaciones judiciales de la demandante y los atropellos, falta de respeto y amenazas de los que fueron objeto por parte de ella y sus patrocinantes.

De la misma forma, la determinación de disponer la remisión de todos los antecedentes del proceso a conocimiento del Colegios de Abogados de La Paz y del Colegio Nacional de Abogados a objeto de que se considere la actuación de los abogados patrocinantes de la parte demandante y, en su caso, se tomen la medidas que correspondan a través de sus respectivos Tribunales.

Consecuentemente, en virtud a lo expuesto en el Considerando II de la presente resolución, corresponde dar aplicación a lo previsto en el art. 272-2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 1065 a 1067 de obrados, con costas.

Se dispone que por Secretaría de Cámara de la Sala se remita fotocopia legalizada de todo lo obrado a conocimiento del Colegio de Abogados de La Paz y del Colegio Nacional de Abogados, a los efectos consiguientes.

Se regula el honorario profesional de abogado en la suma de Bs. 500.-, que mandará pagar el Tribunal ad quem.

Para sorteo y resolución de la causa, según convocatoria de fs. 1083 y vlta. de obrados interviene la señora Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidente la Sala Civil Primera.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Proveido, Dra. Gladys Segovia García, Secretaria de Cámara