SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº Sc-163-06-A

AUTO SUPREMO Nº 87 Sucre, 25 de Septiembre de 2009

DISTRITO: Santa Cruz Proceso: Ordinario Civil

Partes: Osvaldo Mejia Molina c/ Edgar Landivar Chávez.

PRIMERA RELATORA: Ministra Rosario Canedo Justiniano

SEGUNDO RELATOR: Ministro Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo promovido por Edgar Landívar Chávez a fs. 143-145, contra el Auto de Vista No. 386 de 26 de julio de 2006, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario que sobre nulidad parcial de compra de inmueble instauraron Osvaldo, Ísael Mariano, Wilma Yolanda, Jorge Sabino, José Antonio, Isaac, María Sofía, Isabel, Jesús Cristian, Alejandro y Ruth Mery, todos Mejía Molina contra el recurrente, los antecedentes procesales y

CONSIDERANDO I: Que el 14 de marzo de 2006, el Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, pronunció la Resolución No. 333/06 de fs. 125 vta., declarando la perención de instancia en el presente proceso, ordenando el archivo de obrados y dejando sin efecto las medidas precautorias previa ejecutoria del auto emitido.

Promovida la apelación por los demandantes, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista No. 386 de 26 de julio de 2006 (fs. 140 y vta.), revocó la resolución impugnada declarando no haber lugar a la perención de instancia, sin costas.

Ante esta decisión, el demandado Edgar Landívar Chávez dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo conforme consta a fs. 143-145, acusando que se vulneró la seguridad jurídica y el ordenamiento procesal a cuyo fin citó el art. 90 en relación al art. 224-3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), al haberse admitido el recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra un auto interlocutorio definitivo como es el No. 333/06 de 14 de marzo de 2006, cuando correspondía deducir la apelación directa en efecto suspensivo, violando también los arts. 7-a) y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE), con lo que concluyó solicitando se anulen obrados hasta fs. 134 o, se case el auto de vista recurrido dejándose subsistente en todas sus partes el fallo que declara la perención de instancia.

CONSIDERANDO II: Que el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalizar los procesos que llegan a su conocimiento, a objeto de verificar si en ellos se guardaron las formas esenciales que hace eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquél, disposición legal que guarda relación con el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, que impone el carácter de orden público a las normas procesales, de ahí su obligatorio cumplimiento.

En este contexto, es imperioso recordar desde el punto de vista deontológico, específicamente desde el punto de vista del deber ser jurídico, que la motivación de las resoluciones judiciales constituye un deber jurídico consagrado constitucionalmente como uno de los elementos del debido proceso, que constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas. El Diccionario de la Lengua Española asigna a la palabra motivación la "acción y efecto de motivar"; a su vez, define "motivar" como "dar o explicar la razón o motivo que ha tenido para hacer una cosa".

Esto implica que todo administrador de justicia que deba resolver una controversia sometida a su conocimiento, debe inexcusablemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que en la práctica toma una decisión de hecho y no de derecho, que impide a las partes conocer cuáles son las razones que sustentan su fallo. Por ello, las resoluciones judiciales deben ser lógicas y claras, no solo para establecer la credibilidad de la sociedad civil en la jurisdicción, sino además, para que los justiciables puedan fundamentar sus recursos. La motivación de las resoluciones judiciales entraña en el fondo, una necesaria argumentación y ésta sólo es posible, mediante las correspondientes y múltiples inferencias exigidas por el caso concreto. Esas inferencias podrán ser de tipo enunciativo -sujetos a los cánones de la lógica común- y de tipo jurídico -sujetos a las reglas de la lógica jurídica- hasta concluir en la inferencia jurídica definitoria en el caso singular, circunstancias que encuentran su sustento legal en lo previsto por los artículos 190, 192 y 236 -entre otros- del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, en la especie, de la revisión de los antecedentes que informan al proceso se verifica que la resolución emitida por el tribunal de primer grado no se enmarca dentro de los cánones anteriormente descritos, toda vez que no cuenta con la adecuada motivación y fundamentación respecto de las decisiones asumidas, máxime, si consideramos que se trata de una decisión que pone término al litigio cortando procedimientos ulteriores, lo que en los hechos exige que se realice una mínima motivación y fundamentación con la exposición de las razones de decisión que sustenten el fallo y que respondan a los datos del proceso en el marco del memorial en el que se impetró la perención de instancia y la respuesta a dicha solicitud, siendo evidente que el incumplimiento de estas premisas conlleva la vulneración del derecho de forma en la tramitación de la causa.

En consecuencia, corresponde aplicar los arts. 252 y 271.3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el artículo 58.1) de la Ley de Organización Judicial ANULA obrados hasta fs. 125 vta. inclusive, disponiendo que el a quo sin espera de turno pronuncie nueva resolución conforme los fundamentos de la presente resolución, bajo conminatoria de sanción administrativa. Sin multa por ser excusable.

Para sorteo y resolución conforme convocatoria de fs. 150, interviene la Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidente de la Sala Civil Primera, que se constituyó en primera relatora y ante la disidencia del Ministro Julio Ortiz Linares con su proyecto, se convocó al Ministro Hugo R. Suárez Calbimonte a fs. 152, quien apoyó la disidencia.

PRIMERA RELATORA: Ministra Rosario Canedo Justiniano

SEGUNDO RELATOR: Ministro Julio Ortiz Linares

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dr. Hugo Roberto Suárez Calbimonte

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Proveido, Dra. Gladys Segovia García, Secretaria de Cámara