SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº Lp-241-06-A

AUTO SUPREMO Nº 76 Sucre, 07 de Septiembre de 2009

DISTRITO: La Paz Proceso: Ordinario Civil

Partes: Isaac Vargas Huanca c/ Jorge Condori Poma

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 189 a 191, interpuesto por Isaac Vargas Huanca contra la Resolución (auto de vista) Nº 389/2006 de fs.185 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario de usucapión seguido por el recurrente contra Jorge Condori Poma; la respuesta de fs. 194 a 196, el auto concesorio del recurso de fs. 198, los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: La Sala Civil Tercera de la Corte Superior de La Paz pronuncia la Resolución Nº. 389/2006 de 8 de septiembre de 2006, cursante a fs. 185 y vlta., confirmando la Resolución Nº 179 "A"/06 de fs. 169 y vlta., pronunciada por la Jueza Tercero de Partido en lo Civil-Comercial de La Paz, que declaró probada la excepción de incompetencia planteada por el Gobierno Municipal de La Paz.

Dicha resolución de vista dio lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandante.

CONSIDERANDO II: Que el art. 15 de la Ley de Organización Judicial impone al Tribunal de casación la obligación de revisar de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces de primera instancia, los de alzada y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la correcta tramitación y conclusión de los procesos, para aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes o determinar, de oficio, la nulidad de obrados en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

En el contexto precedente, ingresando al análisis de los antecedentes procesales y el contenido de las resoluciones emitidas por los inferiores, que originaron el recurso de casación que nos ocupa, tenemos que Isaac Vargas Huanca, a fs. 39, interpone demanda ordinaria de usucapión decenal extraordinaria sobre un lote de terreno de 184 metros cuadrados de superficie que la dirige contra Jorge Condori Poma. Admitida aquella se corre en traslado al demandado, a quien se notifica mediante edictos. Posteriormente luego de haberse dictado auto de relación procesal y apertura de término de prueba, a fs. 95 se anulan obrados hasta fs. 69 vlta. por no haberse citado con la demanda y decreto de admisión al Gobierno Municipal de La Paz ni al SENAPE, conforme se había dispuesto a fs. 49 vlta. de obrados; además, para que se notifique al Defensor de Oficio designado a objeto de que éste se pronuncie aceptando o no el cargo.

Citado el Municipio paceño, por memorial de fs. 140-143 opone excepciones previas de incompetencia y de falta de personería en el demandante. La de incompetencia la funda en el art. 131 de la Ley de Municipalidades Nº 2028 y argumenta que "... inmerso dentro del inmueble que pretende usucapir los demandantes, existen 58,60 m2 de superficie que corresponde a área residual que es considerado propiedad conforme lo determina el Art. 8 de la Ley 2372 de Regularización de Derecho Propietario Urbano,..."(sic) (las negrillas son nuestras).

Resolviendo las excepciones, la jueza de la causa pronuncia auto definitivo a fs. 169 y vlta. declarando probada la excepción de incompetencia con el argumento de que "el caso presente se trata de bienes municipales por lo que no puede admitirse y que de acuerdo al informe de la Unidad de Patrimonio Municipal se establece que dentro del inmueble que se pretende usucapir existen 58.60 mts2 de superficie que corresponden al área residual que es considerado propiedad conforme lo determina el art. 8 de la Ley 2372 de Regularización de Derecho Propietario Urbano" y que "en el caso de autos se demandó en forma genérica un total de 184 mts2, sin especificar que existiera área residual perteneciente a la Municipalidad, lo que provoca que quede establecido, que en aplicación de lo dispuesto por el art. 131 de la Ley de Municipalidades, los jueces ordinarios no podrán conocer demandas de usucapión por carecer de competencia para ello" (las negrillas son nuestras). En apelación, la resolución es confirmada en todas sus partes por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de La Paz, a fs. 185, dando lugar al recurso de casación de fs. 189 a 191.

CONSIDERANDO III: De la compulsa de los antecedentes procesales y la resolución que declara probada la excepción de incompetencia, este Tribunal llega a la conclusión de que tanto la jueza a quo como el tribunal ad quem, que confirmó la resolución de aquélla, no realizaron, a su turno, un adecuado análisis de la demanda ni de la excepción opuesta por el demandado, ni una correcta interpretación de la normativa legal aplicable al caso; por ello, el auto que resuelve la excepción de incompetencia es atentatoria a la garantía del debido proceso, al derecho de petición, al derecho que tienen las personas de obtener de la autoridad una respuesta concreta a su pretensión, sea ésta positiva o negativa, y a la seguridad jurídica; además de que el desconocimiento que hace la A quo de su propia competencia es ilegal y arbitrario.

En efecto, en primer término se tiene claro que el demandante persigue la usucapión de un bien inmueble de propiedad de una persona natural, por ello dirigió la demanda en contra de Jorge Condori Poma por considerar que es el propietario de dicho bien. Ante esta circunstancia, el juez de la causa, con la competencia que la ley le otorga, la admitió y corrió en traslado a la parte demandada.

 

Sin embargo, ante el hecho de que la Alcaldía Municipal de La Paz, a quien se hizo conocer la demanda en observancia del art. 131 de la Ley de Municipalidades, interpuso, junto con otra, la excepción de incompetencia en el Juez para conocer de la causa con el argumento de ser propietaria de una fracción del lote de terreno que se pretende usucapir, el juez de la causa no podía desconocer su propia competencia, ignorando que la superficie demandada de usucapión es de 184 m2 mientras que la propiedad reclamada por la Alcaldía paceña sólo es sobre 58.60 m2; es decir, a mayor abundamiento, al tratarse de sólo una fracción de terreno sobre la que el municipio reclama derecho propietario, el juez de la causa no podía de ninguna manera declarar su incompetencia, menos aún si existía una superficie de 120 m2 de diferencia entre lo demandado y lo reclamado por la Alcaldía de La Paz, superficie sobre la cual, en su caso, deberá emitir la resolución que corresponda. Esa actitud irresponsable es atentatoria a la garantía del debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al derecho de petición, dejando al demandante en indefensión absoluta y sin otorgar, como es su obligación, una respuesta concreta a su pretensión, sea ésta positiva o negativa.

Asimismo, ha interpretado y aplicado incorrectamente el contenido del art. 131 de la Ley de Municipalidades, desconociendo que la intervención de la Alcaldía ha sido prevista en dicha norma con el objeto de resguardar el derecho que el municipio pudiera tener sobre el bien inmueble demandado de usucapión, evitando dejarlo en indefensión y el posible daño patrimonial y económico al que se lo sometería por desconocimiento del derecho que pudiera tener.

No otra cosa significa que el art. 131 de la Ley de Municipalidades disponga que "En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad" (las negrillas son nuestras), de donde se colige, con meridiana claridad, que dicha normativa no prohíbe ni limita la competencia de los jueces de partido en materia civil para conocer procesos de usucapión dirigidos contra personas privadas en los cuales una alcaldía "en función de los intereses municipales" pueda "constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado"; es decir, a mayor abundamiento, aquella norma reconoce, implícitamente, la competencia de los jueces para conocer una demanda de usucapión dirigida contra una persona privada o particular, así como expresamente reconoce el derecho del municipio para conocer esa demanda y constituirse en parte si considera tener algún derecho sobre el bien objeto de la demanda.

Pero eso no es todo, el hecho de que aquella norma disponga la necesaria intervención de una alcaldía en los procesos de usucapión y pueda ésta constituirse en parte directamente interesada en el proceso, no libera a la alcaldía que se constituya en parte de la obligación procesal de probar, en el trámite de la causa, el derecho que arguye y reclama sobre el bien inmueble cuya usucapión se pretende, obligación probatoria que debe hacerlo en las mismas condiciones que el demandante y el demandado, en estricta observancia del principio de igualdad procesal. No puede ser de otra manera.

Muy diferente sería la situación si la demanda se la hubiere dirigido directamente contra la Alcaldía de La Paz y sobre un bien inmueble de su propiedad, caso en el cual el juez hubiera tenido que rechazar in límine la demanda en virtud de aquella ilegal disposición contenida en la última parte del tantas veces citado art. 131 de la Ley de Municipalidades, en sentido de que "Los jueces que admitieran dichas demandas serán pasibles a juicio por prevaricato", determinación que, a la sazón y como no podía ser de otra manera, fue declarada inconstitucional a través de la Sentencia Constitucional Nº 0045/2007 de 2 de octubre de 2007, emitida como consecuencia del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad promovido por los Ministros de la Sala Civil de este Tribunal Supremo, a instancia de Ruiter Valda Guerrero y Carmen Rosa Caba de Valda, cuyos fundamentos, por la estrecha relación que existe con el caso en análisis, este Tribunal los hace propios a los efectos de la presente resolución y que dicen lo siguiente:

"III.5.Examen de constitucionalidad del art. 131 de la LM

De acuerdo a la doctrina referida en esta Sentencia, y conforme proclama la Constitución Política del Estado, Bolivia es un Estado Social y Democrático de Derecho, que precautela los derechos e intereses de toda la población en general y de cada persona en particular, sometiéndose el propio Estado a las normas que ha adoptado, es decir que debe respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico en todos los ámbitos. Dentro del antedicho ordenamiento jurídico, existen normas que reconocen las potestades del Estado, por una parte, y por otra, los derechos individuales de la persona. Ahora bien, en el desarrollo de la vida en comunidad pueden presentarse situaciones en las que se encuentren en conflicto el interés general y el interés particular, debiendo decidir entre ellos, constituyendo precisamente ése el aspecto que tendrá que ser dilucidado en relación al art. 131 de la LM impugnado.

La disposición legal impugnada puede ser dividida en tres partes, para un mejor análisis; la primera es la que señala: "En todo proceso de usucapión sobre bienes inmuebles susceptibles de aplicación de dicha figura, deberá citarse al Gobierno Municipal de la jurisdicción respectiva que, en función de los intereses municipales, podrá constituirse en parte directamente interesada, sin perjuicio de la citación al demandado, bajo sanción de nulidad." La segunda, la que dispone: "No procederá la usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado.". Y, la tercera: "Los jueces que admitieran dichas demandas serán pasibles a juicio por prevaricato".

Comenzando por el estudio del primer acápite del art. 131 de la LM, se entiende que esta norma establece que, al inicio de una demanda de usucapión presentada por un particular respecto de un inmueble, se cite en forma obligatoria al representante del Gobierno Municipal de la circunscripción en la que se encuentre el bien. Esta disposición tiene el objeto de hacer conocer a la autoridad municipal que se está entablando una acción de usucapión sobre determinado bien, para que pueda tomar conocimiento y, si es el caso, constituirse en parte interesada, norma que se apoya en la realidad boliviana, donde se producen diversos asentamientos de hecho que se operan inclusive sobre bienes municipales y estatales, los cuales deben ser protegidos al ser de dominio público y, por ende, de interés de la colectividad. Se debe aclarar que en caso que se tratara de un bien estrictamente particular, la citación que se debe hacer a la autoridad municipal no tiene por qué entorpecer ni afectar negativamente el proceso en el cual el usucapiente deberá demostrar su posesión pacífica, continuada e ininterrumpida por el plazo que exige la ley, pues la eventual intervención que en ese trámite tenga el Gobierno Municipal no le impide que lo haga.

En ese sentido, el contenido de la norma analizada no lesiona de modo alguno el principio de igualdad de las partes en proceso, toda vez que el usucapiente, aún cuando la Municipalidad asuma conocimiento y se constituya en parte interesada, tiene todas las prerrogativas procesales de aportar cuanta prueba legal estime conveniente para demostrar su posesión pacífica y continuada sobre un inmueble particular, de modo que la intervención del representante del Gobierno Municipal no restringe ni desconoce el principio de igualdad. Tampoco vulnera la seguridad jurídica, porque no atenta contra los derechos reconocidos a toda persona que intente lograr una resolución judicial que le otorgue un derecho propietario a su favor mediante la posesión que hubiere ejercitado y que tendrá que estar demostrada a ese efecto, sino que únicamente esta norma dispone la notificación del representante del Gobierno Municipal respectivo para que, si es el caso, haga valer los derechos del Municipio en resguardo de los intereses de la colectividad.

Esta disposición no es contraria tampoco al derecho a formular peticiones, porque no impide que el interesado interponga una demanda de usucapión, y utilice todos los medios legales para solicitar, reclamar o requerir todo lo que en Derecho estime le convenga, dependiendo de la autoridad judicial correspondiente, y según el caso y pruebas aportadas, resolver las peticiones.

En cuanto al derecho a la propiedad privada, debe recordarse que es precisamente lo que se pretende lograr con la demanda de usucapión, por tanto, no es posible de ninguna forma que la disposición legal que determina la notificación al representante del Gobierno Municipal con dicha demanda, conculque el derecho a la propiedad privada, por cuanto ésta aún no ha sido reconocida a favor de quien incoa tal demanda, quien no reviste la calidad de propietario, sino de poseedor.

El art. 131 de la LM, en el primer acápite ahora estudiado, no es contrario a la garantía del debido proceso ni al derecho a la defensa, puesto que, de un lado, no implica un sacrificio de las normas procesales consagradas en el procedimiento civil aplicable, tampoco atenta contra el derecho a un proceso justo y equitativo del usucapiente ya que, aún en caso que la Alcaldía participara en el juicio de usucapión, aquel conserva toda las potestades que se reconocen a toda parte en litigio, sin que la intervención del Municipio pueda dar lugar al desconocimiento del debido proceso; y de otro, no coarta la facultad del interesado de ofrecer y producir cuanta prueba considere necesaria para demostrar los extremos que requiere para la consecución de sus objetivos en el proceso.

Finalmente, la disposición examinada no establece aplicación retroactiva alguna, siendo falaz la afirmación de los recurrentes en ese sentido; y, tampoco infringe los principios de jerarquía normativa ni de primacía constitucional consagrados en el art. 228 de la CPE.

Por lo expresado, el primer acápite del art. 131 de la LM no es contrario a las normas constitucionales invocadas como lesionadas.

En cuanto al segundo acápite del art. 131 de la LM, que encierra una prohibición ante el intento de usucapir bienes de propiedad municipal o del Estado, se establece que tampoco es contrario a los derechos a la igualdad, a la seguridad jurídica, a formular peticiones, a la propiedad privada -pues constituyen propiedad de todos y todas las personas que conforman el Estado-, no afecta al debido proceso ni al derecho a la defensa, menos el principio de irretroactividad de la ley, ni establece disposición alguna contraria a la primacía de la Constitución Política del Estado, mas por el contrario, consagra una medida de protección de los bienes del Estado y de los Municipios, a fin que no puedan ser objeto de proceso de usucapión al tratarse de bienes de la colectividad, cuyo resguardo corresponde al propio Estado que debe tutelar los bienes de la nación por encima de los intereses particulares.

Respecto del tercer y último acápite del art. 131 de la LM, que dispone que los jueces que admitan una demanda de usucapión de bienes de propiedad municipal o del Estado serán pasibles a juicio por prevaricato, es menester precisar que, al momento de plantear una demanda se puede desconocer que un bien es de propiedad municipal o estatal; o, a lo largo del proceso se puede llegar a la conclusión que el terreno objeto de litigio, que en principio se pensó pertenecía al dominio privado, resulta ser de propiedad del Municipio o del Estado; es decir que, al incoar una demanda no se puede contar con la absoluta certidumbre sobre si el inmueble cuya propiedad pretende el demandante poseedor, es o no es de propiedad del Gobierno Municipal de la circunscripción respectiva o del Estado o de un particular, toda vez que en la tramitación del proceso se pueden determinar, si fuere el caso, esos aspectos, ya que se pueden plantear tercerías, por ejemplo, demandando el inmueble objeto de proceso.

Por ello, resulta que la última parte del art. 131 de la LM, contiene una amenaza para la labor independiente del juez a quien le toque conocer una demanda de usucapión, autoridad que podría ser procesada por prevaricato únicamente por haber admitido una demanda de esta naturaleza, cuando bien puede suceder que al momento de admitirla no se tenga la certeza indubitable, cual en Derecho se requiere para que opere la prohibición contenida en el segundo acápite de la norma analizada en el párrafo precedente, de si un inmueble pertenece o no al Estado, al Gobierno Municipal o a un particular, y justamente con la respuesta, si es el caso, o con la prueba que se aporte en el curso del proceso, recién se pueda determinar a quién pertenece efectivamente el inmueble objeto de la litis.

En ese sentido, se debe dejar claro que, una vez establecido dentro del proceso el derecho propietario del Municipio o del Estado sobre el bien que se pretendía usucapir, corresponderá al juez que conoce el caso, dar aplicación a lo previsto en la segunda parte del art. 131 de la LM, pues esa norma constituye un resguardo de los intereses y derechos de la colectividad. Otra cosa es, entonces, que el juez se vea impedido de tramitar una demanda cuando no está clara en su totalidad la titularidad sobre el dominio del bien objeto del juicio, siendo esto precisamente lo que conlleva el último acápite del art. 131 de la LM, al consignar una amenaza contra la labor del juez que, conforme determina el art. 116.VI de la CPE, es independiente en la administración de justicia y no está sometido sino a la Constitución y a la ley, la cual no podrá en ningún caso oponerse a los preceptos, valores y principios de aquella. Por consiguiente, el último acápite del art. 131 de la LM resulta contrario a la disposición constitucional referida, pues implica una indebida e injustificada restricción al ejercicio de su función judicial, motivo por el cual debe declararse su inconstitucionalidad.

Resulta imprescindible dejar establecido que, como en todo proceso judicial, si la labor del juez no se ajusta al marco legal establecido en el país, y llegare a dictar resoluciones manifiestamente contrarias a la ley, puede ser pasible de un proceso por el delito de prevaricato tipificado en el art. 173 del Código Penal, sin que para ello sea necesaria la amenaza a través de una norma legal como la hoy examinada, pues el derecho de formalizar una denuncia o interponer una querella por ese ilícito no depende de disposición alguna que contenga la tantas veces mencionada amenaza, sino de la decisión de la persona que se sienta agraviada con una actuación supuestamente ilegal de la autoridad judicial.

Desde otra perspectiva, pero en forma coherente con el criterio anterior, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional (SC 0491/2003-R de 15 de abril) ha establecido que: "....uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural competente e imparcial....", lo cual implica que el juez debe tomar sus propias decisiones según el convencimiento al que arribe, al impedírselo la disposición comentada, se lesiona también la garantía del debido proceso, porque se niega la posibilidad de la persona de alegar, probar y demostrar que un inmueble puede ser objeto de usucapión por no ser del Estado o de un Municipio, coartando toda posibilidad de incoar siquiera una demanda, bajo una pretendida protección de bienes estatales, pero que, en los hechos, se convierte en una supresión total del derecho de accionar y promover un proceso, pues el juez, aún sin tener convicción alguna sobre el caso concreto o sobre la titularidad del dominio del bien, tendría que rechazar la demanda de plano, frente al riesgo de ser procesado por prevaricato.

Igualmente, el último acápite del art. 131 de la LM encierra un veto al derecho de petición, dado que éste consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa que le incumbe, pues al disponer que si el juez admite una demanda de usucapión sobre bienes estatales o municipales será pasible a proceso penal por prevaricato, está limitando a tal punto la labor del juez que no podrá siquiera averiguar en el proceso si un bien es o no del Estado o del Municipio, y el particular quedará despojado de cualquier facultad de demostrar lo contrario.

De todo lo analizado en forma precedente, se concluye que el último acápite del art. 131 de la Ley de Municipalidades es contrario a los derechos de petición, al debido proceso y a la independencia de los jueces, contenidos en los arts. 7 incs. h) y 116.VI de la CPE, por una parte; y, por otra, que en lo demás, el precepto legal impugnado no infringe las disposiciones constitucionales invocadas por el recurrente.

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 120.1ª de la CPE, arts. 7 inc. 2) 59 y ss. de la LTC, declara:

1) LA INCONSTITUCIONALIDAD de la frase: "Los jueces que admitieran dichas demandas serán pasibles a juicio por prevaricato" contenida en el último acápite de art. 131 de la LM, con los efectos derogatorios que establece el art. 58.III de la LTC; y,

2) LA CONSTITUCIONALIDAD del resto de art 131 de la LM".

Por todo lo expresado anteriormente, queda claro que la resolución emitida por el A quo, confirmada en apelación por el Ad quem, es inadmisible y atentatorio al orden público, correspondiendo a este Tribunal dar aplicación a la previsión establecida en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad contenida en el art. 58 numeral 1. de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 169, inclusive, disponiendo que la jueza de la causa dicte nuevo auto que resuelva las excepciones planteadas conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución y continúe con la tramitación del proceso hasta su conclusión. Sin responsabilidad por ser excusable

Para sorteo y resolución de la causa, según convocatoria de fs. 201, interviene la Sra. Ministra Rosario Canedo Justiniano de Sala Civil Primera.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Proveído, Dra. Gladys Segovia García, Secretaria de Cámara