SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº Sc-61-06-A

AUTO SUPREMO Nº 61 Sucre, 26 de agosto de 2009

DISTRITO: Santa Cruz Proceso: Ordinario Civil

Partes : Edwin Loreiro Christie c/ Banco de Santa Cruz S.A.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 186-187 vta., deducido por Ives Ortiz Zúñiga en representación de Edwin Loureiro Christie, contra el Auto de Vista No. 74/2006 de 15 de febrero, cursante a fs. 183 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre enriquecimiento ilícito, nulidad de juicio ejecutivo, adjudicación de propiedad y otros, seguido por el recurrente contra el Banco de Santa Cruz S.A., los antecedentes procesales, y

CONSIDERANDO I: Que en la sustanciación del referido proceso, el 8 de agosto de 2005 el Juez Sexto de Partido Ordinario en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció el Auto No. 357/05 cursante a fs. 168, declarando la perención de instancia conforme el art. 309 del Código de Procedimiento Civil y ordenando el archivo de obrados, con costas.

En apelación deducida por el demandante, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, confirmó el fallo apelado con costas, conforme consta a fs. 183 y vta.

En tal virtud, el demandante recurrió de casación en la forma a fs. 186-187 vta., solicitando se anulen obrados hasta que el a quo emita la resolución ordenada por el tribunal de casación, con la debida congruencia, puesto que esta omisión significa vulneración de las formas esenciales del proceso y de la defensa en juicio, además de que implica incumplimiento de la resolución suprema.

CONSIDERANDO II: Que una de las formas extraordinarias de conclusión del proceso es la perención de instancia, basada en la inactividad de las partes por el tiempo de seis meses, que se computa desde la última actuación, que no es precisamente del demandante, sino de cualquiera de los sujetos principales del proceso incluido el Juez como director del mismo, por lo que le corresponde evitar su paralización e incurrir en sanción de perención, conforme previene la norma del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. En ese orden de ideas, para que proceda una declaratoria de perención debe haber una instancia, una inactividad procesal, transcurso de un plazo y finalmente una resolución judicial que declare operada la perención.

CONSIDERANDO III: De la revisión de los antecedentes de la materia, se verifica que en la sustanciación de la presente causa la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia pronunció el Auto Supremo No. 27 de 9 de febrero de 2004, conforme consta a fs. 158-159, disponiendo la anulación de obrados hasta fs. 135 vta. y ordenando que el juez de primera instancia pronuncie nuevo auto interlocutorio que responda al principio de congruencia.

Producida la devolución del expediente al juzgado de origen, como consta a fs. 163, el 12 de julio de 2004 el a quo decretó: "cúmplase con noticia de los sujetos procesales", posteriormente, a fs. 166, Félix Yves Ortiz Zúñiga se apersonó a estrados judiciales en representación del demandante adjuntando testimonio de poder (fs. 165 y vta.), mereciendo el decreto de 7 de enero de 2005 (fs. 166 vta.), a través del cual se admitió la personería del apoderado del demandante y que, a la sazón, constituye el último acto procesal desarrollado hasta la solicitud de perención de instancia presentada por el representante del Banco de Santa Cruz a fs. 167, que data del 3 de agosto de 2005, que a la postre dio lugar al pronunciamiento de la resolución de 8 de agosto del mismo año, en la que se declaró operada la misma.

En este contexto, habiéndose producido la instancia con la presentación de la demanda y su respectiva citación, de la relación de la causa antes expuesta, se puede advertir que el juez de primera instancia incurrió en una omisión inexcusable al no cumplir lo ordenado en el Auto Supremo No. 27 de 9 de febrero de 2004, siendo evidente la inactividad procesal al punto que se cumplió el plazo estipulado en el art. 309 del CPC, sin embargo, de acuerdo al estado en que se encontraba el proceso, la actuación procesal que correspondía luego de la anulación de obrados dispuesta por la Corte Suprema en el referido Auto Supremo No. 27 de 9 de febrero de 2004, era la emisión de un nuevo auto que resuelva las excepciones planteadas por la entidad demandada, correspondiendo, en consecuencia, determinar que el impulso procesal -entendido como el fenómeno en virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo-, le correspondía al Juez de primera instancia y no a las partes, denotando así una conducta que vele porque el trámite del proceso se realice sin vicios procesales y concluya dentro de un plazo prudencial con la finalidad de tener una justicia pronta y cumplida.

En consecuencia, la omisión antes descrita importa la vulneración de las formas esenciales del proceso porque en los hechos, se está incumpliendo y a la vez dejando sin efecto una resolución emitida por el máximo tribunal de justicia, aspectos que no fueron considerados y sobre los que no se pronunció el tribunal de alzada en el marco de las facultades conferidas por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial y art. 3 del adjetivo de la materia, que imponen en términos generales, la obligación de los tribunales de alzada y de casación de velar porque el proceso se ventile sin vicios procesales que atenten contra el debido proceso, los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables.

En consecuencia, siendo evidente la existencia de errores in procedendo, corresponde fallar aplicando la nulidad de oficio prevista en el art. 252 del CPC.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el artículo 58.1 de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta fs. 168 inclusive y dispone que sin espera de turno y de manera inmediata el a quo cumpla con lo ordenado en el Auto supremo No. 27 de 9 de febrero de 2004.

Al no ser excusables las omisiones de los de instancia, se les impone la multa de un día de haber a cada uno de ellos a ser descontados por la sección correspondiente.

Para sorteo y resolución, según convocatoria de fs. 196 y vta., interviene la Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidente de la Sala Civil Primera de la Corte Suprema de justicia.

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortíz Linares

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Proveido. Dra. Gladys Segovia García, Secretaria de Cámara