SALA CIVIL SEGUNDA

Expediente Nº Lp-229-06-A

AUTO SUPREMO Nº 60 Sucre, 26 de agosto de 2009

DISTRITO: La Paz Proceso: Ordinario Civil

Partes : Javier Quinteros Soruco c/ Windsor Gonzales Pozo

MINISTRO RELATOR: Dr. Julio Ortiz Linares

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 58-60, presentado por Ronald F. Saucedo Arzabe en representación de Javier Quinteros Soruco, contra el Auto de Vista No. 309/2006 de 23 de junio, cursante a fs. 55 y vta. de obrados, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre cobro de obligación pecuniaria seguido por el recurrente contra Windsor Gonzáles Pozo; la concesión del mismo, los antecedentes procesales considerados para resolución, y

CONSIDERANDO I: Que en la sustanciación del referido proceso ordinario, el 1 de febrero de 2003 el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz emitió el auto interlocutorio definitivo de fs. 40-41, declarando probada la excepción de prescripción deducida por el demandado a fs. 26 y vta., con costas.

Promovida la apelación por el demandante, la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz confirmó dicha decisión mediante Auto de Vista No. 309/2006 (fs. 55 y vta.), sancionando al recurrente con costas en ambas instancias, motivando así la interposición del recurso de casación en el fondo que ahora se resuelve y en el que el demandante denunció que el tribunal de apelación no consideró que en el presente caso existe una condición suspensiva que ingresó a la fase de cumplida, habida cuenta que la condición se cumplió con la tramitación de la declaratoria de herederos, registro en derechos reales y la división y partición de la herencia, razón por la cual no se puede concluir que la obligación prescribió, como determinaron los jueces de instancia en vulneración de lo previsto en el art. 494 del Código Civil (CC), teniendo en cuenta además, que el demandado reconoció expresamente la existencia de la obligación, aduciendo en definitiva que no se aplicó el art. 1550 del CC en lo que concierne a la interrupción de la prescripción.

Con estos argumentos concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y se declare improbada la excepción de prescripción.

CONSIDERANDO II: Que a efectos de resolver el recurso en análisis, corresponde señalar que:

El art. 494 del CC, establece que la eficacia o la resolución de un contrato puede estar subordinada a un acontecimiento futuro e incierto, siendo menester que la condición se cumpla de la manera que las partes han pactado. Entonces, diremos con Morales Guillen que la condición es un acto accidental del acto o negocio jurídico, por consiguiente del contrato, constituye una auto limitación de la voluntad para indicar que la eficacia o la persistencia de la eficacia del contrato queda subordinada a ella. Es una relación entre la obligación y un acontecimiento futuro e incierto, por la cual se hace depender la eficacia o la resolución de la obligación misma, del hecho de verificarse o no aquel acontecimiento.

Por otro lado, el art. 1550 del CC, erróneamente citado por el recurrente, se refiere al registro de la subinscripción de contratos, resoluciones judiciales u otros que modifican una inscripción sin extinguirla, en rigor de verdad, la norma invocada debió ser el 1505 del CC, que regula la interrupción del término de la prescripción por el reconocimiento expreso o tácito del derecho que hace aquel contra quien el derecho pueda hacerse valer, acotando además, que también se interrumpe por reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido el término de la prescripción.

Ahora bien, contrastando el contexto jurídico anterior con las circunstancias fácticas del caso de marras, se verifica que el 15 de junio de 1988, mediante testimonio No. 53/88 de fs. 4-5, Windsor Gonzáles Pozo confirió poder especial a Javier Quinteros Soruco, para que en nombre de su persona acciones y derechos, gestione los trámites de declaratoria de herederos, pago de impuestos sucesorios, división y partición voluntaria o judicial, sobre las acciones y derechos que le correspondían en la casa No. 729 de la calle Pichincha, fincada por su padre Walter Gonzáles Valda.

Inmediatamente después, consta que se le otorgó más poder a Javier Quinteros Soruco para que se cobre o descuente la suma de $us. 15.000, que le adeuda en forma líquida, exigible y de plazo vencido, pudiendo para ello entablar juicios ante autoridades civiles y penales, apersonarse ante autoridades administrativas, entre otras cosas.

En consecuencia, en estas circunstancias no podemos concluir que el referido poder constituye un contrato sujeto a condición suspensiva pactado entre los ahora litigantes, toda vez que no se enmarca en lo previsto en el art. 494 del CC, constituyendo simplemente una declaración unilateral realizada por el demandado en el marco de la autonomía de su voluntad, a efectos de que se cumpla con cierto trabajo y en el que reconoce la existencia de una obligación cuyo pago no sujeta a la condición alegada por el recurrente, debiendo considerarse además, que dicho poder fue revocado por el otorgante el 11 de octubre de 1990, conforme consta en el testimonio No. 73/90 cursante a fs. 23 y vta.

Así las cosas, la obligación reconocida por el ahora demandado al otorgar el poder No. 53/88, se enmarca en lo previsto por el art. 1505 del CC y se halla sujeta al régimen legal de la prescripción conforme los razonamientos desarrollados por los jueces de instancia, siendo evidente que desde la emisión de dicho documento -que como se tiene dicho fue revocado por el otorgante- hasta la interposición de la presente demanda, transcurrieron más de 13 años sin que se hubiesen verificado actos que impliquen o que provoquen la interrupción del transcurso del término de la prescripción conforme dispone el art. 1507 del sustantivo de la materia habiéndose operado en consecuencia la aludida prescripción, conforme los razonamientos desarrollados por los juzgadores de instancia.

En definitiva, este tribunal no encuentra razones suficientes para disponer la casación del auto de vista conforme los requerimientos del recurrente, que no demostró la existencia de errores in judicando en la emisión de los fallos de los jueces de grado que se subsuman en lo previsto por los arts. 253 y 258 del adjetivo civil, por lo que corresponde declarar infundado el recurso aplicado los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil Segunda de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el artículo 58.1 de la Ley de Organización Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 58-60, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500 que mandará hacer efectivo el tribunal de alzada.

Para sorteo y resolución interviene la Ministra Rosario Canedo Justiniano, Presidente de la Sala Civil Primera, según convocatoria de fs. 66 y vta. de obrados.

Relator: Ministro Dr. Julio Ortiz Linares

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Fdo.Dr. Julio Ortiz Linares

Fdo. Dra. Rosario Canedo Justiniano

Proveido. Dra. Gladys Segovia García, Secretaria de Cámara